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sábado, 16 de diciembre de 2017

356 ataques contra sanitarios castellano‑manchegos en lo que va de año

Más de una agresión diaria: 356 ataques contra sanitarios castellano‑manchegos en lo que va de año
El Servicio de Salud regional revela la alarmante cifra de casos de violencia que afecta a su personal y pone en marcha el Observatorio para la Prevención, que se suma a medidas como garantizar la asistencia jurídica a las víctimas o que la Junta sea acusación particular.


Cada día se registra en Castilla-La Mancha al menos un ataque contra el personal sanitario, la mayoría de ellos de carácter verbal. Concretamente, en este 2017 se han contabilizado hasta el pasado 12 de diciembre un total de 356 agresiones, de las cuales una de cada diez fue física.

Datos ofrecidos por la directora gerente del Servicio de Salud castellano-manchego (Sescam), Regina Leal, momentos antes de la constitución del Observatorio para la Prevención de las Agresiones a Profesionales Sanitarios. Un órgano cuyo objetivo es alcanzar el "nivel cero" de agresiones de pacientes a profesionales, una meta que sin embargo reconoce es "utópica". 

Aunque, según Leal, estas más de 350 agresiones pudieran parecer "pocas" respecto a los 27.000 profesionales con los que cuenta el Sescam, el objetivo debe ser que no se produzca ninguna y "que no se tolere la violencia en ningún indicador". 

Un propósito con el que se ponía en marcha hace una década un procedimiento de actuación contra situaciones violentas en los centros sanitarios de la región, denominado como plan Perseo, que ahora precisa de una actualización, adaptándolo a las nuevas circunstancias para tratar de que no se produzca ninguna agresión. 

Entre las medidas introducidas recientemente, la directora gerente del Sescam recordaba la adjudicación de la responsabilidad patrimonial y civil a una empresa en la que se incluye la defensa jurídica a todos los profesionales que hayan sufrido este tipo de agresiones, o la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de un acuerdo que permitirá al Consejo Consultivo presentarse directamente como acusación particular en estos casos.  

En los últimos años, la violencia en el lugar de trabajo se ha convertido en una preocupación prioritaria ya que el personal de los servicios sanitarios presenta un grado de riesgo mayor que en otros ámbitos laborales. 

En este sentido, Leal explicaba que, si bien la mayoría de las agresiones no son físicas, sino que se trata de amenazas, insultos, intentos de agresión física o coacciones, no se puede permitir que los profesionales "trabajen bajo ese grado de estrés". 

Este nuevo Observatorio pretende "estandarizar y dar forma" a un órgano cuya misión es cooperar y coordinarse para la realización de actividades "preventivas y asistenciales". Se homogeneizarán así los criterios de las distintas gerencias con respecto a la prevención y a la actuación en estos casos, y a la vez detectar, prevenir y actuar en los campos necesarios para evitar, o minimizar, el número de incidentes. 

Situaciones de violencia ante las que desde el Gobierno regional se mantiene una postura clara de rechazo, tal y como subrayaba la directora gerente del Sescam. Así, con este Observatorio se pretende conocer, analizar y evaluar situaciones de riesgo de agresiones al personal del Servicio de Salud regional, así como proponer actuaciones de prevención en intervención para la mejora de la relación entre profesionales y usuarios. 

Del mismo modo, a través de él se trabajará para mejorar la normalización de las comunicaciones y la interacción entre los trabajadores, así como entre estos profesionales y los usuarios, mediante la prevención de conductas y actos agresivos, y la mejora del clima laboral. 

"Nuestro objetivo es que sirva de foro de diálogo entre administraciones y otros representantes de la sociedad en orden a asegurar una participación activa para prevenir las agresiones", aseguraba Leal. 

El Observatorio de la Violencia está presidido por la directora gerente del Sescam, y forman parte del mismo representantes de varios departamentos del Servicio regional de Salud ‑Direcciones General de Recursos Humanos y Asistencia Sanitaria, Secretaría General‑, de la Consejería de Sanidad, de los colegios profesionales de médicos y enfermería, sindicatos con representación en la mesa sectorial y Fuerzas de Seguridad del Estado. 

LA AGRESIÓN DE EL CASAR, PENDIENTE DE JUICIO

Con la puesta en marcha de este Observatorio se tratarán de evitar, y en su caso dar respuesta, a situaciones como la que se vivía el pasado mes de octubre en el centro de salud de El Casar, en la provincia de Guadalajara. Una agresión a varios profesionales por parte de dos personas en estado de embriaguez, que tras mostrar su desacuerdo con la atención prestada por los sanitarios la emprendieron a golpes contra los profesionales que estaban de guardia, ocasionando además numerosos destrozos en las instalaciones. 

Un caso en el que el Gobierno regional ya anunció su intención de personarse como acusación particular, del mismo modo que van a hacer los colegios profesionales. Sobre este caso, la directora gerente del Sescam señalaba que están "pendientes del juicio y de lo que la Justicia dictamine". Confía Leal en que las penas sean "lo suficientemente ejemplares" para que no se vuelvan a repetir las mismas circunstancias. 

viernes, 8 de diciembre de 2017

Hacia una República Federal y Solidaria

Benito Sacaluga

Llamarme exagerado, loco, iluso, utópico o cualquier otro sinónimo que os venga en gana, pero creo que no nos estamos dando cuenta de que estamos en medio de la "tormenta perfecta" para que las expectativas y deseos de los republicanos se conviertan en realidades.


Los recientes acontecimientos que han tenido y tienen lugar en Cataluña suponen una grieta en el muro antirrepublicano levantado por el régimen del 78. Además, en cierta manera, estos acontecimientos están sirviendo para que aquellos españoles que nunca han mostrado el más mínimo interés por la República, incluso sus detractores por comodidad o temor, comiencen a pensar en las virtudes y ventajas de un sistema de estado republicano moderno que garantice sin matices los derechos humanos.

Nos encontramos en una situación crítica. Cada vez somos más los que denunciamos la falta de consistencia de ese pretendido Estado de Derecho que nos dicen que es España. Estamos cansados de ver como la credibilidad de las Instituciones perece victima de una corrupción inaudita, mientras las clases trabajadoras ven como sus derechos caen y caen. 

La sospecha de corrupción recae indefectiblemente sobre cada acto o decisión que se toma por el Gobierno, un gobierno en minoría y débil, y por aquellos que están designados por el Ejecutivo para dirigir todas y cada una de las Instituciones. El poder judicial tampoco se libra de estas sospechas, es más, cada día aumentan. 

A pesar de todo las encuestas siguen dando mayoría electoral a un partido politico investigado judicialmente y en el que militan cientos y cientos de correligionarios igualmente acusados por la justicia. ¿Que nos está pasando? ¿Acaso nos han convertido en lo que Friedich Hegel calificaba como plebe, como consecuencia de haber precarizado nuestro trabajo, nuestra dignidad y nuestros derechos, haciendo así que nos conformemos, sumisos y agradecidos, con subsistir por debajo de los niveles mínimamente aceptables en un estado de derecho?

Los medios españoles, la inmensa mayoría, callan. Hablar de República sigue siendo tabú en España. Los difusos colores de una simple camiseta de fútbol han levantado las iras de la derecha política, tan monárquica y tan liberal ella. No sucede lo mismo en Europa, allí, desde su repúblicas, las cosas que están sucediendo en España se ven de diferente manera y los medios se hacen eco a través de artículos y editoriales.

Dejo a continuación una transcripción de un artículo firmado hoy por Patrick Le Hyaric, Director del diario francés L'Humanité, miembro del Parlamento Europeo y vicepresidente del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea (GUE-NGL) en el Parlamento Europeo, artículo en el que emplaza a las fuerzas progresistas españolas a trabajar para lograr la reinstauración de la República en España.

¡ SILENCIO CÓMPLICE POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EUROPEAS ! 

La aguda crisis española no viene como un trueno desde un cielo sereno. Ciertamente hablamos de ello abundantemente pero agitando la tela de las apariencias. Por contra se calla la boca en relación con los casos de corrupción tanto en Madrid como en la Generalitat de Cataluña, y sobre las políticas de austeridad dictadas por la Comisión en Bruselas que tanto sufrimiento causan, responsables del desempleo masivo y la inseguridad en el trabajo. 

Silencio también sobre la crisis de la representación parlamentaria, tanto es así que el gobierno de Rajoy existe solo gracias a la benevolencia del partido socialista español; una crisis democrática e institucional vinculada a la negativa a cambiar la Constitución de 1978, que serviría entonces de transición entre el régimen franquista y un sistema más democrático. En ausencia de tal evolución, la Ley Básica española ya no corresponde a las demandas de la sociedad. La decisión de Rajoy, hace años, de reducir la autonomía de Cataluña agravó aún más las múltiples fracturas que la sacudieron. 

La aplicación indiscriminada de las políticas de austeridad ordenadas desde Bruselas después de la crisis de 2008, como en Italia, Portugal o Grecia, la negativa a escuchar el "movimiento de indignados" que siguió y la falta de visión de un ejecutivo español de gran fragilidad, solo han fortalecido un movimiento independentista bajo la égida de las fuerzas conservadoras.

Sin embargo, esto último no plantea en ningún momento la cuestión de la emancipación social y democrática. Por el contrario, en Cataluña como en cualquier otro lugar, todo sucede como si estos movimientos quisieran demostrar a la Comisión Europea que serían aún más dóciles que sus "Estados-Nación". Sin embargo, hasta entonces, incluso con múltiples defectos, desde los períodos revolucionarios en Europa no hemos encontrado un mejor sistema de organización que el de los Estados-Nación. 

Sin duda es necesario transformar estos Estados-Nación para otra globalización, con la ambición de servir al bienestar humano y el respeto por los equilibrios ecológicos. Aunque muy imperfectamente, estos estados soberanos permiten, en el conflicto de clases, expresar el equilibrio de poder, la expresión popular y una cierta distribución de la riqueza. Todos no tienen la misma forma. Por lo tanto, España, pero también Alemania, han optado por ser mucho más descentralizados que Francia. Pero ambos siguen siendo obstáculos para la búsqueda global de ganancias de un capitalismo cada vez más financiero. Este es el obstáculo que las oligarquías han abordado con los Tratados de Maastricht y el Acta Única Europea. Para contrarrestar mejor el aumento de la resistencia nacional, la idea de una "Europa de regiones" como la "Europa federal", o ambas a la vez, podría ser el caso de una oligarquía transnacional que no acepta que las luchas y políticas sociales interrumpan su fiesta. En las controversias actuales todo vale para ocultar la lucha entre las clases dominantes y la gran mayoría de los que tienen un interés en el progreso social, democrático y ecologista: aquí, toman la forma de luchas religiosas, hay luchas entre regiones y en otras partes lucha entre nacionalismos.

Afortunadamente, se escuchan otras voces en España, como la de Ada Colau Ballano, la admirable alcaldesa de Barcelona, la ​​de Izquierda Unida y la de Podemos. La salida de estos impases pasa por la posibilidad de que los catalanes decidan. ¿Qué empieza con eso? 

Finalmente se han convocado elecciones, pero van acompañadas de la destitución y el encarcelamiento de los líderes catalanes legítimamente electos. El silencio de las instituciones europeas las hace cómplices. ¡Qué hubiéramos escuchado de ellas si se hubiera producido una negación tan democrática en Rusia, China o Venezuela! ¿Dónde están las bellas proclamas sobre el estado de derecho. Querer resolver dicha controversia encerrando en la cárcel a catalanes electos, eliminando la autonomía de Cataluña y su puesta bajo control del gobierno central, amordazando la prensa y amenazando a los alcaldes, constituyen intolerables actos de represión política, ideológica y cultural contrario a los valores de una democracia moderna y a los que reclama la Unión Europea. 

Es inaceptable tratar al Sr. Puigdemont y a los suyos, cuyas ideas políticas y diseños no comparto, como criminales o terroristas. No pueden merecer decisiones judiciales tan grotescas y excesivas de una parodia de justicia en un país tan cercano, que forma parte del Consejo Europeo. Estas decisiones de la derecha española, calurosamente aplaudidas por el PSOE, no son un golpe contra la independencia de Cataluña, sino contra la democracia española y la idea de la democracia en Europa, sumidas hoy en un agujero negro. No se sorprenda nadie entonces por el aumento de la extrema derecha.

Las fuerzas progresistas, española y catalana, deben pedir a los ciudadanos de la Generalidad y del resto de España que decidan su futuro en el marco de una nueva constitución. Una nueva constitución que ha de generar una república federal y solidaria que garantice verdaderamente todos los derechos humanos. Todos ellos pueden contar con nuestra solidaridad.

Fuente: Bailando con ratas

martes, 7 de noviembre de 2017

Cien años para aprender tan poco (1917-2017) por Juan Manuel Vera

La conmemoración del centenario de la revolución rusa plantea algunas interesantes cuestiones sobre la identidad de lo que se ha llamado izquierda a lo largo del siglo veinte. También podría servir para comprender las razones por las que la herencia del octubre soviético no forma parte del arsenal de instrumentos para desarrollar las nuevas prácticas sociales de lucha contra el capitalismo neoliberal sino, más bien, una pesada losa histórica que dificulta la construcción de una alternativa al imaginario capitalista. 


Por supuesto, el punto de partida deberían ser los hechos históricos con su singularidad. Sin embargo, no es posible hablar de febrero y octubre de 1917 sin, al mismo tiempo, inscribir esa memoria histórica en lo que sabemos del poder bolchevique, del régimen de Stalin y sus sucesores y de la descomposición y hundimiento del bloque soviético entre 1989 y 1991. 

El examen de los hechos debería facilitar evitar la retórica y la teleología tan frecuentemente asociadas a octubre de 1917, acontecimiento casi olvidado como realidad histórica y que ha sido sustituido por una leyenda consolidada a lo largo del tiempo. 

El poder bolchevique 

La revolución rusa, la de febrero de 1917, supuso la caída del régimen zarista. Fue considerada como un gran acontecimiento liberador en la Europa devastada por la guerra entre las potencias dominantes del orden decimonónico. La caída del zarismo por una revolución democrática iluminó las esperanzas de millones de hombres y mujeres que habían sufrido la barbarie tan de cerca. La creación de consejos, soviets de obreros, campesinos, vecinos y soldados, como expresión de la auto-organización social revolucionaria, que ya habían aparecido embrionariamente en la revolución de 1905, marcaba una forma de afrontar desde abajo la debacle del orden político que había lleva a la Gran Guerra. Grandes sectores del movimiento obrero occidental vivieron con gran atracción ese momento histórico. 

En esa perspectiva ilusionante fue, también, contemplada la toma del poder por los bolcheviques en octubre de 1917, que aparecía como una culminación del proceso revolucionario iniciado en febrero. Sus aspectos centrales eran la lucha por la paz, la reforma agraria y el establecimiento de un poder democrático basado en el poder de los soviets. Esa posibilidad de conquista del poder por los de abajo suscitó una conmoción universal y una gran corriente de simpatía entre las corrientes tanto socialistas como anarquistas del movimiento obrero. También alimentaría en los años siguientes amplios movimientos revolucionarios basados en consejos o soviets en muchos países europeos desde Baviera a Hungría, desde Finlandia al norte de Italia). 

Pero aquí nos encontramos con la primera antinomia de la revolución rusa, el primer equívoco que persiste hasta nuestros días. La conquista del poder por los bolcheviques fue identificada con el establecimiento de un poder de los soviets. Pero esa equiparación fue una trampa desde el primer momento. Octubre no fue el triunfo de los soviets sino el triunfo de los bolcheviques, lo cual es radicalmente diferente. 

La insurrección bolchevique, previa al Congreso de los Soviets, pretendía situar a éste ante un hecho consumado. La concepción de Lenin y los bolcheviques sobre los soviets era instrumental, como lo era su consigna de Todo el poder a los soviets. No consideraban realmente que fuera una forma instituyente de gobierno democrático desde abajo sino un mero medio en la estrategia insurreccional. Por ello, como señalaba Castoriadis, existió una única revolución, la de febrero, porque octubre no fue una revolución, en el profundo sentido del concepto, sino la toma del poder por un partido. 

Nada más ajeno a la concepción bolchevique que una alternancia en un poder soviético con otras fuerzas políticas. Lenin consideró la conquista del poder como un triunfo definitivo y no concebía una institucionalidad que pudiera conllevar a su desalojo si no era por la fuerza. Por ello hicieron todo lo que consideraron necesario para conservarlo. 

El poder bolchevique se orientó ab initio a una dictadura de partido. En los primeros meses, se produjo la eliminación de la libertad de expresión (salvo, todavía, dentro del partido), la ilegalización de partidos soviéticos, la disolución de la Asamblea Constituyente, la conversión de los soviets en meros instrumentos de gestión administrativa controlados por el partido, etc. Todos esos fueron pasos decididos y ejecutados desde el principio. 

La creación de la Checa fue otra decisión inicial decisiva para la instauración de un poder no sometido a ningún control ni a ningún límite. Víctor Serge describió ese momento como un punto de inflexión en la evolución del poder bolchevique, y creo que le asistía toda la razón. 

Rosa Luxemburgo contempló muy críticamente esos primeros pasos del poder bolchevique. Su excepcional opúsculo La revolución rusa, escrito en 1918, constituye un documento imprescindible para comprender como el bolchevismo se separaba en su práctica de cualquier forma de ejercicio concreto de la soberanía nacional por el pueblo o los trabajadores, algo completamente ajeno a lo que la socialdemocracia revolucionaria había sostenido. 

Para los bolcheviques el poder instituyente no residía en el conjunto de la nación, ya que contemplaban a la gran masa campesina como el terreno baldío que había permitido a la persistencia del zarismo. Pero tampoco atribuían el poder instituyente a los órganos de poder nacidos desde abajo. 

Lenin concebía al partido como un apoderado plenipotenciario no de unos trabajadores concretos sino de los intereses de una clase obrera universal. El determinismo histórico constituye un elemento central de la concepción marxista básica tal y como fue asimilada por la dirección bolchevique. La sacralización del partido como vehículo histórico de los intereses de una clase confería a sus dirigentes la soberanía última no sólo para efectuar una insurrección sino, también, para el ejercicio de un poder sin límites. El nuevo Estado se legitima porque tiene una misión histórica y de esa misión se deriva la posibilidad de un ejercicio sin límites del poder del Estado porque hay una élite (la vanguardia revolucionaria, el partido leninista) que posee una ciencia del poder. 

El sistema estalinista 

La intervención extranjera y la guerra civil dieron lugar a un creciente aislamiento del poder bolchevique. En respuesta al terror blanco aplicó el terror rojo frente a sus adversarios. Lo aplicó alejado de cualquier límite o control, incluyendo las represalias colectivas por origen social, étnico o relación familiar. 

La prohibición de las tendencias en el X Congreso del Partido Comunista acabó con el debate dentro del partido único y la represión despiadada de los insurrectos de Kronstadt y contra los mencheviques y anarquistas, acabo de sellar la naturaleza autoritaria del poder bolchevique. 

Indudablemente, la creación de la checa, la dinámica monolítica del partido y la utilización del terror generaron desde los primeros años veinte una maquinaria infernal que allanó el camino sobre el cual Stalin consiguió implantar su régimen. Desde el punto de vista social Stalin apoyó su conquista del poder en una estructura burocrática expandida aceleradamente, con la incorporación de decenas de miles de nuevos bolcheviques, muchos de origen obrero, con una cultura de sometimiento completo a los jefes. 

En poco tiempo se produjo la transición del poder autoritario bolchevique a una forma de totalitarismo que sometió, durante décadas, a millones de personas a un régimen de dominación total y que fue exportado con éxito a otros países tras la toma del poder por los partidos estalinistas. 

El régimen de Stalin fue durante más tres décadas un régimen de terror de masas aplicado en frío. La colectivización forzosa supuso en el período 1930-1933 una experiencia monstruosa de ingeniería social destructiva que ocasionó la muerte de millones de personas a través de la hambruna generada, casi programada, en Ucrania y otras regiones de la URSS. El año 1937, el año del gran terror, supuso más de 700.000 ejecuciones sin juicio. En esas décadas, la deportación y los trabajos forzados en el sistema concentracionario del Gulag afectaron a muchos millones de personas. 

El estalinismo constituyó una novedad histórica capaz de consolidar durante un largo período una forma totalitaria de comunismo-capitalismo de Estado, gobernado por una burocracia estratificada que utilizaba como retórica de su dominio apelaciones al socialismo y a la clase obrera. El triunfo de Stalin no puede considerarse un mero accidente. Tampoco puede entenderse como tal la implantación de un sistema totalitario que consiguió expandirse después de 1945 al Este de Europa y que constituyó el ejemplo para el establecimiento del régimen maoísta en China, así como de los regímenes estalinistas de Vietnam, Corea del Norte y Camboya. La creación totalitaria estalinista ha marcado el, siglo veinte tanto o más que los totalitarismos fascistas. 

Tras la muerte de Stalin, el sistema soviético abandonó el terror de masas, propio de la fase de delirio totalitario, para establecer una forma de poder tutelada por una potente casta militar, un régimen estratocrático, con fuertes componentes totalitarios, que, como sabemos, fue incapaz de soportar el paso del tiempo y su aislamiento social y se derrumbó para dar paso a la conversión de la burocracia estatal en el germen de la nueva clase capitalista neoliberal del actual régimen autoritario de Putin. 

Después del hundimiento del sistema soviético 

En el centenario de la revolución rusa es extraño llegar a leer alguna legitimación directa del estalinismo. En cambio, resulta frecuente encontrarse con legitimaciones indirectas, asociándole a una forma de modernización de un país atrasado, al antifascismo que permitió la derrota del Eje en 1945, al anticolonialismo e, incluso, a la aparición del Estado del Bienestar en Europa Occidental. Esos argumentos, un tanto sofísticos, se basan en una serie de olvidos clamorosos y, en bastantes casos, en la renuncia a contraponer debe y haber, costes y resultados. Olvidan que la modernización soviética debe ponerse frente a frente con el brutal coste humano, social y ecológico que produjo, y en comparación con otras vía de “modernización” menos brutales. Olvidan, por ejemplo, que 1945 supuso el fin de un totalitarismo, pero también, la expansión de otro, los regímenes estalinianos. Olvidan que las fuentes auténticas del anticolonialismo residen en las movilizaciones masivas de los pueblos y que la influencia del estalinismo lo que favoreció fue, precisamente, la afloración de movimientos autoritarios y la articulación de los estados nacientes mediante modelos orientados, en muchos casos, al partido único y a formas despóticas que han dado lugar a muchos Estados fallidos. Olvidan que el pacto social que hizo posible lo que se ha dado en llamar Estado de Bienestar fue posible por la fuerza del movimiento sindical y como un claro contra-modelo al despotismo de los regímenes soviéticos. 

En mi opinión, la herencia de estos cien años del Octubre soviético deja pocos aspectos positivos para la reconstrucción de un proyecto emancipatorio. En primer y fundamental lugar, porque el balance de sufrimiento humano ocasionado por los regímenes que se reclamaban soviéticos es atroz. 

Por otra parte, la herencia, la sombra del pasado también se puede reconocer en unas formas de concebir la izquierda con una sorprendente fascinación por el poder y la violencia, por el verticalismo y el autoritarismo, incluyendo el apoyo a dictaduras “progresistas”. El culto a los líderes, el instinto oligárquico y una gran desconfianza por la auto-organización de la sociedad son los corolarios de unas concepciones que, aunque en crisis, aún están presentes en las formas de organización y en la cosmovisión vital de la izquierda, incluso en las nuevas formaciones nacidas en los últimos años. 

La vacuna contra esos rasgos no consiste en un indefinido regreso a ninguna fuente original y, mucho menos, a la leyenda de un Octubre ruso malinterpretado en su génesis y en sus consecuencias. 

La fuente viva se encuentra en la impregnación de la necesidad democrática más completa, en la confianza en la auto-organización social y en el aprendizaje de los movimientos sociales que en las últimas décadas han cuestionado el orden neoliberal y el absurdo camino a ninguna parte del productivismo capitalista. 

No hay que mirar hacia el pasado ni hacia arriba. Miremos hacia el futuro desde abajo. 


Un chiste sobre España y los derechos humanos

La orden de detención europea contra Puigdemont abre otra gran caja de los truenos en lo que cada vez más pensadores vienen calificando como una causa general contra el independentismo abierta por el régimen español. Revestida de carácter jurídico, sus medidas tienen fondo y alcance políticos.

No se discute que la actitud de las autoridades catalanas ha sido un esperpento, ni la producción de claras ilegalidades ni la posibilidad de que hubiesen cometido delitos de desobediencia o prevaricación. Pero ello está muy lejos de la disparatada calificación de rebelión y sedición que promueve la Fiscalía General, dependiente del Gobierno.

¡Tanto tiempo hablando de Venezuela sobre la prisión de opositores encarcelados y resulta que aquí nos ponemos a su nivel y aún más, llevando a prisión a numerosos dirigentes gubernamentales, parlamentarios y líderes sociales!

Es muy grave la internacionalización del conflicto: la imagen de España en la opinión pública internacional está muy deteriorada. Esta apreciación la hago desde mi experiencia técnica profesional en el ámbito internacional.

En primer lugar hay que referirse a las consecuencias muy negativas que puede causar la orden de detención europea, promovida por la Fiscalía, y cuya instrucción por la jueza Carmen Lamela nos hizo recordar otro caso reciente que llevó ella misma y que puso en alerta a todos los defensores de los Derechos Humanos. Me refiero al caso Alsasua, donde unos enfrentamientos, o una reyerta en un bar de esa localidad, fueron calificados por su señoría como delito de terrorismo en una interpretación muy expansiva de este delito.

Se evidencia que al Fiscal General, José Manuel Maza, reprobado por el Parlamento, le interesaba que el asunto catalán cayese en manos de esta jueza de instrucción; aunque los delitos imputados no son ni siquiera competencia de la Audiencia Nacional. De ahí su empecinamiento en atribuirlo a un órgano excepcional donde sabía que iba a ser más fácil conseguir hacer efectiva su alarmante frase “hemos tenido mucha paciencia” con los independentistas.

Ahora, tras enviar expeditivamente y con clara indefensión a prisión incondicional sin fianza a casi todo el gobierno catalán, la jueza ya ha dictado la orden de detención de Puigdemont. Esto va a crear unas tensiones enormes en la Unión Europea y un juicio jurídico, con consecuencias políticas, que revelará cómo está España en materia de Derechos Humanos. Me anticipo a lo que pueda suceder ahora que empieza su tramitación, pero mucho me temo que el proceso belga puede dañar aún más a nivel internacional la imagen del país.

La orden de detención y entrega europea, instituida por la Decisión Marco 2002/584, se concibió para sustituir el mecanismo clásico de extradición --que implicaba una decisión del poder ejecutivo-- por un instrumento de cooperación entre las autoridades judiciales nacionales basado en los principios de reconocimiento mutuo de las sentencias y demás resoluciones judiciales y también en el de confianza recíproca entre Estados miembros de la UE.       
  
Esta medida instauró un nuevo sistema de detención y entrega de las personas condenadas o sospechosas de haber infringido la ley penal en un país, limitándose estrictamente los motivos de no ejecución y fijándose plazos breves de adopción de las decisiones. Pero todo ello requiere un juicio fundamental: la persona que se procede a devolver al país de origen debe tener asegurados plenamente sus derechos, entre ellos la garantía de un juicio justo y que, en su caso, su internamiento en prisión se realice de manera respetuosa con los derechos humanos.

Sobre este asunto, debe desgraciadamente reconocerse que España no tiene en Europa buena imagen en materia de observancia de Derechos Humanos. Así se ha dicho en algunos foros como el Consejo de Europa o incluso en la propia ONU, que han criticado la represión de derechos contenida en la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza.

Pero no son solo algunos organismos internacionales, también hay países donde se piensa así. Hay que recordar, por ejemplo, que el propio Estado belga, sede de las instituciones comunitarias, ha denegado en el pasado la entrega a nuestro país de presuntos etarras desde la consideración de que en España “no se cumplen los derechos humanos”. Esto es muy fuerte, pero es acallado aquí con la retórica hueca del “somos un Estado de Derecho”.

Esas impresiones cada vez se extienden más entre los ciudadanos. Perplejos nos dejan también las asociaciones de jueces y fiscales emitiendo constantemente --hasta siete-- comunicados en la misma línea del gobierno de Rajoy, en los que califican como "totalitarias" a las autoridades catalanas o afirmando que se ha producido “un golpe de Estado en Cataluña”.

No sólo es una forma inadmisible de presionar a sus compañeros jueces, sino también de emitir opiniones políticas que pudieran afectar a hechos que iban a ser enjuiciados. A las asociaciones corporativas muy de derechas como la APM, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente se llegó a unir torpemente la ‘progresista’ Jueces para la Democracia. Igual sucedió en el ámbito de la fiscalía, con la UPF emitiendo comunicados patrióticos. La excusa era corporativa: “Proteger a nuestros compañeros en Cataluña”. Para ellos, ¡antes la Patria que la Justicia!

Si la orden de detención europea fuese denegada, a España le quedaría la vía final de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde podrá comparecer cualquier otro país, además de Bélgica, y cuya caja de resonancia sobre el enjuiciamiento de España tendría un gran eco.

Quiero destacar un precedente muy cercano. Se trata de una importante sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 5 de abril de 2016 que aplica, con excelente criterio, una interpretación justa y humana del Derecho, resolviendo dos cuestiones sobre un ciudadano rumano y otro húngaro que fueron sometidas al TJUE por un Tribunal de Bremen (Alemania), que era donde se encontraban. En ese proceso judicial europeo intervino España, que se alió con Hungría y Rumanía para defender la entrega de los dos demandantes. La extradición fue rechazada por la Gran Sala del Tribunal de Luxemburgo afirmando que los dos países no ofrecían suficientes garantías.

Esta sentencia aplica como sustrato los derechos humanos e invoca tanto la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea como la normativa no estrictamente comunitaria, la del Convenio de Roma, referida a los 47 miembros del Consejo de Europa.

En efecto, se cita el artículo 6 del Tratado Unión Europea (TUE), donde se dispone que “la Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”. Pero --y esto es muy importante porque ensancha el prisma-- además, invoca el mismo precepto en su apartado 3, estableciendo que “los derechos fundamentales que garantiza el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 y los que son fruto de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros formarán parte del Derecho de la Unión como principios generales”. Y ahí está el principio jurídico del derecho a un juicio justo y a la tutela judicial efectiva.

Así, pese a los postulados de presunción de confianza legítima y el reconocimiento mutuo entre Estados, pilares en que se basa la orden europea de detención, cabe la posibilidad de que se deniegue la ejecución en casos concretos señalados, como puede ser la violación grave y persistente por un Estado miembro de los valores exigibles, particularmente el respeto a la dignidad humana, el derecho a la libertad, el derecho a participar en asuntos públicos y, sobre todo, el derecho a un juicio justo y la prohibición de penas o tratos degradantes.

Pues bien, sobre esta base, puede suceder que las autoridades belgas denieguen la entrega de Puigdemont a España. Y serían varios los motivos. Uno primero, y ya contundente, es que el delito de rebelión y sedición, por el que es requerido desde España, no está en la lista de las causas penales por las que pudiera procederse a la entrega. Y no está porque tiene esta figura penal un carácter político, lo cual evidencia que frente a lo que dice el sector oficial gubernamental-judicial, hay un componente claramente político en el enjuiciamiento. Debe recordarse que una cosa es que hubiesen cometido ilegalidades y pudiesen ser enjuiciados por desobediencia, prevaricación o malversación, y otra muy diferente que sean tratados y penados por secesión o rebelión.

Este carácter político del proceso judicial se evidencia en el deseo público de un dirigente importante del PP, Pablo Casado, advirtiendo que Puigdemont podría acabar como Companys (prisión y fusilamiento). Tampoco facilita que se expida la orden de detención la prisión incondicional ya dispuesta de los gobernantes catalanes que se presentaron voluntariamente a declarar, tanto los de Madrid como Puigdemont y los que están con él en Bélgica. Es sumamente infrecuente que una persona acuda a declarar voluntariamente sin orden de detención ni por un delito flagrante y resulte enviado inmediatamente a prisión incondicional sin fianza. Solo en algún caso de asesinato sin arrepentimiento inmediato.

En este sentido, la forma tan expeditiva y sumarísima de proceder de la jueza respecto el vicepresidente y otros consejeros revela una disposición a actuar en la línea marcada por el fiscal designado por el Gobierno. Y cabe suponer que habría hecho lo mismo con Puigdemont en una resolución que ya tenía en gran parte escrita antes de oírles. Que se les enviase con premura a prisión sin haberles dejado tiempo para leer los documentos presentados esa misma mañana contra ellos refleja indefensión; y esa forma de actuar evidencia algo grave. De eso también tomará nota el tribunal belga.

Asimismo, las autoridades de ese país podrán apreciar que, según el Código Penal español, se requiere para el delito de rebelión la producción por los inculpados de una violencia que obviamente no ha existido: la ‘violencia’ física no encaja en el relato fáctico de la jueza española. Fue el pueblo catalán el que sufrió esa violencia el 1O.

La mala imagen de España en materia de Derechos Humanos se manifiesta no solo en no tener, a diferencia de los Estados democráticos, un Plan de Derechos Humanos, sino también, por ejemplo en que es, tras Turquía, uno de los países más condenados por el otro tribunal de Derechos Humanos, éste con sede en Estrasburgo, en el que acumula once sentencias por torturas o malos tratos en prisiones, fundamentalmente por su negativa a investigar. Este se calla aquí, pero es así.  

Las gravísimas mofas de los policías nacionales que custodian la Audiencia mientras declaraban Junqueras y los otros consejeros revelan el odio que personas y cargos con responsabilidades de seguridad tienen por esas personas solo por sus ideas. Es humillante. Y a eso hay que sumar la forma de ser conducidos en los furgones policiales hasta la prisión, de modo vejatorio, según ha denunciado el vicepresidente catalán.

Son numerosos los elementos que las autoridades judiciales belgas tienen ante sí para valorar la procedencia de aplicar lo solicitado desde España. Y son muchos los factores que pueden inclinar la balanza a favor de denegarlo. En tal caso, se reflejaría desde el exterior lo que algunos desde aquí pensamos sobre el grave retroceso de los Derechos Humanos en España y la connivencia entre el poder judicial y ejecutivo a la hora de enjuiciar asuntos relevantes. Se inicia el proceso, pero estoy seguro de que muchos españoles confían más en lo que puedan dictar los tribunales belgas que los de aquí. Esto es una tragedia. Significa que estamos más cerca de Turquía, de Hungría o de Polonia que de los países más avanzados y  democráticos de la Unión Europea.

P.D Escrito y enviado este artículo llega la noticia de que el primer juez belga no encarcela a Puigdemont y le deja en libertad con medidas cautelares. Es la primera señal que deja en evidencia a la jueza Carmen Lamela, la Fiscalía General, las asociaciones ‘patrióticas’ de jueces y la supuesta independencia de los tribunales en España. Derechos Humanos 1 - España 0. A ver qué dice ahora el Tribunal Supremo respecto a Carme Forcadell y la Mesa del Parlament.
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Jesús López-Medel Báscones es expresidente de la Comisión de Derechos Humanos y Democracia de la OSCE.

miércoles, 26 de julio de 2017

26 DE JULIO: Día de la Rebeldía Nacional

El 26 de julio de 1953 fuerzas del pueblo revolucionario cubano asaltaron los cuarteles de Moncada contra la dictadura de Batista y liderados por Fidel Castro. Estos hechos han pasado a la historia como el Día de la Rebeldía Nacional.

26 de julio de 1953. Fuerzas del pueblo revolucionario armado decidieron dar un asalto a los cuarteles Moncada, en Santiago de Cuba, y Carlos Manuel de Céspedes, en Granma. Estos hechos y este día han pasado a la historia, grabados en la memoria del pueblo cubano y del resto del mundo como el Día de la Rebeldía Nacional y antesala de las luchas que llevaron al triunfo definitivo de la Revolución Cubana en enero de 1959.


Cuba vive en plena dictadura del general Fulgencio Batista tras el golpe de estado del 10 de marzo de 1952. El dictador se hizo con el poder derrocando a Carlos Prío Socarrás apoyado por la CIA, y justificándose por tener al país sumido en la bancarrota e inmerso en drogas y juego.

Batista llegó al poder de la isla. Pero no hizo otra cosa que agravar la ya caótica situación de la población cubana que, de manera ilegal, gobernó hasta el primero de enero de 1959, día en que, junto a sus más estrechos colaboradores, huyó del país cargado de dinero público. Los santiagueros vivieron con Batista bajo una política alarmante y vacía de ética. Era un periodo caracterizado por la represión, la violencia, la persecución y el empeoramiento de las diferencias sociales.

Así lo entendió en su momento la llamada Generación del Centenario. El 28 de enero de 1953, 100 años del nacimiento de José Martí, de nacido, un grupo de jóvenes decidió continuar el legado de la Guerra Continua proclamada por el conocido Héroe Nacional Cubano. 

Con las primeras luces del día 26 de Julio de 1953, el grupo de  jóvenes  liderados por el entonces abogado Fidel Castro, se dirigieron hacia Santiago de Cuba. Querían reavivar los ideales de independencia del pueblo cubano. 

"Podrán vencer dentro de unas horas o ser vencidos; pero de todas maneras, ¡óiganlo bien, compañeros!, de todas maneras el movimiento triunfará"

Durante el mes de febrero, los protagonistas de la insurrección comenzaron los enfrentamientos de tiro, organizados en diferentes fincas de La Habana , y consiguieron confeccionar los uniformes del Ejercito con los que se disfrazarían para entrar en las zonas militares.

En junio, la granja Siboney, cerca de Santiago de Cuba, un viejo hospedero en Bayamo y dos casas de la ciudad, fueron el refugio de los futuros asaltantes. La noche anterior a los hechos, Fidel Castro distribuyó a los hombres en tres grupos: el primero en el que él mismo iría al frente atacaría el cuartel de la Moncada, el segundo al mando de Raúl Castro tomaría el Palacio de la Justicia, y el tercero, a cargo de Abel Santamaria, ocuparía el Hospital Saturnino Lora.

"Compañeros: Podrán vencer dentro de unas horas o ser vencidos; pero de todas maneras, ¡óiganlo bien, compañeros!, de todas maneras el movimiento triunfará. Si vencemos mañana, se hará más pronto lo que aspiró Martí. Si ocurriera lo contrario, el gesto servirá de ejemplo al pueblo de Cuba, a tomar la bandera y seguir adelante”, expresó el Manifiesto del Moncada, redactado por el joven poeta Raúl Gómez García y que se leyó antes de salir a la acción.

26 de julio de 1953. Fuerzas del pueblo revolucionario armado decidieron dar un asalto a los cuarteles Moncada, en Santiago de Cuba, y Carlos Manuel de Céspedes, en Granma. Estos hechos y este día han pasado a la historia, grabados en la memoria del pueblo cubano y del resto del mundo como el Día de la Rebeldía Nacional y antesala de las luchas que llevaron al triunfo definitivo de la Revolución Cubana en enero de 1959.

Durante el mes de febrero, los protagonistas de la insurrección comenzaron los enfrentamientos de tiro, organizados en diferentes fincas de La Habana , y consiguieron confeccionar los uniformes del Ejercito con los que se disfrazarían para entrar en las zonas militares.

En junio, la granja Siboney, cerca de Santiago de Cuba, un viejo hospedero en Bayamo y dos casas de la ciudad, fueron el refugio de los futuros asaltantes. La noche anterior a los hechos, Fidel Castro distribuyó a los hombres en tres grupos: el primero en el que él mismo iría al frente atacaría el cuartel de la Moncada, el segundo al mando de Raúl Castro tomaría el Palacio de la Justicia, y el tercero, a cargo de Abel Santamaria, ocuparía el Hospital Saturnino Lora.


El intento fallido de la toma del cuartel de la Moncada
Era domingo de carnaval aquel 26 de Julio de 1953 en Santiago de Cuba cuando, de madrugada – a las 5 y 15 a.m.-, un grupo de ciento setenta y cinco jóvenes inició el asalto. Los grupos de Raúl Castro y Abel Santamaría lograron asaltar los edificios colindantes al cuartel, pero un accidente hizo que el grupo de Fidel no lograra tomar la fortaleza.

Los jóvenes disfrazados se encontraron con una "guardia cosaca" que avisaron de la intrusión. Los asaltantes lograron una buena ofensiva y causaron al ejército treinta bajas, de ellas once muertos y diecisiete heridos. Pero el Moncada acogía en su interior a más de mil soldados, de modo que los revolucionarios optaron por retirarse, tras un combate de cerca de dos horas. 

Gran parte de los revolucionarios fueron asesinados y detenidos durante los asaltos

En caso de no poder tomar el cuartel, la consigna era retirarse a Siboney para, y desde allí, procurar llegar a las montañas de la Sierra Maestra y proseguir la lucha. Pero tampoco la retirada resultó de manera satisfactoria. 

La represión tras los asaltos: De 70 combatientes muertos, solo ocho cayeron en combate

La represión desatada por los tiranos contra los asaltantes fue de lo más salvaje; Apresados tras el asalto, a Abel Santamaría le sacaron los ojos y a Boris Luis Santa Coloma le arrancaron los testículos. Una veintena de combatientes fueron sacados con vida del Hospital Saturnino Lora y trasladados por los soldados de la dictadura al cuartel, donde por orden de Batista, fueron asesinados a diez prisioneros por cada soldado muerto. 

Haydée Santamaría y Melba Hernández también fueron detenidas y llevadas al Moncada. Estas dos mujeres fueron testigos de excepción de la masacre allí cometida. Se libraron de ser asesinadas gracias a un fotógrafo, que acompañaba a la periodista Marta Rojas, simuló hacerles una fotografía (a pesar de no tener película en la cámara) y, regándose la noticia de que en el cuartel había dos mujeres detenidas, los soldados ya no podían presentarlas como muertas en combate. 

Estos son solo algunos ejemplos pero la brutalidad de la violencia ejercida llegó a límites inimaginables. De las 70 personas que murieron el 26 de julio y en días posteriores a manos de la tiranía, sólo ocho cayeron en combate; el resto de los cadáveres, sin excepción alguna, presentaban signos de evidentes mutilaciones y salvajes torturas.

El alegato de Fidel: "La historia me absolverá"
Cuando fueron detenidos, Fidel fue separado del resto de sus compañeros. Su juicio se celebró en una pequeña sala del Hospital Saturnino Lora. Era 16 de octubre de 1953 y, en la autodefensa, pronunció su alegato final conocido como La historia me absolverá.

Su alegato se convirtió en el programa político del nuevo movimiento revolucionario de Cuba: la lucha desde y para los sectores populares. El alegato reivindica el derecho a la rebelión, y lejos de exculpar sus actos, proclama la justa defensa ante la ilegalidad del gobierno golpista. 

"En cuanto a mí, sé que la cárcel será dura como no lo ha sido nunca para nadie, preñada de amenazas, de ruin y cobarde ensañamiento, pero no la temo, como no temo la furia del tirano miserable que arrancó la vida a setenta hermanos míos. Condenadme, no importa, la historia me absolverá" expresa el último párrafo de la defensa del comandante.

 Al igual que sus compañeros, Fidel permaneció en la cárcel hasta el 15 de mayo de 1955. Una vez estuvo en libertad, y en total clandestinidad, creó la organización político-militar Movimiento 26 de Julio, con Che Guevara, Haydee Santa Maria, Melba Hernadez o Vilma Esoin en sus filas.

"No temo la furia del tirano miserable que arrancó la vida a setenta hermanos míos"

En diciembre de 1956 un grupo de 82 guerrilleros, al frente del Fidel, se embarcaron en México en el Yate Granma para desembarcar en la Playa de las Coloradasm em el Oriente Cubano. Tras un mal comienzo con numerosas bajas, un grupo de 20 personas, el Ejército Rebelde, consiguieron instalarse en una base guerrillera en la Sierra Maestra. Este fue el comienzo de la lucha y revolución que derrocó a la dictadura en la grandiosa victoria del 1 de enero de 1959.


El propio Comandante en Jefe, Fidel Castro, ha conmemorado en muchas ocasiones las acciones del 26 de julio, recordándolas como "un nuevo camino al pueblo; que marcó el inicio de una nueva concepción de lucha, que en un tiempo no lejano hizo trizas a la dictadura militar y creó las condiciones para el desarrollo de la Revolución'.


La no consecución de los planes trazados fue un fracaso militar, pero sin lugar a dudas, se articuló como un éxito moral y político al marcar  la ruta de la posterior lucha guerrillera que culminó con el Triunfo de la Revolución Cubana.

miércoles, 14 de junio de 2017

UN DEBATE VISTO POR CRISTINA PARDO

La jornada de este martes 13 de junio no fue un día cualquiera. Ni lo fue en el Congreso de los Diputados, ni por supuesto lo fue en las redes sociales. Y es que era el día señalado para que Podemos presentara la moción de censura a Mariano Rajoy y a su gobierno. 

Arrancó la portavoz de la formación morada, Irene Montero, relantando la multitud de casos de corrupción que han hecho algo más que salpicar al Partido Popular. 

A la número dos del partido morado le llovieron las críticas machistas. Bastaba con poner en el buscador de Twitter 'la novia' para que fuera un perfecto detector de machirulos y machiruladas. 

La jornada de este martes 13 de junio no fue un día cualquiera. Ni lo fue en el Congreso de los Diputados, ni por supuesto lo fue en las redes sociales. Y es que era el día señalado para que Podemos presentara la moción de censura a Mariano Rajoy y a su gobierno. 

Arrancó la portavoz de la formación morada, Irene Montero, relatando la multitud de casos de corrupción que han hecho algo más que salpicar al Partido Popular. 

A la número dos del partido morado le llovieron las críticas machistas. Bastaba con poner en el buscador de Twitter 'la novia' para que fuera un perfecto detector de machirulos y machiruladas. 

Así dejó una frase con la que Cristina Pardo, que estaba en la Carrera de San Jerónimo para transmitir lo que ocurría, iba a volver a demostrar su talento para la ironía y su capacidad para divertir a sus seguidores.

Dijo Rajoy que con esas acusaciones se da "una falsa imagen de corrupción extendida". A lo cual, Pardo, añadió una frase de su cosecha que causó furor en las redes (lleva más de 3.000 rt): "hombre, si se extiende más no cabemos". 

Otra joya de Rajoy 
Pardo había vuelto a conseguir atraer la atención de las redes y eso que aún no había salida la perla del día. Para eso hubo que esperar unas horas más, tras la comida.

Rajoy volvió a dar réplica -ahora a iglesias- y dijo una frase ya para la historia. Una frase incomprensible que forma parte de su catálogo de frases memorables: "cuanto peor mejor para todos y cuanto peor para todos mejor, mejor para mí, el suyo beneficio político" .

Fotos: Cordon Press, Atresmedia

viernes, 12 de mayo de 2017

CUSTODIA COMPARTIDA: ¡¡¡IMPUESTA NO!!!

Ante las noticias de que el gobierno pretende reactivar el borrador de proyecto de ley para establecer la custodia compartida impuesta como medida habitual, desde el Área Federal de la Mujer, os remitimos comunicación/nota de prensa, solicitando la mayor difusión posible interna y externa.

Maite Mola Sainz
Coordinadora de la Permanente Área Federal Mujer IU
__________________________________________


EL GOBIERNO PRETENDE ESTABLECER COMO PREFERENTE LA CUSTODIA COMPARTIDA IMPUESTA.

En los últimos días, algunos medios de comunicación se han hecho eco de la existencia de un borrador de Proyecto de Ley, elaborado por el Gobierno, con la intención de convertir la custodia compartida impuesta en una medida habitual y generalizada

El Área Federal de la Mujer de Izquierda Unida quiere mostrar su rechazo a esta medida que pretende imponer la custodia compartida de hijos e hijas, aun cuando no exista mutuo acuerdo entre sus progenitores.

Maite Mola, Coordinadora de la Permanente Federal del Área, entiende que “la custodia compartida solo es viable en aquellos casos en que existe un acuerdo de cooperación entre las partes, en caso contrario, pensamos que sus efectos son muy negativos para la autonomía y derechos de las mujeres”, ya que se obliga a las mujeres a mantener una forma de relación con el padre de sus hijos/as que pueden no desear, produce una situación de inestabilidad muy perjudicial para los/las menores y favorece a aquellos maltratadores que quieran imponer su presencia en la vida de sus ex-parejas (recordemos que muchas mujeres no denuncian las situaciones de maltrato esperando que el divorcio les permita el alejamiento del maltratador), a la vez que supone un grave peligro para la integridad física de los/las menores.

La custodia compartida es una buena opción, siempre que sea aceptada libremente y de mutuo acuerdo por los dos cónyuges; pero es inaceptable y nociva cuando es una medida impuesta.

Desde Izquierda Unida, hemos manifestado con nitidez nuestra postura desde el programa electoral del año 2012 “IU no colaborará y no permitirá, ni por acción ni por omisión, con su voto la imposición de la Custodia Compartida como preferente, en ningún desarrollo legislativo o reglamentario”; coincidimos con la mayoría de las organizaciones feministas, en que la custodia compartida impuesta es un retroceso en los avances logrados por las mujeres.

Como la Coordinadora del Área Federal del Área ha manifestado con rotundidad “si el Gobierno pretende seguir atentando contra los derechos de las mujeres, se encontrará con una respuesta contundente en las instituciones y en las calles”


lunes, 8 de mayo de 2017

IU apoya la campaña por una Escuela Pública y Laica

AREA DE EDUCACIÓN IU MADRID / 10 abril, 2017
Izquierda Unida de Madrid, a través de su Área  Educación, se une a la campaña ” Por una Escuela Pública y Laica. Derogación de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979.”  Expresado en el siguiente documento:

RECOGIDA DE FIRMAS DE APOYO A LA DENUNCIA Y DEROGACIÓN DE LOS ACUERDOS CON LA SANTA SEDE DE 1979 Y CON OTRAS CONFESIONES RELIGIOSAS”

AL CONGRESO DE DIPUTADOS

A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

El principio democrático de la separación entre las religiones y Estado, de sus ámbitos, fines y funciones, exige de las instituciones públicas su entera independencia con respecto a intereses privados, neutralidad ideológica y trato de igualdad para el conjunto de la ciudadanía, sin privilegio ni discriminación por razones de las particulares convicciones, sean religiosas o no.

Los Acuerdos concordatarios con la Santa Sede firmados por el Estado español en 1976 y 1979, en continuidad y actualización del Concordato de 1953, vulneran ese principio amparando legalmente la financiación de la Iglesia católica con fondos públicos y el adoctrinamiento religioso en todos los niveles del sistema educativo.

En modo alguno cabe esperar que una nueva ley educativa de carácter democrático pueda garantizar la laicidad exigida del marco escolar para el respeto al derecho y formación de la libre conciencia del alumnado, de mantenerse la vigencia de dichos Acuerdos y los posteriormente firmados con otras confesiones religiosas.

Por ello, los abajo firmantes, demandamos que el pleno del Congreso, en representación de la voluntad democrática y de la soberanía popular, presente a debate y se pronuncie por la DENUNCIA y DEROGACIÓN de los mencionados Acuerdos del Estado español con la Santa Sede, así como de los suscritos en el mismo sentido con otras confesiones religiosas, obligando al gobierno a proceder para el cumplimiento de ese mandato.”


jueves, 27 de abril de 2017

QUE NO NOS JODAN LA VIDA: ACABEMOS CON LA PRECARIEDAD

BAJO EL LEMA “QUE NO NOS JODAN LA VIDA: ACABEMOS CON LA PRECARIEDAD”,  IU SALDRÁ A LA CALLE ESTE 1º DE MAYO


En relación con los datos de la EPA IU ha valorado negativamente los datos arrojados  en este primer trimestre de 2017 ya que supone el incremento del paro y la reducción de la población activa

Para su Coordinador Provincial (Julián Atienza):”estos datos confirman lo que sienten las familias: no hay recuperación económica”

(Guadalajara, 27 de abril de 2017).- Izquierda Unida como cada 1º de Mayo, saldrá a la calle apoyando la convocatoria de los sindicatos y llama a la ciudadanía, trabajadoras y trabajadores a movilizarse, y llenar las calles de Guadalajara y de todo el país exigiendo un cambio de 180º en la política económica que garantice empleos estables y con derechos, servicios públicos y de calidad para todos y todas y pensiones dignas que aseguren el futuro.

El lema elegido por la formación, este primero de mayo es el de su campaña: “Que no nos jodan la vida: acabemos con la precariedad”.

“Los recortes sociales impuestos por la Unión Europea y aplicados por el bipartidismo, han venido para quedarse” denuncia Julián Atienza, Coordinador Provincial de la coalición, para quién la crisis fue la “excusa perfecta para desmantelar el modelo social que era lo que se pretendía” y por eso –afirma- es imprescindible que  salgamos a la calle a señalar a los culpables y exigir nuestros derechos”

Desde la organización denuncian que los datos de la EPA del primer trimestre de este año muestran el crecimiento del desempleo, “contradiciendo las políticas triunfalistas del Gobierno de Mariano Rajoy y confirmando lo que sienten las familias de nuestro país: que no hay recuperación económica”.

Julián Atienza, ha puesto de relieve que los datos de la Encuesta de Población Activa publicados hoy son "peores" que hace un año, lo que "niega la efectividad" de la actual política económica y de empleo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Asimismo, ha destacado que no solo la cifra es superior a la del primer trimestre de 2016, sino que en la actualidad "se destruyen más empleos que en el último trimestre de 2016". También cree que es "preocupante" que la tasa de paro suba y alcance el 18,7%, mientras que la tasa de actividad llega "únicamente" al 58,78%.

"Lo peor de estos datos es que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017 sigue sin atender esta situación y sin considerar prioritarios el empleo y la actividad económica", ha apuntado Atienza, tras señalar que "las cuentas públicas para 2017 no apoyan la inversión ni el aumento de la demanda" y recordar que "disminuyen el gasto destinado a las políticas activas de empleo".

martes, 25 de abril de 2017

La insumisión antimilitarista en la “nueva política”

Pedro Oliver Olmo

Muchas iniciativas movimentistas del Estado español, especialmente las ecologistas y feministas pero también otras tantas de tipo sectorial (anticarcelarias y antiautoritarias, autogestionarios y vecinales, jornaleras, culturales, de solidaridad internacional y con las personas migrantes, etcétera) o de ámbitos locales concretos, se vieron profunda y positivamente afectadas por el desarrollo exitoso de la insumisión desde 1989, sin que tampoco sea difícil descubrir su estela en el surgimiento de los nuevos movimientos globales y altermundialistas, pues a fin de cuentas y aunque sus metas más transformadoras -las de la desmilitarización social- quedaran muy lejos de ser alcanzadas con el fin de la mili obligatoria, por primera vez un movimiento social alternativo demostraba que se podía “ganar” al Estado. Ni que decir tiene que la insumisión no fue exactamente una derrota del Estado. Pero sí fue una derrota de la razón de Estado. En toda regla.

Aquello no fue azaroso, aunque también hubiera que aprovechar las contingencias y las dificultades de las instituciones a la hora de reaccionar y aprender. Digamos que la apuesta por la desobediencia civil fue ganando veteranía a lo largo de los años y a caballo de los titubeos de los gobiernos socialistas, porque la militancia antimilitarista tuvo tiempo para pensarla bien y prefigurarla. Construirla.

Durante los noventa la insumisión se convertiría en un fenómeno social y cultural que acentuaba la crisis de reclutamiento, ayudando a multiplicar de forma masiva la objeción de conciencia legal al tiempo que se boicoteaba el funcionamiento del servicio civil que la ley planteaba como sustituto del militar (la PSS), obstruyendo de manera caótica su ya imposible capacidad de reajuste funcional y sometiendo a la conscripción militar a un profundo desgaste (el que se popularizó como “la puta mili”). Se agigantaban las cifras de objetores hasta cotas desconocidas en la historia de Europa y la posibilidad de la abolición del SMO se hacía plausible en un horizonte de crisis política que podía obligar a un pacto con aquellas fuerzas nacionalistas que, precisamente, eran hegemónicas allí donde el rechazo de la mili y el apoyo a los insumisos se había convertido en multitudinario, sobre todo en Cataluña y en Euskal Herria, territorios en los que el Estado fracasó estrepitosamente en sus intentos de desactivación de la insumisión a través de la criminalización.

Algunos mandatarios comprenderían demasiado tarde que el reto de la insumisión estaba afectando directamente a la razón de Estado: fue en mayo de 1994 cuando el entonces ministro de Defensa, Julián García Vargas, quien se autodefinía como “un conservador de izquierdas”, tras arremeter con dureza contra los insumisos por “extravagantes” e “insolidarios”, lamentó el hecho de que el fenómeno de la objeción y la insumisión se estuviera convirtiendo en un verdadero “problema de Estado” que llevaba “a España a un callejón sin salida”.

El éxito de la insumisión dejó un legado fructífero en la cultura de protesta, una influencia que perdura. Quedó como experiencia única y referencial para los movimientos antimilitaristas del mundo entero. La peculiaridad de la movilización española no tenía parangón: por su legitimación social (pues había alcanzado apoyos ciudadanos que diversas encuestas cifraban en más del 70% de la opinión pública), por la dimensión del compromiso de sus activistas y protagonistas (con decenas de miles de insumisos y cientos de miles de objetores); y por la metodología radical y noviolenta que había desarrollado hasta sus últimas consecuencias (la desobediencia civil).

Difícilmente se puede obviar su influencia en la cultura política de la sociedad vasca. Hoy toma mucho más sentido lo que ya se afirmaba entonces, cada vez que un político o un periodista manipulaban la opinión para criminalizar a los insumisos asociándolos con ETA o llegando a decir que actuaban al dictado de ETA. Ocurrió todo lo contrario. La pregunta debía hacerse a la inversa: ¿cómo estaba influyendo la insumisión en esa juventud vasca que era tan invocada por el MLNV? La campaña de insumisión afectó de lleno a HB y a Jarrai avivando sus contradicciones. Lo expresó magistralmente el sociólogo Pedro Ibarra al hacer balance de la insumisión 25 años después de haberse iniciado: “Nunca nadie hizo las cosas tan bien como aquel movimiento social: utilizaron la represión a su favor, crearon un magma de apoyo social e institucional con una estrategia de noviolencia. Y demostraron a la izquierda abertzale que había fórmulas radicales de lucha más allá de la violencia de ETA. De alguna manera, la cultura proETA empieza a tambalearse a partir de ahí”.

La experiencia intensa de la insumisión quedó como un referente metodológico en el acervo colectivo de la protesta democrática y democratizadora. Pero, como no había sido un mero método de lucha sino una vivencia de la desobediencia civil que afectó a la vida de centenares de miles de personas a lo largo y ancho del Estado español (a los desobedientes y sus familias, amigos y grupos de apoyo, a su vecindario y entorno académico o laboral, a sus otros colectivos sindicales o ciudadanos y ONG en los que militaba o con los que colaboraba, etcétera), la memoria de la insumisión se convirtió en una especie de ADN asambleario, noviolento y desobediente que quedó inserto en la mayor parte de los movimientos sociales locales y globales de principios del nuevo milenio y de no pocos fenómenos de protesta de antes y después de la crisis iniciada en 2008, hasta la eclosión del 15M. En especial, según el sociólogo Ángel Calle, para los nuevos movimientos globales de principios del siglo XXI, la desobediencia civil era una práctica de reafirmación de los principios de democracia radical.

Precisamente fue en el ambiente del 15M, en las plazas de la indignación y la insurrección noviolenta contra un régimen democrático adulterado por el establishment y dominado por los intereses económicos y financieros, donde mejor se pudo evidenciar que la insumisión también aflora sin que se le invoque, de manera vital, en asambleas nutridas por jóvenes que no la vivieron. Estaba ahí. No era un libro, ni siquiera una película reportaje. Estaba en el aire de la protesta.

No nos cabe la más mínima duda de que el prestigio de la acción noviolenta en España se debe en gran medida al ciclo de 30 años de desobediencia civil protagonizado por el movimiento antimilitarista y, más en concreto, a la experiencia referencial de la campaña de insumisión. Con todo, lo mejor de todo es que esa memoria sigue viva. Quien la obvie, se encontrará con ella más temprano que tarde, y quien la desprecie, chocará de frente con su legado más emotivo y simbólico. ¿Cómo es posible que la “nueva política” de izquierda y el populismo de izquierda minusvaloren el legado de la insumisión y al mismo tiempo se declaran herederos del 15M? ¿Acaso creen que semejante contradicción no les perjudica?

Es verdad que, por un lado, se vislumbra el arraigo de la memoria insumisa en las “guerras culturales” que han posicionado a algunos de los llamados “ayuntamientos del cambio” en contra de la presencia de las Fuerzas Armadas en las ferias infantiles, haciendo suyo aquel viejo lema del MOC que rezaba “la guerra no es un juego”. Pero por otro, no parece que se debata demasiado sobre gestos y discursos que ningunean y desprecian el poso del antimilitarismo en la cultura libertaria y de izquierda, lo que con total seguridad perjudica electoralmente a esa “nueva política” que tanto ha primado la vía del asalto a las instituciones: ¿por qué muchos eventuales electores de Podemos no han podido estomagar que Pablo Iglesias se haya empeñado personalmente en colocar una y otra vez a su amigo exJEMAD como candidato non grato o que el alcalde de Cádiz justifique la venta de armas a Arabia Saudí para no posicionarse en contra de la industria de guerra radicada en la ciudad andaluza? No es menos cierto que también se puede escuchar el eco de la insumisión antimilitarista en algunas proclamas de los líderes de IU o EQUO, pero ni sus programas electorales en materia de Defensa son coherentes ni se esfuerzan demasiado en acompañar a los movimientos de protesta contra bases militares y campos de tiro, ni tampoco parecen muy dispuestos a contrarrestar el militarismo manifiesto de su aliado electoral más potente.