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martes, 16 de enero de 2018

EL GOBIERNO, FUERA DE LA LEY, AL ENVIAR TROPAS AL EXTRANJERO SIN PERMISO

El Gobierno vuelve enviar tropas al exterior sin la autorización del Congreso


Ha aumentado de 140 a 280 los efectivos desplegados en Mali sin la aprobación de las Cortes, saltándose la ley. Ya ocurrió con el despliegue en Letonia que se usó como medida diplomática para que este país no reconociera la independencia catalana. Unidos Podemos anuncia medidas legales para frenar esta práctica.

El Gobierno español ha vuelto a enviar tropas al exterior sin la autorización del Congreso de los Diputados, saltándose la Ley de Defensa Nacional que obliga a que cualquier despliegue de este tipo sea ratificado por las Cortes. La primera vez que hubo constancia de ello fue cuando el ex ministro de Exteriores José Manuel García Margallo reconoció que España había enviado un contingente de combate a la frontera rusa para evitar que Letonia reconociese la independencia de Catalunya. 

La segunda se ha producido este lunes. Militares y vehículos de combate han comenzado a trasladarse a Mali con el objetivo de ampliar la misión española en este país, que pasará de 140 a 280 efectivos, que fue aprobada el pasado mes por el Gobierno pero que está pendiente de la autorización del Parlamento, prevista para finales de enero.

El visto bueno del Ejecutivo de Mariano Rajoy ocurrió el pasado 22 de diciembre, momento en el que se trasladó al Parlamento para su ratificación. La petición del Gobierno expresa la necesidad de incrementar el número de efectivos en la misión de entrenamiento en Mali de la UE hasta un máximo de 292 efectivos. A pesar de que esta ratificación no se ha producido, María Dolores de Cospedal, ministra de Defensa, ha enviado ya a las tropas.

Prisas para tomar el mando de la misión
No era previsible que el Congreso denegara al Gobierno la autorización para el envío de tropas a Mali. Lo que queda patente con la actuación de Cospedal es la disposición del Gobierno a saltarse la ley del Gobierno en caso de necesidad. Aunque a diferencia del contingente desplegado en Letonia, de cuyo envío no se informó al Parlamento para evitar cualquier debate político al respecto, en el caso de Mali la razón para inclumplir la ley ha sido mucho más nimia.

El motivo de que Cospedal no haya esperado a la autorización del Congreso es que España debía tomar el mando de la misión internacional en el país (y por tanto, desplegar el mayor contingente sobre el terreno) el próximo 31 de enero. Ese día el general español relevará al general de brigada belga, Bart Laurent. Esperando al debate parlamentario no se habría podido completar a tiempo el despliegue, que incluye 15 vehículos blindados Lince y tres RG-31. Los militares españoles que refuerzan la misión ocuparán muchos puestos que dejarán los belgas. 


Según ha podido saber Público, el Estado Mayor de la Defensa ha llegado a publicar en la web oficial del organismo que la necesaria aprobación del Congreso para la misión se había producido. Posteriormente ha procedido a retirar la información. 

Unidos Podemos anuncia medidas legales
El portavoz de Unidos Podemos en la comisión de Defensa, Juan Antonio Delgado, ha criticado a la ministra por "tomar la senda del señor Aznar: de saltarse el Congreso, la ley y de no informar a los ciudadanos del despliegue de tropas en el extranjero" y ha anunciado que su grupo emprenderá acciones legales para evitar que el Gobierno siga ejerciendo estas prácticas. 

"Desde Unidos Podemos pondremos en marcha acciones legales para frenar la vulneración de la ley por parte del Gobierno del Partido Popular, que ha ignorado al Congreso, saltándose la ley orgánica de Defensa Nacional y sin presentar el informe sobre operaciones", ha denunciado Delgado. "La etapa de Aznar y las Azores ya pasó y no vamos a consentir que se vuelva a aquella situación", ha aseverado. 

Está previsto que la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, comparezca ante la Comisión de Defensa de la Cámara Baja el próximo 24 de enero.


LA JUSTICIA FULMITA EL ATC DE CASTILLA LA MANCHA

La Justicia fulmina el plan urbanístico que posibilitaba el cementerio nuclear de Villar de Cañas


Victoria de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha en su batalla jurídica contra el almacén nuclear. El Tribunal Superior de Castilla-La Mancha que ha avalado la resolución del Gobierno Regional que declara nulo el planteamiento urbano de esta localidad conquense.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla‑La Mancha ha desestimado el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Villar de Cañas contra la resolución de la Consejería de Fomento, de 6 de noviembre de 2015, que declaraba nulo de pleno derecho el Plan de Ordenación Municipal (POM) de esta localidad conquense, que fue aprobado el 19 de junio de 2015 con el Gobierno de María Dolores de Cospedal en funciones, ya casi en diferido y de forma simulada, a tan solo un par de semanas de su salida del Palacio de Fuensalida, expulsada por los resultados electorales.


La sentencia, notificada el 11 de enero y a la que ha tenido acceso PeriódicoCLM, da la razón al Ejecutivo que preside el socialista Emiliano García‑Page, que invalidó el planeamiento urbanístico que posibilitaba la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas.

Reconoce el juez que la declaración de nulidad del acuerdo de aprobación del POM es legítima, al haber quedado probado que a lo largo de su tramitación los informes de la Confederación Hidrográfica del Guadiana señalaban que no estaba garantizada la existencia de recursos hídricos requerida. 

En este sentido, subraya la sentencia el carácter preceptivo de dichos informes, en los que se pone de manifiesto la "inexistencia" de agua suficiente para el desarrollo del POM. Informes por tanto que debieron ser entendidos como "desfavorables" y al ser estos de carácter "vinculante y preceptivo" se incurrió en un "defecto esencial" de la aprobación del POM. 

No se trata así de un defecto subsanable o de un requisito cuya ausencia pudiera originar la nulidad de actuaciones, y la retroacción de las mismas, sino que se trata de "un vicio esencial y sustantivo", cuya nulidad se declara ‑aprecia el juez‑ "porque el plan urbanístico vulnera las leyes", en este caso el artículo 62.2 de la ley 30/92, aplicable al tiempo de su aprobación. 

Es por ello que se desestiman las pretensiones del Ayuntamiento de Villar de Cañas de que fuera revocada y anulada la resolución de la Consejería de Fomento, y se declara así la nulidad del POM del municipio conquense, según lo resuelto por la Administración autonómica.

EL ATC NO GUARDA LAS DISTANCIAS 
Por otra parte, y en relación a la ubicación del basurero nuclear respecto al núcleo urbano y las distancias que debían existir, también se pronuncia el juez en el fallo, señalando que no guarda las distancias preceptivas. 

Señala el auto que la ubicación del almacén temporal debe emplazarse cumpliendo lo descrito en la memoria, más allá de los planos del proyecto constructivo. No obstante, advierte el juez, "no se marca en ningún plano" la zona del área de las construcciones nucleares, así como la más restringida o aquella con menor radio de afección.  

El POM establece, en el apartado de ordenación estructural, que la localización de las edificaciones nucleares se encontrará a una distancia de 2.000 metros desde el punto más desfavorable de los núcleos de población y de sus crecimientos.

Es por ello que la regulación del POM "no se acomoda a la regulación aplicable", lo cual quedó ratificado por el propio perito al aclarar que en la redacción del POM no se había tenido en cuenta la instrucción que así lo establece, y que exige que la medición de los 2.000 metros se debe realizar desde la zona de afección de la edificación, "y no desde la fachada de las instalaciones nucleares", especifica la sentencia.  

INFRAESTRUCTURAS SIN DEFINICIÓN
Otro aspecto que analiza la sentencia es la falta de adscripción de sistemas generales, que son las carreteras, espacios libres o infraestructuras básicas, como centros productores de energía, del Sector 13 del plan urbanístico de Villar de Cañas, pues considera probado el juez que la mayor parte de las infraestructuras generales previstas en el POM no se adscriben a dicho sector, al que dan servicio.

Se incumplen así los preceptos básicos legales de la normativa urbanística, ya que esta falta de adscripción conlleva "una falta de definición" en cuanto a la obtención y ejecución de las obras correspondientes. De este modo se incumple también una determinación del plan urbanístico, como es el especificar el procedimiento de obtención del suelo, así como el de ejecución y financiación de las obras de sistemas e infraestructuras generales. Cuestiones que, precisa el juez, "no llegan a justificarse", yendo así en contra de los criterios propios expuestos en la memoria justificativa y en la ordenación estructural del propio POM. 

Por todos estos factores, la Sala de lo Contencioso‑Administrativo del alto tribunal castellano‑manchego desestima el recurso presentado por el Ayuntamiento de Villar de Cañas. Contra esta sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que deberá presentarse en un plazo de 30 días a partir de la notificación. 

Una asociación católica quiere desahuciar a los inquilinos de un centenar de VPO en Guadalajara

Una asociación católica quiere desahuciar a los inquilinos de un centenar de VPO en Guadalajara


En los años 60, unos 96 pisos de Guadalajara fueron cedidos a la Sociedad de San Vicente de Paúl para que los administrara hasta que las familias a las que habían sido adjudicados los pagasen. Una vez hecho, la entidad debía transferir la propiedad a los adjudicatarios, pero esto nunca ocurrió y ahora amenazan con desahuciar a los que viven allí.

Unas 96 viviendas de protección oficial de Guadalajara fueron cedidas en los años 60 del pasado siglo a la Sociedad de San Vicente de Paúl, una asociación católica, para que las administrara hasta que las familias a las que habían sido adjudicadas terminaran de pagarlas. Una vez abonados los créditos a 30 años otorgados por el entonces Instituto del Crédito para la Reconstrucción Nacional (hoy desaparecido; el BBVA tomó el relevo), la entidad católica debería haber transferido la propiedad a los adjudicatarios. Sin embargo, esto nunca llegó a pasar, y desde hace años esta sociedad busca la manera de desahuciar a las familias que aún viven allí.

Diego, activista de la Plataforma Antidesahucios de Guadalajara, es uno de los afectados. Los abuelos de Diego adquirieron uno de los pisos y lo financiaron durante años, pero nunca llegaron a tener la vivienda en propiedad. Desde la plataforma han denunciado que esta situación pone en riesgo a muchas familias: algunas ya se han ido de las viviendas —a pesar de haberlas pagado— engañadas por la asociación y tras sufrir lo que denominan "mobbing inmobiliario" —cortes de las luces comunitarias o visitas intimidatorias—.

Las viviendas están en el barrio de Alamín, uno de los más degradados de Guadalajara. Diego cuenta a Público que entre los años 1992 y 1996 las familias a las que habían adjudicado las viviendas pagaron las últimas letras de los pisos. Sin embargo, la entidad católica siguió cobrando el "arrendamiento" a los inquilinos y según iban falleciendo, se quedaba con la plena propiedad de esas viviendas.

Algo que, a tenor de la documentación a la que ha tenido acceso Público, parece fuera de ley. En los informes periciales que solicitaron los vecinos y los documentos de las reuniones en las que se acuerdan las condiciones de los contratos de las viviendas se asegura que la finalidad de éstas es la "enajenación". De hecho, también se puede comprobar que se establece un modelo de contrato de adjudicación y amortización de las viviendas y, en documentos del Ministerio de Fomento, se confirma la cédula de calificación definitiva como vivienda de protección oficial así como que la entidad católica no debe retener la propiedad de las viviendas.

A pesar de que no ha contestado a las preguntas sobre estas viviendas, la Sociedad San Vicente de Paul sí hace referencia a ellas en su página web de la siguiente manera: "La SSVPE tiene un proyecto de viviendas sociales que cuenta con 96 pisos en los que acogen a familias en situación de riesgo o exclusión social. Gracias a esta labor, que ya cumple más de 50 años, la Sociedad de San Vicente de Paúl atiende y facilita una vivienda digna a más de 400 personas". Sin embargo, esto vuelve a contradecirse con lo que cuentan los vecinos de Alamín, que afirman que muchas de las viviendas se encuentran "en condiciones totalmente insalubres".

Pobreza y 'mobbing' inmobiliario
Otro caso similar al de Diego es el de Mercedes. Los originales adjudicatarios de su vivienda actual fallecieron, y sus hijos cedieron la casa a personas que no tenían recursos, explica la vecina a Público. "Cuando me dieron la casa no había puertas, ni luz ni agua. No había calentador, he tenido plaga de cucarachas, el suelo es el original de los años 60, la puerta de la terraza se caía… y no me han hecho nada más que ponerme las puertas, cambiar el suelo de la cocina, poner la luz, un calentador y pintar. Es un desastre total".

Mercedes cuenta que la entidad le dijo que tenía que pagar hasta 3.000 euros por la reforma, pero ella se niega porque la casa ni siquiera está bien reformada. "Otras casas sí las han arreglado enteras, pero a mí ni siquiera lo han hecho bien, por esto me niego a pagar la cuota o la reforma hasta que al menos esté en condiciones". A partir de tomar esta decisión, Mercedes comenzó a recibir amenazas constantes de juicios y de desahucios hasta con gritos en plena calle. Lo mismo ocurre con el resto de vecinos, a pesar de que la propiedad no debería ser de la sociedad.

Diego también ha sufrido el 'mobbing' inmobiliario en su propia piel: "La semana pasada intentaron entrar en mi casa forzándola. Colocan a personas conflictivas en las viviendas, gente que puede hacerte la vida imposible. Además de las comunicaciones escritas instando a los pagos que ellos exigen y las constantes amenazas de desahucio", señala.

¿Por qué hay interés en estos pisos?
No es sólo esto lo que pone en cuestión la plataforma antidesahucios y los vecinos de Guadalajara: también que San Vicente de Paúl administra un "fondo buitre" que es el realmente interesado en estas viviendas. Según el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), la entidad benéfica es la administradora única de la Sociedad fundada en 2010, Bailallier Servicios Generales SL, una empresa con un capital social de 600.000 euros, dedicada según Registro Mercantil a la "adquisición, tenencia, administración, arrendamiento —incluido leasing inmobiliario— y explotación de bienes inmuebles, así como la adquisición, por cuenta propia, de valores mobiliarios".

Además, el apoderado y vicepresidente de la Sociedad San Vicente de Paúl es Juan Manuel Buergo Gómez, empresario que también dirige una de las empresas asociadas a la trama Púnica, TECNIGES S.A., y que también se dedica a la promoción inmobiliaria, según ha podido saber la PAH de Guadalajara con la ayuda de Filtrala.org. 

"Con esto nace la sospecha de que haya detrás un pelotazo inmobiliario. Cuando las viviendas se construyeron era un barrio alejado de la ciudad, pero ahora está más cerca del centro y es un terreno que vale mucho más. De ahí viene la hostilidad hacia aquellos que estamos exigiendo que se nos respete el derecho a la adjudicación. Traer a estas viviendas familias que carezcan de derecho alguno sobre las adjudicaciones es hacer mucho más viable ese posible proyecto urbanístico", cuenta Diego.

El desahucio de Diego en manos de los tribunales
Diego ha denunciado esta situación. La entidad quiere desahuciarle, y parece que de momento va ganando en los tribunales. La semana pasada la Audiencia Provincial de Guadalajara emitió una sentencia favorable a la asociación católica: "El martes pasado recibí la sentencia y confirma el desahucio. La Audiencia no entra a valorar las cuestiones de fondo que yo invoco sobre estas viviendas, se basa en cuestiones procesales", explica el activista. Aún así, todavía queda otro recurso por presentar antes de que pueda ser desahuciado.

"El problema de todo esto es la participación de agentes privados en la gestión de viviendas públicas", añade Diego. Y junto a esto, denuncia "la falta de vigilancia por parte de la Junta de Castilla-La Mancha, que tiene la competencia autonómica sobre este tipo de viviendas desde el año 1984". Además, Diego hace referencia a otra dificultad añadida a la hora de enfrentar estos desahucios: "Hay cierta unanimidad en la gente en pensar que los bancos engañan, pero no en una sociedad que se presenta como una entidad caritativa y católica y que realiza una labor social"

domingo, 14 de enero de 2018

Privatizando los servicios públicos se desmantela el tejido del Estado


Por Cándido Marquesán Millán

El fin de semana de la festividad de Reyes, coincidiendo con el retorno de las vacaciones navideñas, nos hemos visto sorprendidos por una fortísima nevada, que ha dejado tirados en la AP-6 a millares de ciudadanos.

Tal autopista está siendo administrada bajo el régimen de concesión por una empresa privada, Iberpistas, una filial de Abertis. En definitiva se ha producido una privatización o externalización de un servicio básico. Parece claro que la responsabilidad de la seguridad es competencia exclusiva de tal empresa. Y tal como acabamos de constatar millares de ciudadanos han quedado tirados y abandonados a su suerte durante muchas horas. Aquí se viene abajo estrepitosamente el discurso dominante desde hace unas décadas de la mejor eficacia, competencia y ahorro del sector privado con respecto al sector público. Discurso clave dentro del neoliberalismo. Tales ventajas del sector privado no han sido demostradas empíricamente, es una cuestión de creencia, es como un dogma de fe. Se repite una y otra vez y nadie puede cuestionarla.

A este proceso de privatización-venta de empresas del sector público- o externalización de servicios básicos de carácter público, el geógrafo británico David Harvey lo ha llamado la "acumulación por desposesión". La acumulación por desposesión no es algo nuevo. Forma parte del ADN originario del capitalismo. Así es como se hizo la famosa "acumulación originaria" a la que Carlos Marx dedica gran parte de las páginas de su obra. Desposeer a las poblaciones de sus bienes comunes que garantizaban su subsistencia y una cierta independencia es una inveterada tradición liberal. El ejemplo de los enclosures en Inglaterra es un ejemplo. Lo novedoso es que las energías de los mercantilizadores se dedicaron además, en la deriva neoliberal de las últimas décadas, a privatizar y convertir en yacimientos de plusvalía muchos de los servicios que habían formado parte del Estado de Bienestar keynesiano, que había fundamentado la paz social en el Centro mismo del sistema global.

Lo ocurrido lo explica muy bien Fernando Álvarez Uría La privatización es un robo. Para legitimar este expolio, bien poniendo en venta empresas públicas-de tal circunstancia tenemos una amarga experiencia los españoles y a la que me referiré más delante de una manera explícita- o externalizando servicios públicos, fue y es preciso descalificar las instituciones públicas, la función pública, la fiscalidad sobre las grandes fortunas, los servicios públicos, denunciar sus inercias, burocracias y rigideces, a la vez que proliferaron los cánticos laudatorios a la iniciativa privada, al espíritu de empresa y a la cultura empresarial. Y este discurso ha sido asumido inconscientemente por la sociedad española. Fue así como en esta economía sin sociedad el suelo y el subsuelo públicos pasaron a manos de especuladores privados, fue así como empresas públicas o semipúblicas fueron entregadas por los gobiernos de turno a los viejos amigos del colegio, fue así como los contratos discrecionales y con grandes dosis de corrupción en los procesos de externalización pasaron a adquirir una especie de carta de naturaleza en nuestros sistemas políticos, a la vez que viejas formas ya olvidadas de capitalismo salvaje irrumpían en la escena social.

En España, la primera etapa de las privatizaciones-venta de empresas públicas- se inició a mediados de los años 80 hasta 1996 con gobiernos socialistas. El principal factor que las impulsó no se basó en motivaciones ideológicas o políticas, sino en restricciones estratégicas, presupuestarias y tecnológicas. A partir de 1996 con el Gobierno de Aznar, las privatizaciones formaron parte del programa electoral, planificándose como un programa gubernamental completo, se vendieron las empresas más rentables y los objetivos políticos fueron tan importantes o más que los económicos. Así las joyas de la corona de nuestras empresas públicas fueron vendidas como Seat, Repsol, Endesa, Telefónica, Gas Natural… El holding de la banca pública Argentaria, privatizado entre 1993 y 1998, se fusionó en 1999 con el BBV. ¡Qué bien nos vendría ahora una banca pública para financiar nuestra deuda! La ciudadanía permaneció impasible ante la pérdida de todo este patrimonio colectivo. Hoy nos queda poca empresa pública atractiva para el capital privado. No obstante, están pendientes de este proceso Las Loterías y Apuestas del Estado, los Paradores….  Más, según Mariano Fernández Enguita, como el capitalismo es extraordinariamente voraz, el actual asalto está dirigido, ya lo estamos constatando, hacia los servicios públicos del Estado del Bienestar, entre otros en educación, sanidad, y dependencia, con una demanda cada vez más creciente ya que la sociedad se ha acostumbrado y no sabría renunciar a ellos, tanto  es así que se han considerado como derechos. Hay capitales abundantes con unos mercados cautivos y muy prometedores. Pero todavía más.  Además de capitales ávidos, las políticas de privatización o externalización cuentan también con consumidores deseosos y contribuyentes bien dispuestos. Como la universalización de estos servicios genera quejas al no poder ser atendidas todas las demandas, como las listas de espera en el sector sanitario o que los españoles no  quieren que sus hijos compartan pupitre con inmigrantes, esto provoca una disposición creciente hacia la oferta privada. Por otra parte, cuando una prestación que era antes un privilegio se generaliza, las anteriores clases privilegiadas buscan diferenciarse de nuevo accediendo a niveles superiores (más educación o más sanidad) o a tipos distintos (mejor u otra educación o sanidad). El diferenciarse no solo lo pretenden los que quieren conservar sus privilegios, sino también los que intentan acceder a ellos por primera vez. La educación y la sanidad privadas se pueden convertir en un símbolo de esta diferenciación. Por todo ello, se abre un mercado inmenso al capital en el ámbito de los servicios públicos. De esto podría ser un paradigma la Comunidad  de Madrid.

Mas en este proceso de privatización de la propiedad colectiva nos pasa desapercibida una circunstancia extraordinariamente grave. Al  respecto parece muy oportuna la reflexión de Ugo Mattei en su artículo Límite a las privatizaciones. Cómo frenar el saqueo de los bienes comunes, aparecido  en Le Monde Diplomatique, en el que  plantea la necesidad de proteger la propiedad colectiva, y más todavía ahora que los gobiernos se deshacen de los servicios públicos y privatizan el patrimonio colectivo para equilibrar los presupuestos; ya que toda privatización decidida por la autoridad pública –representada por el gobierno de turno– priva a cada ciudadano de su cuota de bien común, exactamente como en el caso de una expropiación de un bien privado. Pero con una diferencia sustancial: la tradición constitucional liberal protege al propietario privado del Estado, con la indemnización por expropiación, mientras que ninguna disposición jurídica –y menos aún constitucional– ofrece ninguna protección cuando el Estado neoliberal traslada al sector privado los bienes de la colectividad. Debido a la evolución actual de la relación de fuerzas entre los Estados y las grandes empresas transnacionales, esta asimetría representa un anacronismo jurídico y político.

Retorno al hecho que propiciaba este artículo, cual es lo ocurrido en la AP-6. Es una obviedad por lo ya expuesto que cuando una empresa privada asume, bajo una concesión, un servicio público, del abastecimiento de agua, recogida de basuras, limpieza de jardines, transporte público, sanidad, educación o dependencia, el objetivo fundamental  dentro de la más estricta lógica de su funcionamiento interno en un sistema capitalista, es de conseguir unos beneficios económicos, el afán de lucro, para lo cual reducen costos: bien reduciendo prestaciones o el costo del factor trabajo. Y lo acabamos de constatar con una contundencia apabullante en la nevada de la AP-6. Los  cientos de afectados han criticado la escasez de máquinas quitanieves y la falta de personal e información por parte de la empresa. Pero es un hecho extensible a muchas de las empresas concesionarias de las autopistas, ya que entre 2011-2015 han llevado a cabo unas severas y duras políticas de recortes de personal. Según El Confidencial, las concesionarias de autopistas pasaron de 5.100 empleados a 3.200. Por supuesto, incrementaron los peajes de 10,6 a 12,4 céntimos por kilómetro en el caso de las autopistas estatales y de 15,6 a 17 céntimos en las de concesión autonómica. Mientras en 2011 Iberpistas contaba con 96 trabajadores para mantenimiento y 107 para los puestos de peaje, en 2015 estas cifras bajaron hasta los 79 y 73, respectivamente. La AP-6 es la vía de pago donde más se han elevado las tarifas en el período 2011-2015, con un incremento del 23% (la subida media fue del 17%).

La conclusión es clara. Aquí hay trampa. Y si hay trampa, hay tramposos. Especialmente los responsables del gobierno. En cuanto a las privatizaciones del sector público, fue un auténtico regalo a determinadas élites y amigos de colegio, además de una fuente de corrupción vergonzosa. En cuanto a las concesiones de las autopistas, los pliegos de condiciones se redactan con unos objetivos muy claros: si son rentables las empresas hacen grandes negocios y si no lo son, se produce su rescate por parte del Estado. ¡Qué desvergüenza! ¿Cuánto nos costará el rescate de la quiebra de las autopistas radiales de Madrid? ¿Lo sabremos algún día? Según la patronal de las grandes constructoras unos 5.000 millones. La factura que las autopistas en quiebra dejan al Estado tiene una partida llamativa: la de las expropiaciones, que ascendía, a fines de los 90, durante el Gobierno de Aznar, cuando se estimaron, en conjunto, a 387 millones. Al final se dispararon hasta 2.217 millones. Una desviación de 1.830 millones, casi seis veces más. Los precios por estas expropiaciones crecieron exponencialmente por las sentencias de los tribunales, a raíz de la ley del Suelo de 1998 de Aznar, al valorar que los terrenos no debían considerarse rústicos ya que había expectativas de urbanización. Dentro de la más estricta ideología neoliberal, se trataba de la búsqueda de nuevas plusvalías en el espacio dentro de sus diferentes concreciones, esto es, el suelo urbano, la construcción de infraestructuras, transportes y equipamientos relacionados, etc. Entre los beneficiados había conocidas familias (Franco, Serrano Suñer o Abelló).

  1. En un aviso a navegantes, Tony Judt en su libro Algo va mal nos señala que Edmund Burke en sus Reflexiones sobre la Revolución Francesa ya nos advirtió “Toda sociedad que destruye el tejido de su Estado no tarda en desintegrarse en el polvo y las cenizas de la individualidad. Al eviscerar los servicios públicos y reducirlos a una red de proveedores subcontratados hemos empezado a desmantelar el tejido del Estado. En cuanto al polvo y las cenizas de la individualidad, a lo que más se parece es a la guerra de todos contra todos de la que hablaba Hobbes.”

viernes, 12 de enero de 2018

El Gobierno recorta a la mitad el gasto público a la espera de los Presupuestos

El Ejecutivo no mencionó dicho tijeretazo en la Referencia del Consejo de Ministros celebrada el últimos viernes del 2017.



El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en el Consejo de Ministros del pasado 29 de diciembre un "ajuste del 50%" del gasto público con los Presupuestos Generales del Estado de 2018 aún pendientes de aprobar, según adelanta la Ser.

El texto del acuerdo señala que "desde el 1 de enero de 2018 y hasta la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales para el año 2018, los órganos de los departamentos ministeriales, de sus organismos autónomos, de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social así como del resto de entidades con presupuesto limitativo, no podrán iniciar la tramitación de nuevos expedientes de gasto imputables a los capítulos 4, 6, 7 y 8 de los correspondientes presupuestos", informa la Ser.

El Ejecutivo no mencionó dicho tijeretazo en la Referencia del Consejo de Ministros celebrada el últimos viernes del 2017. Sin embargo, sí consta el acuerdo por el que se establecen los criterios de aplicación de la prórroga para 2018 de los PGE para el año 2017. "Se formaliza la distribución por departamentos ministeriales y se aprueban medidas para reforzar la eficacia de la gestión del gasto público", prosigue la referencia.

Asimismo, señala la aprobación de la revalorización de las pensiones de otras prestaciones Públicas para el próximo ejercicio. Esta subida, del 0,25%, queda fuera de estos recortes. 

jueves, 11 de enero de 2018

No hay ninguna necesidad de crear un impuesto para asegurar las pensiones

Por Eduardo Garzón
Economista del Consejo de Científico de ATTAC


El pasado lunes 8 de enero el PSOE volvió a la carga con su ya conocida propuesta de creación de un impuesto para poder financiar las pensiones como respuesta al déficit que tiene la Seguridad Social y alegando que países como Francia aplican medidas similares. Muchos han caracterizado esta propuesta de izquierdas, ya que pone el acento en el aumento de ingresos en vez de hacerlo en la disminución de los gastos como marca la receta de la derecha (por cierto, aplicada también en las pensiones por el PSOE durante el gobierno de Zapatero). Sin embargo, esta interpretación es presa precisamente de los postulados económicos que utiliza la derecha, ya que comparte con ella la obsesión de acabar con el déficit público –en este caso de la Seguridad Social–, como si fuese una enfermedad que hay que extirpar lo antes posible. En realidad, una interpretación verdaderamente de izquierdas debe basarse en una rigurosa y adecuada comprensión de la naturaleza y funcionamiento de los saldos fiscales, dejando de lado los mitos económicos de la derecha que demonizan el déficit público y entendiendo que éste no es más que una herramienta económica que se debe utilizar en beneficio de la mayoría social.

El sistema público de la Seguridad Social ingresa actualmente menos de lo que gasta. Bien, ¿y qué? Si aislásemos los ingresos y gastos de la sanidad pública –al igual que hacemos hoy arbitrariamente con las pensiones públicas-, a ésta le ocurriría exactamente lo mismo: estaría en déficit (los pacientes no pagan directamente todo el coste del servicio), y no veo a nadie por ahí diciendo que hay que crear un impuesto finalista para financiar la sanidad. Pasa igual con la educación pública y con otros servicios públicos: aisladamente del resto de las finanzas públicas se encontrarían en déficit, lo que ocurre es que logramos la financiación a través de vías que no tienen nada que ver con su respectivo ámbito, de forma que financiamos servicios públicos como la sanidad con el dinero que, por ejemplo, paga alguien por IVA cuando compra un coche de lujo. Ponemos toda la riqueza y renta de nuestra economía al servicio de la financiación de todo lo público.

¿De todo? No. De las pensiones no. Así se decidió en 1996 con el Pacto de Toledo, alegando que separar la financiación de las pensiones del resto de la finanzas públicas impediría a los gobernantes de turno recortarlas a través de los presupuestos generales del Estado. Pero esto hoy solo se puede ver como una broma de mal gusto, ya que tanto el gobierno de Zapatero como el de Rajoy han recortado sustancialmente las pensiones públicas con las reformas de los últimos años (aumentando la edad de jubilación, congelando su revalorización o desvinculándola del crecimiento de los precios, ajustándola a la esperanza de vida, etc). Si el aislamiento de la financiación de las pensiones no ha impedido que los gobiernos les peguen un tijeretazo, ¿para qué sirve entonces?

Ya lo digo yo: para nada que no sea reforzar una falsa imagen de insostenibilidad. Una vez las pensiones están aisladas, es fácil señalarlas si tienen déficit y gritar a los cuatro vientos que hay un problema que solucionar (momento hábilmente aprovechado por la banca para proponer planes privados de pensiones). Vuelvo a lo de antes ¿qué pasaría si aislásemos la sanidad pública del resto de finanzas públicas? Veríamos un déficit enorme y la élite de turno saldría en banda a clamar su privatización. Pero no lo hace de forma tan agresiva porque el déficit de la sanidad pública se diluye en el conjunto de las finanzas públicas y el hipotético problema no se explicita tan claramente.

Y remarco hipotético porque lo más importante de todo esto es entender que el déficit público no tiene por qué estar señalando un problema que haya que resolver. Registrar déficit público es habitual y a menudo necesario. De todos los países del planeta solo 26 evitaron el déficit público el último año, y lo lograron fundamentalmente porque son paraísos fiscales o potencias exportadoras y buena parte del dinero que reciben del exterior acaba en las arcas públicas. Y así ha sido por regla general durante toda la historia, y nunca ha sido óbice para pedir que se recorten los gastos públicos salvo en los últimos tiempos. El discurso neoliberal de la derecha nos ha hecho creer que los déficit públicos son malos y que hay que evitarlos, pero esto es sólo una excusa para presionar a los gobiernos para que recorten sus Estados del bienestar.

Las empresas recurren constantemente al déficit para llevar a cabo sus actividades (endeudándose para adquirir inmuebles y maquinaria), al igual que lo hacen muchas familias (endeudándose para comprar viviendas y electrodomésticos). ¿Por qué no lo debería hacer un Estado para financiar adecuadamente los servicios públicos y para fomentar la actividad económica? Ojo: no se trata de registrar déficit públicos o de endeudarse sin ton ni son, sino de entender que el recurso al déficit es habitual y de hecho necesario, y que no tiene nada de malo siempre que se realice con mesura y en favor de la mayoría social.

Por eso no hay ninguna necesidad de acabar con el déficit de la Seguridad Social; éste puede permitirse igual que se permite el déficit en el resto de las administraciones públicas. Otra cosa es que pueda ser conveniente reducir el volumen del déficit. Pero una cosa es reducirlo y otra eliminarlo por completo. Y para reducirlo no hay ninguna necesidad de crear nuevos impuestos. Basta con aplicar las siguientes medidas:

Perseguir el fraude laboral: contratos no registrados, falsos autónomos, contratos temporales fraudulentos, horas extraordinarias no pagadas, salarios de miseria… si eso se descubriese y corrigiese, se ingresaría muchísimo más por cotizaciones sociales.

Eliminar el tope máximo de cotización. Hay ejecutivos de la banca y futbolistas, por ejemplo, que cobran cifras astronómicas y no están cotizando en proporción porque hay un tope legal. Si se quitase, se cotizaría mucho más (hay estimaciones que señalan un incremento de 8.000 millones en la recaudación).

Eliminar las bonificaciones en cotizaciones sociales a los empleadores, que no han servido para crear más empleo (lo reconocen los propios empleadores) y que sólo han mermado los ingresos de la Seguridad Social. Estamos hablando de unos 4.000 millones.

Aumentar prestaciones por desempleo, volver a permitir que los parados de más de 52 años coticen, y hacer que los estudiantes en prácticas y los becarios coticen.

Elevar más el salario mínimo, porque aumenta las cotizaciones.
Crear empleo de calidad. Y como el sector privado no es capaz de hacerlo, que lo haga el sector público.

Con ello no sólo lograríamos reducir el déficit de la Seguridad Social sin recortar las pensiones, sino también -y especialmente- hacer más justo nuestro mercado laboral y nuestra sociedad. Pero insisto: que no nos ciegue la existencia de un déficit y nos hagan pensar que hay que eliminarlo a toda costa. Quizás si integramos de nuevo las pensiones en el resto del marco de financiación pública lo veríamos mejor: se puede mantener déficit en las pensiones igual que se mantiene en la sanidad y en otras prestaciones públicas, de forma habitual y natural, tal y como hacen el resto de países e incluso muchas familias y empresas. Lo importante y lo único que nos debería preocupar no es que haya déficit, sino que sirva para mejorar el bienestar de la mayoría de la población.

LEY DE VIVIENDA DE LA PAH

La PAH lleva el Congreso una renovada Ley de Vivienda para atajar la burbuja del alquiler


La Plataforma Antidesahucios registra una Proposición de Ley con el apoyo de Unidos Podemos, Compromís, ERC y Bildu. Recoge las medidas de la ILP de 2013 y añade medidas contra la pobreza energética y para proteger a los inquilinos frente a los arrendadores.

Aunque apenas salga ya en las noticias, cada semana se siguen produciendo cientos de desahucios en España. La crisis hipotecaria de hace unos años y su derivado drama social, el de los desahucios, acabó cerrándose políticamente en falso después de que el PP vetara en el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular elaborada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que contó con un millón y medio de firmas ciudadanas y una amplia aceptación social.

En 2013, el rodillo parlamentario del PP echó abajo una iniciativa con tres medidas clave para paliar la situación: paralización de los desahucios, dación en pago de la vivienda para saldar la deuda hipotecaria en caso de no poder hacerle frente y alquiler social. Nada de esto se puso en marcha, pero la PAH ha regresado al Congreso de los Diputados con una renovada Ley de Vivienda que incluye las demandas de entonces y que ahora también pone el foco en dos asuntos clave: la burbuja del alquiler y la pobreza energética.

En esta ocasión, la iniciativa llega al Parlamento mediante una Proposición de Ley que cuenta con el respaldo de Unidos Podemos, Compromís, ERC, PDeCat y Bildu, y se ha registrado este miércoles. Según la plataforma, el texto "abre una nueva etapa del Derecho a la Vivienda en el estado español, dando la oportunidad histórica de que se inicie un diálogo democrático en el Congreso alrededor de un tema tan vital para las familias como es la protección de sus hogares".

Se trata de una iniciativa para erradicar la "emergencia habitacional" que padece nuestro país, ha declarado a los medios el portavoz de la PAH, Luis Sanmartín, para quien esta situación no ha hecho más que agravarse desde la crisis, con desahucios "cada ocho minutos", un incremento del 30% de los alquileres, o cinco millones de hogares que "están sufriendo frío por no poder hacer frente a las facturas".

"Proponemos una ley estatal que recoge medidas para poder cancelar las deudas hipotecarias de por vida, parar todos los desahucios, realojar a las familias en emergencia en pisos injustificadamente vacíos de la banca, garantizar agua, luz y gas a todas las familias y regular los precios de alquiler como se hace en otros países de la UE", ha explicado Sanmartin.

Según apuntan en el texto del proyecto, desde que estalló la crisis en el 2007 hasta el 2016, el número de ejecuciones hipotecarias se ha situado en 721.000 y el número de desahucios se sitúa en más de 515.000. Pero además, a la problemática de las ejecuciones y desahucios hipotecarios se añade desde hace tiempo la del alquiler. "Las dificultades para afrontar el pago del alquiler han generado que, según datos del Consejo General del Podemos Judicial (CGPJ), un 54% de los 67.359 ​desahucios que se produjeron en 2016 en España estuvieran relacionados con el impago del alquiler", detalla la iniciativa, que critica las distintas reformas de la Ley de Arrendamientos Urbanos que ha configurado, según denuncia la PAH, un "régimen inestable y sometido a procesos especulativos que,  de nuevo, ponen de manifiesto la mercantilización del derecho a la vivienda digna y adecuada".

Regular el precio de los alquileres
Ante un aumento drástico del precio del alquiler, sobre todo en grandes ciudades, la PAH propone regular los precios máximos de los arrendamientos a través de un índice estatal que tenga en cuenta, no sólo las características de la vivienda, sino también el poder adquisitivo de las familias. Una medida que "ya existe en Berlín o en París", apunta Sanmartín, aunque subordinado a un índice local que fijen los ayuntamientos.También piden una reforma de la ley que dé más seguridad y estabilidad a los arrendadores y que se amplíe a un mínimo de cinco años el contrato si es entre particulares y a diez si el arrendatario es una sociedad.

Al mismo tiempo, consideran la pobreza energética un factor de riesgo creciente para la población. Según afirma la PAH, los precios de acceso a estos suministros como la electricidad o el gas "se han vuelto inasequibles para la población", con aumentos "exponenciales" sbre todo en el caso de la potencia de electricidad contratada. "Sólo en 2014 se produjeron en el estado español más de dos millones de cortes de suministro de agua, luz y gas", destaca la plataforma.

Para paliarlo, proponen estrechar el cerco a las empresas energéticas e introducen un denominado "Consumo Mínimo Vital" mensual de agua, electricidad y gas por hogar, que será fijado en el caso del agua por los ayuntamientos y en el caso de electricidad y gas anualmente por el ministerio competente en materia de energía. 

También contemplan, en caso de impago del suministro de luz y de gas por parte de un usuario un "mecanismo de garantía del principio de precaución", es decir, un protocolo obligado de comunicación en el que la administración tenga que consultada por la compañía energética antes de proceder a un corte del suministro. 

sábado, 6 de enero de 2018

Ya que al PP le da por hablar de antecedentes penales .......

900 cargos del Partido Popular imputados por corrupción ¿cuántas organizaciones criminales en el mundo tienen esa cifra?

Los casos de corrupción en este partido político se reproducen cada semana, a veces cada día, cada hora, con nuevos y más altos dirigentes implicados en hechos de enriquecimiento ilícito, de financiación ilegal y de saquear lo público

En el Estado español, desde 1978 hasta nuestros días se han descubierto más de 175 redes de corrupción asociadas, todas ellas, a los partidos en el poder, y según la Comisión Nacional del Mercado de Calores, esa corrupción cuesta a los españoles nada menos que 45.000 millones de euros anuales. El premio, por supuesto, se lo lleva el Partido Popular, que es el partido que gobierna y el que prevé seguir gobernando en los próximos años, simple y llanamente, porque la gente les vota.

El Partido Popular es el partido más corrupto de Europa. Tiene en la actualidad más de 900 cargos imputados por corrupción. Isabel Serra, diputada en la Asamblea de Madrid por PODEMOS se preguntaba: ¿cuántas organizaciones criminales en el mundo tienen esa cifra de 900 imputados en sus filas?

Los casos de corrupción en este partido político se reproducen cada semana, a veces cada día, cada hora, con nuevos y más altos dirigentes implicados en hechos de enriquecimiento ilícito, de financiación ilegal y de saquear lo público.

El último caso es el que afecta directamente a la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes. Según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil hay indicios para actuar judicialmente contra Cifuentes. Considera que declaraciones de varios implicados refuerzan las sospechas de que Cristina Cifuentes fue conocedora directa de las irregularidades en la adjudicación de la cafetería en la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández.

La presidenta de Madrid se defendió acusando de faltar a la verdad a los investigadores de la Guardia Civil.

Pero además, con su informe, la Guardia Civil asegura demostrar los delitos y trampas cometidas por el Partido Popular en las elecciones de los años 2007, 2008 y 2011. El informe dice textualmente: “El Partido Popular montó un sistema que atentó contra el pluralismo político”.

Los casos son continuos. En días anteriores se abrió la Operación Lezo por la que están siendo investigadas más de 60 personas. Por si fuera poco, el Pleno del Congreso aprobó este martes con los votos de todos los diputados, salvo los del PP, la reprobación del ministro de Justicia, Rafael Catalá; la del fiscal general, José Manuel Maza, y la del fiscal anticorrupción, Manuel Moix, por entender que algunas de sus iniciativas estaban encaminadas a proteger a políticos presuntamente implicados en actos de corrupción. La reprobación no tiene mucho recorrido, porque en nada obliga al Gobierno ni a los implicados, pero resulta inquietante la coincidencia en el conjunto de las fuerzas de oposición a la hora de desconfiar de determinadas actuaciones de la fiscalía. Y recuerda que los tachados de réprobos no supieron explicar la pasada semana las actuaciones por las que fueron reclamados en la Comisión de Justicia del Parlamento.

PODEMOS está anunciando sendas mociones de censura, tanto para el Gobierno de Madrid, como para el Gobierno de Rajoy en el Congreso de los Diputados. Los otros dos partidos con más escaños en el Parlamento, el Partido Socialista y Ciudadanos, ya han dicho que no apoyarán esas mociones.

Entretanto, algunos de los más insignes representantes del partido, se dedican a disfrutar de sus abultadísimos salarios, a la sombra de las mismas empresas a las que tanto han beneficiado cuando ocupaban cargos políticos. Por las puertas giratorias, que son también mecanismos claros de corrupción, han llegado para quedarse: José María Aznar (consejero delegado de Endesa y consejero de KPMG, empresa que hace auditorías a la mayoría de la administración pública); Ángel Acebes (consejero externo de Iberdrola); Josep Piqué (vicepresidente segundo de la constructora OHL); Eduardo Zaplana (consejero delegado de Telefónica)…y unos cuantos más.

Así que la corrupción no es solo cosa de políticos y partidos, sino también de grandes empresarios que tienen nombres y apellidos; empresarios que contratan los servicios de quienes pueden ayudarles después a incrementar dividendos y que, además, eluden sus obligaciones tributarias, si les dejan. 34 de las 35 empresas del IBEX tienen filiales en paraísos fiscales, unas 900 en total, y aunque a estas sociedades no se les debería reconocer personalidad jurídica para intervenir en el tráfico mercantil español, ahí están, campando a sus anchas en régimen de oligopolio.

En España se defraudan al año unos 88.000 millones de euros que podrían destinarse a amortiguar el recorte de derechos, el desmantelamiento de servicios, y el empobrecimiento que sufre ya casi un 30% de la población. Pero está claro que el Gobierno del PP no está interesado en frenar el lucrativo negocio que le mantiene donde está. Por eso sólo hay 26.900 inspectores de hacienda (frente a los 127.000 que tiene Francia, por ejemplo), esto es, 3 por cada 5.000 contribuyentes, que, lógicamente, solo pueden hacer un trabajo precario, y, por eso mismo el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (que espera responder solo ante la historia) puso en marcha una amnistía fiscal que resultó ser tan injusta como ineficiente.

La insostenibilidad del AVE y la alternativa de Cercanías

La alta velocidad ferroviaria es, con diferencia, la infraestructura de transporte en la que más fondos públicos se han invertido en los últimos años en España. El AVE ha cumplido recientemente los 25 años. En este tiempo se han invertido, según ADIF, nada menos que  51.175 millones de euros, lo que supondría una media de más de 1.100 euros por español. Y esta cifra se refiere sólo al importe que ha supuesto la infraestructura, sin incluir, por tanto lo invertido por Renfe en la compra del centenar de trenes AVE con que cuenta para explotarla.


Hoy en día hay serias dudas sobre la sosteniblidad económica, ambiental y social del AVE, y en su conjunto requeriría de una profunda revisión, que se debería concretar en una auditoría independiente. El desarrollo del AVE se ha hecho sin planificación global, a golpe más de decisiones políticas que de necesidades reales. 

Algunos años se ha invertido en AVE una cantidad equiparable a la que se recortaba, por otro lado, en partidas sociales. Por ejemplo, el primer recorte aplicado por Zapatero en su ‘decretazo’ de mayo de 2010 suponía 15.000 millones de euros durante dos años, y la inversión en AVE en esos mismos dos años fue de 11.400 millones.

Son conocidos los servicios de AVE que se han tenido que cerrar porque, con un coste económico disparatado, daban servicio a menos de 10 pasajeros. Sin embargo, ha trascendido menos el tremendo despilfarro –además de su fuerte impacto ambiental y territorial– de muchos de los nuevos corredores de alta velocidad en los que se sigue enterrando el dinero que se nos recorta por otros lados.

De hecho no es de extrañar que países más ricos que España como Suecia, Finlandia Noruega… no tengan ninguna línea de alta velocidad, aunque sí disponen de una amplia y eficiente red de ferrocarriles.

DESDE AHORA EL CASAR PROPONEMOS ALTERNATIVAS MÁS SOSTENIBLES AL AVE

Otro caso, y por quedarnos más cerca: el Tribunal de Cuentas portugués decidió no asignar fondos a la línea de alta velocidad que conectaría Madrid con Lisboa, porque “no defiende el interés público y de los contribuyentes portugueses”. Mientras, en España vamos a gastar más de 2.600 millones de euros en la línea.

Luego está la tremenda disparidad en la asignación de presupuestos comparando con otras líneas de ferrocarril. Ha habido años que el AVE se ha llevado 150 veces más fondos que las cercanías, a pesar de que cada día viajan 30 veces más pasajeros en cercanías que en AVE. Una muestra clara de en qué tipo de pasajeros están las prioridades del Gobierno. Y eso sin contar las líneas de ferrocarril convencional abandonadas y cerradas, pese a la reclamación social de que vuelvan a ponerse en marcha. En los Presupuestos Generales del Estado de 2016 se destinaron todavía 3.500 millones para la construcción de nuevas líneas AVE y apenas 150 millones para nuevas líneas de trenes cercanías.

Todo ello debería invitar a la reflexión, y es que la actual huida hacia delante del Gobierno impulsando nuevas líneas de AVE carece de sentido. Las líneas de AVE ya construidas suponen un lastre económico muy importante, por ello es necesario repensar el futuro de esta infraestructura que sólo ha demostrado, en sus 25 años de existencia, ser insostenible económica, social y medioambientalmente. 

Invertir en ferrocarriles de Cercanías, que atienden a varios millones de personas diariamente, en lugar de un servicio insostenible y caro debería ser la prioridad de las administraciones. Claro, que primero hay que conocer a quienes dan preferencia estas mismas administraciones.


RAJOY DEJA A CASTILLA LA MANCHA SIN 200 MILLONES

Castilla-La Mancha tendrá 200 millones menos tras congelar la financiación el Gobierno de Rajoy

El Ejecutivo que preside el socialista Emiliano García-Page critica la "deslealtad institucional" y el "chantaje" del Ministerio de Hacienda por condicionar los fondos que reciben las autonomías a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018. 


Castilla-La Mancha dispondrá de 200 millones menos en este 2018 a causa de la congelación de las entregas a cuenta procedentes del Estado que le corresponden por el sistema de financiación autonómica.  Así lo ha denunciado el Ejecutivo que preside el socialista Emiliano García-Page, para el que esta decisión adoptada por el Gobierno de Mariano Rajoy demuestra una "evidente deslealtad institucional". Una congelación que era comunicada este martes a las comunidades autónomas a través de una carta remitida por el Ministerio de Hacienda que dirige Cristobal Montoro. 

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, considera que es "un chantaje" para las comunidades autónomas el vincular las entregas a cuenta que les corresponden por el sistema de financiación autonómica a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. 

Y es que según las cuentas que ha hecho el consejero, debido a esta congelación de las entregas a cuenta, Castilla-La Mancha tendrá 200 millones menos de lo previsto, y con los que ya se había contado a la hora de elaborar su presupuesto regional para 2018, ya aprobado. 

En este sentido, cabe recordar que, según los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, las entregas a cuenta de 2018 y la previsión de liquidación del ejercicio 2016 para Castilla-La Mancha ascendían a 4.974,6 millones de euros, lo que suponía el 85 por ciento de los ingresos propios no financieros del Gobierno autonómico. 

Por ello, Ruiz Molina considera que un posible incumplimiento del déficit por parte de las comunidades autónomas en este 2018 sería "responsabilidad del Gobierno de España", ya que una vez que los ejecutivos autonómicos tienen los presupuestos aprobados les comunica que no entregará los importes que había trasladado hace meses. 

Y es que los presupuestos de las comunidades autónomas, que se elaboran en base a esas entregas a cuenta por parte del Estado, no se pueden supeditar a la aprobación de los Presupuestos Generales, para los cuales ‑cabe recordar‑ el Ejecutivo del Partido Popular aún no cuenta con el respaldo necesario. 

Pero es que además de esta evidente "deslealtad institucional" con esta decisión el Gobierno central también ataca la autonomía financiera de las comunidades autónomas, "que no pueden estar supeditadas a que el Ejecutivo de Rajoy consiga mayoría o no para aprobar sus propios presupuestos".

miércoles, 3 de enero de 2018

Cospedal duplicó la deuda de Castilla‑La Mancha

El Tribunal de Cuentas saca los colores a Cospedal por duplicar la deuda de Castilla‑La Mancha
El informe del órgano fiscalizador revela que el Gobierno de María Dolores de Cospedal incumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria y multiplicó por dos el endeudamiento de la región a pesar de sus duras políticas de austeridad.

Castilla-La Mancha duplicó su deuda entre los años 2011 y 2015, bajo el Gobierno de María Dolores de Cospedal. Cuentas públicas que pasaron de tener 6.965 millones de deuda viva en el ejercicio 2011, a los 13.426 millones con los que se cerraba 2015. Datos que ahora se recogen en el informe sobre fiscalización de las cuentas de Castilla-La Mancha en el año 2015 aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas el pasado 30 de noviembre, al que ha tenido acceso PeriódicoCLM. 

Cifras que chocan con la versión que durante las últimas semanas viene ofreciendo el Partido Popular para criticar la gestión económica del Ejecutivo de Emiliano García-Page y sus socios de Podemos. Una gestión que el secretario general de los 'populares' en la región, Vicente Tirado, calificaba de "nefasta", asegurando que el Gobierno bipartito ha situado a Castilla‑La Mancha como una de las regiones con mayor presión fiscal. A ello añadía que "Page incumplió el déficit el año pasado, ya que éste ascendió al 0,82%" y situó a "Castilla-La Mancha en su mayor cifra histórica de deuda con 14.313 millones de euros". 

Acusaciones en las que los conservadores  'olvidan' mencionar que, bajo su gobierno, Castilla‑La Mancha multiplicó por dos su endeudamiento, en tan solo cuatro años. 


Y es que, según los datos contrastados por este diario, el ejercicio 2011 ‑que supuso la llegada del PP al Gobierno con Cospedal al frente‑ se cerraba con una deuda viva total de 6.965 millones, lo que representaba una variación del 3,06 por ciento respecto al año anterior. Un ligero aumento que situaba la deuda castellano-manchega per cápita en 3.255 euros por habitante. 

Cantidad que a medida que avanzaba la legislatura se fue incrementando hasta llegar a una deuda viva total por habitante de 6.522 euros al cierre de 2015, ya consumado el relevo al frente del Ejecutivo por parte del socialista García-Page. 

Una evolución al alza del endeudamiento regional que en el ejercicio 2012 experimentaba un crecimiento del 46,30 por ciento respecto al ejercicio anterior, situándose en 10.190 millones de euros. Un incremento que se produjo debido a la puesta en marcha de diversos mecanismos de financiación, como fueron el de pago a proveedores, con 2.975 millones; la línea ICO a las Comunidades Autónomas de 2012, con 469 millones y el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) al que correspondieron 1.037 millones. 

Pero la tendencia al alza tampoco cambió al año siguiente, y aunque la variación respecto a 2012 fue menor, con un aumento de 11,3 puntos, la deuda viva total de Castilla-La Mancha llegó a alcanzar los 11.343 millones de euros. En este ejercicio 860 millones correspondieron al FLA mientras que 1.047 millones al mecanismo de pago a proveedores. 

En el ejercicio siguiente, el último completo de Cospedal en el Gobierno, la deuda viva regional también continuó creciendo, a pesar de las medidas de 'austeridad' implementadas en los años anteriores. Así el endeudamiento alcanzó los 12.858 millones, lo que se traducía en una deuda viva por habitante de 6.186 euros. 

Por su parte 2015 fue el año del cambio de Gobierno. Mediado el año, nada más comenzar el mes de julio, Emiliano García-Page tomaba posesión y el PSOE volvía a hacerse con las riendas de la Junta de Comunidades. Un ejercicio en el que con unos presupuestos 'compartidos', los había aprobado el Ejecutivo de Cospedal y los terminó de ejecutar Page, la evolución de la deuda viva siguió creciendo, pero en menor medida, un 4,42 por ciento respecto a 2014. 

INCUMPLIÓ LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
Un informe que también recoge cómo en 2015 Castilla-La Mancha no cumplió con el objetivo de estabilidad presupuestaria, previsto en el 0,7 por ciento, y que sin embargo llegó a alcanzar el 1,59 por ciento del PIB, al situarse el déficit en 597 millones. 

Un incumplimiento que se debió a operaciones y medidas excepcionales que supusieron gastos no previstos y extraordinarios, en su mayor parte derivados de sentencias judiciales, por importe de 197 millones. 


Entre esos imprevistos estuvo el abono por parte de la empresa pública Gicaman de los gastos derivados de distintas sentencias judiciales y de varios acuerdos extrajudiciales como consecuencia de las paralizaciones de obras, rescisiones de contratos y pago de intereses de demora referentes a operaciones realizadas en los ejercicios 2011 a 2014, lo que supuso un gasto de 30 millones.  

También se registraron gastos de 33,5 millones tramitados por la Consejería de Fomento para hacer frente a las diferentes sentencias judiciales, motivadas también por las paralizaciones de obras, rescisiones de contratos y pago de intereses de demora, además de expropiaciones, referentes a operaciones realizadas en los ejercicios 2011 a 2014; así como los 34,6 millones que costó la readmisión de los interinos cesados de forma irregular por el Gobierno de Cospedal en 2012,tras la sentencia de 22 de octubre de 2015 del Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Toledo. 

Otros 39,6 millones no previstos son atribuibles a la implantación del plan de atención a los pacientes de la hepatitis C durante el ejercicio 2015, atendiendo a la normativa del Gobierno de Rajoy, que era de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas; y los 58,8 millones derivados de la devolución del 50 por ciento de la paga extra de los funcionarios suprimida en 2012 por el Ejecutivo del PP. 

Pero tampoco se cumplió con la regla de gasto, al ser la tasa de variación de un 7,7 por ciento respecto del gasto realizado en el ejercicio 2014, superando así el 1,3 por ciento de variación fijado como objetivo para 2015. Un exceso que desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal achacó el exceso producido debido a diversas sentencias judiciales. 

De este modo, el Tribunal de Cuentas recoge cómo según el cómputo del Banco de España, la deuda de la Comunidad Autónoma ascendía, al cierre de 2015, a 13.426 millones, lo que representaba el 35,8 por ciento del PIB regional. Esto supuso el cumplimiento del objetivo de deuda, teniendo en cuenta aquella no computable a la hora de verificar dicho objetivo, por las excepciones permitidas en acuerdo del Consejo de Ministros y que elevaban dicha magnitud al 36,2 por ciento. 

Destaca también en su informe cómo en 2015 no se consignó dotación para el Fondo de Reserva para Deuda, cuya finalidad es disminuir el endeudamiento neto de la comunidad. Junto a ello, el Fondo de Contingencia, destinado a necesidades que pudieran surgir en el ejercicio corriente y fueran inaplazables, de carácter discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado, fue dotado con 2 millones de euros. Fondos con cargo a los cuales no se financiaron necesidades, debido al "carácter testimonial" de ambos hasta el momento, subraya en su informe el Tribunal de Cuentas. 

LAS ALEGACIONES DE COSPEDAL

Un informe a cuyo anteproyecto presentaba alegaciones, como ya hiciera respecto a la fiscalización del ejercicio 2014, la expresidenta regional, María Dolores de Cospedal.  Alegaciones en las que comienza subrayando cómo su Gobierno "se impuso como norma de funcionamiento la máxima exigencia en el control económico‑financiero de los recursos públicos", con el objetivo de "cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera", garantizando al mismo tiempo ‑según Cospedal‑ la prestación de los servicios públicos. Asimismo, asegura que "fue nota dominante" el "rigor absoluto" en el control de la legalidad del gasto y de la aplicación de los recursos públicos. 

Fruto de la exigencia, señala la expresidenta castellano‑manchega, se establecieron medidas de "disciplina presupuestaria y reestructuración financiera", sin olvidar ‑dice‑ "las políticas de fomento y ayuda a los sectores más desfavorecidos". 

Respecto al déficit, que en el ejercicio 2015 se situó en el 1,59% del PIB regional (605 millones), Cospedal lo atribuye, "en gran medida", a la caída de los ingresos del Sistema de Financiación Autonómica, y asegura que, si las entregas a cuenta del año 2015 se hubieran reflejado de manera más exacta la evolución económica, "la cifra del déficit del ejercicio se hubiera acercado al objetivo previsto". 

En sus alegaciones Cospedal defiende el "enorme esfuerzo de consolidación financiera" realizado a lo largo de la legislatura, "y especialmente en el ejercicio 2012", para conducir la cifra de déficit a "unos niveles parejos con la media" de las comunidades autónomas. Y junto a ello las medidas encaminadas a la reducción de la morosidad. 

Medidas todas ellas que, en su opinión, permitieron "la rápida recuperación económica y el saneamiento financiero de las instituciones regionales", llevándolo a cabo "minimizando los sacrificios exigidos al personal de la Administración regional y a los ciudadanos de la región". 

Como muestra de ello la expresidenta regional no duda en señalar el aumento de personal, de 76.361 en 2014 a 78.021 en 2015 -1.660 personas- y el aumento de la cuantía de los gastos del personal del 4,5 por ciento. Dato junto al que María Dolores de Cospedal olvida señalar los miles de despidos de empleados públicos ejecutados en los ejercicios anteriores, escudándose en los principios de austeridad que requería el momento. Como también 'olvida' los recortes llevados a cabo en materia sanitaria, y destaca en sus alegaciones que las obligaciones reconocidas en el presupuesto del Sescam crecieron un 8,5 por ciento respecto al ejercicio anterior, siendo el crédito definitivo de dicha sección suficiente "para atender la suma de las obligaciones reconocidas y las pendientes de imputar", gracias a la transferencia de crédito aprobada por su Gobierno para incrementar los créditos iniciales del Sescam con el sobrante de crédito de los menores intereses del endeudamiento. 

Aprovecha Cospedal sus alegaciones para intentar atacar al actual Ejecutivo autonómico, señalando que las listas de espera sanitaria presentaban a finales de 2014 una evolución favorable, la cual dice se frenó a finales de 2015 debido a la paralización por parte del Gobierno socialista de "los conciertos con entidades sanitarias privadas" que, reconoce, "era uno de los mecanismos que se utilizaba para la reducción de la lista de espera quirúrgica". 

Finaliza sus alegaciones subrayando el que, en su opinión, fue "un ejemplo de transparencia y lealtad institucional", la información "detallada" que su consejero de Hacienda, Arturo Romaní, presentó a su sucesor "ofreciendo datos y explicaciones sobre déficit, endeudamiento comercial y endeudamiento financiero, tesorería, ejecución presupuestaria". Asegura que el nuevo Gobierno "rechazó toda forma de traspaso de poderes en materia de Hacienda, incluso una mera reunión o al menos la entrega en mano de la documentación elaborada".

Cabe recordar, en este sentido, cómo el consejero saliente antes de acudir a la Consejería para entregar su cartera pasó por una notaría ‑con la correspondiente convocatoria a los medios de comunicación a las puertas de la misma‑ para depositar las cuentas de la gestión del Gobierno de Cospedal. Un "numerito" que recibió fuertes críticas desde el nuevo Ejecutivo, desde el que vieron en la petición de Romaní de realizar un traspaso de poderes, un intento de conseguir 'una foto'.