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jueves, 11 de enero de 2018

No hay ninguna necesidad de crear un impuesto para asegurar las pensiones

Por Eduardo Garzón
Economista del Consejo de Científico de ATTAC


El pasado lunes 8 de enero el PSOE volvió a la carga con su ya conocida propuesta de creación de un impuesto para poder financiar las pensiones como respuesta al déficit que tiene la Seguridad Social y alegando que países como Francia aplican medidas similares. Muchos han caracterizado esta propuesta de izquierdas, ya que pone el acento en el aumento de ingresos en vez de hacerlo en la disminución de los gastos como marca la receta de la derecha (por cierto, aplicada también en las pensiones por el PSOE durante el gobierno de Zapatero). Sin embargo, esta interpretación es presa precisamente de los postulados económicos que utiliza la derecha, ya que comparte con ella la obsesión de acabar con el déficit público –en este caso de la Seguridad Social–, como si fuese una enfermedad que hay que extirpar lo antes posible. En realidad, una interpretación verdaderamente de izquierdas debe basarse en una rigurosa y adecuada comprensión de la naturaleza y funcionamiento de los saldos fiscales, dejando de lado los mitos económicos de la derecha que demonizan el déficit público y entendiendo que éste no es más que una herramienta económica que se debe utilizar en beneficio de la mayoría social.

El sistema público de la Seguridad Social ingresa actualmente menos de lo que gasta. Bien, ¿y qué? Si aislásemos los ingresos y gastos de la sanidad pública –al igual que hacemos hoy arbitrariamente con las pensiones públicas-, a ésta le ocurriría exactamente lo mismo: estaría en déficit (los pacientes no pagan directamente todo el coste del servicio), y no veo a nadie por ahí diciendo que hay que crear un impuesto finalista para financiar la sanidad. Pasa igual con la educación pública y con otros servicios públicos: aisladamente del resto de las finanzas públicas se encontrarían en déficit, lo que ocurre es que logramos la financiación a través de vías que no tienen nada que ver con su respectivo ámbito, de forma que financiamos servicios públicos como la sanidad con el dinero que, por ejemplo, paga alguien por IVA cuando compra un coche de lujo. Ponemos toda la riqueza y renta de nuestra economía al servicio de la financiación de todo lo público.

¿De todo? No. De las pensiones no. Así se decidió en 1996 con el Pacto de Toledo, alegando que separar la financiación de las pensiones del resto de la finanzas públicas impediría a los gobernantes de turno recortarlas a través de los presupuestos generales del Estado. Pero esto hoy solo se puede ver como una broma de mal gusto, ya que tanto el gobierno de Zapatero como el de Rajoy han recortado sustancialmente las pensiones públicas con las reformas de los últimos años (aumentando la edad de jubilación, congelando su revalorización o desvinculándola del crecimiento de los precios, ajustándola a la esperanza de vida, etc). Si el aislamiento de la financiación de las pensiones no ha impedido que los gobiernos les peguen un tijeretazo, ¿para qué sirve entonces?

Ya lo digo yo: para nada que no sea reforzar una falsa imagen de insostenibilidad. Una vez las pensiones están aisladas, es fácil señalarlas si tienen déficit y gritar a los cuatro vientos que hay un problema que solucionar (momento hábilmente aprovechado por la banca para proponer planes privados de pensiones). Vuelvo a lo de antes ¿qué pasaría si aislásemos la sanidad pública del resto de finanzas públicas? Veríamos un déficit enorme y la élite de turno saldría en banda a clamar su privatización. Pero no lo hace de forma tan agresiva porque el déficit de la sanidad pública se diluye en el conjunto de las finanzas públicas y el hipotético problema no se explicita tan claramente.

Y remarco hipotético porque lo más importante de todo esto es entender que el déficit público no tiene por qué estar señalando un problema que haya que resolver. Registrar déficit público es habitual y a menudo necesario. De todos los países del planeta solo 26 evitaron el déficit público el último año, y lo lograron fundamentalmente porque son paraísos fiscales o potencias exportadoras y buena parte del dinero que reciben del exterior acaba en las arcas públicas. Y así ha sido por regla general durante toda la historia, y nunca ha sido óbice para pedir que se recorten los gastos públicos salvo en los últimos tiempos. El discurso neoliberal de la derecha nos ha hecho creer que los déficit públicos son malos y que hay que evitarlos, pero esto es sólo una excusa para presionar a los gobiernos para que recorten sus Estados del bienestar.

Las empresas recurren constantemente al déficit para llevar a cabo sus actividades (endeudándose para adquirir inmuebles y maquinaria), al igual que lo hacen muchas familias (endeudándose para comprar viviendas y electrodomésticos). ¿Por qué no lo debería hacer un Estado para financiar adecuadamente los servicios públicos y para fomentar la actividad económica? Ojo: no se trata de registrar déficit públicos o de endeudarse sin ton ni son, sino de entender que el recurso al déficit es habitual y de hecho necesario, y que no tiene nada de malo siempre que se realice con mesura y en favor de la mayoría social.

Por eso no hay ninguna necesidad de acabar con el déficit de la Seguridad Social; éste puede permitirse igual que se permite el déficit en el resto de las administraciones públicas. Otra cosa es que pueda ser conveniente reducir el volumen del déficit. Pero una cosa es reducirlo y otra eliminarlo por completo. Y para reducirlo no hay ninguna necesidad de crear nuevos impuestos. Basta con aplicar las siguientes medidas:

Perseguir el fraude laboral: contratos no registrados, falsos autónomos, contratos temporales fraudulentos, horas extraordinarias no pagadas, salarios de miseria… si eso se descubriese y corrigiese, se ingresaría muchísimo más por cotizaciones sociales.

Eliminar el tope máximo de cotización. Hay ejecutivos de la banca y futbolistas, por ejemplo, que cobran cifras astronómicas y no están cotizando en proporción porque hay un tope legal. Si se quitase, se cotizaría mucho más (hay estimaciones que señalan un incremento de 8.000 millones en la recaudación).

Eliminar las bonificaciones en cotizaciones sociales a los empleadores, que no han servido para crear más empleo (lo reconocen los propios empleadores) y que sólo han mermado los ingresos de la Seguridad Social. Estamos hablando de unos 4.000 millones.

Aumentar prestaciones por desempleo, volver a permitir que los parados de más de 52 años coticen, y hacer que los estudiantes en prácticas y los becarios coticen.

Elevar más el salario mínimo, porque aumenta las cotizaciones.
Crear empleo de calidad. Y como el sector privado no es capaz de hacerlo, que lo haga el sector público.

Con ello no sólo lograríamos reducir el déficit de la Seguridad Social sin recortar las pensiones, sino también -y especialmente- hacer más justo nuestro mercado laboral y nuestra sociedad. Pero insisto: que no nos ciegue la existencia de un déficit y nos hagan pensar que hay que eliminarlo a toda costa. Quizás si integramos de nuevo las pensiones en el resto del marco de financiación pública lo veríamos mejor: se puede mantener déficit en las pensiones igual que se mantiene en la sanidad y en otras prestaciones públicas, de forma habitual y natural, tal y como hacen el resto de países e incluso muchas familias y empresas. Lo importante y lo único que nos debería preocupar no es que haya déficit, sino que sirva para mejorar el bienestar de la mayoría de la población.

miércoles, 20 de diciembre de 2017

Castilla-La Mancha recupera y amplía la prueba del talón recortada por Cospedal

Desde el próximo mes de marzo serán veinte las patologías que se detectarán con el cribado neonatal. Además de rescatar las que suprimió el PP por motivos económicos, en esta legislatura se ha duplicado el número de enfermedades a descartar.


viernes, 8 de diciembre de 2017

La quiebra premeditada de la Seguridad Social

Por Juan Carlos Escudier


Para prevenir que el Gobierno se hubiera quedado corto en la dosis de miedo que debía inocularnos, en las últimas semanas asistimos a un bombardeo nada inocente sobre la supuesta quiebra de la Seguridad Social y la urgente necesidad de recortar las pensiones para que sea sostenible. La ofensiva fue iniciada por Fedea, la fundación auspiciada por el Ibex 35, que viene colocando en los grandes medios de comunicación amplios reportajes sobre las bondades de las llamadas cuentas nocionales, un sistema implantado en países como Suecia, Polonia y Letonia que vincula la pensión a lo cotizado y lo distribuye en función de la esperanza de vida a la manera de un fondo privado. Su gran virtud es que abarataría la pensiones en una cuantía no inferior al 40%.

Por si el mensaje no había calado o por si la crisis catalana nos había distraído, hemos conocido esta semana un informe de la OCDE que describe el Apocalipsis y le pone fecha: 2050. En ese año, según las predicciones del organismo, seremos el segundo país más envejecido del mundo desarrollado tras Japón con 77,5 pensionistas por cada 100 habitantes. El corolario es evidente: si no se reforma el sistema, al que se califica como uno de los más generosos del mundo en términos relativos pese a que cinco millones de personas reciben importes inferiores al salario mínimo, el naufragio será inevitable.

La publicación del informe ha coincidido con el nuevo sablazo a la hucha de las pensiones, reducida ya a un cerdito de barro, aunque, para no pasar a la historia como el Gobierno que se pulió 67.000 millones del Fondo de Reserva de una sentada, Moncloa intenta demorar lo inevitable. Así, para pagar la extra de diciembre a los jubilados   usará sólo 3.500 millones del calcetín y sufragará el resto con un crédito de Hacienda. Todo ello después de haber propiciado un déficit estructural de 15.000 millones al año, pese a haber establecido en la última reforma un mecanismo que impide la revalorización y jibariza los importes de manera que los pensionistas financian parte del agujero a costa de perder poder adquisitivo. Entre tanto, se han modificado las condiciones de los planes privados por si a alguien le da por picar en el tocomocho.

Tal y como se ha explicado aquí en varias ocasiones, el desvalijamiento de la Seguridad Social ha sido premeditado, el resultado obvio de aminorar los ingresos y multiplicar los desembolsos. No ha sido un producto de la crisis ya que en los primeros años, durante su etapa más virulenta, el sistema escapó del déficit y no fue necesario recurrir a las reservas. Se ha hecho que el crimen parezca un accidente.

El déficit de 15.000 millones no es sino el resultado de la combinación de varios factores. El primero, el vaciamiento de la hucha, que en su mejor momento ofrecía réditos de hasta 3.000 millones al año. El segundo, el uso de la Seguridad Social como pagador de las regalías gubernamentales, hasta el punto que de su caja han salido las bonificaciones y tarifas planas con las que, supuestamente, se animaba a la contratación y que han supuesto hasta 4.000 millones al año. Paralelamente, se ha trasladado a la Seguridad Social quebrantos que han permitido a otros organismos públicos cuadrar sus cuentas. El ejemplo obvio es del Servicio Público de Empleo, que en tiempos cotizaba por los parados mayores de 52 años y ahora sólo lo hace por los mayores de 55 años y con bases inferiores. Finalmente, la devaluación salarial impulsada por la reforma laboral ha provocado que el incremento de afiliados al sistema no redunde en mayores ingresos. La apariencia es la de un minucioso plan que aboca a la tijera, a la ampliación de la edad de jubilación y a la promoción del ahorro privado en beneficio de la banca, la misma que promueve las cuentas nocionales antes descritas.

Para enjugar gran parte del déficit no son necesarias grandes reflexiones de los expertos que van pasando por la Comisión del Pacto de Toledo para que nos hagamos el cuerpo a lo peor. Bastaría con un puñado de medidas que corrigieran las actuales vías de agua, que han sido enumeradas por el exsecretario de Estado para la Seguridad Social, Octavio Granado. A saber: reembolsar desde el Estado a la Seguridad Social las reducciones de cotización y bonificaciones que ahora paga; devolver la cotización a los parados mayores de 52 años por el 125% del SMI; hacer cotizar a los centros de enseñanza y a las empresas por los estudiantes en prácticas y becarios; devolver la cotización a los cuidadores de dependientes; eliminar el fraude en la cotización por contratos inferiores a cinco días para que incorporen festivos y vacaciones no trabajados y el de las horas extras; aumentar las bases de cotización de los contratos temporales de duración muy reducida y los de a tiempo parcial; y recargar la cotización de los empleos con coeficientes reductores de la edad de jubilación.

No es lo mismo abordar una reforma de las pensiones con un sistema prácticamente en equilibrio que con otro desangrado. De dicha reforma debería formar parte un pacto que impulse los salarios, que fomente la natalidad –que se consigue con ayudas públicas reales y no con 100 euros por niño- y que valore la aportación de los inmigrantes, tanto tiempo demonizados. No debería ser un anatema que una parte de las pensiones se paguen con impuestos ni que las medidas que se propongan persigan prioritariamente aumentar los ingresos en vez de recortar los gastos. Hablar de quiebra cuando las pensiones públicas en España representan un 11% del PIB frente al 13% de la media de la UE es la coartada de un atraco.


sábado, 6 de mayo de 2017

PRIMERO DE MAYO: DÍA DEL TRABAJO

Un 1 de mayo de lucha por el empleo de calidad y los salarios dignos. ¡Contra el modelo neoliberal de salida de la crisis!

En la Fiesta Internacional del Trabajo, llamamiento de IU




Enfrentamos en este 1 de Mayo el intento del gran capital de consolidar un modelo de salida de la crisis gravemente dañino para los trabajadores y trabajadoras de todo tipo e inspirado en la ideología neoliberal.

Tratan de endosar definitivamente los costes de la crisis a quienes viven de su trabajo, de consolidar el retroceso de los derechos laborales y sindicales y de hacer retroceder la democracia. En definitiva, de crear las condiciones laborales, sociales y políticas para favorecer más aún la explotación. Ese es el sentido de las recomendaciones del Presidente del BCE, Mario Draghui, para endurecer aún más las reformas laborales.

En el último año, las reformas del PP y los recortes han hecho aumentar la pobreza, especialmente la femenina,  y la desigualdad social. Las reformas laborales del bipartidismo han disminuido los salarios y relegado los derechos laborales y la negociación colectiva. En lo que va de 2015, los salarios han sido reducidos en media un 7%, mientras las grandes empresas, especialmente las cotizadas en el IBEX 35, han aumentado fuertemente sus beneficios.

El Gobierno del PP no puede presentar ningún balance positivo de salida de la crisis al pueblo trabajador. Un poco más de trabajo a cambio de contratos precarios y salarios miserables. De nuevo ha aparecido en nuestra sociedad la figura del trabajador con contrato, pero pobre. Por eso legisla para recortar las libertades democráticas y evitar la protesta, como ocurre con la llamada “ley Mordaza”.

El 1 de Mayo es la Fiesta Internacional del Trabajo. La lucha solidaria de trabajadores y trabajadoras está en el centro de esta celebración. Hoy la violencia cae con mayor intensidad sobre los pueblos, y especialmente sobre sus gentes trabajadoras. La causa es, como siempre, la codicia explotadora del capitalismo; es decir, el intento de dominar las fuentes energéticas y la producción de  las materias primas.

Desde Izquierda Unida queremos expresar la solidaridad activa con los trabajadores y trabajadoras del mundo en lucha por sus derechos y nuestra exigencia de que España sea un factor de paz en la política internacional.

Un aspecto dramático de esta situación son las corrientes migratorias que están produciendo tantos muertos en Ceuta, Melilla, el Mediterráneo y otros lugares.  La respuesta de la UE es cínica y la de España, expresada por boca de su ministro del Interior, además inhumana.  Todas esas víctimas, no sólo los muertos, son también consecuencias de la explotación capitalista y de un sistema de relaciones internacionales al servicio de los grandes intereses económicos. Es justo recodarles en un día de lucha como este.

En Europa, el pueblo trabajador griego se enfrenta al cerco económico, político y mediático de las grandes empresas y los bancos europeos que son quienes controlan la política de la Comisión y el BCE. Del llamado “rescate” de Grecia, sólo el 9% ha ido a parar al pueblo griego; el resto, a los bancos europeos.  Por ello, también decimos “Todos somos Grecia”.

En España, la corrupción aparece con toda claridad como algo funcional con el sistema, un factor intrínsecamente asociado al modelo productivo que nos ha traído a esta situación. Un modelo productivo que es la causa de que, si antes de la crisis el paro en España estaba en torno al 9% y era algo inferior a la media europea, ahora mientras en la UE ha subido al 12%, en España se ha disparado hasta el 25%.

Modelo productivo perverso, estimulado por el PP y mantenido por el PSOE y causante fundamental del paro. Para Izquierda Unida, en este 1 de Mayo la lucha por el empleo sigue siendo el elemento determinante de la movilización y de las alternativas políticas.

Un empleo que ha de ser de calidad y con salarios dignos.  Para lograrlo es imprescindible desarrollar un nuevo modelo productivo, sostenible y democrático. Y ello, ligado a un nuevo proyecto de país que garantice pan, techo, y trabajo, pero también salud, educación y dignidad.

Para Izquierda Unida, esos son los objetivos principales de la movilización del 1 de Mayo y de las alternativas políticas que nos proponemos llevar a los Gobiernos de Ayuntamientos y CC.AA. en las próximas convocatorias electorales. Es el tiempo de la izquierda y para ello, IU es necesaria.

¡Llamamos a toda la ciudadanía, y especialmente a todos los trabajadores y trabajadoras a participar en las manifestaciones y otras movilizaciones convocadas por los sindicatos de clase!

¡Llamamos al pueblo trabajador a luchar y organizarse para impedir al neoliberalismo imponer su salida de la crisis!

¡VIVA EL 1 DE MAYO!

¡VIVAN LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS!

lunes, 2 de enero de 2017

LAS OBRAS DEL HOSPITAL DE GUADALAJARA: LENTAS Y CON DUDAS

La JCCM anuncia el reinicio de las obras del Hospital de Guadalajara, paralizadas de manera inexplicable durante las anteriores dos legislaturas.


Cuando finalicen esas obras, si el Page no vuelve a tropezar en las mismas piedras que Barreda y Cospedal, se contará con cirugía pediátrica y medicina nuclear, dos nuevas especialidades que "acabarán con las derivaciones a otros hospitales”. Hasta ahora, los pacientes de Medicina Nuclear estábamos condenados a ir a Ciudad Real.

El inicio de obras también destaca la inversión de cerca de un millón de euros realizada en 2016 en el hospital para renovar equipos de alta tecnología, entre ellos la resonancia magnética, que con una inversión de 499.000 euros, ha permitido aumentar el rendimiento un 30 por ciento, pasando de la realización de 848 resonancias al mes a 1098. Las citas para este servicio se están dando para Mayo y junio de 2017, por lo que ha sido necesario habilitar la asistencia a las mismas por la noche, a fin de evitar que la espera se siga alargando.



sábado, 24 de diciembre de 2016

Para que parezca que van a hacer algo: Hacienda vigilará la concesión de autopistas de peaje

La Oficina de Evaluación creada por Montoro tendrá que aprobar los proyectos de las concesionarias privadas antes de adjudicarles el contrato

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, junto a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, tras equivocarse en la votación de una iniciativa sobre el futuro de las autopistas de peaje

El Ministerio de Hacienda vigilará la viabilidad financiera de las concesiones de infraestructuras públicas como las autopistas de peaje para evitar que tengan que ser rescatadas por el Estado en caso de que las concesionarias privadas quiebren, como ha ocurrido con ocho vías de pago recientemente.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, anunció este miércoles que su departamento promoverá cambios en la legislación para "proteger al Estado" de esos rescates de forma que las futuras obras de infraestructuras que se adjudiquen a través de un contrato de concesión tendrán que tener previamente el visto bueno de la Oficina de Evaluación del Ministerio de Hacienda con el fin de garantizar que tengan "una viabilidad lo más ajustada posible".

"Las someteremos al análisis de esta la nueva oficina, que será la que analice la conveniencia o no de licitarlas", explicó De la Serna durante la sesión de control al Gobierno del Congreso.

Fomento también prevé cambios en la Ley de Contratos para que la Administración pueda actuar presentando "recursos de lesividad" en el caso de los costes de expropiación de terrenos para construir una infraestructura "se multipliquen sin causa razonable". Se trata de evitar que se disparen los costes de expropiación como ocurrió con las ocho autopistas quebradas que tuvieron que afrontar pagos de 2.200 millones de euros frente a los 400 previstos.

Además, De la Serna avanzó modificaciones también en el sistema concesional para cambiar el actual reparto de riesgos entre la compañía adjudicataria y el Estado, de forma que dichos riesgos sean mayores para la empresa privada. "Adoptaremos estas medidas para proteger al Estado ante este tipo de situaciones en el futuro", aseguró el ministro de Fomento.
Coste del rescate

En cuanto a la quiebra de ocho autopistas de peaje, De la Serna reiteró que trabaja para "minimizar" el impacto del rescate de estas vías "para el conjunto de la sociedad" y garantizar que sigan en servicio, pero no quiso cuantificar el coste que las empresas cifran en más de 5.000 millones de euros y el Gobierno quiere rebajar a menos de la mitad.

El ministro ya avanzó el lunes, también en el Congreso, que el coste de la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) ante las empresas concesionarias de estas autopistas, esto es, el importe que debe abonarles por la inversión que realizaron en su construcción, tardará aún en determinarse y, con toda probabilidad, será objeto de un proceso judicial.

En la actualidad, ya están en situación de liquidación tres vías. La R-3 y la R-5, que el Ministerio ya ha convenido asumir antes de julio de 2017, y la AP-36 Ocaña-La Roda. Y otras cinco están pendientes de resolución judicial.

El ministro defendió que el Gobierno del PP no ha dedicado "ni un sólo euro" a estas vías, y contrapuso las medidas adoptadas por los gobiernos populares con las aprobadas por el último Ejecutivo socialista que, según remarcó, concedió a las autopistas créditos participativos por 483 millones de euros y les habilitó cuentas de compensación por 80 millones, además de aprobarles aumentos del precio de peaje de hasta el 18% y ampliaciones del plazo de concesión, informa Europa Press.

En cuanto a las causas de la situación de quiebra de las autopistas, el ministro apuntó que en el momento en que se proyectaron y adjudicaron era "francamente difícil de prever" que el tráfico de las autopistas fuera a caer el porcentaje del 35% que descendió durante la crisis.

viernes, 23 de diciembre de 2016

El gasto en nuevo armamento daría para mantener el poder adquisitivo de las pensiones

Por VICENTE CLAVERO

María Dolores de Cospedal quiere consignar en el presupuesto ordinario de Defensa 1.800 millones de euros más, mientras que subir las pensiones tanto como el IPC costaría unos 1.300 millones.

El Gobierno se ha negado en redondo a que la próxima subida de las pensiones exceda el mínimo legal; es decir, el 0,25%. Incluso ha vetado una proposición no de ley aprobada por la mayoría del Congreso para preservar su poder adquisitivo en 2017. La excusa es que eso conllevaría un coste inasumible por el Estado. 

Sin embargo, el presupuesto ordinario de Defensa se verá incrementado el año próximo en más 1.800 millones de euros, que darían de sobra para igualar el aumento de las pensiones al IPC previsto.

Ese dinero, en cambio, se dedicará a sufragar la parte correspondiente de los Programas Especiales de Armamento (PEAS), puestos en marcha durante el primer mandato de José María Aznar y cuyo montante total ronda los 30.000 millones de euros hasta 2030. En la anterior legislatura, los pagos se atendieron a través de créditos extraordinarios, que el Gobierno de Mariano Rajoy lograba sacar adelante gracias a su mayoría absoluta, evitando así que fueran objeto de debate político y mediático con motivo de la tramitación anual de los presupuestos en el parlamento.

Los PEAS, que promovió al anterior titular de Defensa, Pedro Morenés, cuando era secretario de Estado del departamento, prevén la adquisición de aviones de combate y de transporte, helicópteros, carros blindados, fragatas y submarinos, entre otro material de guerra. Ni siquiera en los años más duros de recortes se suspendió su aplicación, que reporta pingües beneficios a la industria armamentística, con la que Morenés mantiene una estrecha relación, pues trabajó para ella antes de hacerse cargo del ministerio a finales de 2011.

A su sucesora, María Dolores de Cospedal, no se le conocen esos vínculos, pero sí parece decida también a que se cumplan los compromisos adquiridos en los PEAS, e incluso a que la consignación se haga desde un principio en los presupuestos, cosa que obligaría a reducir otras partidas si se quiere mantener el objetivo de déficit. Precisamente por ello, tiene mucho que decir al respecto el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que hasta ahora se ha mantenido inflexible contra cualquier iniciativa que pudiera generar un nuevo gasto, sobre todo si procedía de la oposición.

Una de las últimas que echó para atrás fue la proposición no de ley para preservar el poder adquisitivo de las pensiones suscrita a finales de noviembre por el PSOE, Podemos, ERC, PNV y el Grupo Mixto. Pedía una subida del 1,2% en 2017, que obligaría a la Seguridad Social a desembolsar 1.300 millones de euros más que en 2016. El Gobierno utilizó su derecho a rechazarla, so pretexto de que suponía un aumento neto del gasto. A las pretensiones de Cospedal de incrementar el presupuesto inicial de Defensa en una cantidad muy superior, no hay indicios de que vaya a poner reparos.


martes, 20 de diciembre de 2016

IU en Las Redes por una Nueva Política Educativa

Izquierda unida de Castilla-La Mancha asiste al Encuentro de ‘Las Redes por una Nueva Política Educativa’

El objetivo del encuentro ha sido para apoyar e impulsar el Documento de Bases para una nueva ley de educación

Izquierda Unida de Castilla-La Mancha ha participado en el Encuentro celebrado en Madrid junto con numerosos colectivos relacionados con la educación púbica y su defensa, que ha de servir para acometer el trabajo que va a suponer plantear una nueva ley en materia educativa que derogue y supere la actual Ley Orgánica de Calidad Educativa (LOMCE), impulsada y aprobada exclusivamente por el Partido Popular la anterior legislatura.

Según Izquierda Unida de Castilla-La Mancha, la LOMCE se ha olvidado del principal objetivo de la Educación: la formación integral de la persona para convertirla en un ser con capacidad crítica y de pensamiento, con capacidad de reflexión y debate, en definitiva, para formar a hombres y mujeres libres.

“Estamos convencido que esto es lo que da realmente miedo a los poderes económicos y otros sectores políticos del país, y es por eso por lo que se han quedado solos en su tramitación a aprobación. No quieren una sociedad formada ni librepensadora, quieren un modelo social sumiso y despolitizado que no tenga conciencia social”, ha manifestado Rodolfo Tello, Coordinador de Áreas de IU CLM.

En el Encuentro de ámbito nacional se han abordado diferentes aspectos entorno al anunciado inicio de negociaciones para alcanzar un pacto de Estado en materia educativa, “un pacto que nace viciado, ya que nace desde el cimiento de la LOMCE, y no desde unos cimientos de consenso social necesario”, ha comentado Olga Ávalos, responsable de Estrategias para el Conflicto de IU CLM.

En este sentido, y partiendo del trabajo que se inició con el denominado Pacto de Sevilla, este Encuentro ha acordado difundir el documento de bases porque el PP y C’s no están por la labor de derogar la LOMCE, y tendremos que seguir vigilantes para ver qué hacen el resto de grupos que sustentan el gobierno del PP. “Es muy importante que este documento se debata en la subcomisión de educación propuesta para, al menos que sea conocida por la sociedad”, ha continuado Olga Ávalos, y seguía: “Vamos a estar al lado comunidad educativa, tanto en el debate real de cambio de modelo, no restringido a las reválidas, como siendo centro del conflicto, en la calle y en las instituciones, vamos a estar en primera línea para conseguir que esta ley que no es la que esta comunidad ha querido se derogue y trabajemos con un nuevo marco normativo justo, laico, inclusivo, consensuado e integrador.

Por su parte, Juan Ramón Crespo, Coordinador de Izquierda Unida de Castilla-La Mancha, ha dicho: “Nuestro modelo de política educativa solo tiene un camino, el de la defensa de una política pública que garantice el derecho a la educación como un derecho universal que los poderes públicos están obligados a hacer efectivo para todos los ciudadanos y ciudadanas en términos de igualdad y, por tanto, de gratuidad y su instrumento: la Escuela Pública, entendida como la institución que integra el conjunto del sistema educativo y de todos sus niveles, cuya regulación y garantía corresponde a las administraciones públicas”.


NO + CORTES DE LUZ

¡BASTA YA DE ABUSOS CON LA FACTURA DE LA LUZ! ¡ACABEMOS CON LAS TARIFAS ABUSIVAS Y LOS CORTES DE LUZ A FAMILIAS SIN RECURSOS!

  • 1. Prohibición legal de todos los cortes de luz a familias con problemas económicos. Las eléctricas deberán dirigirse a la administración para comprobar la situación de las familias que no abonen sus recibos. Si sufren vulnerabilidad económica, no podrán cortarles el suministro y el coste será asumido por las compañías.

  •  2. Fin a los abusos tarifarios. Aprobación de una tarifa asequible, regulada por el Gobierno, a la que podrán acogerse todos los consumidores domésticos en su primera residencia.

  • 3. Creación de una auténtica tarifa social. Sustitución del actual bono social por una tarifa de reducida cuantía dirigida a las familias con bajos niveles de renta, sufragada por las eléctricas.

  • 4. Reconocimiento y devolución por parte de las grandes eléctricas de los 3.500 millones de euros que cobraron indebidamente en conceptos de Costes de Transición a la Competencia (CTCs).

  • 5. Auditoría al sistema eléctrico. Realización de un análisis de los costes del sistema desde que se puso en marcha la liberalización del sector, con el objetivo de determinar el precio real de las tarifas eléctricas.

  • 6. Aplicación del tipo de IVA superreducido a la electricidad, pasando del 21% actual al 4% por ser considerado un servicio esencial para la ciudadanía.

PUEDES LEER Y FIRMAR EL MANIFIESTO EN: www.nomascortesdeluz.org


Las organizaciones sociales, partidos políticos y ciudadanía de Guadalajara se suman a la campaña de #NoMásCortesDeLuz, y para ello convoca a toda la ciudadanía a participar en los actos del miércoles 21 de diciembre. En concreto, los siguientes:


  • 1. Rueda de prensa a las 12:00, con las organizaciones convocantes y ciudadanía que desee participar, donde se explicará el porqué y para que de la iniciativa, se realizara a las 12:00 en la c/ Amparo nº 39 (Antigua tienda de Domarco).
  • 2. De 12:00 a 14:00, recogida de firmas en adhesión al manifiesto #NoMásCortesDeLuz, en el mismo lugar de la celebración de rueda de prensa se ubicara mesa informativa para la recogida de firmas de todo aquel que desee apoyar la iniciativa.
  • 3. De 19:00 a 20:00, concentración en la Plaza de Sto Domingo donde se iluminara con velas toda la plaza y se leerá manifiesto de la iniciativa al final de la concentración.
Para más información contactar con:

Plataforma Nuevo Modelo Energético Guadalajara: Gustavo Rioja 634 553 375 – ggrioja@gmail.com
Ecologistas en Acción Guadalajara: Alberto Mayor 659 155 339

jueves, 15 de diciembre de 2016

MOVILIZACIÓNES: 15 Y 18 DE DICIEMBRE


En apenas unos años las condiciones de vida han empeorado hasta el punto de que sabemos que ya vivimos y viviremos peor que nuestros padres y madres. Nos tratan como mercancías en un mercado laboral cada vez más desregulado, con nuestras vidas cada vez más a la intemperie. Avanza la precariedad, se asientan las privatizaciones y los recortes de servicios públicos, se machacan impunemente derechos básicos. 

Hemos pasado de escandalizarnos por ser mileuristas a alegrarnos de lograr un trabajo de 700€ en jornadas laborales de hasta 40 horas. La alternativa es el paro: seguimos en tasas escandalosas del 20%, casi la mitad de larga duración (más de dos años). Los sueldos que se han expandido en esta crisis impiden una vida digna, pagar una vivienda y otros gastos básicos de subsistencia, por no hablar del ocio y la cultura. 

Según la Agencia Tributaria ya había 3,7 millones de personas en 2014 que subsistían con sueldos inferiores a 300€. Tememos que a día de hoy sean muchas más. El número de trabajadores pobres se sitúa ya en el 15%, y subiendo. Más de 1,5 millones de hogares carecen de cualquier tipo de ingreso, más de 4 millones de personas están desempleadas y la pobreza infantil, la más injusta y crucial para la persistencia de las desigualdades, asciende al 30%. 

Cifras terribles tras la que hay millones de vidas acosadas. Para la mayoría de nosotras un proyecto de vida emancipada y libre se hace difícil, sino imposible. 

Esta situación tiene culpables, nombres y apellidos que engrasan el molino destructor de la precariedad. Si queremos liberarnos, es imprescindible identificarlos y ahondar en las causas profundas de la injusticia. 

Mientras las grandes empresas y sus propietarios ingresan miles de millones de euros, nosotras no llegamos a fin de mes. Mientras el gobierno y sus cómplices recortan los servicios públicos, nosotras cuidamos a nuestros hijos e hijas, a nuestros mayores, en horarios imposibles. Mientras los partidos que representan los intereses de las elites econó- micas hacen leyes para los más ricos, nosotras debemos acortar las horas de calefacción o sufrir listas de espera interminables para ser atendidas en un hospital público. 

Pero esta situación tiene alternativa. No somos mercancías en manos de políticos y banqueros, se gritaba desde las plazas hace no tanto. Este país genera recursos económicos para atender las necesidades de todos y todas. Por eso debemos hacer de nuestra indignación una herramienta para cambiar la realidad del país. 

Pelear por nuestros derechos y conquistar nuestra felicidad. 

Os proponemos construir esos caminos juntas y juntos. 

Luchemos por una vida digna, suficiente y feliz. 

martes, 13 de diciembre de 2016

LUCHAR, CREAR... PODER POPULAR @agarzon

"Las grandes empresas de este país hacen negocios sabiendo que nunca van a perder" @agarzon

Socializar pérdidas y privatizar beneficios

El capitalismo realmente existente es de socializar pérdidas y privatizar beneficios. Una estafa:

El Estado se quedará definitivamente con las autopistas de peaje en quiebra

Fomento ve muy difícil un acuerdo con los bancos acreedores para rescatar las infraestructuras. La nacionalización puede costar más de 5.000 millones

El Estado tendrá que asumir las nueve autopistas de peaje que actualmente están en quiebra ante la dificultad de llegar a un acuerdo con los bancos acreedores para su rescate que pueda evitar la liquidación y el cierre al tráfico de las vías. Así lo ha reconocido el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, quien ha precisado que aunque están intentando negociar con los bancos “un acuerdo que facilite las cosas es muy difícil, porque muchas entidades han vendido su deuda".

"Las autopistas revertirán al Estado y el Estado decidirá cómo gestionarlas", indicó el ministro, quien garantizó que el principal objetivo es que las infraestructuras "sigan operativas y los ciudadanos puedan seguir utilizándolas", indicó De la Serna, en declaraciones a Los Desayunos de TVE.

No existe ninguna valoración oficial del importe que puede suponer la nacionalización de las autopistas en quiebra. La patronal de las grandes constructoras Seopán la cifró en 2015 en alrededor de 5.500 millones de euros, pero el importe final dependerá del momento en el que se aplique ese rescate. Además, Fomento defiende que el Estado puede recuperar e incluso ganar dinero con la recuperación de las autovías si el tráfico por las vías de peaje se recupera a lo largo del plazo de la concesión.

Los bancos que prestaron los fondos a las concesionarias que construyeron las autopistas acumulan una deuda de 3.400 millones de euros. Algunas de esas entidades, sobre todo las extranjeras, se han deshecho de sus pasivos vendiendo la deuda con un fuerte descuento (hasta del 70%) a los denominados fondos buitre, fondos de inversión fuertemente especulativos.

El actual ministro de Fomento anunció nada más desembarcar en el Ministerio que recuperaría el plan de rescate que intentó su antecesora en el cargo, Ana Pastor, y que preveía una quita sobre los créditos del 50% y el pago del resto en un plazo de 30 años mediante titulización, pero los acreedores no aceptaron el mismo.

Las concesionarias han provisionado ya sus pérdidas por los recursos propios invertidos en las vías, que financiaron en su mayor parte con los créditos de más de una veintena de bancos, que son los que actualmente tienen este pasivo en sus balances. 
Responsabilidad Patrimonial de la Administración 

La nacionalización de las autopistas es una consecuencia de la cláusula de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), por la que el Estado tiene que asumir una infraestructura en caso de quiebra, y abonar a las empresas concesionarias el importe de la inversión que aún no han recuperado.

Las nueve autopistas quebradas o en riesgo de liquidación son las radiales madrileñas 2, 3, 4 y 5 (consorcio Accesos de Madrid compuesto por Abertis, ACS, Sacyr y Bankia); la M-12 (Eje Aeropuerto de Barajas), la AP-41 (Madrid-Toledo), la AP-36, la circunvalación de Alicante (Ciralsa), y la Cartagena-Vera (Aucosta).

Fomento defiende que se puede recuperar todo el dinero si se recupera el tráfico, la misma mentira que con el rescate a la banca, especialmente a Bankia.

Los tribunales están instando la liquidación de las concesionarias como ya ha ocurrido en el caso de las radiales R-3 y la R-5, aunque el Ministerio ha logrado una prórroga hasta julio de 2017 para evitar su cierre al tráfico.

Nos preguntamos: "por qué los ciudadanos tienen que asumir la mala planificación de los Gobiernos del PP”. Fueron gobiernos del PP los que tomaron la decisión de dar estas concesiones de las autopistas de peaje, los que calcularon el tráfico que iban a tener, los que dieron las concesiones a determinadas empresas y los que no han hecho nada, sabiendo desde 2012 las cosas iban mal para impedir que seamos todos los ciudadanos los que suframos las consecuencias". El grupo parlamentario de IU-Unidos Podemos ha solicitado la comparecencia del ministro.


Por otra parte, el ministro de Fomento confirmó confirmó este lunes que ha dado instrucciones para que se estudie la fusión de Renfe y Adif, con el objetivo de que el sector ferroviario español gane competitividad y eficiencia de cara a la liberalización de 2020.

¿Será una nueva privatización fallida?

IU contra las restricciones a la oferta de empleo público


Las políticas de austeridad se han dirigido en los últimos años a restringir el gasto público para minimizar al máximo el papel de las instituciones públicas en la economía y a medidas tendentes de manera directa o indirecta a privatizar los servicios públicos. En esta estrategia neoliberal se enmarca las restricciones a la Oferta de Empleo Público que han sufrido las corporaciones locales y todas las administraciones en general.

Desde el año 2012, en el que aparecen en los Presupuestos Generales del Estado restricciones a la oferta de empleo público, los Ayuntamientos han visto cómo su plantilla de personal no sólo se estancaba o se veía mermada al no alcanzar los mínimos necesarios de la tasa de reposición permitida, sino que, en el mejor de los casos, avanzaba en precariedad, sustituyéndose el trabajo estable por contrataciones temporales o interinidades, que tarde o temprano supondrán un nuevo problema que en su día habrá que resolver.

En algunos casos los Ayuntamientos han tenido que recurrir a contratar servicios a empresas privadas por no poder cubrir adecuadamente las plantillas. Estas restricciones han impedido por otra parte el rescate de servicios públicos privatizados en muchos ayuntamientos por lo que suponía de aumento de Capítulo I.

Dichas restricciones vienen apareciendo en los Presupuestos Generales del Estado en los siguientes apartados:

Título III De los gastos de personal.

Capítulo I De los gastos del personal al servicio del sector público.

Artículo 20. Oferta de Empleo Público u otro instrumento similar de gestión de la provisión de necesidades de personal. 

Uno. 1. A lo largo del ejercicio 2016 únicamente se podrá proceder, en el Sector Público delimitado en el artículo anterior, a excepción de las sociedades mercantiles públicas y entidades públicas empresariales, fundaciones del sector público y consorcios participados mayoritariamente por las Administraciones y Organismos que integran el Sector Público, que se regirán por lo dispuesto en las disposiciones adicionales décima tercera, décima cuarta y décima quinta, respectivamente, de esta Ley y de los Órganos Constitucionales del Estado, a la incorporación de nuevo personal con sujeción a los límites y requisitos establecidos en los apartados siguientes, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores ….

2. Respetando, en todo caso, las disponibilidades presupuestarias del Capítulo I de los correspondientes presupuestos de gastos, en los siguientes sectores….

Dos. Durante el año 2016 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios ….

Tres. ….Durante 2016 no se autorizarán convocatorias de puestos o plazas vacantes de personal laboral de los entes del sector público estatal salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que requerirán la previa y expresa autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas …

Si no se puede aumentar el Capítulo I de personal desde el año 2012 y además la tasa de reposición solo afecta a determinados sectores, difícilmente podemos dar respuesta al aumento o mejora de los servicios públicos que son necesarios en los municipios y que por diferentes circunstancias hacen necesario la ampliación de la plantilla de personal, ya sea por la necesidad de incorporación de nuevas áreas en las que el Ayuntamiento ha de ejercer sus competencias, o bien, por la apertura de nuevos edificios municipales que necesitan la dotación de personal suficiente para su funcionamiento.

Estas situaciones se agravan mucho más en aquellos municipios de gran afluencia turística y que tienen que prestar los servicios públicos con la misma plantilla que disponían en el año en el año 2012, como si la situación no hubiese variado desde entonces, aspecto que por los datos turísticos de los últimos cuatro años a nivel nacional ponen de manifiesto que la actividad turística se ha incrementado notablemente, y por lo tanto también la necesidad de aumentar los servicios públicos que se prestan a los residentes y turistas.

Al estar sujetos a la obligación de cumplir con la normativa vigente y las indicaciones al respecto en materia laboral recogidas anualmente en los Presupuestos Generales del Estado, cuya principal imposición es la de mantener, tal y como se ha podido apreciar en el articulado reseñado, sin aumentar las cuantías económicas recogidas en el Capítulo I, de gastos de personal de los presupuestos municipales, se está provocando una pérdida notable en la calidad de los servicios públicos que se ofrecen a través de la gestión directa de los ayuntamientos con las consecuentes repercusiones negativas en la calidad de los mismos. 

Son muchos los ayuntamientos que tienen capacidad económica suficiente para generar empleo, y sin embargo, ven cortadas sus pretensiones por leyes injustas que pretenden adelgazar el sector público para dar cabida a otras formas de gestión que sin duda suponen un mayor esfuerzo económico a los ayuntamientos, y por lo tanto son negativas para los intereses de los ciudadanos y ciudadanas.

Por todo ello las Asambleas de Izquierda Unida integradas en Plataformas ciudadanas, se movilizarán en las calles y en las instituciones, hasta que:
  1. El Pleno Municipal inste al Gobierno de la Nación a la eliminación en los Presupuestos Generales del Estado de las restricciones a la oferta de empleo público y las restricciones de aumento del Capítulo I.
  2. El Pleno Municipal acuerde declarar todos los servicios municipales como prioritarios y por tanto solicite la expresa autorización del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para poder ejercer las facultades propias de gobierno de nuestro municipio con plena autonomía organizativa.
  3. El Pleno Municipal acuerde que esta moción se traslade a todos los grupos políticos representados en el Congreso de los Diputados.

lunes, 28 de noviembre de 2016

EL GOBIERNO DE PAGE DEJA EN RIDÍCULO A SUS BASES EN LA PROVINCIA

Hace pocas semanas, en la provincia de Guadalajara, se aprobaron Mociones exigiendo un estacionamiento en el Hospital Universitario de Guadalajara, PÚBLICO Y GRATUITO, en aras de permitir, que una ciudadanía, aislada por la falta de un transporte colectivo apropiado, se vea en la necesidad de abonar cantidades que rondan los 5,00 € de media en aparcar su vehículo particular. Eso cada día de asistencia a pruebas o consultas. Por cierto, que los recortes de la Cospe en transporte público siguen vigentes, pero ese es otro temas y será contado en otra ocasión....

Hoy, en el hospital de Guadalajara, donde hemos elaborado una pequeña encuesta, la mayoría de l@s pacientes tienen que acudir a consulta o a pruebas tres o cuatro días al mes. Hagan sus propias cuentas.

A todo ello, se añade la imposibilidad de pagar los actuales espacios de estacionamiento con tarjeta y estando obligados a disponer de efectivo suficiente o a ir andando hasta un cajero automático en la localidad.

Todas estas mociones contaron con el apoyo, cuando no la iniciativa, de agrupaciones del PSOE en la provincia de Guadalajara.

Ahora el gobierno de PAGE da marcha atrás y presenta la siguiente campaña:

Junto a ésta ridícula argumentación, se realiza una campaña paralela en las redes sociales en la cual se dice que se va a privatizar con una empresa SIN ÁNIMO DE LUCRO que por lo visto va a asumir unas pérdidas de centenares de euros como favor personal a Page, o quien sabe, si en esta operación estaba incluida la postura de éste en la campaña contra Pedro Sánchez y estamos ante un pago; o se trata de una tapadera del algún daño colateral todavía no público o en fin, como ha comentado un compañero de Guadalajara, nos encontramos ante un unicornio económico sobrado de pasta.

Si una empresa privada, sin ánimo de lucro, puede asumir unos costes millonarios y un mantenimiento de 500.000€ al año... ¿Nos van a convencer de que la administración no puede asumir un coste similar? ¿No van a hacer chantaje con que si salen adelante las Mociones sobre el estacionamiento PÚBLICO Y GRATUITO se hará a costa de eliminar servicios sanitarios?

Pues la respuesta es fácil. Sr. Page, usted y su Consejero delegado en este tema DEBEN IRSE A LA ..... MORADA EN LA QUE VIVAN y dejar en su lugar a otra persona capacitada para cumplir los compromisos, facilitar las necesidades de la ciudadanía, no hacer negocio ( o rescate con dinero público) con nuestra salud o utilizar sus habilidades conspiranoicas en Ferraz, lo más lejos posible de Guadalajara.


POR SI NO RECUERDA LO APROBADO.

miércoles, 23 de noviembre de 2016

El tratamiento de las aguas residuales puede dañar nuestra salud y al medioambiente

EL problema del agua en España se debe, entre otras cosas, a existen las infraestructuras necesarias pero no se emplean o se emplean de forma incorrecta.


La crisis del agua es una crisis de gobernanza, de gestión. En el caso de España es muy visible por su incapacidad de tratar correctamente las aguas residuales, lo que presenta un problema a largo plazo tanto en salud como en el medioambientales, según señalan expertos. 

En la presentación del Foro de la Economía del Agua que se celebrará esta semana, Gonzalo Delacámara, coordinador del Departamento de Economía del Agua de la Fundación IMDEA Agua además de asesor de la Comisión Europea en política de agua y del Parlamento Europeo sobre cambio climático, recuerda que a menudo, en materia de agua se toman decisiones contradictorias. 

Este problema se hace muy evidente, por ejemplo, en la agricultura, el gran usuario de agua. En éste ámbito, un 90% del sector produce un 10%, mientras que el 10% restante se encarga de producir el 90% de la producción agrícola. De estos datos se desprende que el mayor gasto de agua en agricultura se lo llevan los cultivos que menos producen. 

Contradictorio es también que de las casi 900 plantas de desalación está activa, en promedio, solo un 18% de su capacidad instalada. Al margen de apoyar o no la desalación del agua, lo que queda claro es que en España existen las infraestructuras pero no se emplean o se emplean de forma incorrecta. 

A esto se une que el 40% del alcantarillado en España tiene mas de 40 años, según señala Delacámara, lo que genera un problema, sobre todo en las zonas rurales. 

Un 25% de las plantas depuradoras están sobredimensionadas y un 21% de las plantas son insuficientes

Contradictorio también el caso del tratamiento de las aguas residuales. Mientras que un 25% de las plantas depuradoras están sobredimensionadas, generando un gasto mayor del estrictamente necesario, un 21% de las plantas son insuficientes para cubrir la población que debe. El caso de Ibiza es muy destacable, donde en verano, con el inmenso aumento de la población debido al turismo, las aguas residuales llegan a "verterse al mar sin tratamiento alguno". 

Asímismo, estas plantas están diseñadas para depurar el agua residual y no son capaces de eliminar los contaminantes provenientes de la agricultura, como los pesticidas, y los "contaminantes como la cocaína o la cafeína, fármacos y detergentes".

Delacámara recuerda que el problema del agua es un problema de gobernanza que se tiene que solventar integrando miradas interdisciplinares y coordinando las políticas para evitar contradicciones. El agua es "un factor crucial en el desarrollo de España, puede ser una limitación o una oportunidad.

Las nuevas privatizaciones que prepara Rajoy

La dificultad para encontrar apoyo parlamentario a los recortes del gasto o a las subidas de impuestos impulsa viejos proyectos, que ayudarían a cumplir el compromiso de déficit con Bruselas, a cambio de reducir aún más el sector público empresarial.


Aunque el Gobierno confía en que el crecimiento económico ayude a cumplir los objetivos de déficit público, la rebaja de 8.000 millones de euros en dos años exigida por Bruselas le obliga a plantearse medidas que minoren los gastos o aumenten los ingresos. Su problema es que no tiene nada fácil recabar el apoyo parlamentario suficiente para proceder a nuevos recortes o a subidas de impuestos, salvo que estas últimas fuesen muy selectivas, lo cual iría en menoscabo de su potencial recaudatorio.

Además, el panorama electoral aún no está despejado, porque el presidente tiene el privilegio de convocar a las urnas cuando quiera a partir del próximo mes de mayo, y ha sugerido que así lo hará si es objeto de un bloqueo político continuado. Presentarse otra vez ante los ciudadanos inmediatamente después de haber dado nuevos hachazos al Estado del bienestar o de subir la presión fiscal no parece que sean la mejor garantía para conseguir la mayoría absoluta con la que Rajoy sueña.

Una de las balas que le quedan en la recámara es la venta de activos empresarialestodavía en manos del sector público, opción que proporcionaría sustanciosos ingresos extras al Estado y cuadraría perfectamente con los parámetros ideológicos dominantes en el PP. De hecho, en los últimos días, dos ministros han abordado públicamente este asunto, cada uno por lo que atañe a su ámbito de competencias: el de Economía, Luis de Guindos, y el recién nombrado de Fomento, Iñigo de la Serna.

El primero de ellos, en una entrevista publicada por el Financial Times, reiteró el propósito del Gobierno de privatizar, antes de que acabe 2017, el 65% del capital de Bankiapropiedad del Frob, siempre que las circunstancias del mercado no lo desaconsejan. De la Serna, también en declaraciones a la prensa, abrió la puerta a la venta de otro paquete de Aena, que haría perder al Estado la mayoría que aún conserva (51%), so pretexto de financiar así la expansión internacional de la gestora aeroportuaria.

Pero Bankia y Aena no son las única opciones con las que cuenta el Gobierno para hacer caja mediante la liquidación del sector público empresarial, muy mermado desde la oleada de privatizaciones emprendida en la última etapa de Felipe González y completada bajo el mandato de José María Aznar. Aunque ya no quedan bajo la órbita del Estado gigantes como Telefónica, Endesa o Repsol, sigue habiendo algunas con gran potencial como generadoras ingresos si se ponen a la venta.

Una de ellas es la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae), de la que José Luis Rodríguez Zapatero intentó enajenar en 2011 un 30% del capital, plan del que finalmente tuvo que desistir ante las malas condiciones bursátiles y el boicoteo del PP, que prefería guardarse esa baza para cuando llegase al poder. La Selae aportó al Tesoro 1.619 millones en 2015 y su objetivo es llegar este año a los 1.800, lo que la convierte en la auténtica joya de la corona del sector público empresarial.

Si bien con resultados menos boyantes, también están controladas por el Gobierno otras empresas como Renfe, de la que posee un 100%; Adif (100%); Puertos del Estado (100%); Correos (100%); Navantia (100%); RTVE (95,69%); Enusa (60%), y Tragsa (51%). 

De la banca pública forma parte BMN (65%), fruto de la integración de varias cajas de ahorros y cuya fusión con Bankia se está planteando el Frob para disgusto de algunos dirigentes del sector que prefieren su subasta.