martes, 21 de noviembre de 2017

COSPEDAL, UNA MINISTRA DE CHARANGA Y PANDERETA

Lo que revela la broma a Cospedal

En la conversación que mantuvo con los humoristas rusos, la ministra de Defensa admitió no tener pruebas del complot cibernético de Rusia y Venezuela en el conflicto de Cataluña y se mostró favorable a actuar contra medios de comunicación

Por GERARDO TECÉ

A más de uno se le enfriaba el chocolate con churros el sábado por la mañana con el audio subtitulado de la ministra. No era para menos. Boquiabierto no hay quien desayune y lo de Cospedal dejó este fin de semana las mandíbulas inferiores caídas como protocolos del ministerio de Defensa. La primera pregunta que venía a la cabeza, mientras uno comprobaba que esos churros fríos ya no valían nada, era: ¿Cómo puede ser que toda una ministra de Defensa haya caído con esa facilidad en una broma telefónica que puede provocar un conflicto diplomático? La segunda pregunta, mientras uno intentaba solucionar aquel destrozo de desayuno con un triste calentón de microondas, era: ¿Aquellos humoristas rusos haciéndose pasar por miembros del Ministerio de Defensa de Letonia, habían sido muy hábiles o Cospedal muy torpe dejándose llevar por las ganas de ver confirmada esa teoría de la conspiración ruso-catalana? A juzgar por el tono de entusiasmo de la ministra y la falta de seriedad a la hora de confirmar el contenido y forma de aquella comunicación, todo apunta a que la respuesta correcta es la segunda: entusiasmo made in Spain.

Dejando de lado la broma en sí, la participación de Cospedal en esa ficticia conversación con espías de Letonia deja conclusiones a tener en cuenta.

Cospedal confunde el funcionamiento de Internet con un complot y se muestra favorable a actuar contra medios de comunicación

En la conversación con el supuesto informante letón, Cospedal da por supuesta una relación entre Rusia y Venezuela para desestabilizar a España con la crisis catalana, sin ser consciente la ministra de que, sin pruebas, lo único que está denunciando es el uso más básico de Internet: la difusión de libre información. El diario El País, de la mano de los ministros de Defensa y Exteriores, salía en tromba la pasada semana, denunciando que “una trama rusa utiliza redes chavistas para agravar la crisis catalana” y se apoyan para ello en los famosos bots. Leyendo la letra pequeña y teniendo un nivel básico en esto de la vida digital, hay que explicar que “trama rusa” son medios de comunicación de Rusia –Russia Today en concreto-; “redes chavistas” no es otra cosa que la repercusión que en Venezuela, como en tantos otros lugares, estaban teniendo las informaciones sobre España a raíz del 1-O –si no es trama, sino libertad informativa que en España hablemos de Venezuela, lo inverso tampoco debería serlo-; y “agravar la crisis catalana” no es más que un flujo de información no controlado –no puedes controlar cada teclado del planeta como si fuera una redacción en España– crítico con la gestión del Gobierno de Rajoy en el conflicto catalán. Los famosos bots existen. No en Rusia ni en Venezuela, sino en cualquier rincón de la red.

En un momento dado de la conversación con los humoristas, Cospedal admite no tener pruebas de que esto de la libre circulación de información en Internet sea un invento que venga directamente del Kremlin, pero se muestra receptiva ante una de sus posibles soluciones: prohibir el medio Russia Today, como le pide el supuesto espía letón. “Sí, claro. Todavía no hay ningún plan (para prohibir el medio internacional ruso crítico con el Gobierno de Rajoy) pero sabemos que han estado actuando (¿quiénes?) a través de Russia Today”, aclara Cospedal, que pide ayuda para “paralizarlos a ellos en redes sociales”. Pretender frenar las dinámicas normales de comunicación digital –las noticias se rebotan en las redes sociales- y que se haga público tras caer en una broma, no ayudará a mejorar esa imagen internacional de España que en teoría daña la alianza Cataluña-Rusia-Venezuela.

AL CONFIRMAR EL CHISTE DE LOS HUMORISTAS DE QUE ESPAÑA TENÍA INDICIOS DE QUE PUIGDEMONT ERA UN ESPÍA RUSO, EL PRÓXIMO MINISTRO DE DEFENSA –REAL– QUE SE SIENTE JUNTO A COSPEDAL TENDRÁ QUE ESTAR EN ALERTA

El espía que surgió del espetec
Dejado en stand-by el problema de que en 2017 existan medios y redes sociales que no puedas controlar, los humoristas se llevan a Cospedal a un mundo de fantasía por el que la ministra pasea de una manera preocupante. Puigdemont es un espía ruso llamado Chipolino. “No tenemos ninguna duda de que Puigdemont trabaje para los servicios de inteligencia rusos. Sabíamos lo que estaba haciendo (¿qué estaba haciendo y no nos han contado?), pero no que la relación fuera tan estrecha”. Aquí la ministra de Defensa de España confirma que no sólo miente en público cuando disfraza de complots contra España lo que es comunicación digital, también lo hace en privado y, lo que es más preocupante, en sus relaciones bilaterales con otros Estados como ministra: al confirmar el chiste de los humoristas de que España tenía indicios de que Puigdemont era un espía ruso, el próximo ministro de Defensa –real-- que se siente junto a Cospedal tendrá que estar en alerta. Saldrá de la reunión con la duda de si ha disfrutado de un intercambio real de información o de un especial con los mejores chistes de Gila.

Cuando los humoristas alertan a la ministra de la posible maniobra del president para escapar de la Justicia por la vía rusa, al otro lado de la línea, Cospedal se sintió como Woodward y Bernstein atando cabos sobre el Watergate: “Claro, claro, claro, claro, claro –hasta cinco veces lo tuvo claro la ministra–. Eso tiene todo el sentido”. Puigdemont podría alojarse en la embajada rusa para escapar. Puestos a jugar con la ministra, los humoristas le advierten de que el 50% de los turistas rusos en Cataluña son espías de los servicios secretos. Esto sería, atendiendo a las cifras de visitantes anuales en Barcelona, unos 100.000 enviados del Kremlin fotografiándose cada año ante el monumento de Colón y entrando en el mercado de la Boquería para pasar desapercibidos. Cospedal, entregada a las novelas de John le Carré a esas alturas, se muestra sorprendida, no porque por Cataluña desfile medio KGB –sí, ya lo sabíamos, hubiera respondido si los humoristas hubieran apretado un poco--, sino por la cifra en sí: ¡¿El 50%?!

La reunión de Rajoy con el primer ministro de Letonia
Tras el aluvión de exclusivas recibidas, horas después del primer contacto, la ministra Cospedal devuelve la llamada a los humoristas y les muestra el interés de Rajoy (también tragó, parece ser) y pide concertar una reunión al más alto nivel entre el presidente del Gobierno de España y Māris Kučinskis, primer ministro de Letonia. Ambos viajarían a la cumbre social de Gotemburgo (Suecia) celebrada el pasado viernes a primera hora. Siguiendo el orden cronológico de esta historia que se desveló el viernes por la noche, no es descartable que nuestro presidente le guiñara el ojo al letón al verlo y este no entendiese nada. Desvelada la broma, Cospedal daba  explicaciones el viernes a las 23:44 vía Twitter: “Fue una conversación muy rara, pedí hablar en inglés y no quisieron; han quitado a la traductora. Como no confié, dejé hablar y no volví a llamar. Ahora sé que eran rusos”. La ministra de Defensa, en sus explicaciones, negaba lo que habíamos escuchado nítidamente: no confió pero pidió una reunión al más alto nivel, no volvió a llamar pero la grabación confirma que lo hizo. En lo que no miente es en lo de que los humoristas fueran rusos. Y eso parece ser un dato importante: si se han reído de la ministra de Defensa, será parte del complot para seguir desestabilizando a España. Cuando uno mezcla mentira y entusiasmo, la linde se acaba, pero la ministra llega a los Urales.

martes, 7 de noviembre de 2017

Cien años para aprender tan poco (1917-2017) por Juan Manuel Vera

La conmemoración del centenario de la revolución rusa plantea algunas interesantes cuestiones sobre la identidad de lo que se ha llamado izquierda a lo largo del siglo veinte. También podría servir para comprender las razones por las que la herencia del octubre soviético no forma parte del arsenal de instrumentos para desarrollar las nuevas prácticas sociales de lucha contra el capitalismo neoliberal sino, más bien, una pesada losa histórica que dificulta la construcción de una alternativa al imaginario capitalista. 


Por supuesto, el punto de partida deberían ser los hechos históricos con su singularidad. Sin embargo, no es posible hablar de febrero y octubre de 1917 sin, al mismo tiempo, inscribir esa memoria histórica en lo que sabemos del poder bolchevique, del régimen de Stalin y sus sucesores y de la descomposición y hundimiento del bloque soviético entre 1989 y 1991. 

El examen de los hechos debería facilitar evitar la retórica y la teleología tan frecuentemente asociadas a octubre de 1917, acontecimiento casi olvidado como realidad histórica y que ha sido sustituido por una leyenda consolidada a lo largo del tiempo. 

El poder bolchevique 

La revolución rusa, la de febrero de 1917, supuso la caída del régimen zarista. Fue considerada como un gran acontecimiento liberador en la Europa devastada por la guerra entre las potencias dominantes del orden decimonónico. La caída del zarismo por una revolución democrática iluminó las esperanzas de millones de hombres y mujeres que habían sufrido la barbarie tan de cerca. La creación de consejos, soviets de obreros, campesinos, vecinos y soldados, como expresión de la auto-organización social revolucionaria, que ya habían aparecido embrionariamente en la revolución de 1905, marcaba una forma de afrontar desde abajo la debacle del orden político que había lleva a la Gran Guerra. Grandes sectores del movimiento obrero occidental vivieron con gran atracción ese momento histórico. 

En esa perspectiva ilusionante fue, también, contemplada la toma del poder por los bolcheviques en octubre de 1917, que aparecía como una culminación del proceso revolucionario iniciado en febrero. Sus aspectos centrales eran la lucha por la paz, la reforma agraria y el establecimiento de un poder democrático basado en el poder de los soviets. Esa posibilidad de conquista del poder por los de abajo suscitó una conmoción universal y una gran corriente de simpatía entre las corrientes tanto socialistas como anarquistas del movimiento obrero. También alimentaría en los años siguientes amplios movimientos revolucionarios basados en consejos o soviets en muchos países europeos desde Baviera a Hungría, desde Finlandia al norte de Italia). 

Pero aquí nos encontramos con la primera antinomia de la revolución rusa, el primer equívoco que persiste hasta nuestros días. La conquista del poder por los bolcheviques fue identificada con el establecimiento de un poder de los soviets. Pero esa equiparación fue una trampa desde el primer momento. Octubre no fue el triunfo de los soviets sino el triunfo de los bolcheviques, lo cual es radicalmente diferente. 

La insurrección bolchevique, previa al Congreso de los Soviets, pretendía situar a éste ante un hecho consumado. La concepción de Lenin y los bolcheviques sobre los soviets era instrumental, como lo era su consigna de Todo el poder a los soviets. No consideraban realmente que fuera una forma instituyente de gobierno democrático desde abajo sino un mero medio en la estrategia insurreccional. Por ello, como señalaba Castoriadis, existió una única revolución, la de febrero, porque octubre no fue una revolución, en el profundo sentido del concepto, sino la toma del poder por un partido. 

Nada más ajeno a la concepción bolchevique que una alternancia en un poder soviético con otras fuerzas políticas. Lenin consideró la conquista del poder como un triunfo definitivo y no concebía una institucionalidad que pudiera conllevar a su desalojo si no era por la fuerza. Por ello hicieron todo lo que consideraron necesario para conservarlo. 

El poder bolchevique se orientó ab initio a una dictadura de partido. En los primeros meses, se produjo la eliminación de la libertad de expresión (salvo, todavía, dentro del partido), la ilegalización de partidos soviéticos, la disolución de la Asamblea Constituyente, la conversión de los soviets en meros instrumentos de gestión administrativa controlados por el partido, etc. Todos esos fueron pasos decididos y ejecutados desde el principio. 

La creación de la Checa fue otra decisión inicial decisiva para la instauración de un poder no sometido a ningún control ni a ningún límite. Víctor Serge describió ese momento como un punto de inflexión en la evolución del poder bolchevique, y creo que le asistía toda la razón. 

Rosa Luxemburgo contempló muy críticamente esos primeros pasos del poder bolchevique. Su excepcional opúsculo La revolución rusa, escrito en 1918, constituye un documento imprescindible para comprender como el bolchevismo se separaba en su práctica de cualquier forma de ejercicio concreto de la soberanía nacional por el pueblo o los trabajadores, algo completamente ajeno a lo que la socialdemocracia revolucionaria había sostenido. 

Para los bolcheviques el poder instituyente no residía en el conjunto de la nación, ya que contemplaban a la gran masa campesina como el terreno baldío que había permitido a la persistencia del zarismo. Pero tampoco atribuían el poder instituyente a los órganos de poder nacidos desde abajo. 

Lenin concebía al partido como un apoderado plenipotenciario no de unos trabajadores concretos sino de los intereses de una clase obrera universal. El determinismo histórico constituye un elemento central de la concepción marxista básica tal y como fue asimilada por la dirección bolchevique. La sacralización del partido como vehículo histórico de los intereses de una clase confería a sus dirigentes la soberanía última no sólo para efectuar una insurrección sino, también, para el ejercicio de un poder sin límites. El nuevo Estado se legitima porque tiene una misión histórica y de esa misión se deriva la posibilidad de un ejercicio sin límites del poder del Estado porque hay una élite (la vanguardia revolucionaria, el partido leninista) que posee una ciencia del poder. 

El sistema estalinista 

La intervención extranjera y la guerra civil dieron lugar a un creciente aislamiento del poder bolchevique. En respuesta al terror blanco aplicó el terror rojo frente a sus adversarios. Lo aplicó alejado de cualquier límite o control, incluyendo las represalias colectivas por origen social, étnico o relación familiar. 

La prohibición de las tendencias en el X Congreso del Partido Comunista acabó con el debate dentro del partido único y la represión despiadada de los insurrectos de Kronstadt y contra los mencheviques y anarquistas, acabo de sellar la naturaleza autoritaria del poder bolchevique. 

Indudablemente, la creación de la checa, la dinámica monolítica del partido y la utilización del terror generaron desde los primeros años veinte una maquinaria infernal que allanó el camino sobre el cual Stalin consiguió implantar su régimen. Desde el punto de vista social Stalin apoyó su conquista del poder en una estructura burocrática expandida aceleradamente, con la incorporación de decenas de miles de nuevos bolcheviques, muchos de origen obrero, con una cultura de sometimiento completo a los jefes. 

En poco tiempo se produjo la transición del poder autoritario bolchevique a una forma de totalitarismo que sometió, durante décadas, a millones de personas a un régimen de dominación total y que fue exportado con éxito a otros países tras la toma del poder por los partidos estalinistas. 

El régimen de Stalin fue durante más tres décadas un régimen de terror de masas aplicado en frío. La colectivización forzosa supuso en el período 1930-1933 una experiencia monstruosa de ingeniería social destructiva que ocasionó la muerte de millones de personas a través de la hambruna generada, casi programada, en Ucrania y otras regiones de la URSS. El año 1937, el año del gran terror, supuso más de 700.000 ejecuciones sin juicio. En esas décadas, la deportación y los trabajos forzados en el sistema concentracionario del Gulag afectaron a muchos millones de personas. 

El estalinismo constituyó una novedad histórica capaz de consolidar durante un largo período una forma totalitaria de comunismo-capitalismo de Estado, gobernado por una burocracia estratificada que utilizaba como retórica de su dominio apelaciones al socialismo y a la clase obrera. El triunfo de Stalin no puede considerarse un mero accidente. Tampoco puede entenderse como tal la implantación de un sistema totalitario que consiguió expandirse después de 1945 al Este de Europa y que constituyó el ejemplo para el establecimiento del régimen maoísta en China, así como de los regímenes estalinistas de Vietnam, Corea del Norte y Camboya. La creación totalitaria estalinista ha marcado el, siglo veinte tanto o más que los totalitarismos fascistas. 

Tras la muerte de Stalin, el sistema soviético abandonó el terror de masas, propio de la fase de delirio totalitario, para establecer una forma de poder tutelada por una potente casta militar, un régimen estratocrático, con fuertes componentes totalitarios, que, como sabemos, fue incapaz de soportar el paso del tiempo y su aislamiento social y se derrumbó para dar paso a la conversión de la burocracia estatal en el germen de la nueva clase capitalista neoliberal del actual régimen autoritario de Putin. 

Después del hundimiento del sistema soviético 

En el centenario de la revolución rusa es extraño llegar a leer alguna legitimación directa del estalinismo. En cambio, resulta frecuente encontrarse con legitimaciones indirectas, asociándole a una forma de modernización de un país atrasado, al antifascismo que permitió la derrota del Eje en 1945, al anticolonialismo e, incluso, a la aparición del Estado del Bienestar en Europa Occidental. Esos argumentos, un tanto sofísticos, se basan en una serie de olvidos clamorosos y, en bastantes casos, en la renuncia a contraponer debe y haber, costes y resultados. Olvidan que la modernización soviética debe ponerse frente a frente con el brutal coste humano, social y ecológico que produjo, y en comparación con otras vía de “modernización” menos brutales. Olvidan, por ejemplo, que 1945 supuso el fin de un totalitarismo, pero también, la expansión de otro, los regímenes estalinianos. Olvidan que las fuentes auténticas del anticolonialismo residen en las movilizaciones masivas de los pueblos y que la influencia del estalinismo lo que favoreció fue, precisamente, la afloración de movimientos autoritarios y la articulación de los estados nacientes mediante modelos orientados, en muchos casos, al partido único y a formas despóticas que han dado lugar a muchos Estados fallidos. Olvidan que el pacto social que hizo posible lo que se ha dado en llamar Estado de Bienestar fue posible por la fuerza del movimiento sindical y como un claro contra-modelo al despotismo de los regímenes soviéticos. 

En mi opinión, la herencia de estos cien años del Octubre soviético deja pocos aspectos positivos para la reconstrucción de un proyecto emancipatorio. En primer y fundamental lugar, porque el balance de sufrimiento humano ocasionado por los regímenes que se reclamaban soviéticos es atroz. 

Por otra parte, la herencia, la sombra del pasado también se puede reconocer en unas formas de concebir la izquierda con una sorprendente fascinación por el poder y la violencia, por el verticalismo y el autoritarismo, incluyendo el apoyo a dictaduras “progresistas”. El culto a los líderes, el instinto oligárquico y una gran desconfianza por la auto-organización de la sociedad son los corolarios de unas concepciones que, aunque en crisis, aún están presentes en las formas de organización y en la cosmovisión vital de la izquierda, incluso en las nuevas formaciones nacidas en los últimos años. 

La vacuna contra esos rasgos no consiste en un indefinido regreso a ninguna fuente original y, mucho menos, a la leyenda de un Octubre ruso malinterpretado en su génesis y en sus consecuencias. 

La fuente viva se encuentra en la impregnación de la necesidad democrática más completa, en la confianza en la auto-organización social y en el aprendizaje de los movimientos sociales que en las últimas décadas han cuestionado el orden neoliberal y el absurdo camino a ninguna parte del productivismo capitalista. 

No hay que mirar hacia el pasado ni hacia arriba. Miremos hacia el futuro desde abajo. 


Las españolas trabajarán "gratis" desde el miércoles hasta que llegue 2018

La brecha salarial en España es del 14,9%, según los datos provisionales de 2015 publicados por el último informe Eurostat, lo que implica que su salario por hora de trabajo equivale a prácticamente un 15% menos que el de los trabajadores varones

Unidos Podemos presenta la ley para acabar con la discriminación retributiva


La brecha salarial en España es del 14,9%, según los datos provisionales de 2015 publicados por el último informe Eurostat, lo que implica que su salario por hora de trabajo equivale a prácticamente un 15% menos que el de los trabajadores varones. El cálculo implica, según denuncia UGT, que al final del año las mujeres con empleo trabajan "gratis" un total de 54 días al año, que es lo que quedará para que termine el año desde el próximo miércoles 8 de noviembre.

El porcentaje de brecha salarial de España sitúa al país en el undécimo puesto entre los países con menos brecha salarial de la UE, por debajo de la media europea, del 16,3%. No obstante, está lejos del 5,5% que registran Italia y Luxemburgo, así como de países como Rumanía (5,8%), Bélgica (6,5%), Polonia (7,7%) o Eslovenia (8,1%).

Otros países como Reino Unido (20,8%), Austria (21,7%), Alemania (22%), República Checa (22,5%) y Estonia (26,9%) ocupan los últimos puestos de la lista europea, como los países con una brecha salarial porcentualmente superior, según los datos del informe de la UE.

No obstante, desde el año anterior la media de la brecha salarial europea se ha reducido del 16,7% al 16,3%, mientras que en España no se ha producido ninguna variación, según los datos del informe.

Por ello, el sindicato ha puesto en marcha una campaña bajo el título 'Yo trabajo gratis', con la que quiere llamar la atención sobre la "discriminación por razón de sexo, que tiene una repercusión severa en los salarios de la mujeres y que va a acentuarse más allá de su vida de laboral, durante su etapa de jubilación".

Según explica UGT, la brecha salarial de género provoca que haya mujeres que, pese a que han tenido un empleo a lo largo de toda su vida, presenten "un elevado índice de situarse por debajo de los umbrales de pobreza".

Asimismo, ha exigido al Gobierno que "active todos los mecanismos posibles para hacer cumplir la Constitución Española" en lo referente a la igualdad entre hombres y mujeres y que introduzca en la legislación española la definición de "trabajo de igual valor", tal y como recomienda la Comisión Europea.

Por último, ha pedido a los grupos políticos que se sumen a la campaña para eliminar una brecha salarial que, según indica, "ha intensificado en los últimos diez años, ante la inexistencia de políticas de igualdad" eficaces para ponerle fin.

La brecha media global, en el 23%
Los países de la UE están, aún así, por debajo de la media global en la problemática de la brecha salarial, que a nivel global se sitúa en un 23%, según datos de la ONU recogidos por la empresa de recursos humanos Hays.

"Según la OIT, la brecha salarial global se encuentra actualmente en el 23%, y no será hasta 2087 cuando hombres y mujeres reciban un salario igual por el mismo trabajo", recuerdan desde la compañía.

En el caso de España, la Encuesta Anual de Diversidad de Género en el trabajo que realiza la empresa indica que parte de la brecha salarial en España se debe a la "poca diversidad" de la estructura laboral en España. Así, aún cuando las mujeres expresan "tener la misma ambición que los hombres" desde el punto de vista laboral, el 82% de los puestos de dirección sigue "copado por profesionales masculinos" y el 68% de los encuestados afirma que su superior inmediato es un hombre, según los resultados del estudio.

"Este hecho podría ser una explicación para la brecha salarial: la menor presencia de mujeres en puestos de mayor rango, y por ende mejor pagados, debido, en parte, a que la maternidad ralentiza el progreso de su carrera", afirman los responsables de la investigación.

Junto con estos motivos, señalan también la mayor presencia de mujeres en empleos a tiempo parcial y en sectores peor remunerados, como el sector del comercio minorista, el cuidado o el ocio, frente a otros mejor remunerados como los sectores financieros o de infraestructuras como construcción, electricidad, petróleo o gas, en los que la presencia de hombres es mayoritaria.

Contra la desigualdad, transparencia
En todo caso, la compañía señala que en algunos países se están impulsando iniciativas que facilitan la homologación salarial entre hombres y mujeres mediante medidas como la transparencia salarial, que impulsa a las empresas a actuar "con mayor celeridad" en la corrección de posibles desigualdades entre hombres y mujeres.

"Ya se están aplicando en países como Bélgica o Austria, y en Estados Unidos el ex presidente Barack Obama propuso una iniciativa similar antes de dejar el cargo. Es necesario seguir avanzando en desarrollar y aplicar medidas que fomenten la igualdad para que no tengan que pasar 70 años hasta igualar la brecha salarial", piden desde la empresa. 


EL GOBIERNO DEL PP INFLA SU PRESUPUESTO DE AYUDA AL DESARROLLO

España es el país europeo que más infla su presupuesto de ayuda al desarrollo. El falseamiento de cifras supone en nuestro país más de la mitad de los recursos destinados a este tipo de ayudas

España continúa sin cumplir sus compromisos económicos de ayuda al desarrollo. A pesar del notable avance que muestran los datos de AOD (Ayuda Oficial al Desarrollo) durante último año, nuestro país se sitúa a la cabeza de la UE en cuanto a porcentaje de “ayuda inflada” con respecto al volumen presupuestario total destinado a esta materia. Un falseamiento de las cifras, a través de la inclusión de partidas que en modo alguno ofrecen apoyo económico directo a los países receptores, que en España supone más de la mitad de los recursos dedicados a este tipo de ayudas.

El informe Aid Watch 2017, publicado por la organización CONCORD denuncia la expansión de este porcentaje de “ayuda inflada” entre gran parte de los países de la UE. Una práctica que aleja a los Estados miembro del cumplimiento real del objetivo –aun así lejano- de destinar el 0,7% de su INB a AOD, establecido en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

El documento de CONCORD destaca como más de la mitad del incremento en estas ayudas durante los dos últimos años por parte de la UE –hasta alcanzar los 75,46 millones en 2016- corresponde a “ayuda inflada”, es decir, no relacionada con inversiones “genuinamente” destinadas AOD. Una desviación de los objetivos primigenios de este tipo de ayudas, materializado principalmente a través del pago de deuda exterior, el control de la migración y la expansión comercial, que representó el 20% de la AOD total declarada por la UE el pasado año.

Esta “ayuda inflada” es señalada como la causa principal de los significativos aumentos registrados a lo largo de los últimos años. Un incremento de la AOD que se hizo palpable en 23 de los 28 Estados miembros durante 2016 -alcanzando el 25% en diez de ellos-, y que sin embargo tan solo ha permitido la incorporación de Alemania al denominado “Club del 0,7%”, formado por aquellos países donantes cumplidores de las promesas de ayuda, que completan Dinamarca, Luxemburgo, Suecia y el ya ex comunitario Reino Unido. De entre ellos, el informe tan solo destaca la actuación de Luxemburgo y Suecia como los dos únicos países cuya inversión fue destinada a lograr un impacto “genuino” en los países destinatarios de la ayuda. El resto de países de la UE, no solo se sitúan lejos aún del objetivo del 0,7% comprometido internacionalmente –con una media comunitaria que asciende actualmente a tan solo el 0,5% del INB-, sino que en su gran mayoría presentan alarmantes niveles de “ayuda inflada” para el desarrollo.

España representa el ejemplo más evidente del fracaso en los mecanismos de control y fiscalización de los programas de AOD. Nuestro país es líder de la UE en “ayuda inflada”, con un 53% de ayuda española contabilizada durante 2016 perteneciente a esta categoría. Datos que contrastan con el ya elevado 20% comunitario, y que explican el notable avance que experimentó la ayuda española en tan solo un año, tras terminar el anterior ejercicio a la cola europea en cuanto a AOD, con un escaso 0,12%. La principal causa de este falseamiento de los datos de ayuda al desarrollo se encuentra en la operación de cancelación de la deuda histórica de España con Cuba: el denominado “soufflé cubano”. Una inversión de 1.950 millones de euros destinados durante este período a sufragar la deuda con el país caribeño, en detrimento de ayudas de apoyo real al desarrollo de países pobres, que representan en torno a la mitad del gasto español en AOD durante 2016. Sin dicha operación, la parte genuina de la ayuda se limitó a 1.686 millones, nivel todavía lejano a los 4.750 millones -0,45% del INB- de antes de la crisis y, por supuesto, del 0,7% comprometido.

Otra de las prácticas más características de este inflamiento de la AOD, y la más extendida entre los Estados miembro, es la incorporación de los costes derivados del asilo de refugiados como parte de esta ayuda al desarrollo. Los datos de CONCORD muestran que estas partidas presupuestarias están detrás del 30% del aumento total de la ayuda de la UE en 2016 –y más del 45% desde 2014-, representando 1 de cada 7 euros invertidos en AOD por parte de la UE. La distribución por países nos da muestra de en qué medida los diferentes gobiernos comunitarios se han aprovechado de esta circunstancia para inflar sus cifras de ayudas. De entre los 28 Estados miembro de la UE, tan solo Chipre, Croacia y Luxemburgo no inflaron su AOD a través de esta práctica, y hasta cuatro de ellos -Grecia (83,1%), Italia (71,4%), Bulgaria (69,2%) y Austria (61,5%)- superaron el 60% de gasto de su ayuda bilateral en el coste de la manutención refugiados en su propio territorio.

Del mismo modo, el informe denuncia de forma particular el caso de Alemania, cuya inclusión como parte de los países cumplidores del 0,7% viene sustentada fundamentalmente por un 25% de este gasto procedente de la inversión en el coste del asilo de refugiados. 

De esta forma, el país germano, al igual que otros, se convirtió en el principal recetor de su propia ayuda internacional. Un modelo que CONCORD denuncia como engañoso, ya que “poco que ver con la ayuda al desarrollo y no se relaciona directamente con el propósito principal de la AOD, que debe ser luchar contra la pobreza en países en desarrollo”.
-----------------
Espacio de información realizado con la colaboración del Observatorio Social de “la Caixa”.

AUTOR: Carlos H. de Frutos

AL FINAL NOS HAREMOS FÚTBOLEROS: LA TRICOLOR EN LA SELECCIÓN

La camiseta de la selección de con los colores de la bandera republicana es una vieja aspiración de los nostálgicos de la II República. La Tienda Republicana vende por 35 euros una versión en la que el morado ha desplazado a la manga el carmesí característico de “La Roja”. Lo dicho: un guiño de tintes reivindicativos.


Lo que nadie esperaba es que la camiseta oficial que lucirá la selección española en el Mundial de Fútbol de 2018 traiga de serie los colores de la tricolor: rojo, amarillo y morado. Maticemos: no es que algún quintacolumnista republicano se haya colado en el equipo de diseño de Adidas. En realidad, han tenido un fallo de “primero de cromatismo”: al combinar una franja azul a rombos difuminada sobre el fondo rojo, el resultado tiene la apariencia del morado, un inopinado guiño a la II República que no ha pasado desapercibido al muy monárquico diario ABC:

“El objetivo de Adidas, patrocinador técnico de la selección, con la inclusión de esa doble franja de formada por diamantes amarillos y azules, era recordar la equipación que España lució en el Mundial de 1994 en los Estados Unidos. Sin embargo, la mezcla de esos colores con el fondo rojo de la elástica, que hace que el azul parezca morado, recuerda los tonos de la bandera de la Segunda República Española.”

De todos modos, y antes de que los futbolistas se arranquen a cantar el himno de Riego, vale la pena recordar que la tercera equipación de la selección española de aquella temporada 94-95 era aún más republicana que la actual, si bien es cierto que en aquella época al Borbón aún se le conocía como “el rey campechano” y no el “hijueputa valiente que va matando elefantes”.

La noticia está en la siguiente dirección:  http://blogs.publico.es/strambotic/2017/11/adidas-seleccion-republicana/

IU rompe con las grandes eléctricas y se pasa a la energía verde

Izquierda Unida ha decidido dar de baja el contrato de suministro eléctrico con las grandes empresas energéticas de sus 262 sedes para pasar a otras vinculadas con la economía social que garanticen una energía verde, algo que anima a hacer también a sus cerca de 70.000 militantes y simpatizantes.


La responsable federal de Estrategias para el Conflicto de IU, Sira Rego, ha presentado este lunes esta campaña junto al líder de la formación, Alberto Garzón, para promover un modelo energético sostenible.

Rego ha alertado de que las políticas de los últimos gobiernos en España han reforzado un modelo energético "claramente gravoso que "refuerza los intereses del oligopolio" en detrimento del bienestar de las familias. Por ello, la campaña Cambia de bando les permite "pasar de la teoría a la práctica" y "pasar a la acción".

La primera de la medida será la migración de todos los suministros eléctricos de todas sus sedes para "abandonar a las comercializadoras del oligopolio eléctrico", algo que esperan que tenga un "acompañamiento masivo" de sus militantes y simpatizantes.

Por su parte, Garzón ha lamentado que la situación social pase a "segundo plano" cuando hay conflictos "de identidad nacional" como el de Catalunya y ha acusado además al Gobierno de tener un interés "clarísimo" en que las consecuencias de la crisis queden tapadas por la agenda política.

El coordinador federal de IU, además,  ha llamado a la "unidad popular" en Catalunya para vencer a aquellos partidos que intenten que las elecciones sean "un plesbicito sobre la independencia" y ha confiado en que los inscritos de Podem quieran ir al 21-D con Catalunya en Comú.

Preguntado en rueda de prensa por la decisión de la coordinadora nacional de Catalunya en Comú de invitar a Xavier Domènech a articular la coalición con Podem, Garzón ha opinado que sería un candidato "magnífico" para unas elecciones "que se presentan con una apertura enorme".


Un chiste sobre España y los derechos humanos

La orden de detención europea contra Puigdemont abre otra gran caja de los truenos en lo que cada vez más pensadores vienen calificando como una causa general contra el independentismo abierta por el régimen español. Revestida de carácter jurídico, sus medidas tienen fondo y alcance políticos.

No se discute que la actitud de las autoridades catalanas ha sido un esperpento, ni la producción de claras ilegalidades ni la posibilidad de que hubiesen cometido delitos de desobediencia o prevaricación. Pero ello está muy lejos de la disparatada calificación de rebelión y sedición que promueve la Fiscalía General, dependiente del Gobierno.

¡Tanto tiempo hablando de Venezuela sobre la prisión de opositores encarcelados y resulta que aquí nos ponemos a su nivel y aún más, llevando a prisión a numerosos dirigentes gubernamentales, parlamentarios y líderes sociales!

Es muy grave la internacionalización del conflicto: la imagen de España en la opinión pública internacional está muy deteriorada. Esta apreciación la hago desde mi experiencia técnica profesional en el ámbito internacional.

En primer lugar hay que referirse a las consecuencias muy negativas que puede causar la orden de detención europea, promovida por la Fiscalía, y cuya instrucción por la jueza Carmen Lamela nos hizo recordar otro caso reciente que llevó ella misma y que puso en alerta a todos los defensores de los Derechos Humanos. Me refiero al caso Alsasua, donde unos enfrentamientos, o una reyerta en un bar de esa localidad, fueron calificados por su señoría como delito de terrorismo en una interpretación muy expansiva de este delito.

Se evidencia que al Fiscal General, José Manuel Maza, reprobado por el Parlamento, le interesaba que el asunto catalán cayese en manos de esta jueza de instrucción; aunque los delitos imputados no son ni siquiera competencia de la Audiencia Nacional. De ahí su empecinamiento en atribuirlo a un órgano excepcional donde sabía que iba a ser más fácil conseguir hacer efectiva su alarmante frase “hemos tenido mucha paciencia” con los independentistas.

Ahora, tras enviar expeditivamente y con clara indefensión a prisión incondicional sin fianza a casi todo el gobierno catalán, la jueza ya ha dictado la orden de detención de Puigdemont. Esto va a crear unas tensiones enormes en la Unión Europea y un juicio jurídico, con consecuencias políticas, que revelará cómo está España en materia de Derechos Humanos. Me anticipo a lo que pueda suceder ahora que empieza su tramitación, pero mucho me temo que el proceso belga puede dañar aún más a nivel internacional la imagen del país.

La orden de detención y entrega europea, instituida por la Decisión Marco 2002/584, se concibió para sustituir el mecanismo clásico de extradición --que implicaba una decisión del poder ejecutivo-- por un instrumento de cooperación entre las autoridades judiciales nacionales basado en los principios de reconocimiento mutuo de las sentencias y demás resoluciones judiciales y también en el de confianza recíproca entre Estados miembros de la UE.       
  
Esta medida instauró un nuevo sistema de detención y entrega de las personas condenadas o sospechosas de haber infringido la ley penal en un país, limitándose estrictamente los motivos de no ejecución y fijándose plazos breves de adopción de las decisiones. Pero todo ello requiere un juicio fundamental: la persona que se procede a devolver al país de origen debe tener asegurados plenamente sus derechos, entre ellos la garantía de un juicio justo y que, en su caso, su internamiento en prisión se realice de manera respetuosa con los derechos humanos.

Sobre este asunto, debe desgraciadamente reconocerse que España no tiene en Europa buena imagen en materia de observancia de Derechos Humanos. Así se ha dicho en algunos foros como el Consejo de Europa o incluso en la propia ONU, que han criticado la represión de derechos contenida en la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza.

Pero no son solo algunos organismos internacionales, también hay países donde se piensa así. Hay que recordar, por ejemplo, que el propio Estado belga, sede de las instituciones comunitarias, ha denegado en el pasado la entrega a nuestro país de presuntos etarras desde la consideración de que en España “no se cumplen los derechos humanos”. Esto es muy fuerte, pero es acallado aquí con la retórica hueca del “somos un Estado de Derecho”.

Esas impresiones cada vez se extienden más entre los ciudadanos. Perplejos nos dejan también las asociaciones de jueces y fiscales emitiendo constantemente --hasta siete-- comunicados en la misma línea del gobierno de Rajoy, en los que califican como "totalitarias" a las autoridades catalanas o afirmando que se ha producido “un golpe de Estado en Cataluña”.

No sólo es una forma inadmisible de presionar a sus compañeros jueces, sino también de emitir opiniones políticas que pudieran afectar a hechos que iban a ser enjuiciados. A las asociaciones corporativas muy de derechas como la APM, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente se llegó a unir torpemente la ‘progresista’ Jueces para la Democracia. Igual sucedió en el ámbito de la fiscalía, con la UPF emitiendo comunicados patrióticos. La excusa era corporativa: “Proteger a nuestros compañeros en Cataluña”. Para ellos, ¡antes la Patria que la Justicia!

Si la orden de detención europea fuese denegada, a España le quedaría la vía final de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde podrá comparecer cualquier otro país, además de Bélgica, y cuya caja de resonancia sobre el enjuiciamiento de España tendría un gran eco.

Quiero destacar un precedente muy cercano. Se trata de una importante sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 5 de abril de 2016 que aplica, con excelente criterio, una interpretación justa y humana del Derecho, resolviendo dos cuestiones sobre un ciudadano rumano y otro húngaro que fueron sometidas al TJUE por un Tribunal de Bremen (Alemania), que era donde se encontraban. En ese proceso judicial europeo intervino España, que se alió con Hungría y Rumanía para defender la entrega de los dos demandantes. La extradición fue rechazada por la Gran Sala del Tribunal de Luxemburgo afirmando que los dos países no ofrecían suficientes garantías.

Esta sentencia aplica como sustrato los derechos humanos e invoca tanto la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea como la normativa no estrictamente comunitaria, la del Convenio de Roma, referida a los 47 miembros del Consejo de Europa.

En efecto, se cita el artículo 6 del Tratado Unión Europea (TUE), donde se dispone que “la Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”. Pero --y esto es muy importante porque ensancha el prisma-- además, invoca el mismo precepto en su apartado 3, estableciendo que “los derechos fundamentales que garantiza el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 y los que son fruto de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros formarán parte del Derecho de la Unión como principios generales”. Y ahí está el principio jurídico del derecho a un juicio justo y a la tutela judicial efectiva.

Así, pese a los postulados de presunción de confianza legítima y el reconocimiento mutuo entre Estados, pilares en que se basa la orden europea de detención, cabe la posibilidad de que se deniegue la ejecución en casos concretos señalados, como puede ser la violación grave y persistente por un Estado miembro de los valores exigibles, particularmente el respeto a la dignidad humana, el derecho a la libertad, el derecho a participar en asuntos públicos y, sobre todo, el derecho a un juicio justo y la prohibición de penas o tratos degradantes.

Pues bien, sobre esta base, puede suceder que las autoridades belgas denieguen la entrega de Puigdemont a España. Y serían varios los motivos. Uno primero, y ya contundente, es que el delito de rebelión y sedición, por el que es requerido desde España, no está en la lista de las causas penales por las que pudiera procederse a la entrega. Y no está porque tiene esta figura penal un carácter político, lo cual evidencia que frente a lo que dice el sector oficial gubernamental-judicial, hay un componente claramente político en el enjuiciamiento. Debe recordarse que una cosa es que hubiesen cometido ilegalidades y pudiesen ser enjuiciados por desobediencia, prevaricación o malversación, y otra muy diferente que sean tratados y penados por secesión o rebelión.

Este carácter político del proceso judicial se evidencia en el deseo público de un dirigente importante del PP, Pablo Casado, advirtiendo que Puigdemont podría acabar como Companys (prisión y fusilamiento). Tampoco facilita que se expida la orden de detención la prisión incondicional ya dispuesta de los gobernantes catalanes que se presentaron voluntariamente a declarar, tanto los de Madrid como Puigdemont y los que están con él en Bélgica. Es sumamente infrecuente que una persona acuda a declarar voluntariamente sin orden de detención ni por un delito flagrante y resulte enviado inmediatamente a prisión incondicional sin fianza. Solo en algún caso de asesinato sin arrepentimiento inmediato.

En este sentido, la forma tan expeditiva y sumarísima de proceder de la jueza respecto el vicepresidente y otros consejeros revela una disposición a actuar en la línea marcada por el fiscal designado por el Gobierno. Y cabe suponer que habría hecho lo mismo con Puigdemont en una resolución que ya tenía en gran parte escrita antes de oírles. Que se les enviase con premura a prisión sin haberles dejado tiempo para leer los documentos presentados esa misma mañana contra ellos refleja indefensión; y esa forma de actuar evidencia algo grave. De eso también tomará nota el tribunal belga.

Asimismo, las autoridades de ese país podrán apreciar que, según el Código Penal español, se requiere para el delito de rebelión la producción por los inculpados de una violencia que obviamente no ha existido: la ‘violencia’ física no encaja en el relato fáctico de la jueza española. Fue el pueblo catalán el que sufrió esa violencia el 1O.

La mala imagen de España en materia de Derechos Humanos se manifiesta no solo en no tener, a diferencia de los Estados democráticos, un Plan de Derechos Humanos, sino también, por ejemplo en que es, tras Turquía, uno de los países más condenados por el otro tribunal de Derechos Humanos, éste con sede en Estrasburgo, en el que acumula once sentencias por torturas o malos tratos en prisiones, fundamentalmente por su negativa a investigar. Este se calla aquí, pero es así.  

Las gravísimas mofas de los policías nacionales que custodian la Audiencia mientras declaraban Junqueras y los otros consejeros revelan el odio que personas y cargos con responsabilidades de seguridad tienen por esas personas solo por sus ideas. Es humillante. Y a eso hay que sumar la forma de ser conducidos en los furgones policiales hasta la prisión, de modo vejatorio, según ha denunciado el vicepresidente catalán.

Son numerosos los elementos que las autoridades judiciales belgas tienen ante sí para valorar la procedencia de aplicar lo solicitado desde España. Y son muchos los factores que pueden inclinar la balanza a favor de denegarlo. En tal caso, se reflejaría desde el exterior lo que algunos desde aquí pensamos sobre el grave retroceso de los Derechos Humanos en España y la connivencia entre el poder judicial y ejecutivo a la hora de enjuiciar asuntos relevantes. Se inicia el proceso, pero estoy seguro de que muchos españoles confían más en lo que puedan dictar los tribunales belgas que los de aquí. Esto es una tragedia. Significa que estamos más cerca de Turquía, de Hungría o de Polonia que de los países más avanzados y  democráticos de la Unión Europea.

P.D Escrito y enviado este artículo llega la noticia de que el primer juez belga no encarcela a Puigdemont y le deja en libertad con medidas cautelares. Es la primera señal que deja en evidencia a la jueza Carmen Lamela, la Fiscalía General, las asociaciones ‘patrióticas’ de jueces y la supuesta independencia de los tribunales en España. Derechos Humanos 1 - España 0. A ver qué dice ahora el Tribunal Supremo respecto a Carme Forcadell y la Mesa del Parlament.
--------------
Jesús López-Medel Báscones es expresidente de la Comisión de Derechos Humanos y Democracia de la OSCE.