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domingo, 14 de enero de 2018

Privatizando los servicios públicos se desmantela el tejido del Estado


Por Cándido Marquesán Millán

El fin de semana de la festividad de Reyes, coincidiendo con el retorno de las vacaciones navideñas, nos hemos visto sorprendidos por una fortísima nevada, que ha dejado tirados en la AP-6 a millares de ciudadanos.

Tal autopista está siendo administrada bajo el régimen de concesión por una empresa privada, Iberpistas, una filial de Abertis. En definitiva se ha producido una privatización o externalización de un servicio básico. Parece claro que la responsabilidad de la seguridad es competencia exclusiva de tal empresa. Y tal como acabamos de constatar millares de ciudadanos han quedado tirados y abandonados a su suerte durante muchas horas. Aquí se viene abajo estrepitosamente el discurso dominante desde hace unas décadas de la mejor eficacia, competencia y ahorro del sector privado con respecto al sector público. Discurso clave dentro del neoliberalismo. Tales ventajas del sector privado no han sido demostradas empíricamente, es una cuestión de creencia, es como un dogma de fe. Se repite una y otra vez y nadie puede cuestionarla.

A este proceso de privatización-venta de empresas del sector público- o externalización de servicios básicos de carácter público, el geógrafo británico David Harvey lo ha llamado la "acumulación por desposesión". La acumulación por desposesión no es algo nuevo. Forma parte del ADN originario del capitalismo. Así es como se hizo la famosa "acumulación originaria" a la que Carlos Marx dedica gran parte de las páginas de su obra. Desposeer a las poblaciones de sus bienes comunes que garantizaban su subsistencia y una cierta independencia es una inveterada tradición liberal. El ejemplo de los enclosures en Inglaterra es un ejemplo. Lo novedoso es que las energías de los mercantilizadores se dedicaron además, en la deriva neoliberal de las últimas décadas, a privatizar y convertir en yacimientos de plusvalía muchos de los servicios que habían formado parte del Estado de Bienestar keynesiano, que había fundamentado la paz social en el Centro mismo del sistema global.

Lo ocurrido lo explica muy bien Fernando Álvarez Uría La privatización es un robo. Para legitimar este expolio, bien poniendo en venta empresas públicas-de tal circunstancia tenemos una amarga experiencia los españoles y a la que me referiré más delante de una manera explícita- o externalizando servicios públicos, fue y es preciso descalificar las instituciones públicas, la función pública, la fiscalidad sobre las grandes fortunas, los servicios públicos, denunciar sus inercias, burocracias y rigideces, a la vez que proliferaron los cánticos laudatorios a la iniciativa privada, al espíritu de empresa y a la cultura empresarial. Y este discurso ha sido asumido inconscientemente por la sociedad española. Fue así como en esta economía sin sociedad el suelo y el subsuelo públicos pasaron a manos de especuladores privados, fue así como empresas públicas o semipúblicas fueron entregadas por los gobiernos de turno a los viejos amigos del colegio, fue así como los contratos discrecionales y con grandes dosis de corrupción en los procesos de externalización pasaron a adquirir una especie de carta de naturaleza en nuestros sistemas políticos, a la vez que viejas formas ya olvidadas de capitalismo salvaje irrumpían en la escena social.

En España, la primera etapa de las privatizaciones-venta de empresas públicas- se inició a mediados de los años 80 hasta 1996 con gobiernos socialistas. El principal factor que las impulsó no se basó en motivaciones ideológicas o políticas, sino en restricciones estratégicas, presupuestarias y tecnológicas. A partir de 1996 con el Gobierno de Aznar, las privatizaciones formaron parte del programa electoral, planificándose como un programa gubernamental completo, se vendieron las empresas más rentables y los objetivos políticos fueron tan importantes o más que los económicos. Así las joyas de la corona de nuestras empresas públicas fueron vendidas como Seat, Repsol, Endesa, Telefónica, Gas Natural… El holding de la banca pública Argentaria, privatizado entre 1993 y 1998, se fusionó en 1999 con el BBV. ¡Qué bien nos vendría ahora una banca pública para financiar nuestra deuda! La ciudadanía permaneció impasible ante la pérdida de todo este patrimonio colectivo. Hoy nos queda poca empresa pública atractiva para el capital privado. No obstante, están pendientes de este proceso Las Loterías y Apuestas del Estado, los Paradores….  Más, según Mariano Fernández Enguita, como el capitalismo es extraordinariamente voraz, el actual asalto está dirigido, ya lo estamos constatando, hacia los servicios públicos del Estado del Bienestar, entre otros en educación, sanidad, y dependencia, con una demanda cada vez más creciente ya que la sociedad se ha acostumbrado y no sabría renunciar a ellos, tanto  es así que se han considerado como derechos. Hay capitales abundantes con unos mercados cautivos y muy prometedores. Pero todavía más.  Además de capitales ávidos, las políticas de privatización o externalización cuentan también con consumidores deseosos y contribuyentes bien dispuestos. Como la universalización de estos servicios genera quejas al no poder ser atendidas todas las demandas, como las listas de espera en el sector sanitario o que los españoles no  quieren que sus hijos compartan pupitre con inmigrantes, esto provoca una disposición creciente hacia la oferta privada. Por otra parte, cuando una prestación que era antes un privilegio se generaliza, las anteriores clases privilegiadas buscan diferenciarse de nuevo accediendo a niveles superiores (más educación o más sanidad) o a tipos distintos (mejor u otra educación o sanidad). El diferenciarse no solo lo pretenden los que quieren conservar sus privilegios, sino también los que intentan acceder a ellos por primera vez. La educación y la sanidad privadas se pueden convertir en un símbolo de esta diferenciación. Por todo ello, se abre un mercado inmenso al capital en el ámbito de los servicios públicos. De esto podría ser un paradigma la Comunidad  de Madrid.

Mas en este proceso de privatización de la propiedad colectiva nos pasa desapercibida una circunstancia extraordinariamente grave. Al  respecto parece muy oportuna la reflexión de Ugo Mattei en su artículo Límite a las privatizaciones. Cómo frenar el saqueo de los bienes comunes, aparecido  en Le Monde Diplomatique, en el que  plantea la necesidad de proteger la propiedad colectiva, y más todavía ahora que los gobiernos se deshacen de los servicios públicos y privatizan el patrimonio colectivo para equilibrar los presupuestos; ya que toda privatización decidida por la autoridad pública –representada por el gobierno de turno– priva a cada ciudadano de su cuota de bien común, exactamente como en el caso de una expropiación de un bien privado. Pero con una diferencia sustancial: la tradición constitucional liberal protege al propietario privado del Estado, con la indemnización por expropiación, mientras que ninguna disposición jurídica –y menos aún constitucional– ofrece ninguna protección cuando el Estado neoliberal traslada al sector privado los bienes de la colectividad. Debido a la evolución actual de la relación de fuerzas entre los Estados y las grandes empresas transnacionales, esta asimetría representa un anacronismo jurídico y político.

Retorno al hecho que propiciaba este artículo, cual es lo ocurrido en la AP-6. Es una obviedad por lo ya expuesto que cuando una empresa privada asume, bajo una concesión, un servicio público, del abastecimiento de agua, recogida de basuras, limpieza de jardines, transporte público, sanidad, educación o dependencia, el objetivo fundamental  dentro de la más estricta lógica de su funcionamiento interno en un sistema capitalista, es de conseguir unos beneficios económicos, el afán de lucro, para lo cual reducen costos: bien reduciendo prestaciones o el costo del factor trabajo. Y lo acabamos de constatar con una contundencia apabullante en la nevada de la AP-6. Los  cientos de afectados han criticado la escasez de máquinas quitanieves y la falta de personal e información por parte de la empresa. Pero es un hecho extensible a muchas de las empresas concesionarias de las autopistas, ya que entre 2011-2015 han llevado a cabo unas severas y duras políticas de recortes de personal. Según El Confidencial, las concesionarias de autopistas pasaron de 5.100 empleados a 3.200. Por supuesto, incrementaron los peajes de 10,6 a 12,4 céntimos por kilómetro en el caso de las autopistas estatales y de 15,6 a 17 céntimos en las de concesión autonómica. Mientras en 2011 Iberpistas contaba con 96 trabajadores para mantenimiento y 107 para los puestos de peaje, en 2015 estas cifras bajaron hasta los 79 y 73, respectivamente. La AP-6 es la vía de pago donde más se han elevado las tarifas en el período 2011-2015, con un incremento del 23% (la subida media fue del 17%).

La conclusión es clara. Aquí hay trampa. Y si hay trampa, hay tramposos. Especialmente los responsables del gobierno. En cuanto a las privatizaciones del sector público, fue un auténtico regalo a determinadas élites y amigos de colegio, además de una fuente de corrupción vergonzosa. En cuanto a las concesiones de las autopistas, los pliegos de condiciones se redactan con unos objetivos muy claros: si son rentables las empresas hacen grandes negocios y si no lo son, se produce su rescate por parte del Estado. ¡Qué desvergüenza! ¿Cuánto nos costará el rescate de la quiebra de las autopistas radiales de Madrid? ¿Lo sabremos algún día? Según la patronal de las grandes constructoras unos 5.000 millones. La factura que las autopistas en quiebra dejan al Estado tiene una partida llamativa: la de las expropiaciones, que ascendía, a fines de los 90, durante el Gobierno de Aznar, cuando se estimaron, en conjunto, a 387 millones. Al final se dispararon hasta 2.217 millones. Una desviación de 1.830 millones, casi seis veces más. Los precios por estas expropiaciones crecieron exponencialmente por las sentencias de los tribunales, a raíz de la ley del Suelo de 1998 de Aznar, al valorar que los terrenos no debían considerarse rústicos ya que había expectativas de urbanización. Dentro de la más estricta ideología neoliberal, se trataba de la búsqueda de nuevas plusvalías en el espacio dentro de sus diferentes concreciones, esto es, el suelo urbano, la construcción de infraestructuras, transportes y equipamientos relacionados, etc. Entre los beneficiados había conocidas familias (Franco, Serrano Suñer o Abelló).

  1. En un aviso a navegantes, Tony Judt en su libro Algo va mal nos señala que Edmund Burke en sus Reflexiones sobre la Revolución Francesa ya nos advirtió “Toda sociedad que destruye el tejido de su Estado no tarda en desintegrarse en el polvo y las cenizas de la individualidad. Al eviscerar los servicios públicos y reducirlos a una red de proveedores subcontratados hemos empezado a desmantelar el tejido del Estado. En cuanto al polvo y las cenizas de la individualidad, a lo que más se parece es a la guerra de todos contra todos de la que hablaba Hobbes.”

viernes, 12 de enero de 2018

El Gobierno recorta a la mitad el gasto público a la espera de los Presupuestos

El Ejecutivo no mencionó dicho tijeretazo en la Referencia del Consejo de Ministros celebrada el últimos viernes del 2017.



El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en el Consejo de Ministros del pasado 29 de diciembre un "ajuste del 50%" del gasto público con los Presupuestos Generales del Estado de 2018 aún pendientes de aprobar, según adelanta la Ser.

El texto del acuerdo señala que "desde el 1 de enero de 2018 y hasta la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales para el año 2018, los órganos de los departamentos ministeriales, de sus organismos autónomos, de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social así como del resto de entidades con presupuesto limitativo, no podrán iniciar la tramitación de nuevos expedientes de gasto imputables a los capítulos 4, 6, 7 y 8 de los correspondientes presupuestos", informa la Ser.

El Ejecutivo no mencionó dicho tijeretazo en la Referencia del Consejo de Ministros celebrada el últimos viernes del 2017. Sin embargo, sí consta el acuerdo por el que se establecen los criterios de aplicación de la prórroga para 2018 de los PGE para el año 2017. "Se formaliza la distribución por departamentos ministeriales y se aprueban medidas para reforzar la eficacia de la gestión del gasto público", prosigue la referencia.

Asimismo, señala la aprobación de la revalorización de las pensiones de otras prestaciones Públicas para el próximo ejercicio. Esta subida, del 0,25%, queda fuera de estos recortes. 

jueves, 11 de enero de 2018

No hay ninguna necesidad de crear un impuesto para asegurar las pensiones

Por Eduardo Garzón
Economista del Consejo de Científico de ATTAC


El pasado lunes 8 de enero el PSOE volvió a la carga con su ya conocida propuesta de creación de un impuesto para poder financiar las pensiones como respuesta al déficit que tiene la Seguridad Social y alegando que países como Francia aplican medidas similares. Muchos han caracterizado esta propuesta de izquierdas, ya que pone el acento en el aumento de ingresos en vez de hacerlo en la disminución de los gastos como marca la receta de la derecha (por cierto, aplicada también en las pensiones por el PSOE durante el gobierno de Zapatero). Sin embargo, esta interpretación es presa precisamente de los postulados económicos que utiliza la derecha, ya que comparte con ella la obsesión de acabar con el déficit público –en este caso de la Seguridad Social–, como si fuese una enfermedad que hay que extirpar lo antes posible. En realidad, una interpretación verdaderamente de izquierdas debe basarse en una rigurosa y adecuada comprensión de la naturaleza y funcionamiento de los saldos fiscales, dejando de lado los mitos económicos de la derecha que demonizan el déficit público y entendiendo que éste no es más que una herramienta económica que se debe utilizar en beneficio de la mayoría social.

El sistema público de la Seguridad Social ingresa actualmente menos de lo que gasta. Bien, ¿y qué? Si aislásemos los ingresos y gastos de la sanidad pública –al igual que hacemos hoy arbitrariamente con las pensiones públicas-, a ésta le ocurriría exactamente lo mismo: estaría en déficit (los pacientes no pagan directamente todo el coste del servicio), y no veo a nadie por ahí diciendo que hay que crear un impuesto finalista para financiar la sanidad. Pasa igual con la educación pública y con otros servicios públicos: aisladamente del resto de las finanzas públicas se encontrarían en déficit, lo que ocurre es que logramos la financiación a través de vías que no tienen nada que ver con su respectivo ámbito, de forma que financiamos servicios públicos como la sanidad con el dinero que, por ejemplo, paga alguien por IVA cuando compra un coche de lujo. Ponemos toda la riqueza y renta de nuestra economía al servicio de la financiación de todo lo público.

¿De todo? No. De las pensiones no. Así se decidió en 1996 con el Pacto de Toledo, alegando que separar la financiación de las pensiones del resto de la finanzas públicas impediría a los gobernantes de turno recortarlas a través de los presupuestos generales del Estado. Pero esto hoy solo se puede ver como una broma de mal gusto, ya que tanto el gobierno de Zapatero como el de Rajoy han recortado sustancialmente las pensiones públicas con las reformas de los últimos años (aumentando la edad de jubilación, congelando su revalorización o desvinculándola del crecimiento de los precios, ajustándola a la esperanza de vida, etc). Si el aislamiento de la financiación de las pensiones no ha impedido que los gobiernos les peguen un tijeretazo, ¿para qué sirve entonces?

Ya lo digo yo: para nada que no sea reforzar una falsa imagen de insostenibilidad. Una vez las pensiones están aisladas, es fácil señalarlas si tienen déficit y gritar a los cuatro vientos que hay un problema que solucionar (momento hábilmente aprovechado por la banca para proponer planes privados de pensiones). Vuelvo a lo de antes ¿qué pasaría si aislásemos la sanidad pública del resto de finanzas públicas? Veríamos un déficit enorme y la élite de turno saldría en banda a clamar su privatización. Pero no lo hace de forma tan agresiva porque el déficit de la sanidad pública se diluye en el conjunto de las finanzas públicas y el hipotético problema no se explicita tan claramente.

Y remarco hipotético porque lo más importante de todo esto es entender que el déficit público no tiene por qué estar señalando un problema que haya que resolver. Registrar déficit público es habitual y a menudo necesario. De todos los países del planeta solo 26 evitaron el déficit público el último año, y lo lograron fundamentalmente porque son paraísos fiscales o potencias exportadoras y buena parte del dinero que reciben del exterior acaba en las arcas públicas. Y así ha sido por regla general durante toda la historia, y nunca ha sido óbice para pedir que se recorten los gastos públicos salvo en los últimos tiempos. El discurso neoliberal de la derecha nos ha hecho creer que los déficit públicos son malos y que hay que evitarlos, pero esto es sólo una excusa para presionar a los gobiernos para que recorten sus Estados del bienestar.

Las empresas recurren constantemente al déficit para llevar a cabo sus actividades (endeudándose para adquirir inmuebles y maquinaria), al igual que lo hacen muchas familias (endeudándose para comprar viviendas y electrodomésticos). ¿Por qué no lo debería hacer un Estado para financiar adecuadamente los servicios públicos y para fomentar la actividad económica? Ojo: no se trata de registrar déficit públicos o de endeudarse sin ton ni son, sino de entender que el recurso al déficit es habitual y de hecho necesario, y que no tiene nada de malo siempre que se realice con mesura y en favor de la mayoría social.

Por eso no hay ninguna necesidad de acabar con el déficit de la Seguridad Social; éste puede permitirse igual que se permite el déficit en el resto de las administraciones públicas. Otra cosa es que pueda ser conveniente reducir el volumen del déficit. Pero una cosa es reducirlo y otra eliminarlo por completo. Y para reducirlo no hay ninguna necesidad de crear nuevos impuestos. Basta con aplicar las siguientes medidas:

Perseguir el fraude laboral: contratos no registrados, falsos autónomos, contratos temporales fraudulentos, horas extraordinarias no pagadas, salarios de miseria… si eso se descubriese y corrigiese, se ingresaría muchísimo más por cotizaciones sociales.

Eliminar el tope máximo de cotización. Hay ejecutivos de la banca y futbolistas, por ejemplo, que cobran cifras astronómicas y no están cotizando en proporción porque hay un tope legal. Si se quitase, se cotizaría mucho más (hay estimaciones que señalan un incremento de 8.000 millones en la recaudación).

Eliminar las bonificaciones en cotizaciones sociales a los empleadores, que no han servido para crear más empleo (lo reconocen los propios empleadores) y que sólo han mermado los ingresos de la Seguridad Social. Estamos hablando de unos 4.000 millones.

Aumentar prestaciones por desempleo, volver a permitir que los parados de más de 52 años coticen, y hacer que los estudiantes en prácticas y los becarios coticen.

Elevar más el salario mínimo, porque aumenta las cotizaciones.
Crear empleo de calidad. Y como el sector privado no es capaz de hacerlo, que lo haga el sector público.

Con ello no sólo lograríamos reducir el déficit de la Seguridad Social sin recortar las pensiones, sino también -y especialmente- hacer más justo nuestro mercado laboral y nuestra sociedad. Pero insisto: que no nos ciegue la existencia de un déficit y nos hagan pensar que hay que eliminarlo a toda costa. Quizás si integramos de nuevo las pensiones en el resto del marco de financiación pública lo veríamos mejor: se puede mantener déficit en las pensiones igual que se mantiene en la sanidad y en otras prestaciones públicas, de forma habitual y natural, tal y como hacen el resto de países e incluso muchas familias y empresas. Lo importante y lo único que nos debería preocupar no es que haya déficit, sino que sirva para mejorar el bienestar de la mayoría de la población.

miércoles, 20 de diciembre de 2017

Castilla-La Mancha recupera y amplía la prueba del talón recortada por Cospedal

Desde el próximo mes de marzo serán veinte las patologías que se detectarán con el cribado neonatal. Además de rescatar las que suprimió el PP por motivos económicos, en esta legislatura se ha duplicado el número de enfermedades a descartar.


sábado, 16 de diciembre de 2017

El Gobierno del PP, ocultó en 2015 el 78% del gasto militar

El gasto en defensa representa 236’94 veces más que el gasto en fomento del empleo y 14’66 veces más que el gasto en servicios sociales.

En 2015 lo que se presupuestó para el Ministerio de Defensa llegó para pagar facturas hasta 110 días, hasta el 20 de abril.  Es decir, el Presupuesto del Ministerio de Defensa sólo llegó para pagar 110 días, el 30'13 % del Gasto Militar de 2015 total.

El resto de los 365 días, es decir, 255 fueron ocultados de diversas maneras pero se acabaron gastando a beneficio del Ministerio de Defensa:

Luego, 88 días más se pagaron con lo que audita como Gasto Militar la IGAE, con esto se llegó hasta el 17 de julio.

Luego, otros 167 días se ocultaron las cifras para acabar acumulando el Gasto Militar de 2015.  Sin ellos, el Ministerio de Defensa no hubiese sobrevivido.

Todos estos datos y muchos más sobre la opacidad del militarismo español y el engaño continuo que suponen para los contribuyentes y para los votantes se pueden encontrar en Liquidación del Gasto Militar 2015: 

DATOS MÁS RELEVANTES:

En términos generales podríamos destacar los siguientes y abrumadores datos:

  • Presupuesto del Ministerio de Defensa 2015:  5.767’78 millones €
  • Gasto Militar (auditado por la IGAE) en 2015:  10.250’46 millones de €
  • Sobregasto militar (auditado por la IGAE) en 2014:  4.482’68 millones €
  • % de desviación sobre lo presupuestado:  77’72 %


En lo que concierne, exclusivamente, al Ministerio de Defensa habría que señalar que:

  • Presupuesto del Ministerio de Defensa en 2015:  5.767’78 millones de €
  • Liquidación del Presupuesto del Ministerio de  Defensa en 2015:  8.102’26 millones de €
  • + 2.934’48 millones (+ 40’47 %)
  • Diferencia entre lo presupuestado y lo liquidado: 6’39 millones € /día
  • La IGAE no audita el 46’41 % del Gasto Militar
  • Defensa es el 2º ministerio con más ingresos:  1.047’88 millones de €
  • IGAE sólo audita el 13’89 % del total de las clases pasivas militares
  • El 90’8 de la I+D relacionada con Defensa está oculta en otros ministerios
  • El 34’65 de las inversiones reales del Estado se destinan a Defensa
  • También se pueden hacer análisis a largo plazo, en concreto entre 2002 y 2015:


Presupuestado para el Ministerio de Defensa:  96.656’89 millones de €
Liquidado por el Ministerio de Defensa:  115.955’52 millones de €
+ 19.298’63 millones de € (+ 19’96 %)
Estas cifras nos hacen comprender que las continuas quejas y llantos de los militares y políticos militaristas sobre la escasez de gasto en Defensa no se corresponden con la realidad porque, al menos, gasta un 19’96 %, lo que no disfrutan, ni de lejos, el resto de los ministerios.

Gasto Militar vs. Gasto Social

Otro aspecto que es importante tener en cuenta es comparar el gasto militar con el gasto social, lo que indica la opción social del gobierno en 2015 (el Partido Popular) que como se ve en los siguientes datos es una apuesta abrumadora por el militarismo despreciando los servicios sociales, el empleo, la vivienda, la educación y la sanidad, por ejemplo.

El Gasto Militar representa:

  • 14’66 veces más que el gasto en Servicios Sociales y Promoción Social
  • 236’94 veces más que el gasto en Fomento del Empleo
  • 12’92 veces más que el gasto en Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación
  • 3’6 veces más que el gasto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
  • 2’77 veces más que el gasto en el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
  • 4’99 veces más que el gasto en el Ministerio de Justicia

viernes, 8 de diciembre de 2017

La quiebra premeditada de la Seguridad Social

Por Juan Carlos Escudier


Para prevenir que el Gobierno se hubiera quedado corto en la dosis de miedo que debía inocularnos, en las últimas semanas asistimos a un bombardeo nada inocente sobre la supuesta quiebra de la Seguridad Social y la urgente necesidad de recortar las pensiones para que sea sostenible. La ofensiva fue iniciada por Fedea, la fundación auspiciada por el Ibex 35, que viene colocando en los grandes medios de comunicación amplios reportajes sobre las bondades de las llamadas cuentas nocionales, un sistema implantado en países como Suecia, Polonia y Letonia que vincula la pensión a lo cotizado y lo distribuye en función de la esperanza de vida a la manera de un fondo privado. Su gran virtud es que abarataría la pensiones en una cuantía no inferior al 40%.

Por si el mensaje no había calado o por si la crisis catalana nos había distraído, hemos conocido esta semana un informe de la OCDE que describe el Apocalipsis y le pone fecha: 2050. En ese año, según las predicciones del organismo, seremos el segundo país más envejecido del mundo desarrollado tras Japón con 77,5 pensionistas por cada 100 habitantes. El corolario es evidente: si no se reforma el sistema, al que se califica como uno de los más generosos del mundo en términos relativos pese a que cinco millones de personas reciben importes inferiores al salario mínimo, el naufragio será inevitable.

La publicación del informe ha coincidido con el nuevo sablazo a la hucha de las pensiones, reducida ya a un cerdito de barro, aunque, para no pasar a la historia como el Gobierno que se pulió 67.000 millones del Fondo de Reserva de una sentada, Moncloa intenta demorar lo inevitable. Así, para pagar la extra de diciembre a los jubilados   usará sólo 3.500 millones del calcetín y sufragará el resto con un crédito de Hacienda. Todo ello después de haber propiciado un déficit estructural de 15.000 millones al año, pese a haber establecido en la última reforma un mecanismo que impide la revalorización y jibariza los importes de manera que los pensionistas financian parte del agujero a costa de perder poder adquisitivo. Entre tanto, se han modificado las condiciones de los planes privados por si a alguien le da por picar en el tocomocho.

Tal y como se ha explicado aquí en varias ocasiones, el desvalijamiento de la Seguridad Social ha sido premeditado, el resultado obvio de aminorar los ingresos y multiplicar los desembolsos. No ha sido un producto de la crisis ya que en los primeros años, durante su etapa más virulenta, el sistema escapó del déficit y no fue necesario recurrir a las reservas. Se ha hecho que el crimen parezca un accidente.

El déficit de 15.000 millones no es sino el resultado de la combinación de varios factores. El primero, el vaciamiento de la hucha, que en su mejor momento ofrecía réditos de hasta 3.000 millones al año. El segundo, el uso de la Seguridad Social como pagador de las regalías gubernamentales, hasta el punto que de su caja han salido las bonificaciones y tarifas planas con las que, supuestamente, se animaba a la contratación y que han supuesto hasta 4.000 millones al año. Paralelamente, se ha trasladado a la Seguridad Social quebrantos que han permitido a otros organismos públicos cuadrar sus cuentas. El ejemplo obvio es del Servicio Público de Empleo, que en tiempos cotizaba por los parados mayores de 52 años y ahora sólo lo hace por los mayores de 55 años y con bases inferiores. Finalmente, la devaluación salarial impulsada por la reforma laboral ha provocado que el incremento de afiliados al sistema no redunde en mayores ingresos. La apariencia es la de un minucioso plan que aboca a la tijera, a la ampliación de la edad de jubilación y a la promoción del ahorro privado en beneficio de la banca, la misma que promueve las cuentas nocionales antes descritas.

Para enjugar gran parte del déficit no son necesarias grandes reflexiones de los expertos que van pasando por la Comisión del Pacto de Toledo para que nos hagamos el cuerpo a lo peor. Bastaría con un puñado de medidas que corrigieran las actuales vías de agua, que han sido enumeradas por el exsecretario de Estado para la Seguridad Social, Octavio Granado. A saber: reembolsar desde el Estado a la Seguridad Social las reducciones de cotización y bonificaciones que ahora paga; devolver la cotización a los parados mayores de 52 años por el 125% del SMI; hacer cotizar a los centros de enseñanza y a las empresas por los estudiantes en prácticas y becarios; devolver la cotización a los cuidadores de dependientes; eliminar el fraude en la cotización por contratos inferiores a cinco días para que incorporen festivos y vacaciones no trabajados y el de las horas extras; aumentar las bases de cotización de los contratos temporales de duración muy reducida y los de a tiempo parcial; y recargar la cotización de los empleos con coeficientes reductores de la edad de jubilación.

No es lo mismo abordar una reforma de las pensiones con un sistema prácticamente en equilibrio que con otro desangrado. De dicha reforma debería formar parte un pacto que impulse los salarios, que fomente la natalidad –que se consigue con ayudas públicas reales y no con 100 euros por niño- y que valore la aportación de los inmigrantes, tanto tiempo demonizados. No debería ser un anatema que una parte de las pensiones se paguen con impuestos ni que las medidas que se propongan persigan prioritariamente aumentar los ingresos en vez de recortar los gastos. Hablar de quiebra cuando las pensiones públicas en España representan un 11% del PIB frente al 13% de la media de la UE es la coartada de un atraco.


sábado, 6 de mayo de 2017

PRIMERO DE MAYO: DÍA DEL TRABAJO

Un 1 de mayo de lucha por el empleo de calidad y los salarios dignos. ¡Contra el modelo neoliberal de salida de la crisis!

En la Fiesta Internacional del Trabajo, llamamiento de IU




Enfrentamos en este 1 de Mayo el intento del gran capital de consolidar un modelo de salida de la crisis gravemente dañino para los trabajadores y trabajadoras de todo tipo e inspirado en la ideología neoliberal.

Tratan de endosar definitivamente los costes de la crisis a quienes viven de su trabajo, de consolidar el retroceso de los derechos laborales y sindicales y de hacer retroceder la democracia. En definitiva, de crear las condiciones laborales, sociales y políticas para favorecer más aún la explotación. Ese es el sentido de las recomendaciones del Presidente del BCE, Mario Draghui, para endurecer aún más las reformas laborales.

En el último año, las reformas del PP y los recortes han hecho aumentar la pobreza, especialmente la femenina,  y la desigualdad social. Las reformas laborales del bipartidismo han disminuido los salarios y relegado los derechos laborales y la negociación colectiva. En lo que va de 2015, los salarios han sido reducidos en media un 7%, mientras las grandes empresas, especialmente las cotizadas en el IBEX 35, han aumentado fuertemente sus beneficios.

El Gobierno del PP no puede presentar ningún balance positivo de salida de la crisis al pueblo trabajador. Un poco más de trabajo a cambio de contratos precarios y salarios miserables. De nuevo ha aparecido en nuestra sociedad la figura del trabajador con contrato, pero pobre. Por eso legisla para recortar las libertades democráticas y evitar la protesta, como ocurre con la llamada “ley Mordaza”.

El 1 de Mayo es la Fiesta Internacional del Trabajo. La lucha solidaria de trabajadores y trabajadoras está en el centro de esta celebración. Hoy la violencia cae con mayor intensidad sobre los pueblos, y especialmente sobre sus gentes trabajadoras. La causa es, como siempre, la codicia explotadora del capitalismo; es decir, el intento de dominar las fuentes energéticas y la producción de  las materias primas.

Desde Izquierda Unida queremos expresar la solidaridad activa con los trabajadores y trabajadoras del mundo en lucha por sus derechos y nuestra exigencia de que España sea un factor de paz en la política internacional.

Un aspecto dramático de esta situación son las corrientes migratorias que están produciendo tantos muertos en Ceuta, Melilla, el Mediterráneo y otros lugares.  La respuesta de la UE es cínica y la de España, expresada por boca de su ministro del Interior, además inhumana.  Todas esas víctimas, no sólo los muertos, son también consecuencias de la explotación capitalista y de un sistema de relaciones internacionales al servicio de los grandes intereses económicos. Es justo recodarles en un día de lucha como este.

En Europa, el pueblo trabajador griego se enfrenta al cerco económico, político y mediático de las grandes empresas y los bancos europeos que son quienes controlan la política de la Comisión y el BCE. Del llamado “rescate” de Grecia, sólo el 9% ha ido a parar al pueblo griego; el resto, a los bancos europeos.  Por ello, también decimos “Todos somos Grecia”.

En España, la corrupción aparece con toda claridad como algo funcional con el sistema, un factor intrínsecamente asociado al modelo productivo que nos ha traído a esta situación. Un modelo productivo que es la causa de que, si antes de la crisis el paro en España estaba en torno al 9% y era algo inferior a la media europea, ahora mientras en la UE ha subido al 12%, en España se ha disparado hasta el 25%.

Modelo productivo perverso, estimulado por el PP y mantenido por el PSOE y causante fundamental del paro. Para Izquierda Unida, en este 1 de Mayo la lucha por el empleo sigue siendo el elemento determinante de la movilización y de las alternativas políticas.

Un empleo que ha de ser de calidad y con salarios dignos.  Para lograrlo es imprescindible desarrollar un nuevo modelo productivo, sostenible y democrático. Y ello, ligado a un nuevo proyecto de país que garantice pan, techo, y trabajo, pero también salud, educación y dignidad.

Para Izquierda Unida, esos son los objetivos principales de la movilización del 1 de Mayo y de las alternativas políticas que nos proponemos llevar a los Gobiernos de Ayuntamientos y CC.AA. en las próximas convocatorias electorales. Es el tiempo de la izquierda y para ello, IU es necesaria.

¡Llamamos a toda la ciudadanía, y especialmente a todos los trabajadores y trabajadoras a participar en las manifestaciones y otras movilizaciones convocadas por los sindicatos de clase!

¡Llamamos al pueblo trabajador a luchar y organizarse para impedir al neoliberalismo imponer su salida de la crisis!

¡VIVA EL 1 DE MAYO!

¡VIVAN LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS!

miércoles, 25 de enero de 2017

Cuatro años de cárcel por manifestarme contra los recortes en educación

"Soy profesor y me piden cuatro años de cárcel por manifestarme contra los recortes en educación"


Cuatro docentes y un activista son juzgados el 14 de febrero acusados de atentar contra la autoridad en una protesta en el teatro de Guadalajara en 2011 

La Fiscalía dice que "no ha concretado qué imputado realizó qué y a quién" y que el auto del juez "se redacta de manera genérica y adolece de vaguedad"

martes, 17 de enero de 2017

El Fondo de Reserva de las Pensiones, la desvergüenza del PP

Lo que ha sucedido con la gestión del Fondo de Reserva de las Pensiones realizada por el gobierno del PP de Rajoy Brey y con Fátima Bañez como ejecutora, es un escándalo.


Lo que ha sucedido con la gestión del Fondo de Reserva de las Pensiones realizada por el gobierno del PP de Rajoy Brey y con Fátima Bañez como ejecutora, es un escándalo. Algún día, esta gestión deberá ser llevada a los Tribunales y debería hacer reflexionar a los millones de jubilados que votan al PP, deben hacérselo mirar. Con sus votos y su apoyo explicito consiguen, que se saquee un dinero que es suyo y sea utilizado de manera…

Mientras la prensa nacional calla, sobre lo que sucede en el Fondo de Pensiones, la prensa internacional denuncia la gestión, que realiza Fátima Bañez. El 4 de enero de 2013, el diario económico alemán Deutche Wirtchafts Nachwischten titulaba asi un artículo “Saqueo de los fondos de pensiones para comprar bonos del Gobierno de España” y en dicho artículo decía “al menos el 90% de los activos totales de los fondos de pensiones del Estado español convertidas en bonos de España. Especula con el dinero de sus jubilados, arriesgando más que sus ahorros”.

El diario The Wall Street Journal, publicó un artículo el 3 de enero de 2013, titulado “España usa fondos que respaldan el pago de pensiones para comprar deuda soberana”. El artículo decía “España ha estado vaciando sigilosamente la mayor alcancía del país, El Fondo de Reserva de la seguridad Social, que ha usado como comprador de última instancia de los bonos del gobierno, una operación dudosa sobre el papel del fondo como garante de las futuras pensiones. La maniobra, que ha pasado desapercibida, está por concluir ya que queda muy poco dinero disponible. Al menos el 90% del fondo de 65.000 millones de euros, unos 85.700 millones de dólares, ha sido invertido en deuda española con cada vez más riesgo, de acuerdo con cifras oficiales y el gobierno ha empleado para realizar pagos de emergencia”.

El conocido diario Financial Times calificaba a Mariano Rajoy como “político provinciano” y a Luis de Guindo como “el peor ministro de economía de Europa”. El semanario alemán Der Spiegel considera que el gobierno español está saqueando el Fondo de Reserva de las Pensiones. “España ha saqueado en silencio la hucha más grande del país, el fondo de reserva de la seguridad social debido a sus dificultades financieras”.


Ha leído vd. algo de esto en la prensa escrita española ¿Existe prensa española realmente libre? Como vemos, NO.

Otro aspecto muy llamativo es, que habiéndose iniciado la crisis en 2008, a lo largo de la legislatura de Zapatero, el Fondo siguió creciendo en aportaciones. Justo cuando entra el PP, no sólo no aumenta, sino que se empieza a sacar dinero. En los años 2014 y 2015 a pesar de haber más trabajadores que en la época de Zapatero se extrajeron 26.800 millones y en 2016 no sólo se volvieron a extraer más de 15.000 del Fondo de Pensiones y además la Seguridad Social presenta un déficit de 16.000 millones de euros ¿Cómo es esto posible? No nos dicen, que cuantos más trabajadores haya en la Seguridad Social, el sistema funcionara mejor. La realidad no es como nos la cuentan y, nos deberían explicar seriamente cuales son las cañerías por donde se escapa el dinero, que debería ir destinado exclusivamente a los jubilados.

¿Qué ha pasado con el Pacto de Toledo? ¿Tenía la ministra Fátima Bañez autorización para sacar dinero del Fondo de Reserva? ¿Se ha pedido permiso al Pacto de Toledo en casa extracción de dinero? Si no se ha hecho ¿Por qué se ha sacado? ¿Qué han dicho de esto los sindicatos? Nos deberían explicar todo como por ejemplo ¿Quién ha decidido donde se invertían el Fondo de Reserva? Todo debe ser aclarado con luz y taquígrafos por una comisión independiente y de paso ya solicitar la dimisión de la ministra Fátima Bañez, se dedique a rezar a la virgen del Roció tras la desastrosa gestión para los trabajadores y pensionistas y agua bendita bañada en oro para los empresarios.

Recientemente, ha aparecido en algún medio de comunicación una entrevista con Julia López catedrática de Derecho y de la Seguridad Social por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y dice “Lo que se ha producido es un expolio de las pensiones, se está sacando dinero del Fondo de Reserva, que tiene una asignación directa finalista y se está utilizando para otras cosas. Hay un incumplimiento del Pacto de Toledo, que dice que el Fondo sirve para garantizar algo que está en la Constitución (los poderes públicos mantendrán un sistema público de pensiones). Por tanto, lo primero que hay que hacer es devolver ese dinero”.

Las políticas de empleo desarrolladas en sus cinco años de gobierno del PP, las conocidas exenciones sociales, los famosos “low cost”, o la exención de los primeros 500 euros, han supuesto un gasto en este periodo unos 16.000 millones de euros, que han ido a parar a las manos empresariales, sin coste alguno para el Estado y es un dinero que han pagado los pensionistas directamente a los empresarios ¿Se nos ha consultado alguna vez que deberíamos dárselo?

Julia López dice al respecto “se han utilizado la deducción de cotizaciones para crear entre comillas empleo, un tipo de empleo precario que mete a la Seguridad Social en un ciclo vicioso: primero porque no paga cotizaciones y luego porque no genera recursos. La Seguridad Social no puede ser un instrumento para alimentar las políticas de empleo. Estamos conectando la Seguridad Social con el mercado de trabajo de forma viciosa, mientras no rompamos eso, no arreglaremos el problema. La Seguridad Social tiene que recuperar su autonomía”.

Se le pregunta ¿Considera que el uso del Fondo de Reserva ha sido espurio?

“Completamente. Lo que no se puede hacer es una valoración política del Fondo de Reserva separado de todo lo demás. Ese dinero es finalista y no lo ha sido, en las cuentas del Gobierno tampoco queda nada claro que haya ido a pagar las pagas extra de los pensionistas. En cualquier caso, no se puede decir que se ha usado para pagar las pagas, mientras por el desagüe del sistema se iban las cotizaciones sociales regaladas a las empresas”.

Después de ver todo esto, quedan claro varias cosas. En primer lugar pedir una comisión independiente sobre la gestión del Fondo de Reserva de las pensiones. En caso de que se encuentren circunstancias no debidas, deben ser llevadas todas estas cuestiones a la justicia. Es imprescindible la dimisión inmediata de la ministra Fátima Bañez no solamente por la gestión del Fondo de Reserva sino también por la calamitosa reforma laboral que ella implantó.

Hay que pedir a todos los partidos que no sean el PP, el planteamiento de un voto de censura al gobierno de PP de Mariano Rajoy Brey por su escandalosa gestión del Fondo de Reserva, simplemente por dignidad como país. No puede permanecer ni un segundo más este gobierno, si no serán cómplices los demás partidos.

Los sindicatos deben hacer una profunda reflexión de sus últimos nueve años respecto al tema de las pensiones y hacer bandera total reivindicativa de la revisión del Fondo de Reserva y de la defensa de unas pensiones públicas justas.

Señores jubilados que habitualmente votan al PP, espabilen porque están desangrando el sistema público a costa de su dinero y de su futuro. Cuando quieran enterarse se habrán quedado sin pensiones. Ahora vamos a contemplar, ya en este año, cual ha sido el sistema para devaluar sus pensiones con el famosos 0,25% de revalorización aprobado por el PP. Nunca más les voten, si quieren seguir teniendo pensiones.

Terminare con dos reflexiones, decía Ortega y Gasset “cuando enseñes, enseña también a dudar de lo que enseñes”. Por favor duden de lo que digo pero háganlo también con el gobierno. La última es de Hipatia de Alejandría que dice “ Conserva celosamente tu derecho a reflexionar, porque incluso el hecho de pensar erróneamente es mejor que no pensar en absoluto”.

Juntos podemos en la defensa de unas pensiones justas que nos den dignidad de vida.

sábado, 14 de enero de 2017

RECORTES EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA EN CASTILLA- LA MANCHA


Año y medio después de la llegada del PSOE al Gobierno de la Junta, conviene reparar en los siguientes datos objetivos para entender en qué situación se encuentra nuestra educación pública, ocultada deliberadamente por el discurso oficial:  

a) El gobierno autonómico del PSOE dedica hoy a la educación pública menos que el de Cospedal en el año 2012. 

b) Con García-Page, al igual que con Cospedal, Castilla-La Mancha dedica más dinero al pago de la deuda (es la segunda partida del presupuesto) que a educación: un desmesurado 18%. A pesar del enorme esfuerzo de devolución de los últimos cinco años, la deuda se ha duplicado, alcanzando este año una cifra récord e inasumible (la segunda de España en relación con el PIB regional). Los datos  económicos nos muestran una realidad muy distinta a la que pregona falsamente el gobierno: una Comunidad Autónoma arruinada, sin recursos propios mínimamente suficientes, con una deuda incontrolada que se come el presupuesto y en la que se han consolidado los recortes sobre la educación pública, independientemente de que gobiernen el PP o el PSOE.

c) Según el Informe PISA de 2015, el porcentaje de repetidores en la enseñanza pública castellano-manchega (37%) es cuatro puntos superior a la media de España (33%) que, a su vez, es 18 puntos más que la media de la UE (15%) y 21 puntos más que la media de la OCDE (12%). A este dato hay que añadir otro que se le relaciona directamente, la tasa de abandono escolar, que en nuestra región (21’5%) es superior a la media de España en dos puntos (19’7%) cifra que, a su vez, casi duplica a la de la UE (11%), siendo la más alta de todos los países de la Unión. 

d) Tal y como denuncian los sindicatos, el gobierno de Page no ha derogado el Decreto 105/2012 de 26 de julio sobre ratios, que en la actualidad son un 20% superiores al momento de entrada en vigor del decreto, con el agravante de ilegalidad en 10 de los 13 cursos que van desde la educación infantil hasta el final de bachillerato. El gobierno no lo hace porque según declara no cuenta con dinero para ello, siendo su oferta aplazar la convocatoria de las primeras oposiciones para el curso 2019-2020,  año electoral. También denuncian los sindicatos el mantenimiento de un sistema de zonificación que “enmascara al de la zona única, con sus nefastas consecuencias de desigualdad entre las enseñanzas pública y privada”. 

El Casar no es una isla y carga con la parte de penurias que le tocan, por desgracia, en esta batería de recortes. 

Tras año y medio del nuevo gobierno regional del PSOE, la educación castellano-manchega es, en lo sustancial, idéntica a cuando gobernaba el PP: falta de presupuesto, pobreza energética, ratios elevadas, un horario lectivo inasumible que supone detraer horas a otro tipo de tareas, con lo que resulta prácticamente imposible hacer frente a todo el trabajo que se demanda al profesorado, desatención a las familias sin recursos económicos que no pueden atender las necesidades curriculares de sus hijos y consolidación de los recortes.  


miércoles, 4 de enero de 2017

EVOLUCIÓN DEL PIB EN CASTILLA LA MANCHA


El producto interior bruto de Castilla La Mancha en 2015 ha crecido un 3,2% respecto a 2014. En 2015 la cifra del PIB fue de 37.715 millones de euros, con lo que Castilla La Mancha es la economía número 9 en el ranking de PIB de las comunidades autónomas. 

El PIB Per cápita de Castilla La Mancha en 2015 fue de 18.354 €, 718 € mayor que el de 2014 que fue de 17.636 € y menor que el PIB per cápita de España que se situó en 2015 en 23.200 €. Para ver la evolución del PIB per cápita resulta interesante mirar unos años atrás y comparar estos datos con los del año 2005 cuando el PIB per cápita en Castilla La Mancha era de 17.141 €. Como se puede observar, el crecimiento en 10 años ha sido prácticamente inexistente.

Al igual que el PIB nos ayuda a saber cuál es el tamaño de una economía, el PIB per cápita nos índica la riqueza de sus ciudadanos y es un buen indicador de la calidad de vida. Si ordenamos las comunidades autónomas en función de su PIB per cápita, Castilla La Mancha se encuentra en el puesto 16, por lo que sus habitantes están, según este parámetro, entre los más pobres o al menos tienen un bajo nivel de vida en comparación a los de otras comunidades autónomas.

Según estos datos Castilla La Mancha sigue estando entre las regiones más pobres de España con independencia del color político que haya gobernado en nuestra región aunque según podemos ver, durante el periodo del gobierno del PP ha sido cuando mayor retroceso ha habido.

Esto nos confirma que las políticas de recortes no son la solución para pasar de la recesión al crecimiento. Aunque en 2015 haya habido un ligero avance eso no se traduce en una mejora económica en las empresas, en el empleo ni en las familias. Al contrario, estas políticas de recortes están contribuyendo a un aumento del desempleo, la pobreza, la desigualdad y la precariedad. 

La política de austeridad llevada a cabo por el PP y continuada por el PSOE ha afectado a las políticas de gasto e inversión con unos efectos devastadores sobre la sanidad, la educación, los servicios sociales y el empleo. Y este deterioro de nuestra economía está afectando a las empresas, a la ciudadanía y a las instituciones.

Ello se manifiesta en el alarmante empeoramiento del mercado de trabajo debido a las nefastas políticas de empleo, parados que carecen de cobertura por desempleo; aumento del número de hogares con todos sus miembros en paro, lo que los sitúa al borde de la exclusión social; y una tasa de paro juvenil en 2015 del 54,14% siendo la tercera más alta de España y sólo por detrás de Andalucía y Extremadura. En 2014 cerró con la mayor tasa de paro juvenil de España. 

Esto hace que las familias no dispongan de dinero para gastar, lo que conlleva a un menor consumo que implica una menor producción y esta disminución de la producción supone un cierre de empresas incrementando el número de parados.

Por eso hay que romper esta espiral mediante políticas reales de izquierdas que fomenten el gasto y la inversión poniendo a disposición de las empresas y familias más medios económicos. Una de las formas de aumento del gasto es mediante políticas fiscales expansivas que incrementen los impuestos a las rentas más altas. 

Las variables que componen el PIB desde el punto de vista de la producción son:

PIB = C + G +I +(E – I)

C: (consumo) es normalmente el mayor componente del PIB de la economía, que consiste en el gasto privado (gasto de los hogares en consumo final) en la economía. Estos gastos personales caen bajo una de las siguientes categorías: bienes duraderos, bienes no duraderos y servicios. 

I: (inversión) incluye sólo la inversión empresarial. 

G: (gasto público) es la suma del gasto público en bienes y servicios finales. Incluye los sueldos de los funcionarios públicos, la compra de armas, así como los gastos de inversión por un gobierno. No incluye los pagos de transferencia, tales como la seguridad social o prestaciones por desempleo.

X: (exportaciones) representa las exportaciones brutas. PIB refleja la cantidad que produce un país, incluidos los bienes y servicios producidos para el consumo de otras naciones, por lo tanto se agregan las exportaciones.

M: (importaciones) representa las importaciones brutas. Las importaciones se restan ya que los bienes importados se incluirá en los términos G, I, o C, y debe ser deducido para evitar el cómputo de la oferta extranjera como nacional.

Así vemos que incrementando el consumo, la inversión, el gasto público o las exportaciones y disminuyendo las importaciones podemos aumentar el PIB.

lunes, 2 de enero de 2017

LAS OBRAS DEL HOSPITAL DE GUADALAJARA: LENTAS Y CON DUDAS

La JCCM anuncia el reinicio de las obras del Hospital de Guadalajara, paralizadas de manera inexplicable durante las anteriores dos legislaturas.


Cuando finalicen esas obras, si el Page no vuelve a tropezar en las mismas piedras que Barreda y Cospedal, se contará con cirugía pediátrica y medicina nuclear, dos nuevas especialidades que "acabarán con las derivaciones a otros hospitales”. Hasta ahora, los pacientes de Medicina Nuclear estábamos condenados a ir a Ciudad Real.

El inicio de obras también destaca la inversión de cerca de un millón de euros realizada en 2016 en el hospital para renovar equipos de alta tecnología, entre ellos la resonancia magnética, que con una inversión de 499.000 euros, ha permitido aumentar el rendimiento un 30 por ciento, pasando de la realización de 848 resonancias al mes a 1098. Las citas para este servicio se están dando para Mayo y junio de 2017, por lo que ha sido necesario habilitar la asistencia a las mismas por la noche, a fin de evitar que la espera se siga alargando.



sábado, 24 de diciembre de 2016

Para que parezca que van a hacer algo: Hacienda vigilará la concesión de autopistas de peaje

La Oficina de Evaluación creada por Montoro tendrá que aprobar los proyectos de las concesionarias privadas antes de adjudicarles el contrato

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, junto a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, tras equivocarse en la votación de una iniciativa sobre el futuro de las autopistas de peaje

El Ministerio de Hacienda vigilará la viabilidad financiera de las concesiones de infraestructuras públicas como las autopistas de peaje para evitar que tengan que ser rescatadas por el Estado en caso de que las concesionarias privadas quiebren, como ha ocurrido con ocho vías de pago recientemente.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, anunció este miércoles que su departamento promoverá cambios en la legislación para "proteger al Estado" de esos rescates de forma que las futuras obras de infraestructuras que se adjudiquen a través de un contrato de concesión tendrán que tener previamente el visto bueno de la Oficina de Evaluación del Ministerio de Hacienda con el fin de garantizar que tengan "una viabilidad lo más ajustada posible".

"Las someteremos al análisis de esta la nueva oficina, que será la que analice la conveniencia o no de licitarlas", explicó De la Serna durante la sesión de control al Gobierno del Congreso.

Fomento también prevé cambios en la Ley de Contratos para que la Administración pueda actuar presentando "recursos de lesividad" en el caso de los costes de expropiación de terrenos para construir una infraestructura "se multipliquen sin causa razonable". Se trata de evitar que se disparen los costes de expropiación como ocurrió con las ocho autopistas quebradas que tuvieron que afrontar pagos de 2.200 millones de euros frente a los 400 previstos.

Además, De la Serna avanzó modificaciones también en el sistema concesional para cambiar el actual reparto de riesgos entre la compañía adjudicataria y el Estado, de forma que dichos riesgos sean mayores para la empresa privada. "Adoptaremos estas medidas para proteger al Estado ante este tipo de situaciones en el futuro", aseguró el ministro de Fomento.
Coste del rescate

En cuanto a la quiebra de ocho autopistas de peaje, De la Serna reiteró que trabaja para "minimizar" el impacto del rescate de estas vías "para el conjunto de la sociedad" y garantizar que sigan en servicio, pero no quiso cuantificar el coste que las empresas cifran en más de 5.000 millones de euros y el Gobierno quiere rebajar a menos de la mitad.

El ministro ya avanzó el lunes, también en el Congreso, que el coste de la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) ante las empresas concesionarias de estas autopistas, esto es, el importe que debe abonarles por la inversión que realizaron en su construcción, tardará aún en determinarse y, con toda probabilidad, será objeto de un proceso judicial.

En la actualidad, ya están en situación de liquidación tres vías. La R-3 y la R-5, que el Ministerio ya ha convenido asumir antes de julio de 2017, y la AP-36 Ocaña-La Roda. Y otras cinco están pendientes de resolución judicial.

El ministro defendió que el Gobierno del PP no ha dedicado "ni un sólo euro" a estas vías, y contrapuso las medidas adoptadas por los gobiernos populares con las aprobadas por el último Ejecutivo socialista que, según remarcó, concedió a las autopistas créditos participativos por 483 millones de euros y les habilitó cuentas de compensación por 80 millones, además de aprobarles aumentos del precio de peaje de hasta el 18% y ampliaciones del plazo de concesión, informa Europa Press.

En cuanto a las causas de la situación de quiebra de las autopistas, el ministro apuntó que en el momento en que se proyectaron y adjudicaron era "francamente difícil de prever" que el tráfico de las autopistas fuera a caer el porcentaje del 35% que descendió durante la crisis.

viernes, 23 de diciembre de 2016

El gasto en nuevo armamento daría para mantener el poder adquisitivo de las pensiones

Por VICENTE CLAVERO

María Dolores de Cospedal quiere consignar en el presupuesto ordinario de Defensa 1.800 millones de euros más, mientras que subir las pensiones tanto como el IPC costaría unos 1.300 millones.

El Gobierno se ha negado en redondo a que la próxima subida de las pensiones exceda el mínimo legal; es decir, el 0,25%. Incluso ha vetado una proposición no de ley aprobada por la mayoría del Congreso para preservar su poder adquisitivo en 2017. La excusa es que eso conllevaría un coste inasumible por el Estado. 

Sin embargo, el presupuesto ordinario de Defensa se verá incrementado el año próximo en más 1.800 millones de euros, que darían de sobra para igualar el aumento de las pensiones al IPC previsto.

Ese dinero, en cambio, se dedicará a sufragar la parte correspondiente de los Programas Especiales de Armamento (PEAS), puestos en marcha durante el primer mandato de José María Aznar y cuyo montante total ronda los 30.000 millones de euros hasta 2030. En la anterior legislatura, los pagos se atendieron a través de créditos extraordinarios, que el Gobierno de Mariano Rajoy lograba sacar adelante gracias a su mayoría absoluta, evitando así que fueran objeto de debate político y mediático con motivo de la tramitación anual de los presupuestos en el parlamento.

Los PEAS, que promovió al anterior titular de Defensa, Pedro Morenés, cuando era secretario de Estado del departamento, prevén la adquisición de aviones de combate y de transporte, helicópteros, carros blindados, fragatas y submarinos, entre otro material de guerra. Ni siquiera en los años más duros de recortes se suspendió su aplicación, que reporta pingües beneficios a la industria armamentística, con la que Morenés mantiene una estrecha relación, pues trabajó para ella antes de hacerse cargo del ministerio a finales de 2011.

A su sucesora, María Dolores de Cospedal, no se le conocen esos vínculos, pero sí parece decida también a que se cumplan los compromisos adquiridos en los PEAS, e incluso a que la consignación se haga desde un principio en los presupuestos, cosa que obligaría a reducir otras partidas si se quiere mantener el objetivo de déficit. Precisamente por ello, tiene mucho que decir al respecto el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que hasta ahora se ha mantenido inflexible contra cualquier iniciativa que pudiera generar un nuevo gasto, sobre todo si procedía de la oposición.

Una de las últimas que echó para atrás fue la proposición no de ley para preservar el poder adquisitivo de las pensiones suscrita a finales de noviembre por el PSOE, Podemos, ERC, PNV y el Grupo Mixto. Pedía una subida del 1,2% en 2017, que obligaría a la Seguridad Social a desembolsar 1.300 millones de euros más que en 2016. El Gobierno utilizó su derecho a rechazarla, so pretexto de que suponía un aumento neto del gasto. A las pretensiones de Cospedal de incrementar el presupuesto inicial de Defensa en una cantidad muy superior, no hay indicios de que vaya a poner reparos.


martes, 20 de diciembre de 2016

IU en Las Redes por una Nueva Política Educativa

Izquierda unida de Castilla-La Mancha asiste al Encuentro de ‘Las Redes por una Nueva Política Educativa’

El objetivo del encuentro ha sido para apoyar e impulsar el Documento de Bases para una nueva ley de educación

Izquierda Unida de Castilla-La Mancha ha participado en el Encuentro celebrado en Madrid junto con numerosos colectivos relacionados con la educación púbica y su defensa, que ha de servir para acometer el trabajo que va a suponer plantear una nueva ley en materia educativa que derogue y supere la actual Ley Orgánica de Calidad Educativa (LOMCE), impulsada y aprobada exclusivamente por el Partido Popular la anterior legislatura.

Según Izquierda Unida de Castilla-La Mancha, la LOMCE se ha olvidado del principal objetivo de la Educación: la formación integral de la persona para convertirla en un ser con capacidad crítica y de pensamiento, con capacidad de reflexión y debate, en definitiva, para formar a hombres y mujeres libres.

“Estamos convencido que esto es lo que da realmente miedo a los poderes económicos y otros sectores políticos del país, y es por eso por lo que se han quedado solos en su tramitación a aprobación. No quieren una sociedad formada ni librepensadora, quieren un modelo social sumiso y despolitizado que no tenga conciencia social”, ha manifestado Rodolfo Tello, Coordinador de Áreas de IU CLM.

En el Encuentro de ámbito nacional se han abordado diferentes aspectos entorno al anunciado inicio de negociaciones para alcanzar un pacto de Estado en materia educativa, “un pacto que nace viciado, ya que nace desde el cimiento de la LOMCE, y no desde unos cimientos de consenso social necesario”, ha comentado Olga Ávalos, responsable de Estrategias para el Conflicto de IU CLM.

En este sentido, y partiendo del trabajo que se inició con el denominado Pacto de Sevilla, este Encuentro ha acordado difundir el documento de bases porque el PP y C’s no están por la labor de derogar la LOMCE, y tendremos que seguir vigilantes para ver qué hacen el resto de grupos que sustentan el gobierno del PP. “Es muy importante que este documento se debata en la subcomisión de educación propuesta para, al menos que sea conocida por la sociedad”, ha continuado Olga Ávalos, y seguía: “Vamos a estar al lado comunidad educativa, tanto en el debate real de cambio de modelo, no restringido a las reválidas, como siendo centro del conflicto, en la calle y en las instituciones, vamos a estar en primera línea para conseguir que esta ley que no es la que esta comunidad ha querido se derogue y trabajemos con un nuevo marco normativo justo, laico, inclusivo, consensuado e integrador.

Por su parte, Juan Ramón Crespo, Coordinador de Izquierda Unida de Castilla-La Mancha, ha dicho: “Nuestro modelo de política educativa solo tiene un camino, el de la defensa de una política pública que garantice el derecho a la educación como un derecho universal que los poderes públicos están obligados a hacer efectivo para todos los ciudadanos y ciudadanas en términos de igualdad y, por tanto, de gratuidad y su instrumento: la Escuela Pública, entendida como la institución que integra el conjunto del sistema educativo y de todos sus niveles, cuya regulación y garantía corresponde a las administraciones públicas”.


NO + CORTES DE LUZ

¡BASTA YA DE ABUSOS CON LA FACTURA DE LA LUZ! ¡ACABEMOS CON LAS TARIFAS ABUSIVAS Y LOS CORTES DE LUZ A FAMILIAS SIN RECURSOS!

  • 1. Prohibición legal de todos los cortes de luz a familias con problemas económicos. Las eléctricas deberán dirigirse a la administración para comprobar la situación de las familias que no abonen sus recibos. Si sufren vulnerabilidad económica, no podrán cortarles el suministro y el coste será asumido por las compañías.

  •  2. Fin a los abusos tarifarios. Aprobación de una tarifa asequible, regulada por el Gobierno, a la que podrán acogerse todos los consumidores domésticos en su primera residencia.

  • 3. Creación de una auténtica tarifa social. Sustitución del actual bono social por una tarifa de reducida cuantía dirigida a las familias con bajos niveles de renta, sufragada por las eléctricas.

  • 4. Reconocimiento y devolución por parte de las grandes eléctricas de los 3.500 millones de euros que cobraron indebidamente en conceptos de Costes de Transición a la Competencia (CTCs).

  • 5. Auditoría al sistema eléctrico. Realización de un análisis de los costes del sistema desde que se puso en marcha la liberalización del sector, con el objetivo de determinar el precio real de las tarifas eléctricas.

  • 6. Aplicación del tipo de IVA superreducido a la electricidad, pasando del 21% actual al 4% por ser considerado un servicio esencial para la ciudadanía.

PUEDES LEER Y FIRMAR EL MANIFIESTO EN: www.nomascortesdeluz.org


Las organizaciones sociales, partidos políticos y ciudadanía de Guadalajara se suman a la campaña de #NoMásCortesDeLuz, y para ello convoca a toda la ciudadanía a participar en los actos del miércoles 21 de diciembre. En concreto, los siguientes:


  • 1. Rueda de prensa a las 12:00, con las organizaciones convocantes y ciudadanía que desee participar, donde se explicará el porqué y para que de la iniciativa, se realizara a las 12:00 en la c/ Amparo nº 39 (Antigua tienda de Domarco).
  • 2. De 12:00 a 14:00, recogida de firmas en adhesión al manifiesto #NoMásCortesDeLuz, en el mismo lugar de la celebración de rueda de prensa se ubicara mesa informativa para la recogida de firmas de todo aquel que desee apoyar la iniciativa.
  • 3. De 19:00 a 20:00, concentración en la Plaza de Sto Domingo donde se iluminara con velas toda la plaza y se leerá manifiesto de la iniciativa al final de la concentración.
Para más información contactar con:

Plataforma Nuevo Modelo Energético Guadalajara: Gustavo Rioja 634 553 375 – ggrioja@gmail.com
Ecologistas en Acción Guadalajara: Alberto Mayor 659 155 339