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martes, 16 de enero de 2018

Una asociación católica quiere desahuciar a los inquilinos de un centenar de VPO en Guadalajara

Una asociación católica quiere desahuciar a los inquilinos de un centenar de VPO en Guadalajara


En los años 60, unos 96 pisos de Guadalajara fueron cedidos a la Sociedad de San Vicente de Paúl para que los administrara hasta que las familias a las que habían sido adjudicados los pagasen. Una vez hecho, la entidad debía transferir la propiedad a los adjudicatarios, pero esto nunca ocurrió y ahora amenazan con desahuciar a los que viven allí.

Unas 96 viviendas de protección oficial de Guadalajara fueron cedidas en los años 60 del pasado siglo a la Sociedad de San Vicente de Paúl, una asociación católica, para que las administrara hasta que las familias a las que habían sido adjudicadas terminaran de pagarlas. Una vez abonados los créditos a 30 años otorgados por el entonces Instituto del Crédito para la Reconstrucción Nacional (hoy desaparecido; el BBVA tomó el relevo), la entidad católica debería haber transferido la propiedad a los adjudicatarios. Sin embargo, esto nunca llegó a pasar, y desde hace años esta sociedad busca la manera de desahuciar a las familias que aún viven allí.

Diego, activista de la Plataforma Antidesahucios de Guadalajara, es uno de los afectados. Los abuelos de Diego adquirieron uno de los pisos y lo financiaron durante años, pero nunca llegaron a tener la vivienda en propiedad. Desde la plataforma han denunciado que esta situación pone en riesgo a muchas familias: algunas ya se han ido de las viviendas —a pesar de haberlas pagado— engañadas por la asociación y tras sufrir lo que denominan "mobbing inmobiliario" —cortes de las luces comunitarias o visitas intimidatorias—.

Las viviendas están en el barrio de Alamín, uno de los más degradados de Guadalajara. Diego cuenta a Público que entre los años 1992 y 1996 las familias a las que habían adjudicado las viviendas pagaron las últimas letras de los pisos. Sin embargo, la entidad católica siguió cobrando el "arrendamiento" a los inquilinos y según iban falleciendo, se quedaba con la plena propiedad de esas viviendas.

Algo que, a tenor de la documentación a la que ha tenido acceso Público, parece fuera de ley. En los informes periciales que solicitaron los vecinos y los documentos de las reuniones en las que se acuerdan las condiciones de los contratos de las viviendas se asegura que la finalidad de éstas es la "enajenación". De hecho, también se puede comprobar que se establece un modelo de contrato de adjudicación y amortización de las viviendas y, en documentos del Ministerio de Fomento, se confirma la cédula de calificación definitiva como vivienda de protección oficial así como que la entidad católica no debe retener la propiedad de las viviendas.

A pesar de que no ha contestado a las preguntas sobre estas viviendas, la Sociedad San Vicente de Paul sí hace referencia a ellas en su página web de la siguiente manera: "La SSVPE tiene un proyecto de viviendas sociales que cuenta con 96 pisos en los que acogen a familias en situación de riesgo o exclusión social. Gracias a esta labor, que ya cumple más de 50 años, la Sociedad de San Vicente de Paúl atiende y facilita una vivienda digna a más de 400 personas". Sin embargo, esto vuelve a contradecirse con lo que cuentan los vecinos de Alamín, que afirman que muchas de las viviendas se encuentran "en condiciones totalmente insalubres".

Pobreza y 'mobbing' inmobiliario
Otro caso similar al de Diego es el de Mercedes. Los originales adjudicatarios de su vivienda actual fallecieron, y sus hijos cedieron la casa a personas que no tenían recursos, explica la vecina a Público. "Cuando me dieron la casa no había puertas, ni luz ni agua. No había calentador, he tenido plaga de cucarachas, el suelo es el original de los años 60, la puerta de la terraza se caía… y no me han hecho nada más que ponerme las puertas, cambiar el suelo de la cocina, poner la luz, un calentador y pintar. Es un desastre total".

Mercedes cuenta que la entidad le dijo que tenía que pagar hasta 3.000 euros por la reforma, pero ella se niega porque la casa ni siquiera está bien reformada. "Otras casas sí las han arreglado enteras, pero a mí ni siquiera lo han hecho bien, por esto me niego a pagar la cuota o la reforma hasta que al menos esté en condiciones". A partir de tomar esta decisión, Mercedes comenzó a recibir amenazas constantes de juicios y de desahucios hasta con gritos en plena calle. Lo mismo ocurre con el resto de vecinos, a pesar de que la propiedad no debería ser de la sociedad.

Diego también ha sufrido el 'mobbing' inmobiliario en su propia piel: "La semana pasada intentaron entrar en mi casa forzándola. Colocan a personas conflictivas en las viviendas, gente que puede hacerte la vida imposible. Además de las comunicaciones escritas instando a los pagos que ellos exigen y las constantes amenazas de desahucio", señala.

¿Por qué hay interés en estos pisos?
No es sólo esto lo que pone en cuestión la plataforma antidesahucios y los vecinos de Guadalajara: también que San Vicente de Paúl administra un "fondo buitre" que es el realmente interesado en estas viviendas. Según el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), la entidad benéfica es la administradora única de la Sociedad fundada en 2010, Bailallier Servicios Generales SL, una empresa con un capital social de 600.000 euros, dedicada según Registro Mercantil a la "adquisición, tenencia, administración, arrendamiento —incluido leasing inmobiliario— y explotación de bienes inmuebles, así como la adquisición, por cuenta propia, de valores mobiliarios".

Además, el apoderado y vicepresidente de la Sociedad San Vicente de Paúl es Juan Manuel Buergo Gómez, empresario que también dirige una de las empresas asociadas a la trama Púnica, TECNIGES S.A., y que también se dedica a la promoción inmobiliaria, según ha podido saber la PAH de Guadalajara con la ayuda de Filtrala.org. 

"Con esto nace la sospecha de que haya detrás un pelotazo inmobiliario. Cuando las viviendas se construyeron era un barrio alejado de la ciudad, pero ahora está más cerca del centro y es un terreno que vale mucho más. De ahí viene la hostilidad hacia aquellos que estamos exigiendo que se nos respete el derecho a la adjudicación. Traer a estas viviendas familias que carezcan de derecho alguno sobre las adjudicaciones es hacer mucho más viable ese posible proyecto urbanístico", cuenta Diego.

El desahucio de Diego en manos de los tribunales
Diego ha denunciado esta situación. La entidad quiere desahuciarle, y parece que de momento va ganando en los tribunales. La semana pasada la Audiencia Provincial de Guadalajara emitió una sentencia favorable a la asociación católica: "El martes pasado recibí la sentencia y confirma el desahucio. La Audiencia no entra a valorar las cuestiones de fondo que yo invoco sobre estas viviendas, se basa en cuestiones procesales", explica el activista. Aún así, todavía queda otro recurso por presentar antes de que pueda ser desahuciado.

"El problema de todo esto es la participación de agentes privados en la gestión de viviendas públicas", añade Diego. Y junto a esto, denuncia "la falta de vigilancia por parte de la Junta de Castilla-La Mancha, que tiene la competencia autonómica sobre este tipo de viviendas desde el año 1984". Además, Diego hace referencia a otra dificultad añadida a la hora de enfrentar estos desahucios: "Hay cierta unanimidad en la gente en pensar que los bancos engañan, pero no en una sociedad que se presenta como una entidad caritativa y católica y que realiza una labor social"

domingo, 14 de enero de 2018

La huelga feminista es una propuesta de cambio real

La huelga feminista no es algo de un día, es una propuesta de cambio real


Más de 400 mujeres de un centenar de organizaciones y colectivos diseñan en Zaragoza el paro de trabajo, cuidados, consumo y estudios convocado para el 8 de marzo

Por EDUARDO BAYONA @e_bayona
“La huelga feminista no es algo de un día, es una propuesta de cambio real”, sostiene Justa Montero, histórica activista del movimiento en España y que este fin de semana ha participado, en el Centro Social Luis Buñuel de Zaragoza, en el encuentro estatal preparatorio del paro, señalado para el 8 de marzo, día de la mujer. “Paramos para decir basta, no podemos ni queremos vivir así. El futuro no puede ser así”, añadió.

Más de 400 mujeres de un centenar de organizaciones sociales, políticas y sindicales, de colectivos y entidades feministas y de movimientos sociales han participado en las jornadas preparatorias del paro, que la coordinadora quiere extender a cuatro ámbitos: el trabajo, los cuidados, el consumo y los estudios.

“Hay una territorialización de la estructura, y cada territorio se organizará con libertad, como considere oportuno”, explica la zaragozana Julia Cámara.

En ciudades como Madrid y como la capital aragonesa, por ejemplo, se complementan las actividades preparatorias por áreas de trabajo con las sesiones informativas en los barrios. “Nos hemos dotado de medios de coordinación”, anota.

Más de un centenar de organizaciones y colectivos
El encuentro ha dado lugar a un manifiesto que se hará público a mediados de la próxima semana. “Han participado mujeres de todo el arco político y sindical, de organizaciones como Amnistía Internacional, de grupos ecologistas y de coordinadoras estudiantiles, además de colectivos feministas de todo el país”, explica Cámara, que indica que será a partir de la difusión de la proclama cuando comiencen a recabar la adhesión de organizaciones.

“Esperamos una respuesta positiva de todos los sindicatos y que estén a la altura de las circunstancias”, señaló Montero, que llamó la atención sobre aspectos de la huelga de cuidados como la necesidad de “organizar unos servicios mínimos para garantizar los que son imprescindibles con la participación de las mujeres y los hombres”.

“Hacemos un llamamiento a todos los sindicatos para que se sumen para visibilizar el paro”, anotó Elizabeth Cordero, que simultáneamente, y tras visibilizar la adhesión de las mujeres de origen migrante a la convocatoria (“antes no nos sentíamos ‘parte de’, y ahora sí”), apeló “a todas las mujeres para que si tu sindicato no apoya esta huelga, desafíliate”.

“Queremos pararlo todo”
Para Montero, la convocatoria de paro en esos cuatro ejes “va más allá de una huelga laboral”, ya que responde al “trabajo de muchos años” y su objetivo es “cambiar la idea de cuáles son los trabajos necesarios para la sociedad y cómo se prestan”. “Sin nosotras ni se produce ni se reproduce: se para el mundo, y eso es lo que queremos denunciar”, añadió, en una reivindicación de la “centralidad” de la mujer y la “injusticia” que con frecuencia soporta.

“Con esta huelga queremos pararlo todo, que paren nuestras ciudades y nuestros pueblos”, anotó, para desgranar las luchas que confluyen en la convocatoria: el rechazo a las violencias machistas, el empoderamiento femenino, el respeto a todas las identidades sexuales, la denuncia de la precariedad, central en conflictos laborales como los de las empleadas de geriátricos vizcaínos, las empleadas de Berskha o las camareras de piso, conocidas como kellys, la repulsa de la xenofobia o la denuncia de la existencia de los CIEs (Centros de Internamiento de Extranjeros), a los que Cordero se refirió como “cárceles racistas” en las que “han muerto compañeras”.

Montero moduló las expectativas de la convocatoria en ámbitos como el del consumo. “En un día no lograremos un gran cambio, pero sí es un paso hacia un consumo más responsable”, señaló. No obstante, insistió en que el objetivo de la movilización no termina con el paro del 8 de marzo. “Tenemos un horizonte que va más allá –dijo-. Nos sabemos muchas y nos sabemos fuertes”.

“Medios para multiplicar la potencialidad”
Coincide con Cámara, para quien “el proceso de lucha feminista no acaba el 8 de marzo sino que continúa, y hemos de dotarnos de medios para multiplicar la potencialidad del movimiento feminista”.

En este sentido, destacó que las 400 participantes en el encuentro prácticamente triplican al centenar y medio que asistió a las primeras jornadas, celebradas en Elche en septiembre, algo que, junto al centenar de organizaciones y colectivos de los que forman parte, “asegura el éxito de la convocatoria”.

La coordinadora tiene previsto convocar un encuentro tras el 8 de marzo para valorar el paro y establecer nuevas líneas de trabajo.


Privatizando los servicios públicos se desmantela el tejido del Estado


Por Cándido Marquesán Millán

El fin de semana de la festividad de Reyes, coincidiendo con el retorno de las vacaciones navideñas, nos hemos visto sorprendidos por una fortísima nevada, que ha dejado tirados en la AP-6 a millares de ciudadanos.

Tal autopista está siendo administrada bajo el régimen de concesión por una empresa privada, Iberpistas, una filial de Abertis. En definitiva se ha producido una privatización o externalización de un servicio básico. Parece claro que la responsabilidad de la seguridad es competencia exclusiva de tal empresa. Y tal como acabamos de constatar millares de ciudadanos han quedado tirados y abandonados a su suerte durante muchas horas. Aquí se viene abajo estrepitosamente el discurso dominante desde hace unas décadas de la mejor eficacia, competencia y ahorro del sector privado con respecto al sector público. Discurso clave dentro del neoliberalismo. Tales ventajas del sector privado no han sido demostradas empíricamente, es una cuestión de creencia, es como un dogma de fe. Se repite una y otra vez y nadie puede cuestionarla.

A este proceso de privatización-venta de empresas del sector público- o externalización de servicios básicos de carácter público, el geógrafo británico David Harvey lo ha llamado la "acumulación por desposesión". La acumulación por desposesión no es algo nuevo. Forma parte del ADN originario del capitalismo. Así es como se hizo la famosa "acumulación originaria" a la que Carlos Marx dedica gran parte de las páginas de su obra. Desposeer a las poblaciones de sus bienes comunes que garantizaban su subsistencia y una cierta independencia es una inveterada tradición liberal. El ejemplo de los enclosures en Inglaterra es un ejemplo. Lo novedoso es que las energías de los mercantilizadores se dedicaron además, en la deriva neoliberal de las últimas décadas, a privatizar y convertir en yacimientos de plusvalía muchos de los servicios que habían formado parte del Estado de Bienestar keynesiano, que había fundamentado la paz social en el Centro mismo del sistema global.

Lo ocurrido lo explica muy bien Fernando Álvarez Uría La privatización es un robo. Para legitimar este expolio, bien poniendo en venta empresas públicas-de tal circunstancia tenemos una amarga experiencia los españoles y a la que me referiré más delante de una manera explícita- o externalizando servicios públicos, fue y es preciso descalificar las instituciones públicas, la función pública, la fiscalidad sobre las grandes fortunas, los servicios públicos, denunciar sus inercias, burocracias y rigideces, a la vez que proliferaron los cánticos laudatorios a la iniciativa privada, al espíritu de empresa y a la cultura empresarial. Y este discurso ha sido asumido inconscientemente por la sociedad española. Fue así como en esta economía sin sociedad el suelo y el subsuelo públicos pasaron a manos de especuladores privados, fue así como empresas públicas o semipúblicas fueron entregadas por los gobiernos de turno a los viejos amigos del colegio, fue así como los contratos discrecionales y con grandes dosis de corrupción en los procesos de externalización pasaron a adquirir una especie de carta de naturaleza en nuestros sistemas políticos, a la vez que viejas formas ya olvidadas de capitalismo salvaje irrumpían en la escena social.

En España, la primera etapa de las privatizaciones-venta de empresas públicas- se inició a mediados de los años 80 hasta 1996 con gobiernos socialistas. El principal factor que las impulsó no se basó en motivaciones ideológicas o políticas, sino en restricciones estratégicas, presupuestarias y tecnológicas. A partir de 1996 con el Gobierno de Aznar, las privatizaciones formaron parte del programa electoral, planificándose como un programa gubernamental completo, se vendieron las empresas más rentables y los objetivos políticos fueron tan importantes o más que los económicos. Así las joyas de la corona de nuestras empresas públicas fueron vendidas como Seat, Repsol, Endesa, Telefónica, Gas Natural… El holding de la banca pública Argentaria, privatizado entre 1993 y 1998, se fusionó en 1999 con el BBV. ¡Qué bien nos vendría ahora una banca pública para financiar nuestra deuda! La ciudadanía permaneció impasible ante la pérdida de todo este patrimonio colectivo. Hoy nos queda poca empresa pública atractiva para el capital privado. No obstante, están pendientes de este proceso Las Loterías y Apuestas del Estado, los Paradores….  Más, según Mariano Fernández Enguita, como el capitalismo es extraordinariamente voraz, el actual asalto está dirigido, ya lo estamos constatando, hacia los servicios públicos del Estado del Bienestar, entre otros en educación, sanidad, y dependencia, con una demanda cada vez más creciente ya que la sociedad se ha acostumbrado y no sabría renunciar a ellos, tanto  es así que se han considerado como derechos. Hay capitales abundantes con unos mercados cautivos y muy prometedores. Pero todavía más.  Además de capitales ávidos, las políticas de privatización o externalización cuentan también con consumidores deseosos y contribuyentes bien dispuestos. Como la universalización de estos servicios genera quejas al no poder ser atendidas todas las demandas, como las listas de espera en el sector sanitario o que los españoles no  quieren que sus hijos compartan pupitre con inmigrantes, esto provoca una disposición creciente hacia la oferta privada. Por otra parte, cuando una prestación que era antes un privilegio se generaliza, las anteriores clases privilegiadas buscan diferenciarse de nuevo accediendo a niveles superiores (más educación o más sanidad) o a tipos distintos (mejor u otra educación o sanidad). El diferenciarse no solo lo pretenden los que quieren conservar sus privilegios, sino también los que intentan acceder a ellos por primera vez. La educación y la sanidad privadas se pueden convertir en un símbolo de esta diferenciación. Por todo ello, se abre un mercado inmenso al capital en el ámbito de los servicios públicos. De esto podría ser un paradigma la Comunidad  de Madrid.

Mas en este proceso de privatización de la propiedad colectiva nos pasa desapercibida una circunstancia extraordinariamente grave. Al  respecto parece muy oportuna la reflexión de Ugo Mattei en su artículo Límite a las privatizaciones. Cómo frenar el saqueo de los bienes comunes, aparecido  en Le Monde Diplomatique, en el que  plantea la necesidad de proteger la propiedad colectiva, y más todavía ahora que los gobiernos se deshacen de los servicios públicos y privatizan el patrimonio colectivo para equilibrar los presupuestos; ya que toda privatización decidida por la autoridad pública –representada por el gobierno de turno– priva a cada ciudadano de su cuota de bien común, exactamente como en el caso de una expropiación de un bien privado. Pero con una diferencia sustancial: la tradición constitucional liberal protege al propietario privado del Estado, con la indemnización por expropiación, mientras que ninguna disposición jurídica –y menos aún constitucional– ofrece ninguna protección cuando el Estado neoliberal traslada al sector privado los bienes de la colectividad. Debido a la evolución actual de la relación de fuerzas entre los Estados y las grandes empresas transnacionales, esta asimetría representa un anacronismo jurídico y político.

Retorno al hecho que propiciaba este artículo, cual es lo ocurrido en la AP-6. Es una obviedad por lo ya expuesto que cuando una empresa privada asume, bajo una concesión, un servicio público, del abastecimiento de agua, recogida de basuras, limpieza de jardines, transporte público, sanidad, educación o dependencia, el objetivo fundamental  dentro de la más estricta lógica de su funcionamiento interno en un sistema capitalista, es de conseguir unos beneficios económicos, el afán de lucro, para lo cual reducen costos: bien reduciendo prestaciones o el costo del factor trabajo. Y lo acabamos de constatar con una contundencia apabullante en la nevada de la AP-6. Los  cientos de afectados han criticado la escasez de máquinas quitanieves y la falta de personal e información por parte de la empresa. Pero es un hecho extensible a muchas de las empresas concesionarias de las autopistas, ya que entre 2011-2015 han llevado a cabo unas severas y duras políticas de recortes de personal. Según El Confidencial, las concesionarias de autopistas pasaron de 5.100 empleados a 3.200. Por supuesto, incrementaron los peajes de 10,6 a 12,4 céntimos por kilómetro en el caso de las autopistas estatales y de 15,6 a 17 céntimos en las de concesión autonómica. Mientras en 2011 Iberpistas contaba con 96 trabajadores para mantenimiento y 107 para los puestos de peaje, en 2015 estas cifras bajaron hasta los 79 y 73, respectivamente. La AP-6 es la vía de pago donde más se han elevado las tarifas en el período 2011-2015, con un incremento del 23% (la subida media fue del 17%).

La conclusión es clara. Aquí hay trampa. Y si hay trampa, hay tramposos. Especialmente los responsables del gobierno. En cuanto a las privatizaciones del sector público, fue un auténtico regalo a determinadas élites y amigos de colegio, además de una fuente de corrupción vergonzosa. En cuanto a las concesiones de las autopistas, los pliegos de condiciones se redactan con unos objetivos muy claros: si son rentables las empresas hacen grandes negocios y si no lo son, se produce su rescate por parte del Estado. ¡Qué desvergüenza! ¿Cuánto nos costará el rescate de la quiebra de las autopistas radiales de Madrid? ¿Lo sabremos algún día? Según la patronal de las grandes constructoras unos 5.000 millones. La factura que las autopistas en quiebra dejan al Estado tiene una partida llamativa: la de las expropiaciones, que ascendía, a fines de los 90, durante el Gobierno de Aznar, cuando se estimaron, en conjunto, a 387 millones. Al final se dispararon hasta 2.217 millones. Una desviación de 1.830 millones, casi seis veces más. Los precios por estas expropiaciones crecieron exponencialmente por las sentencias de los tribunales, a raíz de la ley del Suelo de 1998 de Aznar, al valorar que los terrenos no debían considerarse rústicos ya que había expectativas de urbanización. Dentro de la más estricta ideología neoliberal, se trataba de la búsqueda de nuevas plusvalías en el espacio dentro de sus diferentes concreciones, esto es, el suelo urbano, la construcción de infraestructuras, transportes y equipamientos relacionados, etc. Entre los beneficiados había conocidas familias (Franco, Serrano Suñer o Abelló).

  1. En un aviso a navegantes, Tony Judt en su libro Algo va mal nos señala que Edmund Burke en sus Reflexiones sobre la Revolución Francesa ya nos advirtió “Toda sociedad que destruye el tejido de su Estado no tarda en desintegrarse en el polvo y las cenizas de la individualidad. Al eviscerar los servicios públicos y reducirlos a una red de proveedores subcontratados hemos empezado a desmantelar el tejido del Estado. En cuanto al polvo y las cenizas de la individualidad, a lo que más se parece es a la guerra de todos contra todos de la que hablaba Hobbes.”

jueves, 11 de enero de 2018

ELECCIONES 2019

Garzón urge a Iglesias a cerrar la confluencia de las municipales y autonómicas para hacer frente al "desgaste" político



Así lo pondrá de manifiesto durante la reunión que celebrará la Coordinadora Federal de IU, según el análisis político que está ultimando. "Nuestra apuesta por la confluencia es tan firme como mayoritaria, pero es necesario que empiece a concretarse el cómo lo antes posible", recuerda. 

El coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha lanzado un llamamiento a sus socios de Podemos para cerrar en este primer trimestre de 2018 el acuerdo-marco para confluir juntos en las elecciones autonómicas y municipales de 2019, un gesto que en su opinión permitiría hacer frente al "desgaste" del espacio político que conforman y así prepararse cuanto antes para la nueva cita con las urnas.

Así lo pondrá de manifiesto el próximo sábado durante la reunión que celebrará la Coordinadora Federal de IU- el máximo órgano ejecutivo de dirección-, según el análisis político que está ultimando, y al que ha tenido acceso Europa Press.

En su documento, en el que repasa el 2017, analiza la bajada de Unidos Podemos en las encuestas, y hace autocrítica de los resultados en las elecciones catalanas, Garzón identifica como posible solución a la pérdida de apoyos de la izquierda la construcción de "espacios ricos y vivos" de confluencia.

"Nuestra apuesta por la confluencia es tan firme como mayoritaria. Pero es necesario que empiece a concretarse el cómo lo antes posible para beneficio de la izquierda y como una rápida reacción ante el nuevo contexto", asegura Garzón en su informe, en el que también señala que ese nuevo contexto "obliga a cambiar". "Es imposible pretender que se mantengan las cosas como hasta ahora", advierte.

A su juicio, "lo óptimo" sería cerrar el acuerdo-marco para confluir en Comunidades Autónomas y municipios "dentro del primer trimestre de 2018, para iniciar el año previo a las elecciones con un horizonte claro y bien definido" -las elecciones municipales están previstas para mayo de 2019-.

Confluencias con "visibilidad justa de todos los actores"
Eso sí, avisa de que "cualquier propuesta de confluencia debe partir del trabajo colectivo, desde abajo", y garantizar "la visibilidad justa de todos los actores", haciendo alusión a una de las peticiones que IU ya puso de manifiesto a nivel nacional, en el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea que comparten con el partido morado y las confluencias catalana y gallega.

Izquierda Unida y Podemos iniciaron en verano sus conversaciones para reeditar en las municipales y autonómicas de 2019 la alianza que ya alcanzaron para concurrir juntos en las elecciones generales de junio de 2016, en el conocido como 'pacto de los botellines' -con los que posaron entonces el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y Garzón tras anunciar su acuerdo-. Tanto en las generales de diciembre 2015 como en las locales de mayo de ese año, ambas formaciones habían concurrido por separado en casi todo el país.

Ahora, con el comienzo del nuevo año, IU se ha marcado como objetivo prioritario cerrar cuanto antes este acuerdo-marco, para poder comenzar a estudiar, tras las vacaciones de Semana Santa, aquellos casos que por sus características particulares requieran ser tomados como una excepción, según informan a Europa Press fuentes de la coalición de izquierdas.

Además, tal y como señala en su informe, Garzón considera que preparar esta confluencia para que sea sólida es clave para hacer frente a la pérdida de apoyos que está sufriendo su espacio político. "El espacio político de Unidos Podemos y las confluencias se está estrechando, si bien es especialmente gravoso en lo que se refiere al espacio de Unidos Podemos", advierte.

"Es preocupante que, según todas las encuestas, los porcentajes de fidelidad a Unidos Podemos han descendido hasta situarse como los peores de todas las grandes fuerzas. Aun siendo conscientes de las dificultades estructurales que nuestro espacio tiene, ya analizadas en el informe anual, tenemos la obligación de reaccionar para revertir esta tendencia", reclama.

Descenso "significativo" de la simpatía hacia Podemos
Garzón muestra especial preocupación por la situación de Podemos, ya que, según las encuestas, "la simpatía" hacia sus socios "ha descendido de forma significativa en los dos últimos años, mientras que la de IU se ha mantenido estable en niveles más bajos".

"Este no es un indicador de cómo se distribuirían los apoyos en una hipotética competición electoral, pero refleja un cierto y preocupante desgaste de nuestro aliado. Estos elementos deben constituir el fundamento de nuestra apuesta política, no pudiendo ignorarse en ningún caso", señala.

En su análisis de la pérdida de apoyos, Garzón también analiza en concreto los resultados de las elecciones catalanas, y señala que el propio conflicto en esa Comunidad ha sido "un factor potencialmente desestabilizador" que ha tenido "efectos perjudiciales" para el espacio político que representan, "y para la izquierda en general".

Ausencia de un discurso homogéneo hasta la campaña
Eso sí, también señala que además de esos "factores de fondo", es preciso tener en cuenta "la gestión de la situación en Catalunya" ya que, a su juicio, "probablemente ha contribuido a consolidar" dicha tendencia a la baja.

En concreto, Garzón afirma que el espacio de Catalunya En Comú-Podem "ha mantenido una posición política correcta y adecuada durante la campaña electoral, con un candidato excelente como Xavi Domènech, acentuando el conflicto de clase y la cuestión social".

"Sin embargo, el cambio de acento se ha producido demasiado tarde y sin la existencia de un relato homogéneo mantenido en el tiempo. No se trata sólo de situar la cuestión social encima de la mesa sino también de ofrecer una propuesta clara y en positivo a la cuestión territorial y que todo ello sea coherente en el tiempo", defiende.

En este contexto, el líder de IU concluye que trabajar cuanto antes para consolidar espacios de confluencia para las municipales y autonómicas es fundamental, en la medida en que "una mayor fragmentación de las fuerzas de izquierdas puede ser demoledora para el futuro del país".

No hay ninguna necesidad de crear un impuesto para asegurar las pensiones

Por Eduardo Garzón
Economista del Consejo de Científico de ATTAC


El pasado lunes 8 de enero el PSOE volvió a la carga con su ya conocida propuesta de creación de un impuesto para poder financiar las pensiones como respuesta al déficit que tiene la Seguridad Social y alegando que países como Francia aplican medidas similares. Muchos han caracterizado esta propuesta de izquierdas, ya que pone el acento en el aumento de ingresos en vez de hacerlo en la disminución de los gastos como marca la receta de la derecha (por cierto, aplicada también en las pensiones por el PSOE durante el gobierno de Zapatero). Sin embargo, esta interpretación es presa precisamente de los postulados económicos que utiliza la derecha, ya que comparte con ella la obsesión de acabar con el déficit público –en este caso de la Seguridad Social–, como si fuese una enfermedad que hay que extirpar lo antes posible. En realidad, una interpretación verdaderamente de izquierdas debe basarse en una rigurosa y adecuada comprensión de la naturaleza y funcionamiento de los saldos fiscales, dejando de lado los mitos económicos de la derecha que demonizan el déficit público y entendiendo que éste no es más que una herramienta económica que se debe utilizar en beneficio de la mayoría social.

El sistema público de la Seguridad Social ingresa actualmente menos de lo que gasta. Bien, ¿y qué? Si aislásemos los ingresos y gastos de la sanidad pública –al igual que hacemos hoy arbitrariamente con las pensiones públicas-, a ésta le ocurriría exactamente lo mismo: estaría en déficit (los pacientes no pagan directamente todo el coste del servicio), y no veo a nadie por ahí diciendo que hay que crear un impuesto finalista para financiar la sanidad. Pasa igual con la educación pública y con otros servicios públicos: aisladamente del resto de las finanzas públicas se encontrarían en déficit, lo que ocurre es que logramos la financiación a través de vías que no tienen nada que ver con su respectivo ámbito, de forma que financiamos servicios públicos como la sanidad con el dinero que, por ejemplo, paga alguien por IVA cuando compra un coche de lujo. Ponemos toda la riqueza y renta de nuestra economía al servicio de la financiación de todo lo público.

¿De todo? No. De las pensiones no. Así se decidió en 1996 con el Pacto de Toledo, alegando que separar la financiación de las pensiones del resto de la finanzas públicas impediría a los gobernantes de turno recortarlas a través de los presupuestos generales del Estado. Pero esto hoy solo se puede ver como una broma de mal gusto, ya que tanto el gobierno de Zapatero como el de Rajoy han recortado sustancialmente las pensiones públicas con las reformas de los últimos años (aumentando la edad de jubilación, congelando su revalorización o desvinculándola del crecimiento de los precios, ajustándola a la esperanza de vida, etc). Si el aislamiento de la financiación de las pensiones no ha impedido que los gobiernos les peguen un tijeretazo, ¿para qué sirve entonces?

Ya lo digo yo: para nada que no sea reforzar una falsa imagen de insostenibilidad. Una vez las pensiones están aisladas, es fácil señalarlas si tienen déficit y gritar a los cuatro vientos que hay un problema que solucionar (momento hábilmente aprovechado por la banca para proponer planes privados de pensiones). Vuelvo a lo de antes ¿qué pasaría si aislásemos la sanidad pública del resto de finanzas públicas? Veríamos un déficit enorme y la élite de turno saldría en banda a clamar su privatización. Pero no lo hace de forma tan agresiva porque el déficit de la sanidad pública se diluye en el conjunto de las finanzas públicas y el hipotético problema no se explicita tan claramente.

Y remarco hipotético porque lo más importante de todo esto es entender que el déficit público no tiene por qué estar señalando un problema que haya que resolver. Registrar déficit público es habitual y a menudo necesario. De todos los países del planeta solo 26 evitaron el déficit público el último año, y lo lograron fundamentalmente porque son paraísos fiscales o potencias exportadoras y buena parte del dinero que reciben del exterior acaba en las arcas públicas. Y así ha sido por regla general durante toda la historia, y nunca ha sido óbice para pedir que se recorten los gastos públicos salvo en los últimos tiempos. El discurso neoliberal de la derecha nos ha hecho creer que los déficit públicos son malos y que hay que evitarlos, pero esto es sólo una excusa para presionar a los gobiernos para que recorten sus Estados del bienestar.

Las empresas recurren constantemente al déficit para llevar a cabo sus actividades (endeudándose para adquirir inmuebles y maquinaria), al igual que lo hacen muchas familias (endeudándose para comprar viviendas y electrodomésticos). ¿Por qué no lo debería hacer un Estado para financiar adecuadamente los servicios públicos y para fomentar la actividad económica? Ojo: no se trata de registrar déficit públicos o de endeudarse sin ton ni son, sino de entender que el recurso al déficit es habitual y de hecho necesario, y que no tiene nada de malo siempre que se realice con mesura y en favor de la mayoría social.

Por eso no hay ninguna necesidad de acabar con el déficit de la Seguridad Social; éste puede permitirse igual que se permite el déficit en el resto de las administraciones públicas. Otra cosa es que pueda ser conveniente reducir el volumen del déficit. Pero una cosa es reducirlo y otra eliminarlo por completo. Y para reducirlo no hay ninguna necesidad de crear nuevos impuestos. Basta con aplicar las siguientes medidas:

Perseguir el fraude laboral: contratos no registrados, falsos autónomos, contratos temporales fraudulentos, horas extraordinarias no pagadas, salarios de miseria… si eso se descubriese y corrigiese, se ingresaría muchísimo más por cotizaciones sociales.

Eliminar el tope máximo de cotización. Hay ejecutivos de la banca y futbolistas, por ejemplo, que cobran cifras astronómicas y no están cotizando en proporción porque hay un tope legal. Si se quitase, se cotizaría mucho más (hay estimaciones que señalan un incremento de 8.000 millones en la recaudación).

Eliminar las bonificaciones en cotizaciones sociales a los empleadores, que no han servido para crear más empleo (lo reconocen los propios empleadores) y que sólo han mermado los ingresos de la Seguridad Social. Estamos hablando de unos 4.000 millones.

Aumentar prestaciones por desempleo, volver a permitir que los parados de más de 52 años coticen, y hacer que los estudiantes en prácticas y los becarios coticen.

Elevar más el salario mínimo, porque aumenta las cotizaciones.
Crear empleo de calidad. Y como el sector privado no es capaz de hacerlo, que lo haga el sector público.

Con ello no sólo lograríamos reducir el déficit de la Seguridad Social sin recortar las pensiones, sino también -y especialmente- hacer más justo nuestro mercado laboral y nuestra sociedad. Pero insisto: que no nos ciegue la existencia de un déficit y nos hagan pensar que hay que eliminarlo a toda costa. Quizás si integramos de nuevo las pensiones en el resto del marco de financiación pública lo veríamos mejor: se puede mantener déficit en las pensiones igual que se mantiene en la sanidad y en otras prestaciones públicas, de forma habitual y natural, tal y como hacen el resto de países e incluso muchas familias y empresas. Lo importante y lo único que nos debería preocupar no es que haya déficit, sino que sirva para mejorar el bienestar de la mayoría de la población.

sábado, 6 de enero de 2018

RAJOY DEJA A CASTILLA LA MANCHA SIN 200 MILLONES

Castilla-La Mancha tendrá 200 millones menos tras congelar la financiación el Gobierno de Rajoy

El Ejecutivo que preside el socialista Emiliano García-Page critica la "deslealtad institucional" y el "chantaje" del Ministerio de Hacienda por condicionar los fondos que reciben las autonomías a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018. 


Castilla-La Mancha dispondrá de 200 millones menos en este 2018 a causa de la congelación de las entregas a cuenta procedentes del Estado que le corresponden por el sistema de financiación autonómica.  Así lo ha denunciado el Ejecutivo que preside el socialista Emiliano García-Page, para el que esta decisión adoptada por el Gobierno de Mariano Rajoy demuestra una "evidente deslealtad institucional". Una congelación que era comunicada este martes a las comunidades autónomas a través de una carta remitida por el Ministerio de Hacienda que dirige Cristobal Montoro. 

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, considera que es "un chantaje" para las comunidades autónomas el vincular las entregas a cuenta que les corresponden por el sistema de financiación autonómica a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. 

Y es que según las cuentas que ha hecho el consejero, debido a esta congelación de las entregas a cuenta, Castilla-La Mancha tendrá 200 millones menos de lo previsto, y con los que ya se había contado a la hora de elaborar su presupuesto regional para 2018, ya aprobado. 

En este sentido, cabe recordar que, según los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, las entregas a cuenta de 2018 y la previsión de liquidación del ejercicio 2016 para Castilla-La Mancha ascendían a 4.974,6 millones de euros, lo que suponía el 85 por ciento de los ingresos propios no financieros del Gobierno autonómico. 

Por ello, Ruiz Molina considera que un posible incumplimiento del déficit por parte de las comunidades autónomas en este 2018 sería "responsabilidad del Gobierno de España", ya que una vez que los ejecutivos autonómicos tienen los presupuestos aprobados les comunica que no entregará los importes que había trasladado hace meses. 

Y es que los presupuestos de las comunidades autónomas, que se elaboran en base a esas entregas a cuenta por parte del Estado, no se pueden supeditar a la aprobación de los Presupuestos Generales, para los cuales ‑cabe recordar‑ el Ejecutivo del Partido Popular aún no cuenta con el respaldo necesario. 

Pero es que además de esta evidente "deslealtad institucional" con esta decisión el Gobierno central también ataca la autonomía financiera de las comunidades autónomas, "que no pueden estar supeditadas a que el Ejecutivo de Rajoy consiga mayoría o no para aprobar sus propios presupuestos".

miércoles, 3 de enero de 2018

Cospedal duplicó la deuda de Castilla‑La Mancha

El Tribunal de Cuentas saca los colores a Cospedal por duplicar la deuda de Castilla‑La Mancha
El informe del órgano fiscalizador revela que el Gobierno de María Dolores de Cospedal incumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria y multiplicó por dos el endeudamiento de la región a pesar de sus duras políticas de austeridad.

Castilla-La Mancha duplicó su deuda entre los años 2011 y 2015, bajo el Gobierno de María Dolores de Cospedal. Cuentas públicas que pasaron de tener 6.965 millones de deuda viva en el ejercicio 2011, a los 13.426 millones con los que se cerraba 2015. Datos que ahora se recogen en el informe sobre fiscalización de las cuentas de Castilla-La Mancha en el año 2015 aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas el pasado 30 de noviembre, al que ha tenido acceso PeriódicoCLM. 

Cifras que chocan con la versión que durante las últimas semanas viene ofreciendo el Partido Popular para criticar la gestión económica del Ejecutivo de Emiliano García-Page y sus socios de Podemos. Una gestión que el secretario general de los 'populares' en la región, Vicente Tirado, calificaba de "nefasta", asegurando que el Gobierno bipartito ha situado a Castilla‑La Mancha como una de las regiones con mayor presión fiscal. A ello añadía que "Page incumplió el déficit el año pasado, ya que éste ascendió al 0,82%" y situó a "Castilla-La Mancha en su mayor cifra histórica de deuda con 14.313 millones de euros". 

Acusaciones en las que los conservadores  'olvidan' mencionar que, bajo su gobierno, Castilla‑La Mancha multiplicó por dos su endeudamiento, en tan solo cuatro años. 


Y es que, según los datos contrastados por este diario, el ejercicio 2011 ‑que supuso la llegada del PP al Gobierno con Cospedal al frente‑ se cerraba con una deuda viva total de 6.965 millones, lo que representaba una variación del 3,06 por ciento respecto al año anterior. Un ligero aumento que situaba la deuda castellano-manchega per cápita en 3.255 euros por habitante. 

Cantidad que a medida que avanzaba la legislatura se fue incrementando hasta llegar a una deuda viva total por habitante de 6.522 euros al cierre de 2015, ya consumado el relevo al frente del Ejecutivo por parte del socialista García-Page. 

Una evolución al alza del endeudamiento regional que en el ejercicio 2012 experimentaba un crecimiento del 46,30 por ciento respecto al ejercicio anterior, situándose en 10.190 millones de euros. Un incremento que se produjo debido a la puesta en marcha de diversos mecanismos de financiación, como fueron el de pago a proveedores, con 2.975 millones; la línea ICO a las Comunidades Autónomas de 2012, con 469 millones y el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) al que correspondieron 1.037 millones. 

Pero la tendencia al alza tampoco cambió al año siguiente, y aunque la variación respecto a 2012 fue menor, con un aumento de 11,3 puntos, la deuda viva total de Castilla-La Mancha llegó a alcanzar los 11.343 millones de euros. En este ejercicio 860 millones correspondieron al FLA mientras que 1.047 millones al mecanismo de pago a proveedores. 

En el ejercicio siguiente, el último completo de Cospedal en el Gobierno, la deuda viva regional también continuó creciendo, a pesar de las medidas de 'austeridad' implementadas en los años anteriores. Así el endeudamiento alcanzó los 12.858 millones, lo que se traducía en una deuda viva por habitante de 6.186 euros. 

Por su parte 2015 fue el año del cambio de Gobierno. Mediado el año, nada más comenzar el mes de julio, Emiliano García-Page tomaba posesión y el PSOE volvía a hacerse con las riendas de la Junta de Comunidades. Un ejercicio en el que con unos presupuestos 'compartidos', los había aprobado el Ejecutivo de Cospedal y los terminó de ejecutar Page, la evolución de la deuda viva siguió creciendo, pero en menor medida, un 4,42 por ciento respecto a 2014. 

INCUMPLIÓ LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
Un informe que también recoge cómo en 2015 Castilla-La Mancha no cumplió con el objetivo de estabilidad presupuestaria, previsto en el 0,7 por ciento, y que sin embargo llegó a alcanzar el 1,59 por ciento del PIB, al situarse el déficit en 597 millones. 

Un incumplimiento que se debió a operaciones y medidas excepcionales que supusieron gastos no previstos y extraordinarios, en su mayor parte derivados de sentencias judiciales, por importe de 197 millones. 


Entre esos imprevistos estuvo el abono por parte de la empresa pública Gicaman de los gastos derivados de distintas sentencias judiciales y de varios acuerdos extrajudiciales como consecuencia de las paralizaciones de obras, rescisiones de contratos y pago de intereses de demora referentes a operaciones realizadas en los ejercicios 2011 a 2014, lo que supuso un gasto de 30 millones.  

También se registraron gastos de 33,5 millones tramitados por la Consejería de Fomento para hacer frente a las diferentes sentencias judiciales, motivadas también por las paralizaciones de obras, rescisiones de contratos y pago de intereses de demora, además de expropiaciones, referentes a operaciones realizadas en los ejercicios 2011 a 2014; así como los 34,6 millones que costó la readmisión de los interinos cesados de forma irregular por el Gobierno de Cospedal en 2012,tras la sentencia de 22 de octubre de 2015 del Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Toledo. 

Otros 39,6 millones no previstos son atribuibles a la implantación del plan de atención a los pacientes de la hepatitis C durante el ejercicio 2015, atendiendo a la normativa del Gobierno de Rajoy, que era de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas; y los 58,8 millones derivados de la devolución del 50 por ciento de la paga extra de los funcionarios suprimida en 2012 por el Ejecutivo del PP. 

Pero tampoco se cumplió con la regla de gasto, al ser la tasa de variación de un 7,7 por ciento respecto del gasto realizado en el ejercicio 2014, superando así el 1,3 por ciento de variación fijado como objetivo para 2015. Un exceso que desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal achacó el exceso producido debido a diversas sentencias judiciales. 

De este modo, el Tribunal de Cuentas recoge cómo según el cómputo del Banco de España, la deuda de la Comunidad Autónoma ascendía, al cierre de 2015, a 13.426 millones, lo que representaba el 35,8 por ciento del PIB regional. Esto supuso el cumplimiento del objetivo de deuda, teniendo en cuenta aquella no computable a la hora de verificar dicho objetivo, por las excepciones permitidas en acuerdo del Consejo de Ministros y que elevaban dicha magnitud al 36,2 por ciento. 

Destaca también en su informe cómo en 2015 no se consignó dotación para el Fondo de Reserva para Deuda, cuya finalidad es disminuir el endeudamiento neto de la comunidad. Junto a ello, el Fondo de Contingencia, destinado a necesidades que pudieran surgir en el ejercicio corriente y fueran inaplazables, de carácter discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado, fue dotado con 2 millones de euros. Fondos con cargo a los cuales no se financiaron necesidades, debido al "carácter testimonial" de ambos hasta el momento, subraya en su informe el Tribunal de Cuentas. 

LAS ALEGACIONES DE COSPEDAL

Un informe a cuyo anteproyecto presentaba alegaciones, como ya hiciera respecto a la fiscalización del ejercicio 2014, la expresidenta regional, María Dolores de Cospedal.  Alegaciones en las que comienza subrayando cómo su Gobierno "se impuso como norma de funcionamiento la máxima exigencia en el control económico‑financiero de los recursos públicos", con el objetivo de "cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera", garantizando al mismo tiempo ‑según Cospedal‑ la prestación de los servicios públicos. Asimismo, asegura que "fue nota dominante" el "rigor absoluto" en el control de la legalidad del gasto y de la aplicación de los recursos públicos. 

Fruto de la exigencia, señala la expresidenta castellano‑manchega, se establecieron medidas de "disciplina presupuestaria y reestructuración financiera", sin olvidar ‑dice‑ "las políticas de fomento y ayuda a los sectores más desfavorecidos". 

Respecto al déficit, que en el ejercicio 2015 se situó en el 1,59% del PIB regional (605 millones), Cospedal lo atribuye, "en gran medida", a la caída de los ingresos del Sistema de Financiación Autonómica, y asegura que, si las entregas a cuenta del año 2015 se hubieran reflejado de manera más exacta la evolución económica, "la cifra del déficit del ejercicio se hubiera acercado al objetivo previsto". 

En sus alegaciones Cospedal defiende el "enorme esfuerzo de consolidación financiera" realizado a lo largo de la legislatura, "y especialmente en el ejercicio 2012", para conducir la cifra de déficit a "unos niveles parejos con la media" de las comunidades autónomas. Y junto a ello las medidas encaminadas a la reducción de la morosidad. 

Medidas todas ellas que, en su opinión, permitieron "la rápida recuperación económica y el saneamiento financiero de las instituciones regionales", llevándolo a cabo "minimizando los sacrificios exigidos al personal de la Administración regional y a los ciudadanos de la región". 

Como muestra de ello la expresidenta regional no duda en señalar el aumento de personal, de 76.361 en 2014 a 78.021 en 2015 -1.660 personas- y el aumento de la cuantía de los gastos del personal del 4,5 por ciento. Dato junto al que María Dolores de Cospedal olvida señalar los miles de despidos de empleados públicos ejecutados en los ejercicios anteriores, escudándose en los principios de austeridad que requería el momento. Como también 'olvida' los recortes llevados a cabo en materia sanitaria, y destaca en sus alegaciones que las obligaciones reconocidas en el presupuesto del Sescam crecieron un 8,5 por ciento respecto al ejercicio anterior, siendo el crédito definitivo de dicha sección suficiente "para atender la suma de las obligaciones reconocidas y las pendientes de imputar", gracias a la transferencia de crédito aprobada por su Gobierno para incrementar los créditos iniciales del Sescam con el sobrante de crédito de los menores intereses del endeudamiento. 

Aprovecha Cospedal sus alegaciones para intentar atacar al actual Ejecutivo autonómico, señalando que las listas de espera sanitaria presentaban a finales de 2014 una evolución favorable, la cual dice se frenó a finales de 2015 debido a la paralización por parte del Gobierno socialista de "los conciertos con entidades sanitarias privadas" que, reconoce, "era uno de los mecanismos que se utilizaba para la reducción de la lista de espera quirúrgica". 

Finaliza sus alegaciones subrayando el que, en su opinión, fue "un ejemplo de transparencia y lealtad institucional", la información "detallada" que su consejero de Hacienda, Arturo Romaní, presentó a su sucesor "ofreciendo datos y explicaciones sobre déficit, endeudamiento comercial y endeudamiento financiero, tesorería, ejecución presupuestaria". Asegura que el nuevo Gobierno "rechazó toda forma de traspaso de poderes en materia de Hacienda, incluso una mera reunión o al menos la entrega en mano de la documentación elaborada".

Cabe recordar, en este sentido, cómo el consejero saliente antes de acudir a la Consejería para entregar su cartera pasó por una notaría ‑con la correspondiente convocatoria a los medios de comunicación a las puertas de la misma‑ para depositar las cuentas de la gestión del Gobierno de Cospedal. Un "numerito" que recibió fuertes críticas desde el nuevo Ejecutivo, desde el que vieron en la petición de Romaní de realizar un traspaso de poderes, un intento de conseguir 'una foto'. 

El partido de la Ley Mordaza se dispone ahora a atemorizar a los usuarios para que no ejerzan su derecho a expresar sus opiniones libremente

Facua rechaza prohibir el anonimato en las redes e insta a la oposición a hacer su trabajo, movilizarse y oponerse a la medida del PP

“El partido de la Ley Mordaza se dispone ahora a atemorizar a los usuarios para que no ejerzan su derecho a expresar sus opiniones libremente”, advierte el portavoz de la asociación de consumidores.


Facua-Consumidores en Acción ha mostrado su “absoluta oposición a la pretensión del Gobierno de prohibir el anonimato en las redes sociales”, ya que la medida “representaría una mordaza para la libertad de expresión y la libertad ideológica”. Por ello, la asociación de consumidores ha instado a todos los partidos de la oposición para que rechacen la medida anunciada por el Partido Popular. “No hay demanda social ni necesidad jurídica para aprobar esta aberración. Y no nos creemos que el objetivo sea acabar con amenazas y difamaciones”, ha advertido en un comunicado el portavoz de Facua, Rubén Sánchez. “El partido de la Ley Mordaza, el partido que ha utilizado desde el Gobierno a una policía política y a seudoperiodistas para propagar bulos difamatorios contra sus rivales políticos, se dispone ahora a atemorizar a los usuarios para que no ejerzan su derecho a expresar sus opiniones libremente desde el anonimato en las redes sociales”, ha añadido en referencia al PP.

“La propuesta del PP representa un gravísimo ataque a Derechos Fundamentales”

Facua ha considerado que la propuesta del PP representa “un gravísimo ataque a Derechos Fundamentales como la libertad de expresión y la libertad ideológica, los cuales deben estar garantizados y protegidos independientemente del canal por el que se expresen, como la ONU ha declarado reiteradamente y de forma específica sobre el derecho al anonimato en internet”. “La existencia de personas que se amparan en el anonimato en internet para amenazar, insultar, calumniar y propagar el odio en las redes es un mal menor que hay que asumir en una sociedad democrática que promueve derechos fundamentales como la libertad de opinión y expresión y que puede ser combatido con otras vías legales sin necesidad de una reforma legislativa tan dura como la que pretende el PP”, ha señalado Sánchez.

Facua ha recordado que lleva años siendo objeto de cruentas campañas de difamación difundidas desde cuentas anónimas en Twitter y Facebook, algunas de las cuales fueron promovidas por Ausbanc y contaron con la difusión del propio Partido Popular. “Frente a los insultos y calumnias, nunca pedimos una norma que acabase con el anonimato en las redes”, ha recordado el portavoz de la asociación. “Investigamos y destapamos quiénes estaban detrás de algunas de esas cuentas, pero asumimos que la identidad de muchos de los difamadores nunca sería descubierta”, ha indicado Sánchez. “Es el precio que tenemos que pagar para garantizar una sociedad donde prevalezca la libertad de expresión”. En opinión de Facua, es el Poder Judicial el que debe asumir la investigación de amenazas, insultos y calumnias vertidos en las redes sociales desde cuentas anónimas. Para ello, es necesario que jueces y fiscales reciban formación en el funcionamiento de las tecnologías de la información y que se establezcan protocolos de colaboración con ellos que sean asumidos por las empresas propietarias de las redes sociales, pero nunca una legislación que obligue a los usuarios a facilitar su identidad cuando dan de alta una cuenta.

Culminada la conversión de cárcel a CIE: otra muerte sin esclarecer

Por DAVID BOLLERO
El ministro del Interior puede estar orgulloso: la conversión en CIE de la cárcel de Archidona “a estrenar”, como decía el charlatán de feria Zoido, se ha culminado con éxito. Hace unos días pudimos comprobar, gracias a unos vídeos filtrados, cómo en el interior de esas instalaciones las personas -que no han cometido ningún delito- están siendo víctimas de palizas por parte de la policía antidisturbios… vamos, como en cualquier otro CIE de España contra los que venimos protestando la gente de bien.


También como sucede en esos otros CIE, algo apesta en la cárcel de Archidona. La muerte de un argelino, Bouderbala Mohammed, el pasado viernes sigue sin aclararse. Entonces, la policía aseguró que se trataba de un suicidio, pero lo cierto es que el hermano del fallecido lleva cinco días en Málaga y ni ha podido acceder al informe de la autopsia de su hermano y mucho menos al cuerpo, para poder comprobar, por ejemplo, si lo que sufrió fue una paliza de muerte. A fin de cuentas, Mohammed era uno de los que aparecía apaleado en los vídeos difundidos. 

Zoido mira para otro lado, porque cualquier persona que se tomara en serio este asunto habría puesto todo su empeño en aclarar esta muerte y arrojar luz sobre las condiciones en las que viven las personas internadas en la cárcel de Archidona. No ha sido el caso y eso es otra cosa en común con el resto de los CIE de España, en donde la opacidad es la norma.

Las protestas se ha sucedido, denunciando que hubiera menores internados, la represión de un motín por la falta de comida, el uso de bridas en las muñecas, visitas de familiares a través de una mampara sin provacidad alguna… Hasta el Defensor del Pueblo ha tenido que tirar de las orejas a Zoido… pero le da igual. El ministro cuya agenda pública está vacía, el mismo que quiso imponer sanciones de 750 euros a quienes buscaran comida en los contenedores de Sevilla cuando era su alcalde, andará en otras cosas. No podemos olvidar que, prácticamente, este magistrado reconvertido en político criminalizó a las ONG que ayudan a l@s migrantes.

Por otro lado, se da la dualidad de que al tiempo que las instalaciones de Archidona, a la luz de las denuncias realizadas, cada vez se parece más a cualquier otro CIE, con las versiones policiales y de Interior también se parece a cualquier otra cárcel. No en vano, 156 personas presas mueren en nuestras cárceles cada año, de las que cerca del 15% se suicidan. 23 personas se quitaron la vida, una cifra muy lejana a los 15 que lo hicieron en 2011. 

La revisión que se hizo hace cuatro años del Programa de Prevención de Suicidios instaurado en las cárceles en 2005 no funciona. Las cifras así lo demuestran. Algo, cómo no, que tampoco parece importarle demasiado a Zoido, porque ¿saben qué es lo más curioso? Que las cifras de suicidios en las prisiones españolas se disparan mientras la población reclusa desciende cerca de un 20% en los últimos años.

lunes, 1 de enero de 2018

El legado de 13 mujeres que fallecieron en 2017

... y no conoces por culpa del patriarcado

El machismo afecta de muchas formas a las mujeres: la invisibilización es una de ellas. 'Público' recopila los hitos más importantes de varias mujeres cuya muerte y obra han pasado por alto para la mayoría


Por BEATRIZ ASUAR GALLEGO

Lo que no se nombra, no existe. Y a las mujeres la historia, la ciencia y las artes apenas las nombran. La invisibilización es una de las consecuencias del patriarcado. No es la única. Ya conocemos cómo la violencia machista asesina a las mujeres, impide llegar a los altos cargos en los puestos de trabajo o provoca la feminización de la pobreza.

El silencio se produce durante sus vidas, pero también después: artistas, científicas o periodistas importantes de todo el mundo han fallecido durante este año y no nos hemos enterado. No han abierto los sumarios de los telediarios, ni las portadas de los periódicos. Apenas hay referencia de ellas en internet. Por eso, en Público hacemos una recopilación de algunas de estas mujeres, para evitar que su trabajo caiga en el olvido.

La reportera estadounidense, Clare Hollingworth
El 10 de enero de 2017 falleció Clare Hollingworth, nacida el 10 de octubre de 1911, periodista y autora inglesa que dio la primicia del estallido de la Segunda Guerra Mundial, la que fue considerara como "la primicia del siglo". No llevaba ni una semana trabajando para The Daily Telegraph cuando fue enviada como corresponsal de guerra a Polonia. Mientras viajaba en coche a lo largo de la frontera germano-polaca vio cómo tropas alemanas, tanques y blindados tomaban la frontera con Polonia.

Desde entonces, se abrió paso como una de las grandes corresponsales de guerra: sus informes burlaban la censura y en Bucarest informó de la abdicación forzada del rey Carol II y los posteriores disturbios; fue reportera de guerra en Turquía, Grecia, El Cairo, Palestina, Irak y Persia, Adén y China. También cubrió la escena del bombardeo del Hotel Rey David en Jerusalén que causó la muerte de 91 personas en 1946. Y a principios de los 60, la guerra civil de Argelia. Más tarde, en 1967, estuvo en la guerra de Vietnam. Recibió el premio Mujer periodista del año en 1967 ​por sus reportajes de guerra. 

La BBC destacó que, aunque no fue la primera mujer corresponsal de guerra, "su profundidad de visión técnica, táctica y estratégica la distinguió". Y The New York Times la describió como "la indiscutible decana de los corresponsales de guerra".

La maestra republicana Alejandra Soler
Alejandra Soler (Valencia, 8 de julio de 1913 - 1 de marzo de 2017) fue una maestra y militante comunista de la II República española, pionera en el asociacionismo universitario. No dudó en defender la educación a lo largo de sus 103 años frente a Primo de Rivera, Franco y Wert.

Comenzó su militancia en la Federación Universitaria Escolar, movimiento de estudiantes que luchaba contra la dictadura de Primo de Rivera. En 1934 se afilió al Partido Comunista de España y un año después se licenció en Filosofía y Letras, convirtiéndose en una de las primeras mujeres graduadas en la universidad española.

En 1939, cuando el franquismo venció en la Guerra Civil Española, tuvo que huir y refugiarse en la URSS. No volvió a España hasta 1971. En este tiempo fue maestra en Moscú de niños españoles que la Unión Soviética había acogido. Durante la Segunda Guerra Mundial, vivió la batalla de Stalingrado en la que salvó a 14 niños que tenía a su cargo como alumnos, ayudándoles a cruzar el río Volga en unos pontones y ponerlos a salvo.

La poeta y rapera Gata Cattana
La cantante Ana Isabel García Llorente, más conocida como Gata Cattana, falleció el pasado 2 de marzo con tan sólo 26 años. Fue una gran artista, rapera, poeta y politóloga andaluza. Creó un estilo propio combinando diferentes estilos y mensajes cargados de denuncia social. 

En sus letras abarcó temas que fueron desde la cultura clásica hasta la poesía, filosofía, existencialismo, antiglobalización y feminismo. 

Gata conquistó el mundo del hip hop: en sus años de carrera pasó a ser conocida por muchos como la sucesora de Mala Rodríguez, y otros como la última esperanza del rap femenino. Tras su muerte hemos podido seguir escuchándola con el disco póstumo Banzai que volvió a demostrar que, como ella misma cantaba, era "mujer en toda regla, poetisa con mayúscula".

Simone Veil, primera presidenta del Parlamento Europeo
Simone Veil fue la primera mujer elegida presidenta del Parlamento Europeo y dejó tras ella una historia de lucha en el feminismo. Falleció el 30 de junio con 89 años. 

Como ministra de Sanidad de Francia consiguió legalizar el aborto en el país en 1974. Pasó así a ser conocida su trayectoria por la Ley Veil.

Veil también es conocida por ser una de las adolescentes judías que sobrevivieron al campo de exterminio nazi de Auschwitz. Había nacido en Niza en 1927 en una familia de judíos no practicantes y fue detenida por la Gestapo en 1944 con buena parte de sus familiares, algunos de los cuales (sus padres y un hermano) no sobrevivieron al horror nazi.

La matemática Evseena Ratner
Marina Evseevna Rarnet, fallecida el 7 de julio en Estados Unidos, fue una matemática rusa cuyos trabajos en la teoría ergódica consiguieron varios teoremas que llevan su nombre. 

Nació en la entonces Unión Soviética en una familia de científicos judíos y desde pequeña mostró su predilección por las matemáticas, licenciandose en 1961 en la Universidad Estatal de Moscú.

Se doctoró en 1969 con una tesis sobre teoría ergódica e investigó sobre sistemas dinámicos geométricos que dieron lugar a los teoremas de Ratner. Fue miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias, galardonada con el Premio Ostrowski y elegida para la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos.

La matemática Maryam Mirzakhani
Otra matemática que ha pasado a la historia. La iraní Maryam Mirzakhani falleció el 15 de julio con sólo 40 años. 

Fue la primera mujer galardonada con la Medalla Fields, un premio que es considerado por la comunidad científica como el Nobel de las matemáticas. Sus estudios se centraron en investigaciones sobre geometría y sistemas dinámicos.

Mirzakhani era catedrática de Matemáticas y destacó desde muy joven en el área de las ciencias, consiguiendo varios premios como la Olimpiada Internacional de Matemáticas de 1994 y 1995, lo que le sirvió para licenciarse en Ciencias en la Sharif University of Technology de Irán y doctorarse en Harvard en 2004. Tras hacer su tesis, trabajó como investigadora en el Instituto Clay de Matemáticas y en la Universidad de Princeton.

La periodista Malén Aznárez
Malén Aznárez Torralvo murió el pasado 30 de julio siendo una de las pioneras de la profesión periodística durante la Transición española, presidenta de Reporteros sin Fronteras y redactora jefa de Sociedad y Defensora del Lector en el periódico El País. 

También fue reportera y entrevistadora para El País Semanal, especialmente centrada en temas de ciencia e investigación. Desde 2008 fue profesora en la Escuela de Periodismo de El País

Tras pasar como reportera por varios medios como el diario Arriba de Madrid, Posible y Cuadernos para el Diálogo, en 1984 se incorporó como adjunta a la dirección de Radio Nacional de España. Entre 1985 y 1986, fue directora de los Servicios Informativos de RNE, cargo en el que también fue la primera mujer​. Desde 1987 y hasta su cierre, fue jefa de Información Nacional de la revista Globo.

La atleta australiana Betty Cuthbert
Elisabeth Betty Cuthbert falleció el pasado 6 de agosto. Fue la primera persona que consiguió ganar el oro olímpico en las tres pruebas de velocidad: 100, 200 y 400 metros. 

Ambas medallas las ganó de una vez convirtiéndose en la gran heroína de los Juegos Olímpicos de Melbourne de 1956. Un hito por el que fue apodada como The Golden Girl (La chica de oro).

Logró varios récords mundiales, entre ellos, el de 200 metros lisos con 23,2 segundo en Sidney en 1956 y el de 400 metros con un tiempo de 52 segundos en los Juegos de Tokio de 1964. En total, a lo largo de su carrera deportiva batió o igualó 18 récords del mundo en diferentes distancias.

La primera mujer en un Parlamento de África
Fátima Ahmed Ibrahim fue una feminista, política y activista de Sudán fallecida el pasado 12 de agosto. Desde muy joven, cuando aún acudía a la escuela secundaria, comenzó a luchar por los derechos de las mujeres. Creó el periódico Elra’edda (Chicas Pioneras) y lideró la primera huelga de mujeres en Sudán porque se eliminaron las lecciones de ciencia en los centros femeninos, siendo reemplazadas por clases de "ciencia familiar".

Con tan sólo 14 años, creó en 1947 la Asociación de Mujeres Intelectuales. Y en 1952 fue cofundadora de la Unión Sudanesa de Mujeres de la que fue presidenta a los dos años de su formación. Entre sus objetivos estaba conseguir el derecho de sufragio para las mujeres y el derecho de estas a estar presentes en los espacios políticos, legislativos y empresariales, así como laborales.

A los 19 años se unió al Partido Comunista Sudanés, única formación política que admitía a las mujeres en sus filas y que estaba a la vanguardia del activismo en el país. En 1965 fue elegida diputada del parlamento convirtiéndose en la primera mujer en ser elegida como miembro del parlamento, no sólo en Sudán, sino en todo Oriente Medio y África.

La feminista Kate Millet
Una de las grandes teóricas del feminismo, Kate Millet, falleció el 6 de septiembre en París dejando un gran legado en la teoría del feminismo. 

Fue una de las mujeres que marcaron que "lo personal es político" y fue una gran referente de la liberación de las mujeres por su activismo y su teoría reflejada en Política sexual.

A punto de cumplir los 83 años, Millet había sido escritora, cineasta, escultora y filósofa. En este tiempo no dudó en teorizar y escribir sobre planteamientos hasta entonces nunca realizados, ni en coger una pancarta y pedir en plena calle el derecho sobre su propio cuerpo y el aborto; en declararse abolicionista, señalar el sexismo de las artes o en proclamarse bisexual a pesar de la represión y rechazo que esto le supuso.

La primera ministra de un gobierno turco
Türkân Akyol murió el 7 de septiembre. Fue una famosa política, médica y académica turca. 

De hecho, fue la primera mujer ministra de un gobierno turco, y la primera rectora universitaria en la historia de Turquía.

Akyol estudió Medicina en la Universidad de Ankara, graduándose en 1953. En el año 1965 comenzó a dar clases en esa misma universidad. Quince años después, fue elegida rectora del centro.

En 1971 fue nombrada ministra de Salud y Seguridad Social en el gabinete de Nihat Erim, lo que la convirtió en la primera mujer nombrada ministra en Turquía. En política también cofundó en 1983 el Partido Socialdemócrata (SODEP) del que vicepresidenta.

La antropóloga feminista, Francoise Heritier
El 15 de noviembre falleció la antropóloga francesa Françoise Héritier que dedicó su trabajo a fundamentar que la violencia de género no responde a ninguna lógica cultural, sino a un exceso de cultura patriarcal. 

Héritier sucedió al padre del estructuralismo, Claude Lévi-Strauss en el Colegio de Francia, donde estableció desde entonces su propia cátedra: la teoría de la alianza y las razones de la prohibición del incesto.

Explicó ambas teoría a través de lo que fundamentó como la clave de la subordinación femenina: la capacidad reproductiva de las mujeres. La antropóloga argumentaba que la desigualdad se basa en una concepción errónea de la debilidad femenina que viene del embarazo, la lactancia y la crianza. Para superarlo, Héritier reclamaba la necesidad de que las mujeres llegasen a los "ámbitos públicos" y superasen las "tres grandes privaciones para el género femenino": la privación a decidir sobre sus propios cuerpos, sobre el acceso a la educación y el saber y a la autoridad, ya sea en instituciones políticas, económicas o religiosas.

La química que puso fin al bocio en España
Gabriella Morreale de Castro (Milán, 1930 - Madrid, 4 de diciembre de 2017) fue una química italoespañola precursora de la endocrinología moderna en España. 

La científica acumuló más de 200 trabajos publicados, pero en su trayectoria destaca la investigación sobre la tiroides, con la que logró la forma de erradicar el bocio por déficit de yodo en España, al incorporarse comercialmente la sal yodada.

Gracias a su trabajo por conocer el problema de la deficiencia de yodo, sus consecuencias psicosociales en los fetos y su corrección a través de la sal yodada en la década de los 80, su trabajo, según los científicos Juan Bernal y María Jesús Obregón del Instituto de Investigaciones Biomédicas de Madrid, "ha tenido un gran impacto en acciones de salud pública que han evitado miles de casos de retraso mental". De hecho, pocos años después de desarrollar su investigación, Unicef adoptó la prueba y comenzó a aplicarla en todo el mundo, y desde 1990 la OMS recoge en su tabla de derechos el consumo de yodo durante el embarazo y la primera infancia.

Ha recibido diversos premios científicos a lo largo de su vida, destacando en 1977 el Premio Nacional de Investigación en Medicina y en 1985 el Premio de Investigación de la European Thyroid Association.

Para todas ellas nuestro reconocimiento y gratitud