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jueves, 7 de diciembre de 2017

Más de 300.000 inmuebles han sido embargados desde el inicio de la recuperación

Por Vicente Clavero

Aún hoy, 17 familias pierden cada día su vivienda habitual por no poder atender el pago de la hipoteca.


La recuperación económica de la que alardea el Gobierno está aún muy lejos para muchos españoles. Por ejemplo, para quienes sufren el embargo de su vivienda ante la imposibilidad de atender los pagos de la hipoteca contraída para comprarla. No son tantas como en los peores años de la crisis, pero su número sigue siendo importante. Sobre todo porque afecta a familias especialmente vulnerables y, en consecuencia, encierra realidades dramáticas.

Desde 2014, año en que España volvió a crecer, se han registrado un total de 334.670 ejecuciones hipotecarias, según los datos proporcionados trimestralmente por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El peor año fue el primero de la serie, con 119.442, y posteriormente la cifra fue bajando, aunque no por ello ha desaparecido uno de los fenómenos que quedarán asociados para siempre a la crisis que estalló en 2008.

Durante el tercer trimestre de 2017 todavía se produjeron 9.025 ejecuciones hipotecarias sobre inmuebles cuya venta ordenaron las instituciones financieras para recuperar el dinero que habían prestado a sus dueños. No todas acaban necesariamente en desahucio, pero sí un porcentaje muy alto.

De los 9.025 embargos de los que tuvo constancia entre julio y septiembre el Colegio de Registradores de la Propiedad, más de la mitad (4.676) correspondían a viviendas, ya fueran de personas físicas o jurídicas. Y las pertenecientes a particulares que tenían en ellas su residencia habitual sumaron la cifra de 1.584. Eso significa que, por término medio, 17 familias fueron informadas cada día de que daba comienzo la última fase del proceso que les llevaría a perder su casa.

Casi seis de cada diez hipotecas objeto de ejecución a lo largo del tercer trimestre fueron constituidas en los últimos cuatro años del boom inmobiliario, cuando la boyante situación económica y la barra libre de crédito propiciaban la compra de vivienda. Un 11,1% databan de 2005; un 16,5%, de 2006; un 19,8%, de 2007, y un 12,1%, de 2008, siempre según los datos del INE.

Por territorios, los peores resultados, a mucha distancia de los demás, son Andalucía y la Comunidad Valencia, con un total de 2.099 y 2.074 ejecuciones hipotecarias certificadas, respectivamente. En el lado opuesto figuran Navarra, con sólo 20, el País Vasco (32), Asturias (53) y Cantabria (57).


La complicidad de las autoridades europeas con la industria alarga la vida de los pesticidas

Por Nacho Valverde

Los Estados miembro prolongan el uso del glifosato hasta 2022, a pesar de su catalogación como ‘posible cancerígeno’. Mientras, los ‘Monsanto Papers’ desvelan cómo la compañía manipuló informes científicos, hizo lobby sobre organismos reguladores y sobornó a la prensa para proclamar las bondades de su producto

Pasado un año y medio desde que los responsables europeos se sentaran a debatir el futuro del herbicida más polémico del mercado, los Estados miembros de la UE decidían el pasado miércoles renovar la licencia del glifosato por un período de cinco años. Han sido necesarios hasta siete intentos para obtener la mayoría cualificada para su renovación, con 18 estados a favor, 9 en contra y 1 abstención.

En un principio el periodo de renovación establecido comprendía los 15 años, pero la división entre los distintos países y la presión ciudadana y científica han obligado a rebajar su uso futuro hasta 2022. Si bien es cierto que tanto ecologistas como los países que se oponían al herbicida de Monsanto abogaban por su eliminación total del mercado.

A pesar de que las autoridades europeas hayan decidido una vez más abrazar la pastilla azul, obviando las abrumadoras evidencias científicas que muestran al glifosato como un posible cancerígeno, esta nueva victoria de la industria agroquímica puede acabar siendo el principio del fin.

El rechazo de países con el peso de Francia -que ya ha decidido prohibir el herbicida en todo su territorio-, la presión y preocupación de un 72% de la población europea por los residuos de los pesticidas en los alimentos –según el último Eurobarómetro- y la división dentro de las filas de conservadores, socialistas y liberales en la Eurocámara, hacen de la reciente decisión una huida hacia adelante para tratar de salvar un modelo de agricultura intensiva que tiene a los plaguicidas como su principal aliado.

La caída en desgracia del glifosato tiene sus orígenes en el año 2015, cuando el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) -organismo de la OMS especializado en investigaciones oncológicas- incluyó al herbicida como “probablemente cancerígeno” en animales y humanos. Esta inclusión contradecía las apreciaciones de Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, quien afirmaba que era improbable que pudiera causar tumores en humanos.

Este mismo año la compañía estadounidense era declarada culpable, en una sentencia sin precedentes, del delito de ‘ecocidio’ por el daño causado al medio ambiente en el Tribunal Internacional de La Haya.

Uno de los hechos más impactantes que ha puesto al descubierto las tretas de Monsanto para mejorar la imagen de su producto estrella ha pasado completamente desapercibido para los medios españoles.

A raíz de una demanda colectiva presentada en Estados Unidos por más de mil personas afectadas de cáncer, presuntamente provocado por el glifosato, el juez que llevaba el caso decidió desclasificar los documentos aportados por los demandantes.

Esta documentación, dada a conocer por el diario francés Le Monde bajo el nombre de ‘Monsanto Papers’, demuestra cómo la compañía norteamericana manipuló informes científicos, hizo lobby sobre organismos reguladores y sobornó a la prensa para proclamar las bondades de su producto.

Entre los documentos se muestra cómo la empresa agroquímica fabricó, previamente a la decisión del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, una falsa campaña de indignación destinada a desprestigiar a los científicos de este organismo para cuestionar la inclusión del glifosato como “probable cancerígeno”. Todo ello con la connivencia de la prensa como correa de transmisión de la propaganda de Monsanto.

Esta práctica de la compañía ha sido reiteradamente denunciada por asociaciones ecologistas, como explica Kistiñe García -responsable de comunicación de la campaña ‘Libres de contaminantes hormonales’ de Ecologistas en Acción-: “El cuestionamiento de los estudios independientes sobre los efectos que producen los pesticidas ha sido una estrategia recurrente de la industria, desde la época en que aparecieron los primeros estudios que relacionaban el tabaco con el cáncer de pulmón. Generan nuevos estudios, con científicos vinculados a la industria y a Monsanto, que vayan en sentido contrario para tratar de aludir que no hay consenso científico y el público general se queda con esa idea”.

“Lo más preocupante es que no solo cuentan con científicos a su disposición, sino que las agencias europeas encargadas de prohibir los pesticidas también están implicadas”, apunta Kistiñe García. “Hay un conflicto de interés clarísimo con Monsanto, cuyas investigaciones científicas se han copiado y se han vuelto a poner en informes europeos”, relata el eurodiputado de EQUO Florent Marcellesi.

En esa línea apuntan los ‘Monsanto Papers’, quienes han evidenciado que las conclusiones de los informes de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria -responsable de evaluar los riesgos de los alimentos que llegan al mercado- serían un copipega del estudio realizado por Monsanto.

Antes de conocer esta evidencia, el grupo de Los Verdes/ALE en el Parlamento Europeo interponía este mismo verano un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la no divulgación -por parte de la EFSA- de las conclusiones que afirmaban que el glifosato no es carcinógeno para los seres humanos.

La complicidad de las autoridades europeas, más allá de Monsanto
Según el Observatorio Europeo de Corporaciones, cerca del 60% de los expertos de la EFSA tenían en 2013 vínculos con empresas biotecnológicas, alimentarias o de pesticidas. Ese mismo año tenían que comenzar los trabajos de la Comisión Europea para definir los disruptores endocrinos, es decir, productos como plaguicidas que pueden alterar y afectar al sistema hormonal de los seres vivos.

Esta clasificación resultaba esencial para prohibir los productos que llegan al mercado, subraya Kistiñe García de Ecologistas en Acción: “El Reglamento de la Comisión Europea sobre plaguicidas prohíbe expresamente aquellos que tengan propiedades de alteración endocrina y que puedan causar efectos nocivos en los seres humanos. Por eso es tan importante qué definimos como disruptor porque, en el momento que sea considerado como tal, tiene que salir del mercado”.

En varios de los correos desvelados por la periodista francesa Stéphane Horel y el Observatorio Europeo de Corporaciones se desvela cómo Bayer -y otras asociaciones de la industria agroquímica- presionaban a miembros de la Comisión Europea para pedir una evaluación de impacto de los pesticidas sobre la salud, de cara a demorar la definición de los disruptores endocrinos. Presiones que surtieron efecto, como relata Florent Marcellesi del grupo de Los Verdes: “La Comisión Europea propuso una definición de disruptores endocrinos con dos años de retraso y en el Parlamento Europeo pusimos un veto porque era una tomadura de pelo”.

La definición definitiva en esta materia eliminaría de la lista de disruptores endocrinos o contaminantes hormonales aquellas sustancias que pueden afectar a las hormonas a largo plazo, detalla Nicolás Olea –oncólogo en el Hospital Universitario de Granada-: “La cuestión clave de la definición es que entienden por efecto adverso solo las grandes enfermedades como el cáncer. Se están dejando fuera los efectos que no son de forma inmediata”.

Aunque las autoridades españolas y europeas fijan un límite considerado seguro para los pesticidas contaminantes hormonales en los alimentos, con los disruptores endocrinos el concepto de límite no tiene mucho sentido, apunta Kistiñe García de Ecologistas en Acción: “Los disruptores actúan en dosis muy bajas y una de las características más potentes es que tiene mucha importancia el efecto cóctel. No nos comemos un disruptor, sino que -por ejemplo- en una pera nos estamos comiendo 16”.

Las investigaciones de Nicolás Olea, considerado como uno de los mayores expertos en España en descubrir cómo afectan los tóxicos a largo plazo sobre nuestro cuerpo, apuntan en esa dirección.

Al estudiar conjuntamente el efecto combinado de varios contaminantes hormonales, Olea ha detectado que la exposición a estas sustancias está correlacionada con un mayor riesgo de cáncer de mama; y que la exposición a estos químicos del feto puede determinar la capacidad seminal del futuro varón: “Deberíamos preguntarnos por qué las enfermedades de mayor incidencia el año pasado fueron el cáncer de próstata y de mama y por qué estamos asistiendo ante tal desastre de calidad seminal en los varones. En lugar de preguntarnos cuáles son las causas, se está resolviendo el problema acudiendo a nuevas técnicas para detectar tumores o aumentando el número de clínicas de reproducción asistida. Yo lo que quiero es prevenir y que no haya tumores porque entonces no habría que detectar nada”.

A pesar de dicho aumento, denuncia la campaña ‘Libres de contaminantes hormonales’, la incidencia de los contaminantes hormonales en ambas enfermedades no aparece en el último informe de la Sociedad Española de Oncología Médica; concluyendo que el aumento del cáncer se debe al “crecimiento de la población, la mejora de las técnicas de detección precoz y el aumento de la esperanza de vida”.

Otra de las enfermedades que se creía genética y que numerosos estudios están apuntando en sentido contrario es el autismo. “Hay algo muy claro, si el autismo fuera algo genético no habría habido un incremento tan brutal entre la población. En 1985 existía en uno de cada 10.000 habitantes, mientras que en el 2014 se daba en uno de cada 62 -según el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos-. Debemos preguntarnos qué hay en nuestro medio ambiente para que se esté reproduciendo a esta velocidad”, cuestiona Pilar Muñoz –presidenta de la Fundación Alborada-.

En los alimentos españoles existen 33 contaminantes hormonales
Uno de los países miembro que ha destacado por su defensa a ultranza del glifosato ha sido España. Esencial para la escalada exportadora que el Partido Popular ha llevado a cabo, nuestro país es el Estado miembro que mayor volumen de pesticidas consume de toda la UE, 77.216 toneladas en 2015 –según Eurostat-. 
Si bien la definición acordada por la Comisión Europea de contaminantes hormonales dista mucho de la realidad, Ecologistas en Acción ha tratado de evaluar con mayor precisión la presencia de disruptores en la comida española. Basándose en lista ofrecida por la organización Pesticide Action Network Europe (PAN), los expertos de la organización ecologista detectaron un total de 33 contaminantes presentes en nuestros alimentos sobre un total de 53 sustancias que pueden alterar nuestras hormonas.

Entre los alimentos más contaminados se encuentra a la cabeza las peras –con 16 disruptores endocrinos-, manzanas, melocotones, naranjas, espinacas, pepinos o tomates. Productos de origen animal como la miel o cereales como el arroz también poseen contaminantes hormonales. Hasta el momento, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) sigue sin incluir en su programa de control de residuos de plaguicidas al glifosato.


martes, 7 de noviembre de 2017

EL GOBIERNO DEL PP INFLA SU PRESUPUESTO DE AYUDA AL DESARROLLO

España es el país europeo que más infla su presupuesto de ayuda al desarrollo. El falseamiento de cifras supone en nuestro país más de la mitad de los recursos destinados a este tipo de ayudas

España continúa sin cumplir sus compromisos económicos de ayuda al desarrollo. A pesar del notable avance que muestran los datos de AOD (Ayuda Oficial al Desarrollo) durante último año, nuestro país se sitúa a la cabeza de la UE en cuanto a porcentaje de “ayuda inflada” con respecto al volumen presupuestario total destinado a esta materia. Un falseamiento de las cifras, a través de la inclusión de partidas que en modo alguno ofrecen apoyo económico directo a los países receptores, que en España supone más de la mitad de los recursos dedicados a este tipo de ayudas.

El informe Aid Watch 2017, publicado por la organización CONCORD denuncia la expansión de este porcentaje de “ayuda inflada” entre gran parte de los países de la UE. Una práctica que aleja a los Estados miembro del cumplimiento real del objetivo –aun así lejano- de destinar el 0,7% de su INB a AOD, establecido en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

El documento de CONCORD destaca como más de la mitad del incremento en estas ayudas durante los dos últimos años por parte de la UE –hasta alcanzar los 75,46 millones en 2016- corresponde a “ayuda inflada”, es decir, no relacionada con inversiones “genuinamente” destinadas AOD. Una desviación de los objetivos primigenios de este tipo de ayudas, materializado principalmente a través del pago de deuda exterior, el control de la migración y la expansión comercial, que representó el 20% de la AOD total declarada por la UE el pasado año.

Esta “ayuda inflada” es señalada como la causa principal de los significativos aumentos registrados a lo largo de los últimos años. Un incremento de la AOD que se hizo palpable en 23 de los 28 Estados miembros durante 2016 -alcanzando el 25% en diez de ellos-, y que sin embargo tan solo ha permitido la incorporación de Alemania al denominado “Club del 0,7%”, formado por aquellos países donantes cumplidores de las promesas de ayuda, que completan Dinamarca, Luxemburgo, Suecia y el ya ex comunitario Reino Unido. De entre ellos, el informe tan solo destaca la actuación de Luxemburgo y Suecia como los dos únicos países cuya inversión fue destinada a lograr un impacto “genuino” en los países destinatarios de la ayuda. El resto de países de la UE, no solo se sitúan lejos aún del objetivo del 0,7% comprometido internacionalmente –con una media comunitaria que asciende actualmente a tan solo el 0,5% del INB-, sino que en su gran mayoría presentan alarmantes niveles de “ayuda inflada” para el desarrollo.

España representa el ejemplo más evidente del fracaso en los mecanismos de control y fiscalización de los programas de AOD. Nuestro país es líder de la UE en “ayuda inflada”, con un 53% de ayuda española contabilizada durante 2016 perteneciente a esta categoría. Datos que contrastan con el ya elevado 20% comunitario, y que explican el notable avance que experimentó la ayuda española en tan solo un año, tras terminar el anterior ejercicio a la cola europea en cuanto a AOD, con un escaso 0,12%. La principal causa de este falseamiento de los datos de ayuda al desarrollo se encuentra en la operación de cancelación de la deuda histórica de España con Cuba: el denominado “soufflé cubano”. Una inversión de 1.950 millones de euros destinados durante este período a sufragar la deuda con el país caribeño, en detrimento de ayudas de apoyo real al desarrollo de países pobres, que representan en torno a la mitad del gasto español en AOD durante 2016. Sin dicha operación, la parte genuina de la ayuda se limitó a 1.686 millones, nivel todavía lejano a los 4.750 millones -0,45% del INB- de antes de la crisis y, por supuesto, del 0,7% comprometido.

Otra de las prácticas más características de este inflamiento de la AOD, y la más extendida entre los Estados miembro, es la incorporación de los costes derivados del asilo de refugiados como parte de esta ayuda al desarrollo. Los datos de CONCORD muestran que estas partidas presupuestarias están detrás del 30% del aumento total de la ayuda de la UE en 2016 –y más del 45% desde 2014-, representando 1 de cada 7 euros invertidos en AOD por parte de la UE. La distribución por países nos da muestra de en qué medida los diferentes gobiernos comunitarios se han aprovechado de esta circunstancia para inflar sus cifras de ayudas. De entre los 28 Estados miembro de la UE, tan solo Chipre, Croacia y Luxemburgo no inflaron su AOD a través de esta práctica, y hasta cuatro de ellos -Grecia (83,1%), Italia (71,4%), Bulgaria (69,2%) y Austria (61,5%)- superaron el 60% de gasto de su ayuda bilateral en el coste de la manutención refugiados en su propio territorio.

Del mismo modo, el informe denuncia de forma particular el caso de Alemania, cuya inclusión como parte de los países cumplidores del 0,7% viene sustentada fundamentalmente por un 25% de este gasto procedente de la inversión en el coste del asilo de refugiados. 

De esta forma, el país germano, al igual que otros, se convirtió en el principal recetor de su propia ayuda internacional. Un modelo que CONCORD denuncia como engañoso, ya que “poco que ver con la ayuda al desarrollo y no se relaciona directamente con el propósito principal de la AOD, que debe ser luchar contra la pobreza en países en desarrollo”.
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Espacio de información realizado con la colaboración del Observatorio Social de “la Caixa”.

AUTOR: Carlos H. de Frutos

jueves, 26 de enero de 2017

Sobre fusiones y el ruido acerca de IU

Queridos/as compañeros/as de Izquierda Unida 
Alberto Garzón y Antonio Maillo

En las últimas semanas el ruido acerca del futuro de IU se ha intensificado. Es verdad que en esta organización nunca hemos tenido el viento mediático de nuestro lado, pero lo que está sucediendo en este tiempo es digno de estudio. Sumado a la invisibilidad a la que estábamos desgraciadamente acostumbrados, en otoño de 2015 leímos noticias que “confirmaban” que yo me presentaba como candidato por Málaga en el marco de una hipotética confluencia; en enero de 2016 nos despertamos con la desaparición de Izquierda Unida; y hoy se asegura que vamos a fusionarnos con Podemos. Esto sólo son algunos ejemplos. Todos sabemos que ni me presenté por Málaga, ni hubo confluencia en 2015, ni desapareció IU… y por supuesto tampoco ahora nos vamos a fusionar con Podemos.

Una famosa cita de El-Hajj Malik El-Shabazz, más conocido como Malcolm X, decía más o menos que «si no estamos prevenidos ante los Medios de Comunicación, nos harán amar al opresor y odiar al oprimido». Una buena advertencia ante un poder necesario en una sociedad democrática pero que, en su fórmula actual, depende prácticamente de forma directa e interesada de grandes accionistas y directivos que se codean con el poder económico. Desde luego sería exagerado pensar que en IU tenemos la condición de oprimidos, pero lo que es cierto es que no somos del agrado del poder económico. Nunca lo hemos sido. Y la predominancia de la política espectáculo, la que se alimenta del barro, los rumores y las mentiras, hace el resto. De mi adolescencia mantengo un recuerdo ejemplar, el de Julio Anguita convertido en guiñol y caricaturizado como un loco que se enfrentaba ante los molinos de viento pensando que eran gigantes. El tiempo nos demostró que aquellos gigantes existieron, y que los guionistas de aquel programa no eran más que mercenarios al servicio del partido de gobierno. 


No es cuestión de lamentarse, sino de clarificar nuestra posición y recordar que la toma de partido por el socialismo y la ruptura democrática tiene consecuencias. Quienes saldrían perdiendo con ambas causas no se quedan quietos esperando que ganemos posiciones. Al contrario, actúan. Y desde nuestra humildad hemos intentado siempre dejar claro cuál es nuestra posición. 

Esta dirección, que tengo el honor de representar, es la primera en la historia de IU que ha facilitado que la militancia pueda votar directamente a sus representantes en los órganos de dirección. También hemos sido los primeros en incorporar el revocatorio a nuestros cargos públicos y de dirección. Asimismo, nos hemos comprometido al cumplimiento estricto de nuestros documentos aprobados en la Asamblea, para lo cual hemos habilitado mecanismos de control y seguimiento de todas las responsabilidades de la dirección colegiada. Incluso entregamos los documentos con una semana de antelación para facilitar los debates. Estas cosas pueden parecer obvias, pero antes no se hacían. Y todo esto con el objetivo de que la militancia nos diga lo que tenemos que hacer, sepa lo que hacemos y pueda cambiarlo en cualquier momento. Incluso hemos hecho varias consultas sobre temas determinantes y que generaron bastante polémica (si bien más mediática que militante). En suma, una dirección que trabaja sin engaños, sin dobles jugadas y sin tacticismo. Radicalmente transparentes. 

Quizás por estas razones o por otras, vivimos tiempos de relativa tranquilidad interna. Es verdad que hay compañeros de IU que no comparten los contenidos de nuestro proyecto, pero eso es natural. No olvidemos que las tres listas que se presentaron a la XI Asamblea forman parte de la dirección también, porque siempre hemos defendido la pluralidad y la diversidad ideológica. Es verdad que también hay compañeros que mantienen agendas mediáticas independientes, que acuden a los medios de comunicación sin conocimiento de la dirección y para defender discursos personales y no colectivos. Nosotros preferimos que las cosas se debatan colectivamente, pero afortunadamente el impacto negativo de estos fenómenos son más bien marginales.


Por todo lo anterior, y en aras de enfrentar el ruido actual, podemos decir claramente que no vamos a fusionarnos con Podemos. Porque no lo hemos aprobado, porque no lo hemos discutido y porque, sinceramente, carece de toda lógica. Nuestra XI Asamblea aprobó construir un movimiento político y social más allá de IU, con otros actores, que partiera de una fuerte apuesta por el socialismo, el feminismo y el ecologismo. A mi juicio es obvio que una fusión con Podemos, cualquier cosa que eso quiera decir, no es lo aprobado mayoritariamente por nuestra militancia. Evidentemente tampoco hemos sido nosotros los que hemos sacado el debate, ni siquiera el secretario general de Podemos. La construcción de esta polémica es una artificialidad para tratar de dividir a IU, como ya ocurrió con las noticias que hemos destacado antes. 

Permitidme que cuente una breve historia. El filósofo de la ciencia Otto Neurath utilizaba una metáfora para describir el tipo de trabajo del investigador científico. Decía que era como el de marineros que tenían que reparar su embarcación en alta mar tras una tempestad, empleando sólo la propia madera de la nave. En esas condiciones tenían que luchar contra el temporal, las olas desbocadas y los vientos desatados, y sin la posibilidad de volver a puerto para reconstruir la embarcación de nuevo. Era una tarea inmensa. 

Pienso que esta misma metáfora es aplicable a lo que hemos vivido en Izquierda Unida durante los últimos años. Hemos tenido que reconstruir nuestra organización y hacerla atractiva para la ciudadanía al mismo tiempo que enfrentábamos malas encuestas, ataques internos y externos, abandonos oportunistas e infinidad de obstáculos. Hace dos años periodistas, políticos y hasta militantes de nuestra organización pensaban que íbamos a desaparecer entre las olas generadas por los nuevos partidos. No ha sido nada fácil demostrarles a todos lo contrario, que estamos vivos y fuertes. Y es que a pesar de todo este duro proceso hemos salido con una Izquierda Unida clarificada, renovada y fortalecida. Clarificada porque defendemos el proyecto por el que se fundó IU, heredando el espíritu socialista de ruptura democrática. No engañamos a nadie acerca de lo que queremos, somos de fiar. Renovada no sólo en caras sino también con nuevos métodos de radicalidad democrática. Y fortalecida porque tenemos una organización cohesionada, participamos en espacios cada vez más fuertes de unidad y tenemos una presencia creciente en cada conflicto existente –allí donde hay una injusticia, hay una militante de IU luchando contra ella. Eso sí, no podemos ser autocomplacientes: queda mucho por hacer y seguro que en este tiempo nos hemos equivocado en cosas. Lo asumo como una responsabilidad personal. 


Con esta carta no sólo quiero pedir ayuda a la militancia ante las noticias falsas que se construyen contra nosotros; quiero pedir a la militancia, sobre todo, que sea crítica con esta dirección. Que colectivamente debatamos los documentos, que tratemos de mejorarlos y que controlemos su ejecución. Tenemos muchos retos que afrontar como clase y como país, muchas cosas que hacer. El saqueo continúa, y nuestros derechos están gravemente amenazados. Sólo con una organización fuerte y cohesionada podremos enfrentarlos. Unidos con otros, desde luego, pero representando un proyecto político autónomo que aspira a construir una sociedad republicana y socialista. 

Nuestra organización tiene treinta años de historia en los que hemos defendido esas ideas, esos principios y valores. Una gran parte de nuestra militancia lleva muchos más años de luchas a sus espaldas. Otra parte acaba de empezar, y quizás se han afiliado en los últimos meses. Jóvenes o mayores, somos un colectivo nacido en múltiples mundos. Muchos nos siguen desde la lucha antifranquista, otros nacimos ya en esta democracia de mínimos. ¡Hay entre nosotras quien incluso luchó y defendió la segunda república! En cualquier caso todos y todas somos parte de un hilo rojo de la historia, cambiante en formas pero inquebrantable en su compromiso. No nos afiliamos para otra cosa que no fuera para mejorar la vida de nuestra clase, de nuestra gente, de los desposeídos y los parias de la tierra. No pretendemos ser mejores que nadie, sólo útiles para nuestra justa y digna causa. Nos atacarán, una y otra vez, pero nunca, en ningún caso, nos resignaremos o rendiremos. Ya lo dijo Marcelino, «ni nos domaron, ni nos doblamos, ni nos van a domesticar». 

Salud y República. 

     Alberto Garzón

sábado, 24 de diciembre de 2016

Para que parezca que van a hacer algo: Hacienda vigilará la concesión de autopistas de peaje

La Oficina de Evaluación creada por Montoro tendrá que aprobar los proyectos de las concesionarias privadas antes de adjudicarles el contrato

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, junto a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, tras equivocarse en la votación de una iniciativa sobre el futuro de las autopistas de peaje

El Ministerio de Hacienda vigilará la viabilidad financiera de las concesiones de infraestructuras públicas como las autopistas de peaje para evitar que tengan que ser rescatadas por el Estado en caso de que las concesionarias privadas quiebren, como ha ocurrido con ocho vías de pago recientemente.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, anunció este miércoles que su departamento promoverá cambios en la legislación para "proteger al Estado" de esos rescates de forma que las futuras obras de infraestructuras que se adjudiquen a través de un contrato de concesión tendrán que tener previamente el visto bueno de la Oficina de Evaluación del Ministerio de Hacienda con el fin de garantizar que tengan "una viabilidad lo más ajustada posible".

"Las someteremos al análisis de esta la nueva oficina, que será la que analice la conveniencia o no de licitarlas", explicó De la Serna durante la sesión de control al Gobierno del Congreso.

Fomento también prevé cambios en la Ley de Contratos para que la Administración pueda actuar presentando "recursos de lesividad" en el caso de los costes de expropiación de terrenos para construir una infraestructura "se multipliquen sin causa razonable". Se trata de evitar que se disparen los costes de expropiación como ocurrió con las ocho autopistas quebradas que tuvieron que afrontar pagos de 2.200 millones de euros frente a los 400 previstos.

Además, De la Serna avanzó modificaciones también en el sistema concesional para cambiar el actual reparto de riesgos entre la compañía adjudicataria y el Estado, de forma que dichos riesgos sean mayores para la empresa privada. "Adoptaremos estas medidas para proteger al Estado ante este tipo de situaciones en el futuro", aseguró el ministro de Fomento.
Coste del rescate

En cuanto a la quiebra de ocho autopistas de peaje, De la Serna reiteró que trabaja para "minimizar" el impacto del rescate de estas vías "para el conjunto de la sociedad" y garantizar que sigan en servicio, pero no quiso cuantificar el coste que las empresas cifran en más de 5.000 millones de euros y el Gobierno quiere rebajar a menos de la mitad.

El ministro ya avanzó el lunes, también en el Congreso, que el coste de la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) ante las empresas concesionarias de estas autopistas, esto es, el importe que debe abonarles por la inversión que realizaron en su construcción, tardará aún en determinarse y, con toda probabilidad, será objeto de un proceso judicial.

En la actualidad, ya están en situación de liquidación tres vías. La R-3 y la R-5, que el Ministerio ya ha convenido asumir antes de julio de 2017, y la AP-36 Ocaña-La Roda. Y otras cinco están pendientes de resolución judicial.

El ministro defendió que el Gobierno del PP no ha dedicado "ni un sólo euro" a estas vías, y contrapuso las medidas adoptadas por los gobiernos populares con las aprobadas por el último Ejecutivo socialista que, según remarcó, concedió a las autopistas créditos participativos por 483 millones de euros y les habilitó cuentas de compensación por 80 millones, además de aprobarles aumentos del precio de peaje de hasta el 18% y ampliaciones del plazo de concesión, informa Europa Press.

En cuanto a las causas de la situación de quiebra de las autopistas, el ministro apuntó que en el momento en que se proyectaron y adjudicaron era "francamente difícil de prever" que el tráfico de las autopistas fuera a caer el porcentaje del 35% que descendió durante la crisis.

IU sigue comprometida con la comunidad educativa para luchar por una educación pública para tod@s

La comunidad educativa reclama incorporar el Documento de Bases en la nueva ley educativa que debe suplir a las anteriores


Las Redes por una nueva política educativa se reúnen en el Ateneo de Madrid para impulsar el Documento de Bases para una nueva ley de educación que contará, entre otras formaciones, con el apoyo de Izquierda Unida

Desde octubre de 2014 se ha construido un gran acuerdo social y político con la participación de la comunidad escolar, colectivos sociales, interlocutores sociales y partidos políticos para la elaboración de un Documento de Bases para una nueva ley educativa.

Una nueva ley que derogará a la LOMCE porque ha significado un recorrido en sentido contrario a la transformación que necesita el sistema educativo:
  • Clasificación del alumnado en itinerarios.
  • Aumento de la privatización de escuelas financiadas.
  • Currículos estandarizados y reválidas.
Tampoco debe significar la vuelta a la LOE, porque sirvió también para desmantelar la escuela pública, con recortes en financiación, aumento de privatizaciones y políticas de segregación que escaparon al marco legal.

El acuerdo ha sido posible porque los numerosos colectivos sociales y organizaciones sindicales y políticas parten de una misma premisa, la escuela como un bien público para el acceso de toda la población en equidad y no un servicio, ante el que se nos pretende situar como clientes, liberalizada y con desigual oferta para competir en el mercado educativo.

Entender que la educación es un derecho fundamental desde el nacimiento exige, además de derogar la LOMCE, conseguir:
  • Una educación laica sin adoctrinamiento.
  • Una red pública gratuita y con financiación, que evite la selección social, elimine progresivamente los conciertos y cualquier práctica que la propicie.
  • Una escuela democrática, no competitiva ni selectiva, con autonomía de territorios, centros y profesorado, que implique la incorporación de saberes plurales sin que estén regulados minuciosamente en textos legislativos.
Para ello es urgente, como primer paso, la eliminación de los recortes educativos, en particular la derogación del RDL14/2102, la necesidad de recuperar el empleo público docente y dar estabilidad al profesorado interino.

En el último encuentro celebrado en Madrid estuvieron presentes todos los colectivos, representantes de la comunidad educativa, así como organizaciones sindicales y políticas. Las principales conclusiones del encuentro fueron:

1) Los partidos políticos Podemos e Izquierda Unida se manifiestan promotores del Documento de Bases por una nueva ley educativa porque han participado desde su inicio, y declaran su alianza con la Comunidad Educativa, ‘Redes por una nueva política educativa’, que quiere que sea quien lidere este proceso, y el PSOE su apoyo y apertura a la participación de estos colectivos en todos los procesos de negociación. Todos ellos muestran preocupación por la correlación de fuerzas en el Parlamento y cómo se puede ir definiendo.

2) Todas las organizaciones sindicales y colectivos sociales, estuvieron de acuerdo en que el nuevo modelo educativo de todas las organizaciones es el ‘Documento de Bases’, ratificando su absoluto apoyo. Debe haber una confluencia de los colectivos y organizaciones con los partidos políticos para potenciar la educación.

Todo ello debe ir acompañado de una serie de acciones:
  • Difusión del documento entre la ciudadanía mediante asambleas participativas, medios de comunicación, campaña de adhesiones, entre los propios miembros de las organizaciones, colectivos y espacios firmantes del mismo.
  • Apertura a la participación de otros colectivos y organizaciones, y creación de una plataforma común.
  • Trasladar las ideas del ‘Documento de Bases’ a la ley básica, única que se va a elaborar en el Parlamento (que derogará a las anteriores), tanto a través de las comparecencias en la subcomisión de educación, como con la petición de entrevistas con todos los partidos políticos.
  • Iniciativa parlamentaria colectiva pidiendo la ratificación de los partidos políticos en el decálogo de las ideas más importantes del ‘Documento de Bases’.
  • Campaña unitaria con presentación del Documento de Bases por una nueva ley educativa de ‘Las redes por una nueva política educativa’, con la participación de todos los colectivos y organizaciones sindicales y políticas.
  • Manifestaciones y movilizaciones de apoyo a la propuesta de modelo educativo del ‘Documento de Bases’. Se plantea una manifestación masiva para primavera.

martes, 20 de diciembre de 2016

MOCIÓN PARA RECLAMAR LA PARALIZACIÓN DE LOS CORTES DE LUZ

IZQUIERDA UNIDA PROPONDRÁ A SUS CARGOS ELECTOS LA PRESENTACIÓN DE UNA MOCIÓN PARA RECLAMAR LA PARALIZACIÓN DE LOS CORTES DE LUZ A LAS FAMILIAS CON PROBLEMAS ECONÓMICOS, EXIGIENDO AL GOBIERNO UNA TARIFA ASEQUIBLE A LA QUE PUEDAN ACOGERSE LOS CONSUMIDORES DOMÉSTICOS Y UNA AUTÉNTICA TARIFA SOCIAL PARA FAMILIAS CON BAJOS NIVELES DE RENTA.

Desde el estallido de la crisis en 2007 la pobreza energética se ha convertido en uno de los principales problemas sociales y económicos en España, al haberse sumado al desempleo y a la reducción de salarios una escandalosa subida de la tarifa eléctrica. 

7 millones de personas tienen dificultades para pagar la factura de la luz y más de 5 millones se quedarán sin calefacción durante este invierno. Aunque cada año mueren en España más personas por falta de suministros en sus hogares que por accidentes de tráfico, los afectados por la pobreza energética siguen siendo invisibles. 

Causa importante de esta grave situación se encuentra en los aumentos indiscriminados de las tarifas de la luz. Tan sólo en los últimos seis meses, el recibo se encareció en un 25%. Las grandes compañías se niegan sistemáticamente a realizar una auditoría que permita determinar los costes reales de la producción eléctrica y promueven un sistema que favorece la especulación. Es imprescindible que haya mayor transparencia para poder acabar con los abusos en la factura eléctrica. 

Las tres mayores eléctricas se han embolsado más de 56.000 millones de euros en beneficios desde el inicio de la crisis, mientras sostienen una deuda millonaria con la ciudadanía. Entre 1998 y 2006, las grandes eléctricas cobraron ilegalmente más de 3.500 millones de dinero público en concepto de Costes de Transición a la Competencia (CTCs). 

Las dos sentencias dictadas el pasado octubre por el Tribunal Supremo por las que se anula el sistema de financiación del bono social evidencian el fracaso del actual modelo energético, obligando a los usuarios a indemnizar a las eléctricas con más de 500 millones. 

Además, el actual bono social no soluciona el problema de la pobreza energética, ya que sigue suponiendo una tarifa muy elevada y ni siquiera se aplica por criterios de renta. Se trata de una medida meramente cosmética que ha dejado fuera a dos terceras partes de las personas afectadas, a la vez que subvenciona a hogares con rentas altas. 

Por su parte el oligopolio eléctrico ha abusado de su situación de privilegio vulnerando los derechos de los consumidores. Necesitamos acabar con la dramática situación de pobreza energética que viven millones de personas en nuestro país. 

Resulta urgente que España respete los compromisos adquiridos en el marco internacional y garantice el cumplimiento del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Observación general Número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, según las cuales un nivel de vida digno requiere de una vivienda adecuada con acceso a suministros básicos como luz, agua y calefacción. 

Del mismo modo necesitamos que se cumpla la legislación europea sobre suministro eléctrico, que obliga a los Estados miembros a proteger a los usuarios vulnerables y a prohibir los cortes de luz en periodos críticos (artículo 3 de la Directiva 2009/72/CE, de 13 de julio de 2009). 

Por todo lo expuesto, IU EL CASAR propone, a sus cargos electos, presentar en el próximo Pleno del Ayuntamiento, los siguientes ACUERDOS: 

  1. Instar al Gobierno Central a regular la prohibición legal de todos los cortes de luz a familias con problemas económicos. Las eléctricas deberán dirigirse a la administración para comprobar la situación de las familias que no abonen sus recibos. Si sufren vulnerabilidad económica, no podrán cortarles el suministro y el coste será asumido por las compañías. 
  2. Instar al Gobierno Central a poner fin a los abusos tarifarios aprobando una tarifa asequible a la que podrán acogerse todos los consumidores domésticos en su primera residencia. 
  3. Instar al Gobierno Central a crear una auténtica tarifa social que sustituya al actual bono social por una tarifa de reducida cuantía dirigida a las familias con bajos niveles de renta, y que realice los trámites oportunos para que sea sufragada por las eléctricas. 
  4. Instar al Gobierno Central a que realice las gestiones necesarias para el Reconocimiento y devolución por parte de las grandes eléctricas de los 3.500 millones de euros que cobraron indebidamente en conceptos de Costes de Transición a la Competencia (CTCs). 
  5. Instar al Gobierno Central a realizar una Auditoría al sistema eléctrico, realizando un análisis de los costes del sistema desde que se puso en marcha la liberalización del sector, con el objetivo de determinar el precio real de las tarifas eléctricas. 
  6. Instar al Gobierno Central a que aplique el tipo de IVA superreducido a la electricidad, pasando del 21% actual al 4% por ser considerado un servicio esencial para la ciudadanía. 
  7. Dar traslado de este acuerdo al Gobierno Central y a todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados.
NO ES UNA CRISIS, ES UNA BARRA LIBRE PARA LOS AMIGUETES DEL PP

IU en Las Redes por una Nueva Política Educativa

Izquierda unida de Castilla-La Mancha asiste al Encuentro de ‘Las Redes por una Nueva Política Educativa’

El objetivo del encuentro ha sido para apoyar e impulsar el Documento de Bases para una nueva ley de educación

Izquierda Unida de Castilla-La Mancha ha participado en el Encuentro celebrado en Madrid junto con numerosos colectivos relacionados con la educación púbica y su defensa, que ha de servir para acometer el trabajo que va a suponer plantear una nueva ley en materia educativa que derogue y supere la actual Ley Orgánica de Calidad Educativa (LOMCE), impulsada y aprobada exclusivamente por el Partido Popular la anterior legislatura.

Según Izquierda Unida de Castilla-La Mancha, la LOMCE se ha olvidado del principal objetivo de la Educación: la formación integral de la persona para convertirla en un ser con capacidad crítica y de pensamiento, con capacidad de reflexión y debate, en definitiva, para formar a hombres y mujeres libres.

“Estamos convencido que esto es lo que da realmente miedo a los poderes económicos y otros sectores políticos del país, y es por eso por lo que se han quedado solos en su tramitación a aprobación. No quieren una sociedad formada ni librepensadora, quieren un modelo social sumiso y despolitizado que no tenga conciencia social”, ha manifestado Rodolfo Tello, Coordinador de Áreas de IU CLM.

En el Encuentro de ámbito nacional se han abordado diferentes aspectos entorno al anunciado inicio de negociaciones para alcanzar un pacto de Estado en materia educativa, “un pacto que nace viciado, ya que nace desde el cimiento de la LOMCE, y no desde unos cimientos de consenso social necesario”, ha comentado Olga Ávalos, responsable de Estrategias para el Conflicto de IU CLM.

En este sentido, y partiendo del trabajo que se inició con el denominado Pacto de Sevilla, este Encuentro ha acordado difundir el documento de bases porque el PP y C’s no están por la labor de derogar la LOMCE, y tendremos que seguir vigilantes para ver qué hacen el resto de grupos que sustentan el gobierno del PP. “Es muy importante que este documento se debata en la subcomisión de educación propuesta para, al menos que sea conocida por la sociedad”, ha continuado Olga Ávalos, y seguía: “Vamos a estar al lado comunidad educativa, tanto en el debate real de cambio de modelo, no restringido a las reválidas, como siendo centro del conflicto, en la calle y en las instituciones, vamos a estar en primera línea para conseguir que esta ley que no es la que esta comunidad ha querido se derogue y trabajemos con un nuevo marco normativo justo, laico, inclusivo, consensuado e integrador.

Por su parte, Juan Ramón Crespo, Coordinador de Izquierda Unida de Castilla-La Mancha, ha dicho: “Nuestro modelo de política educativa solo tiene un camino, el de la defensa de una política pública que garantice el derecho a la educación como un derecho universal que los poderes públicos están obligados a hacer efectivo para todos los ciudadanos y ciudadanas en términos de igualdad y, por tanto, de gratuidad y su instrumento: la Escuela Pública, entendida como la institución que integra el conjunto del sistema educativo y de todos sus niveles, cuya regulación y garantía corresponde a las administraciones públicas”.


NO + CORTES DE LUZ

¡BASTA YA DE ABUSOS CON LA FACTURA DE LA LUZ! ¡ACABEMOS CON LAS TARIFAS ABUSIVAS Y LOS CORTES DE LUZ A FAMILIAS SIN RECURSOS!

  • 1. Prohibición legal de todos los cortes de luz a familias con problemas económicos. Las eléctricas deberán dirigirse a la administración para comprobar la situación de las familias que no abonen sus recibos. Si sufren vulnerabilidad económica, no podrán cortarles el suministro y el coste será asumido por las compañías.

  •  2. Fin a los abusos tarifarios. Aprobación de una tarifa asequible, regulada por el Gobierno, a la que podrán acogerse todos los consumidores domésticos en su primera residencia.

  • 3. Creación de una auténtica tarifa social. Sustitución del actual bono social por una tarifa de reducida cuantía dirigida a las familias con bajos niveles de renta, sufragada por las eléctricas.

  • 4. Reconocimiento y devolución por parte de las grandes eléctricas de los 3.500 millones de euros que cobraron indebidamente en conceptos de Costes de Transición a la Competencia (CTCs).

  • 5. Auditoría al sistema eléctrico. Realización de un análisis de los costes del sistema desde que se puso en marcha la liberalización del sector, con el objetivo de determinar el precio real de las tarifas eléctricas.

  • 6. Aplicación del tipo de IVA superreducido a la electricidad, pasando del 21% actual al 4% por ser considerado un servicio esencial para la ciudadanía.

PUEDES LEER Y FIRMAR EL MANIFIESTO EN: www.nomascortesdeluz.org


Las organizaciones sociales, partidos políticos y ciudadanía de Guadalajara se suman a la campaña de #NoMásCortesDeLuz, y para ello convoca a toda la ciudadanía a participar en los actos del miércoles 21 de diciembre. En concreto, los siguientes:


  • 1. Rueda de prensa a las 12:00, con las organizaciones convocantes y ciudadanía que desee participar, donde se explicará el porqué y para que de la iniciativa, se realizara a las 12:00 en la c/ Amparo nº 39 (Antigua tienda de Domarco).
  • 2. De 12:00 a 14:00, recogida de firmas en adhesión al manifiesto #NoMásCortesDeLuz, en el mismo lugar de la celebración de rueda de prensa se ubicara mesa informativa para la recogida de firmas de todo aquel que desee apoyar la iniciativa.
  • 3. De 19:00 a 20:00, concentración en la Plaza de Sto Domingo donde se iluminara con velas toda la plaza y se leerá manifiesto de la iniciativa al final de la concentración.
Para más información contactar con:

Plataforma Nuevo Modelo Energético Guadalajara: Gustavo Rioja 634 553 375 – ggrioja@gmail.com
Ecologistas en Acción Guadalajara: Alberto Mayor 659 155 339

viernes, 16 de diciembre de 2016

EL OLVIDADO CERCANÍAS A ALGETE (Y A EL CASAR)


RECORDATORIO DE ACTUACIONES

En el año 2009 el “Plan de Infraestructuras Ferroviarias de Cercanías para Madrid 2009-2015” se hizo realidad. Dicho Plan incluía la conexión de Algete con la capital mediante un tren de Cercanías en 2015, según anunció la entonces presidenta regional Esperanza Aguirre en el acto oficial de presentación junto al Ministro de Fomento de la época José Blanco. Se cumplía así el deseo de gran parte de la ciudadanía que veíamos en este plan la solución a los problemas de transporte que sufrimos desde hace años.

Dos años después, en septiembre de 2011, la redacción del estudio informativo de la prolongación de Cercanías a Algete fue adjudicada con un presupuesto que ascendió a 838.636,49 euros. Este análisis tenía por objetivo determinar las alternativas más adecuadas de trazado de viales para construir la nueva infraestructura, que permitirían extender el servicio ferroviario desde la actual estación de Alcobendas/San Sebastián de los Reyes hasta las localidades de San Agustín de Guadalix y Algete. En este punto IU El Casar presentó un proyecto avalado por el Pleno Municipal de El Casar y la Diputación Provincial de Guadalajara, que contaba con la aceptación de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias del Ministerio de Fomento, el cual indicaba que la propuesta era técnicamente realizable y que sólo estaba supeditada a la decisión política.

La primera parte del proyecto del Ministerio de Fomento, en su recorrido transcurriría por un túnel, bajo el casco urbano de San Sebastián de los Reyes, quedando sin determinar la ubicación exacta de las cinco estaciones previstas: Plaza Norte, San Sebastián de los Reyes Norte, Algete (final del trayecto de un ramal), Ciudalcampo/Santo Domingo y San Agustín de Guadalix (final de la segunda bifurcación). En su día también se solicitó al Ministerio de Fomento una parada adicional en el Distrito 5 de Algete, por ser una zona del municipio retirada del casco urbano y próxima a los polígonos industriales. Además, como mal menor, esta parada permitiría la creación de un estacionamiento alternativo para las localidades que, sin tener estación propia, podrían utilizar desde aquí el servicio de Cercanías.

En septiembre de 2012 se presentó el "Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024", revisión del "Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-2020" que elaboró en su día el gobierno de Zapatero y dentro del cual se enmarcaba el "Plan de Infraestructuras Ferroviarias de Cercanías para Madrid 2009-2015". En este nuevo Plan se indicaban las líneas maestras de actuación en los próximos años, sin concretar ni proyectos, ni presupuestos, ni calendarios, pero dejando entrever que la mayor parte de las inversiones ferroviarias que se realizarán en los próximos años sería en las líneas de Alta Velocidad, y muy pocas a las líneas de Cercanías. Esta absurda situación llegó hasta el punto de retirar, definitivamente la adecuación del ANDEN 5 de la estación de AVE de Guadalajara, donde en el proyecto original, se presentaba una estación de Cercanías. Muchos millones de euros tirados a la basura para hacer una infraestructura que ya nunca iba a ver la luz.

Hoy en día, seis años después de su puesta en marcha, el plan es una quimera olvidada en algún cajón del Ministerio de Fomento y no ha alcanzado los objetivos marcados: El Ministerio de Fomento solo ha construido cuatro de las 25 estaciones prometidas (16%) y apenas 10 de los 115 nuevos kilómetros (8,7%) de vías. Para justificar este retraso desde el Ministerio de Fomento se asegura que este plan incluía diferentes actuaciones, pero que no establecía un calendario concreto para cada una de ellas, y que además aún se están llevando a cabo los estudios informativos (la primera fase de la obra) para la prolongación de San Sebastián de los Reyes hasta San Agustín de Guadalix y Algete. Una pregunta que habría que plantear es la cuantía de los fondos asignados a ciertas empresas para mantener estos estudios sin que se haya realizado avance alguno. ¿Quien se está beneficiando de dinero público en un trabajo sin hacer?

COMO ESTAMOS EN LA ACTUALIDAD
Los regidores de quince municipios, entre los que se encuentran Algete, San Agustín del Guadalix, Sanse, El Molar, Pedrezuela, Alcobendas, o Colmenar Viejo, han firmado una carta dirigida al Ministerio de Fomento, solicitando una reunión donde validar, de primera mano, en qué fase se encuentra el Proyecto de Extensión de la Red de Cercanías para el norte de Madrid. También quieren trasladar la necesidad de esta infraestructura de transportes ya que "hace mucha falta a los más de 300.000 vecinos de la zona".

Así el 27 de abril de 2016 ls regidores decidieron sumar fuerzas y pedir que siga adelante el proyecto de Extensión de la Red de Cercanías para Madrid hasta Algete y San Agustín del Guadalix aprobado en 2009 pero que todavía no se ha hecho realidad. 

Los quince municipios de la zona norte de Madrid firmantes son Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Colmenar Viejo, Algete, San Agustín del Guadalix, Daganzo, El Molar, Cobeña, Fuente El Saz, Guadalix de la Sierra, Pedrezuela, Valdetorres de Jarama, Alalpardo-Valdeolmos, Valdepiélagos y Talamanca de Jarama. Es significativa la ausencia de municipios de Castilla La Mancha en este tipo de acciones. Queremos recordar que ayuntamientos como El Casar y la propia Diputación Provincial de Guadalajara apoyaron este proyecto y el estudio presentado por IU El Casar para que un ramal llegara hasta nuestra localidad.

Las voces (ignorantes y manipuladoras) que decían que Cercanías era un servicio de MADRID, fueron calladas en su momento, al recordar que, el mismo, ya llega a Guadalajara capital, a las localidades del Corredor del Henares e incluso hasta la provincia de Toledo.

El Ayuntamiento de Algete, en el Pleno Municipal de noviembre de 2015, aprobó por unanimidad una moción para crear un grupo de trabajo (y una Plataforma Ciudadana de la Zona Norte de Madrid), integrado por los consistorios de Algete, San Sebastián de los Reyes y San Agustín de Guadalix (además de los firmantes de la carta que también se incluirían) para llevar a cabo acciones conjuntas que puedan ayudar a que la prolongación de la línea de tren de Cercanías C-4 desde Alcobendas / S.S. Reyes a Algete y San Agustín de Guadalix se ponga en marcha lo más pronto posible.

Esta actitud de los regidores del lado "madrileño" del límite administrativo contrasta y marca la diferencia con los ayuntamientos de la franja fronteriza de Castilla La Mancha que permanecen inactivos debido, principalmente, a su único interés personal muy alejado del interés general de la ciudadanía.

IU SÍ CON+FUERZA

iusiclm@gmail.com

jueves, 15 de diciembre de 2016

MOVILIZACIÓNES: 15 Y 18 DE DICIEMBRE


En apenas unos años las condiciones de vida han empeorado hasta el punto de que sabemos que ya vivimos y viviremos peor que nuestros padres y madres. Nos tratan como mercancías en un mercado laboral cada vez más desregulado, con nuestras vidas cada vez más a la intemperie. Avanza la precariedad, se asientan las privatizaciones y los recortes de servicios públicos, se machacan impunemente derechos básicos. 

Hemos pasado de escandalizarnos por ser mileuristas a alegrarnos de lograr un trabajo de 700€ en jornadas laborales de hasta 40 horas. La alternativa es el paro: seguimos en tasas escandalosas del 20%, casi la mitad de larga duración (más de dos años). Los sueldos que se han expandido en esta crisis impiden una vida digna, pagar una vivienda y otros gastos básicos de subsistencia, por no hablar del ocio y la cultura. 

Según la Agencia Tributaria ya había 3,7 millones de personas en 2014 que subsistían con sueldos inferiores a 300€. Tememos que a día de hoy sean muchas más. El número de trabajadores pobres se sitúa ya en el 15%, y subiendo. Más de 1,5 millones de hogares carecen de cualquier tipo de ingreso, más de 4 millones de personas están desempleadas y la pobreza infantil, la más injusta y crucial para la persistencia de las desigualdades, asciende al 30%. 

Cifras terribles tras la que hay millones de vidas acosadas. Para la mayoría de nosotras un proyecto de vida emancipada y libre se hace difícil, sino imposible. 

Esta situación tiene culpables, nombres y apellidos que engrasan el molino destructor de la precariedad. Si queremos liberarnos, es imprescindible identificarlos y ahondar en las causas profundas de la injusticia. 

Mientras las grandes empresas y sus propietarios ingresan miles de millones de euros, nosotras no llegamos a fin de mes. Mientras el gobierno y sus cómplices recortan los servicios públicos, nosotras cuidamos a nuestros hijos e hijas, a nuestros mayores, en horarios imposibles. Mientras los partidos que representan los intereses de las elites econó- micas hacen leyes para los más ricos, nosotras debemos acortar las horas de calefacción o sufrir listas de espera interminables para ser atendidas en un hospital público. 

Pero esta situación tiene alternativa. No somos mercancías en manos de políticos y banqueros, se gritaba desde las plazas hace no tanto. Este país genera recursos económicos para atender las necesidades de todos y todas. Por eso debemos hacer de nuestra indignación una herramienta para cambiar la realidad del país. 

Pelear por nuestros derechos y conquistar nuestra felicidad. 

Os proponemos construir esos caminos juntas y juntos. 

Luchemos por una vida digna, suficiente y feliz. 

martes, 13 de diciembre de 2016

La violencia sexual es también violencia de género

1 de cada 3 mujeres han vivido situaciones de violencia física y sexual en Europa

En un contexto en que las noticias sobre violencia hacia las mujeres con componente sexual llenan los titulares de los periódicos –recordemos las violaciones múltiples de Pamplona y Córdoba- las 13 organizaciones firmantes solicitan el reconocimiento de esta conducta como violencia de género a todos los efectos, cuando se conmemora mañana el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

¿Qué es la violencia sexual y por qué es necesario hablar de ella?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluye en esta definición cualquier acto dirigido contra la sexualidad de una persona y comprende situaciones como tocamientos, roces, agresiones, acoso sexual callejero, exhibicionismo o violaciones. Es una de las manifestaciones de la violencia de género más extendida e invisible y afecta a las mujeres a lo largo de todo su ciclo vital, tanto en el espacio público como en sus relaciones íntimas: 1 de cada 3 mujeres han vivido situaciones de violencia física y sexual en todas las regiones del mundo, incluida Europa Occidental.

La encuesta de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales refleja que unas 3,7 millones de mujeres en la Unión Europea han experimentado alguna forma de violencia sexual durante los 12 meses previos a la realización de las entrevistas en el año 2014. Aproximadamente 1 de cada 4 mujeres que tienen o han tenido relación con un hombre han sufrido violencia física y/o sexual por parte de su pareja.

Las manifestaciones que en la actualidad son reconocidas como violencia sexual son: el acoso sexual, las agresiones sexuales (incluido el abuso sexual), la mutilación genital femenina, la trata con fines de explotación sexual, los matrimonios forzados y la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos, junto con aquellos comportamientos vinculados con la cosificación de los cuerpos de las mujeres.

España: falta de información y falta de servicios de atención

En España no existen investigaciones públicas en profundidad ni se recogen datos sobre violencia sexual hacia las mujeres de manera sistemática. Aún así, sabemos que durante el periodo 2011-2014, el 85% de las víctimas de estos delitos en nuestro país (27.730) fueron mujeres y niñas, aunque esta cifra sólo se refiere a las agresiones denunciadas, que se estima que suponen apenas un 10% de las totales. Esta falta de datos invisibiliza aún más el problema.

Por otro lado, es importante recordar que la violencia sexual queda excluida de la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Esta situación deja a las supervivientes o potenciales víctimas en una situación de desprotección, pues no existe un marco normativo que garantice sus derechos, a la vez que expone a las mujeres que sufren acoso o agresiones sexuales por parte de su pareja o expareja a una situación de indefensión jurídica.
En cuanto a la atención a las mujeres afectadas, es vital reseñar que de las 17 comunidades autónomas que conforman el Estado español, sólo 9 disponen de recursos públicos para víctimas de violencia sexual de género (Andalucía, Madrid, Extremadura, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña y Valencia). A nivel estatal, no hay un solo centro público de emergencias (24h/7días) especializado en situaciones de violencia sexual. En algunas de las regiones los servicios no están garantizados, sino que son iniciativas privadas dependientes de subvenciones públicas. 

Esta situación genera desigualdad territorial y no garantiza estándares mínimos en todo el Estado. Por todo esto, consideramos que frente a la violencia sexual, hay una escasa respuesta institucional y ausencia de políticas públicas para combatirla.

El Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres y la Violencia Doméstica, conocido como Convenio de Estambul, exhorta a los Estados parte a establecer medidas para la prevención, protección y reparación de las mujeres, niños y niñas víctimas de violencia sexual, así como a la persecución de dicha violencia. Aunque está vigente en España desde el 1 de agosto del 2014 y es de obligatorio cumplimiento, las entidades sociales desconocemos cuáles son las medidas que se están llevando a cabo para su implementación. 

Colectivos especialmente vulnerables

Existen colectivos que por su especial vulnerabilidad están más expuestos a sufrir violencia sexual, como las niñas, las jóvenes, las mujeres transexuales, mujeres mayores, migrantes –en especial aquellas en situación administrativa irregular-, las empleadas de hogar, mujeres con diversidad funcional o aquellas sin hogar o con adicción a drogodependencias.

¿Qué pedimos? 

Un cambio de visión sobre la violencia de género que incorpore la violencia sexual como eje actual de dominación. Eso implica cambios legislativos (penal y ley integral), educativos, y en la regulación de la publicidad, entre otros aspectos. En concreto, solicitamos:

- Revisar la legislación sobre la violencia de género, a fin de incluir otras formas de violencia hacia las mujeres, haciendo especial hincapié en la violencia sexual.
- Recopilar y publicar datos estadísticos de manera sistemática sobre la violencia sexual, prestando especial atención a cómo ésta afecta a los colectivos más vulnerables.
- Impulsar un mecanismo estatal de coordinación que asegure la implementación de la legislación vigente y sirva de cauce de interlocución con las entidades sociales y la sociedad civil. 
- Diseñar planificación normativa que especifique la situación de partida, objetivos, actuaciones, presupuestos, indicadores y calendario previsto para implementar una política integral sobre la violencia sexual hacia las mujeres en el Estado Español. Deberá incluir la elaboración de protocolos de actuación y el desarrollo de una red integral de atención a las víctimas, así como la formación especializada de los agentes sociales implicados. 

Aprovechando la oportunidad que nos brinda la existencia de un Pacto de Estado contra la Violencia de Género, las entidades nos ofrecemos a iniciar un diálogo en el que poder ofrecer nuestra experiencia, nuestro conocimiento profundo y nuestra forma integral entender la problemática de la violencia sexual.


Socializar pérdidas y privatizar beneficios

El capitalismo realmente existente es de socializar pérdidas y privatizar beneficios. Una estafa:

El Estado se quedará definitivamente con las autopistas de peaje en quiebra

Fomento ve muy difícil un acuerdo con los bancos acreedores para rescatar las infraestructuras. La nacionalización puede costar más de 5.000 millones

El Estado tendrá que asumir las nueve autopistas de peaje que actualmente están en quiebra ante la dificultad de llegar a un acuerdo con los bancos acreedores para su rescate que pueda evitar la liquidación y el cierre al tráfico de las vías. Así lo ha reconocido el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, quien ha precisado que aunque están intentando negociar con los bancos “un acuerdo que facilite las cosas es muy difícil, porque muchas entidades han vendido su deuda".

"Las autopistas revertirán al Estado y el Estado decidirá cómo gestionarlas", indicó el ministro, quien garantizó que el principal objetivo es que las infraestructuras "sigan operativas y los ciudadanos puedan seguir utilizándolas", indicó De la Serna, en declaraciones a Los Desayunos de TVE.

No existe ninguna valoración oficial del importe que puede suponer la nacionalización de las autopistas en quiebra. La patronal de las grandes constructoras Seopán la cifró en 2015 en alrededor de 5.500 millones de euros, pero el importe final dependerá del momento en el que se aplique ese rescate. Además, Fomento defiende que el Estado puede recuperar e incluso ganar dinero con la recuperación de las autovías si el tráfico por las vías de peaje se recupera a lo largo del plazo de la concesión.

Los bancos que prestaron los fondos a las concesionarias que construyeron las autopistas acumulan una deuda de 3.400 millones de euros. Algunas de esas entidades, sobre todo las extranjeras, se han deshecho de sus pasivos vendiendo la deuda con un fuerte descuento (hasta del 70%) a los denominados fondos buitre, fondos de inversión fuertemente especulativos.

El actual ministro de Fomento anunció nada más desembarcar en el Ministerio que recuperaría el plan de rescate que intentó su antecesora en el cargo, Ana Pastor, y que preveía una quita sobre los créditos del 50% y el pago del resto en un plazo de 30 años mediante titulización, pero los acreedores no aceptaron el mismo.

Las concesionarias han provisionado ya sus pérdidas por los recursos propios invertidos en las vías, que financiaron en su mayor parte con los créditos de más de una veintena de bancos, que son los que actualmente tienen este pasivo en sus balances. 
Responsabilidad Patrimonial de la Administración 

La nacionalización de las autopistas es una consecuencia de la cláusula de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), por la que el Estado tiene que asumir una infraestructura en caso de quiebra, y abonar a las empresas concesionarias el importe de la inversión que aún no han recuperado.

Las nueve autopistas quebradas o en riesgo de liquidación son las radiales madrileñas 2, 3, 4 y 5 (consorcio Accesos de Madrid compuesto por Abertis, ACS, Sacyr y Bankia); la M-12 (Eje Aeropuerto de Barajas), la AP-41 (Madrid-Toledo), la AP-36, la circunvalación de Alicante (Ciralsa), y la Cartagena-Vera (Aucosta).

Fomento defiende que se puede recuperar todo el dinero si se recupera el tráfico, la misma mentira que con el rescate a la banca, especialmente a Bankia.

Los tribunales están instando la liquidación de las concesionarias como ya ha ocurrido en el caso de las radiales R-3 y la R-5, aunque el Ministerio ha logrado una prórroga hasta julio de 2017 para evitar su cierre al tráfico.

Nos preguntamos: "por qué los ciudadanos tienen que asumir la mala planificación de los Gobiernos del PP”. Fueron gobiernos del PP los que tomaron la decisión de dar estas concesiones de las autopistas de peaje, los que calcularon el tráfico que iban a tener, los que dieron las concesiones a determinadas empresas y los que no han hecho nada, sabiendo desde 2012 las cosas iban mal para impedir que seamos todos los ciudadanos los que suframos las consecuencias". El grupo parlamentario de IU-Unidos Podemos ha solicitado la comparecencia del ministro.


Por otra parte, el ministro de Fomento confirmó confirmó este lunes que ha dado instrucciones para que se estudie la fusión de Renfe y Adif, con el objetivo de que el sector ferroviario español gane competitividad y eficiencia de cara a la liberalización de 2020.

¿Será una nueva privatización fallida?