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sábado, 16 de diciembre de 2017

Adiós, puteros

La campaña viral de Towanda Rebels #HolaPutero ha servido para reanudar el debate sobre la prostitución. Las dos jóvenes denuncian en un vídeo el consumo de prostitución y la compra del cuerpo de la mujer por parte de los puteros. Se trata de quitar la responsabilidad a la prostituta para situarla en quien la tiene realmente: el hombre y la sociedad cómplice y patriarcal. 


La prostitución es contraria a la igualdad. Los prostituyentes o puteros contribuyen con sus privilegios y sus deseos sexuales a perpetuarla. ¿Qué hay de malo en practicar sexo? No hay nada de malo en practicar sexo de una manera libre, sin intercambio económico de por medio. Ese intercambio, de ser legal, normaliza la actividad, la perpetúa. Es algo así como “venga chicos, putas para todos y no nos tenemos que esconder porque es legal”. Como dice la diputada de Podemos Beatriz Gimeno sobre la libre elección de la prostituta: “el punto de partida aquí es que en el capitalismo todo consentimiento está viciado, no sólo el de las prostitutas; no deberíamos convertirlo en excepcional”.

La periodista Diana López explica que la mujer que dice preferir prostituirse a limpiar escaleras “olvida que la prostitución es la mayor arma de dominación, explotación y violencia de género del hombre hacia la mujer, con graves consecuencias físicas, psicológicas y sexuales”. Sin ir más lejos, entre 2000 y 2015 al menos 31 prostitutas fueron asesinadas en España.

Entonces, hay quien me diría que ya que la prostitución siempre va a existir, porque es el oficio más antiguo del mundo, que al menos tengan derechos. Lo cierto, es que no ocurre así. Sabemos que siempre que se abre un mercado se obliga a los/las pobres a entrar en él; y obviamente al estar en un mercado desigual, con cada vez más explotación, la mujer no quedaría en buen lugar. 

Sin ir más lejos, en Alemania –donde la prostitución es legal– el 95% de las prostituídas son inmigrantes pobres. Los proxenetas son ahora considerados empresarios y las prostituídas siguen siendo mujeres pobres en su mayor parte. Es precisamente en los lugares donde la prostitución es legal donde existe más tráfico de seres humanos. Es precisamente la ley alemana la que Ciudadanos quiere implantar en nuestro país. El mismo partido que quería alquilar nuestros vientres. 

Abanderar la prostitución asociada a la libertad de las mujeres para prostituirse es, como dice el sociólogo Žižek, confundir la elección con la ilusión de libertad. Vednita Carter, prostituta y ahora activista cuenta “el daño que causa la prostitución en nuestros cuerpos es el propio acto sexual” tras poner el ejemplo de menores camboyanas que tienen sexo por la fuerza con 30 hombres al día. 

Las trabajadoras del sexo quizá me puedan decir, y con razón, que me eche a un lado para que sean ellas quienes decidan si este mercado debe seguir existiendo. Llegados a este punto, y teniendo según qué privilegios, no podríamos hablar sobre aborto, gestación subrogada, publicidad machista o directamente sobre la explotación laboral sin más. 

Habrá quien opine que no es tan malo, como habrá quien diga mientras asfalta carreteras a 40º bajo el sol que no es tan malo, que podría ser peor, que por lo menos tiene trabajo. Pero ser esclavos sí es malo, ser prostituidas sí es malo, ser un objeto, una cosa con agujeros para el disfrute de otros, sí es malo. 

Ese cantar por los derechos y las libertades de las mujeres ya huele a podrido. Ese bulo de que la mujer es libre y puede hacer con su cuerpo lo que quiera no es más que otra trampa neoliberal. Si las mujeres pudiéramos hacer con nuestro cuerpo lo que quisiéramos nadie tendría que estar legislando sobre ello. En cualquier caso y aunque existieran mujeres que libremente, según su parecer, están ejerciendo este trabajo, ¿no piensan en quienes no lo han elegido libremente?  

Legalizar la prostitución nos lleva a normalizar una práctica que nos objetiviza y nos esclaviza. Aquí no se trata de culpabilizar ni criminalizar a las prostitutas, sino de terminar con el uso del cuerpo femenino para el disfrute y dominación de los de siempre. Puede haber en mis palabras un tufillo paternalista, pero disto por completo de esa realidad. El uso del cuerpo por parte del hombre no hace más que perpetuar siglos y siglos de sometimiento. El privilegio de unos pocos es el sufrimiento de muchas. 

Por todo esto, lo más importante es decir adiós a los puteros, decir adiós a la prostitución y decir hola a una sociedad feminista libre de explotación sexual, de esclavitud y de compra de nuestros cuerpos. Adiós, puteros.

AUTORA
Anita Botwin
Gracias a miles de años de machismo, sé hacer pucheros de Estrella Michelin. No me dan la Estrella porque los premios son cosa de hombres. Y yo soy mujer, de izquierdas y del Atleti. Abierta a nuevas minorías. Teclear como forma de vida.
@ANITABOTWIN

PP y Ciudadanos tumban una iniciativa de Unidos Podemos contra la tortura

PP y Ciudadanos tumban una iniciativa de Unidos Podemos contra la tortura por su "enfoque"

La Comisión de Interior en el Congreso votó el martes en contra de la PNL del grupo confederal por su "negatividad", en palabras del PP; y por su "enfoque" desde "la criminalización", según Ciudadanos. La Coordinadora para la Prevención y la Denuncia de la Tortura explica que el texto era, en esencia, la síntesis de las recomendaciones del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, un organismo dependiente del Consejo de Europa.


PP y Ciudadanos tumbaron este martes en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) de Unidos Podemos, que pretendía instar al Gobierno a aplicar las recomendaciones del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), órgano dependiente del Consejo de Europa. Y, como aseguran la Coordinadora para la Prevención y la Denuncia de la Tortura y el grupo confederal a 'Público', en esencia el texto no era más que un resumen de estas recomendaciones de la CPT: "Se podría haber insistido un poco más, pero básicamente está recogido todo", afirma Jorge del Cura, portavoz de la Coordinadora.

No obstante, en la reunión de la Comisión de Interior de este martes, con los votos en contra de PP y Ciudadanos y la abstención del PSOE, la PNL de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea llegó al final de su recorrido, ya que sólo contó con el apoyo de Compromís y EH Bildu. Para el PP, la redacción de la PNL era "muy negativa" -ocupa apenas un folio, y menciona que el CPT concluye que en comisarías y centros de detención españoles "los malos tratos no son generalizados"-; para Ciudadanos, el grupo confederal aborda este asunto "desde la criminalización del sistema".

"Han buscado darle la vuelta al informe para que parezca absolutamente negativo", dice el PP
"Han buscado darle la vuelta al informe para que parezca absolutamente negativo", narra a este medio Carmen Navarro Lacoba, vocal del PP en la Comisión de Interior. Sostiene que Unidos Podemos busca dibujar una realidad mucho más cruda de lo que en realidad es, y que el "copia y pega" del grupo confederal con respecto al informe del CPT omite "los muchísimos avances" que el Comité reconoce "a las autoridades españolas en esta materia". "Estamos en un régimen de salvaguarda absoluta de los derechos fundamentales de las personas", sostiene.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en la Comisión, Miguel Gutiérrez, aprovechó su intervención para poner en duda que en España se violen los derechos humanos, aunque existan numerosos casos documentados en los que se ha dado una utilización excesiva de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad.

"Con lo que no podemos estar en absoluto de acuerdo es en que siempre, en la forma de presentar estas situaciones, el grupo proponente lo hace desde una criminalización del sistema, incluso de las personas que actúan en él", afirmó Gutiérrez, que también incidió -en genérico- en que su grupo siempre estará "de acuerdo con las recomendaciones que ayuden a mejorar cualquier sistema", especialmente "en un ámbito tan sensible". Desde la formación naranja insisten: el problema era "el enfoque".

"Se trata de una cuestión básica de derechos y nos sorprende que aludan al 'enfoque', contestan desde Unidos Podemos
"Se trata de una cuestión básica de derechos y nos sorprende que aludan al 'enfoque', cuándo no hay enfoque alguno salvo el que plantea el propio CPT en las recomendaciones de su informe", asegura a 'Público' Ione Belarra, portavoz adjunta de Unidos Podemos y vocal en Interior. "Le recordamos al PP, como Gobierno, que el CPT es un organismo del Consejo de Europa del que formamos parte. Por tanto, en pos de la salud democrática de este país y de la Unión, sería más que deseable que adoptara las recomendaciones y trabajara para garantizar su cumplimiento", apunta.

Por su parte, el portavoz de la Coordinadora para la Prevención y la Denuncia de la Tortura lamenta que PP y Ciudadanos quieran "usar el informe para decir que todo está mucho mejor" de como realmente está. La Coordinadora aglutina a 49 colectivos, y del Cura explica que varios miembros de distintos grupos que la integran en Madrid accedieron a la PNL horas antes de que llegara a la Comisión. Destaca también que, aunque esta organización "hubiese ido más lejos en algunas cosas", les pareció que la iniciativa de Unidos Podemos "estaba bien", a diferencia de la modificación que propuso el PSOE.

De hecho, PP y Ciudadanos también coinciden en señalar que sí habrían votado a favor de la PNL si Unidos Podemos hubiera aceptado la enmienda del Partido Socialista. Aunque el escrito del PSOE contenía el grueso de estas recomendaciones, también omitía, por ejemplo, la petición para eliminar el régimen de detención incomunicada, o el requisito de que la fijación mecánica sea ordenada y supervisada por un médico, que sí recogen el CPT y el texto original de la PNL.

La enmienda del PSOE que "vaciaba la PNL de contenido"
Belarra explica que no aceptaron la enmienda del PSOE porque, tanto su grupo como "las organizaciones de Derechos Humanos consultadas", creen que el texto trata "de una cuestión de mínimos", y por tanto no podían "rebajar aún más el estándar". "Vaciaba totalmente de contenido la proposición al eliminar aspectos tan importantes como la incomunicación o las retenciones mecánicas". "La enmienda del PSOE era volver a dar largas a todo el procedimiento, dejar las cosas como están", apunta del Cura.

Por su parte, la diputada del PP recuerda que la detención incomunicada es un procedimiento "excepcional", que debe ser supervisado por un juez. "No tenemos constancia de ninguna detención incomunicada en los últimos dos años", admite del Cura, pero apostilla que "ese arma sigue ahí y se puede usar", y que hay constancia de varias denuncias tras este tipo de detenciones.

"Parece que tanto a PP como a PSOE les cuesta reconocer que existe la tortura y los malos tratos en nuestro país", apunta Belarra. "Nosotras creemos que, si bien es cierto que no se trata de algo sistemático en todos los lugares y en todos los aspectos, la tortura existe y debemos trabajar para erradicarla. Y la única manera de hacerlo es reconociendo que existe", zanja.

viernes, 8 de diciembre de 2017

La quiebra premeditada de la Seguridad Social

Por Juan Carlos Escudier


Para prevenir que el Gobierno se hubiera quedado corto en la dosis de miedo que debía inocularnos, en las últimas semanas asistimos a un bombardeo nada inocente sobre la supuesta quiebra de la Seguridad Social y la urgente necesidad de recortar las pensiones para que sea sostenible. La ofensiva fue iniciada por Fedea, la fundación auspiciada por el Ibex 35, que viene colocando en los grandes medios de comunicación amplios reportajes sobre las bondades de las llamadas cuentas nocionales, un sistema implantado en países como Suecia, Polonia y Letonia que vincula la pensión a lo cotizado y lo distribuye en función de la esperanza de vida a la manera de un fondo privado. Su gran virtud es que abarataría la pensiones en una cuantía no inferior al 40%.

Por si el mensaje no había calado o por si la crisis catalana nos había distraído, hemos conocido esta semana un informe de la OCDE que describe el Apocalipsis y le pone fecha: 2050. En ese año, según las predicciones del organismo, seremos el segundo país más envejecido del mundo desarrollado tras Japón con 77,5 pensionistas por cada 100 habitantes. El corolario es evidente: si no se reforma el sistema, al que se califica como uno de los más generosos del mundo en términos relativos pese a que cinco millones de personas reciben importes inferiores al salario mínimo, el naufragio será inevitable.

La publicación del informe ha coincidido con el nuevo sablazo a la hucha de las pensiones, reducida ya a un cerdito de barro, aunque, para no pasar a la historia como el Gobierno que se pulió 67.000 millones del Fondo de Reserva de una sentada, Moncloa intenta demorar lo inevitable. Así, para pagar la extra de diciembre a los jubilados   usará sólo 3.500 millones del calcetín y sufragará el resto con un crédito de Hacienda. Todo ello después de haber propiciado un déficit estructural de 15.000 millones al año, pese a haber establecido en la última reforma un mecanismo que impide la revalorización y jibariza los importes de manera que los pensionistas financian parte del agujero a costa de perder poder adquisitivo. Entre tanto, se han modificado las condiciones de los planes privados por si a alguien le da por picar en el tocomocho.

Tal y como se ha explicado aquí en varias ocasiones, el desvalijamiento de la Seguridad Social ha sido premeditado, el resultado obvio de aminorar los ingresos y multiplicar los desembolsos. No ha sido un producto de la crisis ya que en los primeros años, durante su etapa más virulenta, el sistema escapó del déficit y no fue necesario recurrir a las reservas. Se ha hecho que el crimen parezca un accidente.

El déficit de 15.000 millones no es sino el resultado de la combinación de varios factores. El primero, el vaciamiento de la hucha, que en su mejor momento ofrecía réditos de hasta 3.000 millones al año. El segundo, el uso de la Seguridad Social como pagador de las regalías gubernamentales, hasta el punto que de su caja han salido las bonificaciones y tarifas planas con las que, supuestamente, se animaba a la contratación y que han supuesto hasta 4.000 millones al año. Paralelamente, se ha trasladado a la Seguridad Social quebrantos que han permitido a otros organismos públicos cuadrar sus cuentas. El ejemplo obvio es del Servicio Público de Empleo, que en tiempos cotizaba por los parados mayores de 52 años y ahora sólo lo hace por los mayores de 55 años y con bases inferiores. Finalmente, la devaluación salarial impulsada por la reforma laboral ha provocado que el incremento de afiliados al sistema no redunde en mayores ingresos. La apariencia es la de un minucioso plan que aboca a la tijera, a la ampliación de la edad de jubilación y a la promoción del ahorro privado en beneficio de la banca, la misma que promueve las cuentas nocionales antes descritas.

Para enjugar gran parte del déficit no son necesarias grandes reflexiones de los expertos que van pasando por la Comisión del Pacto de Toledo para que nos hagamos el cuerpo a lo peor. Bastaría con un puñado de medidas que corrigieran las actuales vías de agua, que han sido enumeradas por el exsecretario de Estado para la Seguridad Social, Octavio Granado. A saber: reembolsar desde el Estado a la Seguridad Social las reducciones de cotización y bonificaciones que ahora paga; devolver la cotización a los parados mayores de 52 años por el 125% del SMI; hacer cotizar a los centros de enseñanza y a las empresas por los estudiantes en prácticas y becarios; devolver la cotización a los cuidadores de dependientes; eliminar el fraude en la cotización por contratos inferiores a cinco días para que incorporen festivos y vacaciones no trabajados y el de las horas extras; aumentar las bases de cotización de los contratos temporales de duración muy reducida y los de a tiempo parcial; y recargar la cotización de los empleos con coeficientes reductores de la edad de jubilación.

No es lo mismo abordar una reforma de las pensiones con un sistema prácticamente en equilibrio que con otro desangrado. De dicha reforma debería formar parte un pacto que impulse los salarios, que fomente la natalidad –que se consigue con ayudas públicas reales y no con 100 euros por niño- y que valore la aportación de los inmigrantes, tanto tiempo demonizados. No debería ser un anatema que una parte de las pensiones se paguen con impuestos ni que las medidas que se propongan persigan prioritariamente aumentar los ingresos en vez de recortar los gastos. Hablar de quiebra cuando las pensiones públicas en España representan un 11% del PIB frente al 13% de la media de la UE es la coartada de un atraco.


jueves, 7 de diciembre de 2017

Más de 300.000 inmuebles han sido embargados desde el inicio de la recuperación

Por Vicente Clavero

Aún hoy, 17 familias pierden cada día su vivienda habitual por no poder atender el pago de la hipoteca.


La recuperación económica de la que alardea el Gobierno está aún muy lejos para muchos españoles. Por ejemplo, para quienes sufren el embargo de su vivienda ante la imposibilidad de atender los pagos de la hipoteca contraída para comprarla. No son tantas como en los peores años de la crisis, pero su número sigue siendo importante. Sobre todo porque afecta a familias especialmente vulnerables y, en consecuencia, encierra realidades dramáticas.

Desde 2014, año en que España volvió a crecer, se han registrado un total de 334.670 ejecuciones hipotecarias, según los datos proporcionados trimestralmente por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El peor año fue el primero de la serie, con 119.442, y posteriormente la cifra fue bajando, aunque no por ello ha desaparecido uno de los fenómenos que quedarán asociados para siempre a la crisis que estalló en 2008.

Durante el tercer trimestre de 2017 todavía se produjeron 9.025 ejecuciones hipotecarias sobre inmuebles cuya venta ordenaron las instituciones financieras para recuperar el dinero que habían prestado a sus dueños. No todas acaban necesariamente en desahucio, pero sí un porcentaje muy alto.

De los 9.025 embargos de los que tuvo constancia entre julio y septiembre el Colegio de Registradores de la Propiedad, más de la mitad (4.676) correspondían a viviendas, ya fueran de personas físicas o jurídicas. Y las pertenecientes a particulares que tenían en ellas su residencia habitual sumaron la cifra de 1.584. Eso significa que, por término medio, 17 familias fueron informadas cada día de que daba comienzo la última fase del proceso que les llevaría a perder su casa.

Casi seis de cada diez hipotecas objeto de ejecución a lo largo del tercer trimestre fueron constituidas en los últimos cuatro años del boom inmobiliario, cuando la boyante situación económica y la barra libre de crédito propiciaban la compra de vivienda. Un 11,1% databan de 2005; un 16,5%, de 2006; un 19,8%, de 2007, y un 12,1%, de 2008, siempre según los datos del INE.

Por territorios, los peores resultados, a mucha distancia de los demás, son Andalucía y la Comunidad Valencia, con un total de 2.099 y 2.074 ejecuciones hipotecarias certificadas, respectivamente. En el lado opuesto figuran Navarra, con sólo 20, el País Vasco (32), Asturias (53) y Cantabria (57).


La complicidad de las autoridades europeas con la industria alarga la vida de los pesticidas

Por Nacho Valverde

Los Estados miembro prolongan el uso del glifosato hasta 2022, a pesar de su catalogación como ‘posible cancerígeno’. Mientras, los ‘Monsanto Papers’ desvelan cómo la compañía manipuló informes científicos, hizo lobby sobre organismos reguladores y sobornó a la prensa para proclamar las bondades de su producto

Pasado un año y medio desde que los responsables europeos se sentaran a debatir el futuro del herbicida más polémico del mercado, los Estados miembros de la UE decidían el pasado miércoles renovar la licencia del glifosato por un período de cinco años. Han sido necesarios hasta siete intentos para obtener la mayoría cualificada para su renovación, con 18 estados a favor, 9 en contra y 1 abstención.

En un principio el periodo de renovación establecido comprendía los 15 años, pero la división entre los distintos países y la presión ciudadana y científica han obligado a rebajar su uso futuro hasta 2022. Si bien es cierto que tanto ecologistas como los países que se oponían al herbicida de Monsanto abogaban por su eliminación total del mercado.

A pesar de que las autoridades europeas hayan decidido una vez más abrazar la pastilla azul, obviando las abrumadoras evidencias científicas que muestran al glifosato como un posible cancerígeno, esta nueva victoria de la industria agroquímica puede acabar siendo el principio del fin.

El rechazo de países con el peso de Francia -que ya ha decidido prohibir el herbicida en todo su territorio-, la presión y preocupación de un 72% de la población europea por los residuos de los pesticidas en los alimentos –según el último Eurobarómetro- y la división dentro de las filas de conservadores, socialistas y liberales en la Eurocámara, hacen de la reciente decisión una huida hacia adelante para tratar de salvar un modelo de agricultura intensiva que tiene a los plaguicidas como su principal aliado.

La caída en desgracia del glifosato tiene sus orígenes en el año 2015, cuando el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) -organismo de la OMS especializado en investigaciones oncológicas- incluyó al herbicida como “probablemente cancerígeno” en animales y humanos. Esta inclusión contradecía las apreciaciones de Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, quien afirmaba que era improbable que pudiera causar tumores en humanos.

Este mismo año la compañía estadounidense era declarada culpable, en una sentencia sin precedentes, del delito de ‘ecocidio’ por el daño causado al medio ambiente en el Tribunal Internacional de La Haya.

Uno de los hechos más impactantes que ha puesto al descubierto las tretas de Monsanto para mejorar la imagen de su producto estrella ha pasado completamente desapercibido para los medios españoles.

A raíz de una demanda colectiva presentada en Estados Unidos por más de mil personas afectadas de cáncer, presuntamente provocado por el glifosato, el juez que llevaba el caso decidió desclasificar los documentos aportados por los demandantes.

Esta documentación, dada a conocer por el diario francés Le Monde bajo el nombre de ‘Monsanto Papers’, demuestra cómo la compañía norteamericana manipuló informes científicos, hizo lobby sobre organismos reguladores y sobornó a la prensa para proclamar las bondades de su producto.

Entre los documentos se muestra cómo la empresa agroquímica fabricó, previamente a la decisión del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, una falsa campaña de indignación destinada a desprestigiar a los científicos de este organismo para cuestionar la inclusión del glifosato como “probable cancerígeno”. Todo ello con la connivencia de la prensa como correa de transmisión de la propaganda de Monsanto.

Esta práctica de la compañía ha sido reiteradamente denunciada por asociaciones ecologistas, como explica Kistiñe García -responsable de comunicación de la campaña ‘Libres de contaminantes hormonales’ de Ecologistas en Acción-: “El cuestionamiento de los estudios independientes sobre los efectos que producen los pesticidas ha sido una estrategia recurrente de la industria, desde la época en que aparecieron los primeros estudios que relacionaban el tabaco con el cáncer de pulmón. Generan nuevos estudios, con científicos vinculados a la industria y a Monsanto, que vayan en sentido contrario para tratar de aludir que no hay consenso científico y el público general se queda con esa idea”.

“Lo más preocupante es que no solo cuentan con científicos a su disposición, sino que las agencias europeas encargadas de prohibir los pesticidas también están implicadas”, apunta Kistiñe García. “Hay un conflicto de interés clarísimo con Monsanto, cuyas investigaciones científicas se han copiado y se han vuelto a poner en informes europeos”, relata el eurodiputado de EQUO Florent Marcellesi.

En esa línea apuntan los ‘Monsanto Papers’, quienes han evidenciado que las conclusiones de los informes de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria -responsable de evaluar los riesgos de los alimentos que llegan al mercado- serían un copipega del estudio realizado por Monsanto.

Antes de conocer esta evidencia, el grupo de Los Verdes/ALE en el Parlamento Europeo interponía este mismo verano un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la no divulgación -por parte de la EFSA- de las conclusiones que afirmaban que el glifosato no es carcinógeno para los seres humanos.

La complicidad de las autoridades europeas, más allá de Monsanto
Según el Observatorio Europeo de Corporaciones, cerca del 60% de los expertos de la EFSA tenían en 2013 vínculos con empresas biotecnológicas, alimentarias o de pesticidas. Ese mismo año tenían que comenzar los trabajos de la Comisión Europea para definir los disruptores endocrinos, es decir, productos como plaguicidas que pueden alterar y afectar al sistema hormonal de los seres vivos.

Esta clasificación resultaba esencial para prohibir los productos que llegan al mercado, subraya Kistiñe García de Ecologistas en Acción: “El Reglamento de la Comisión Europea sobre plaguicidas prohíbe expresamente aquellos que tengan propiedades de alteración endocrina y que puedan causar efectos nocivos en los seres humanos. Por eso es tan importante qué definimos como disruptor porque, en el momento que sea considerado como tal, tiene que salir del mercado”.

En varios de los correos desvelados por la periodista francesa Stéphane Horel y el Observatorio Europeo de Corporaciones se desvela cómo Bayer -y otras asociaciones de la industria agroquímica- presionaban a miembros de la Comisión Europea para pedir una evaluación de impacto de los pesticidas sobre la salud, de cara a demorar la definición de los disruptores endocrinos. Presiones que surtieron efecto, como relata Florent Marcellesi del grupo de Los Verdes: “La Comisión Europea propuso una definición de disruptores endocrinos con dos años de retraso y en el Parlamento Europeo pusimos un veto porque era una tomadura de pelo”.

La definición definitiva en esta materia eliminaría de la lista de disruptores endocrinos o contaminantes hormonales aquellas sustancias que pueden afectar a las hormonas a largo plazo, detalla Nicolás Olea –oncólogo en el Hospital Universitario de Granada-: “La cuestión clave de la definición es que entienden por efecto adverso solo las grandes enfermedades como el cáncer. Se están dejando fuera los efectos que no son de forma inmediata”.

Aunque las autoridades españolas y europeas fijan un límite considerado seguro para los pesticidas contaminantes hormonales en los alimentos, con los disruptores endocrinos el concepto de límite no tiene mucho sentido, apunta Kistiñe García de Ecologistas en Acción: “Los disruptores actúan en dosis muy bajas y una de las características más potentes es que tiene mucha importancia el efecto cóctel. No nos comemos un disruptor, sino que -por ejemplo- en una pera nos estamos comiendo 16”.

Las investigaciones de Nicolás Olea, considerado como uno de los mayores expertos en España en descubrir cómo afectan los tóxicos a largo plazo sobre nuestro cuerpo, apuntan en esa dirección.

Al estudiar conjuntamente el efecto combinado de varios contaminantes hormonales, Olea ha detectado que la exposición a estas sustancias está correlacionada con un mayor riesgo de cáncer de mama; y que la exposición a estos químicos del feto puede determinar la capacidad seminal del futuro varón: “Deberíamos preguntarnos por qué las enfermedades de mayor incidencia el año pasado fueron el cáncer de próstata y de mama y por qué estamos asistiendo ante tal desastre de calidad seminal en los varones. En lugar de preguntarnos cuáles son las causas, se está resolviendo el problema acudiendo a nuevas técnicas para detectar tumores o aumentando el número de clínicas de reproducción asistida. Yo lo que quiero es prevenir y que no haya tumores porque entonces no habría que detectar nada”.

A pesar de dicho aumento, denuncia la campaña ‘Libres de contaminantes hormonales’, la incidencia de los contaminantes hormonales en ambas enfermedades no aparece en el último informe de la Sociedad Española de Oncología Médica; concluyendo que el aumento del cáncer se debe al “crecimiento de la población, la mejora de las técnicas de detección precoz y el aumento de la esperanza de vida”.

Otra de las enfermedades que se creía genética y que numerosos estudios están apuntando en sentido contrario es el autismo. “Hay algo muy claro, si el autismo fuera algo genético no habría habido un incremento tan brutal entre la población. En 1985 existía en uno de cada 10.000 habitantes, mientras que en el 2014 se daba en uno de cada 62 -según el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos-. Debemos preguntarnos qué hay en nuestro medio ambiente para que se esté reproduciendo a esta velocidad”, cuestiona Pilar Muñoz –presidenta de la Fundación Alborada-.

En los alimentos españoles existen 33 contaminantes hormonales
Uno de los países miembro que ha destacado por su defensa a ultranza del glifosato ha sido España. Esencial para la escalada exportadora que el Partido Popular ha llevado a cabo, nuestro país es el Estado miembro que mayor volumen de pesticidas consume de toda la UE, 77.216 toneladas en 2015 –según Eurostat-. 
Si bien la definición acordada por la Comisión Europea de contaminantes hormonales dista mucho de la realidad, Ecologistas en Acción ha tratado de evaluar con mayor precisión la presencia de disruptores en la comida española. Basándose en lista ofrecida por la organización Pesticide Action Network Europe (PAN), los expertos de la organización ecologista detectaron un total de 33 contaminantes presentes en nuestros alimentos sobre un total de 53 sustancias que pueden alterar nuestras hormonas.

Entre los alimentos más contaminados se encuentra a la cabeza las peras –con 16 disruptores endocrinos-, manzanas, melocotones, naranjas, espinacas, pepinos o tomates. Productos de origen animal como la miel o cereales como el arroz también poseen contaminantes hormonales. Hasta el momento, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) sigue sin incluir en su programa de control de residuos de plaguicidas al glifosato.


martes, 28 de noviembre de 2017

OTRA MUESTRA DE LA DESGRACIA DE TENER UN GOBIERNO DEL PP

La desidia e incapacidad del gobierno de Rajoy y los de la caja B, hace que Bruselas plantee multar con 100.000 euros diarios a España por el retraso de la ley hipotecaria

Si el Tribunal superior de Justicia de la Unión Europea avala a la Comisión, la sanción se prolongará hasta que el Gobierno apruebe la ley


La Comisión Europea pide una multa de 105.991 euros diarios a España por no haber trasladado a nuestra legislación la directiva de contratos de crédito hipotecarios. Así lo explica este lunes el diario Expansión. El rotativo subraya que si finalmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea da la razón a la Comisión, la sanción empezará a contar desde el día de la sentencia hasta que el Gobierno de Mariano Rajoy apruebe la ley hipotecaria. Lo más previsible es que el fallo sea a favor de la Comisión.

Bruselas ya advirtió el pasado mes de abril al Gobierno que llevaría el retraso ante la Justicia comunitaria. Previamente, el 26 de mayo y 17 de noviembre, la Comisión había recordado a España el incumplimiento con los plazos. Ante estos recordatorios, Rajoy hizo lo que más saber hacer: NADA. MIRAR A OTRA PARTE Y QUE LA CIUDADANÍA PAGUE POR SU INCAPACIDAD POLÍTICA Y SU NEFASTA GESTIÓN.

El plazo para aprobar la nueva ley terminó el 21 de marzo de 2016. El proyecto de ley no fue admitido en el Congreso hasta el pasado 17 de noviembre. Según fuentes del Gobierno consultadas por Expansión, la excusa del gobierno derechista más preocupado por amordazar a la ciudadanía que en gobernar, el intento de aprobación de los Presupuestos, (que no se ha llevado a cabo) y la crisis catalana (que no ha resuelto), además de los nueve meses en que el Gobierno estuvo en funciones (por la incapacidad política del PP de aceptar que ser la lista más votada no le hace ganar las elecciones), están detrás del retraso.

España ya fue multada por el retraso en casi dos años de liberalizar el sector de la estiba. Inicialmente la multa fue de más de 24 millones pero el pasado mes de julio se rebajó a tres millones.

¿Aceptarán los partidos derechistas, católicos y cómplices del partido acusado de beneficiarse de una trama corrupta que la ciudadanía siga pagando los platos rotos? ¿Seguirá el PSOE mirándose el ombligo en lugar de facilitar un gobierno alternativo basado en una Moción de Censura conjunta?

martes, 7 de noviembre de 2017

Las españolas trabajarán "gratis" desde el miércoles hasta que llegue 2018

La brecha salarial en España es del 14,9%, según los datos provisionales de 2015 publicados por el último informe Eurostat, lo que implica que su salario por hora de trabajo equivale a prácticamente un 15% menos que el de los trabajadores varones

Unidos Podemos presenta la ley para acabar con la discriminación retributiva


La brecha salarial en España es del 14,9%, según los datos provisionales de 2015 publicados por el último informe Eurostat, lo que implica que su salario por hora de trabajo equivale a prácticamente un 15% menos que el de los trabajadores varones. El cálculo implica, según denuncia UGT, que al final del año las mujeres con empleo trabajan "gratis" un total de 54 días al año, que es lo que quedará para que termine el año desde el próximo miércoles 8 de noviembre.

El porcentaje de brecha salarial de España sitúa al país en el undécimo puesto entre los países con menos brecha salarial de la UE, por debajo de la media europea, del 16,3%. No obstante, está lejos del 5,5% que registran Italia y Luxemburgo, así como de países como Rumanía (5,8%), Bélgica (6,5%), Polonia (7,7%) o Eslovenia (8,1%).

Otros países como Reino Unido (20,8%), Austria (21,7%), Alemania (22%), República Checa (22,5%) y Estonia (26,9%) ocupan los últimos puestos de la lista europea, como los países con una brecha salarial porcentualmente superior, según los datos del informe de la UE.

No obstante, desde el año anterior la media de la brecha salarial europea se ha reducido del 16,7% al 16,3%, mientras que en España no se ha producido ninguna variación, según los datos del informe.

Por ello, el sindicato ha puesto en marcha una campaña bajo el título 'Yo trabajo gratis', con la que quiere llamar la atención sobre la "discriminación por razón de sexo, que tiene una repercusión severa en los salarios de la mujeres y que va a acentuarse más allá de su vida de laboral, durante su etapa de jubilación".

Según explica UGT, la brecha salarial de género provoca que haya mujeres que, pese a que han tenido un empleo a lo largo de toda su vida, presenten "un elevado índice de situarse por debajo de los umbrales de pobreza".

Asimismo, ha exigido al Gobierno que "active todos los mecanismos posibles para hacer cumplir la Constitución Española" en lo referente a la igualdad entre hombres y mujeres y que introduzca en la legislación española la definición de "trabajo de igual valor", tal y como recomienda la Comisión Europea.

Por último, ha pedido a los grupos políticos que se sumen a la campaña para eliminar una brecha salarial que, según indica, "ha intensificado en los últimos diez años, ante la inexistencia de políticas de igualdad" eficaces para ponerle fin.

La brecha media global, en el 23%
Los países de la UE están, aún así, por debajo de la media global en la problemática de la brecha salarial, que a nivel global se sitúa en un 23%, según datos de la ONU recogidos por la empresa de recursos humanos Hays.

"Según la OIT, la brecha salarial global se encuentra actualmente en el 23%, y no será hasta 2087 cuando hombres y mujeres reciban un salario igual por el mismo trabajo", recuerdan desde la compañía.

En el caso de España, la Encuesta Anual de Diversidad de Género en el trabajo que realiza la empresa indica que parte de la brecha salarial en España se debe a la "poca diversidad" de la estructura laboral en España. Así, aún cuando las mujeres expresan "tener la misma ambición que los hombres" desde el punto de vista laboral, el 82% de los puestos de dirección sigue "copado por profesionales masculinos" y el 68% de los encuestados afirma que su superior inmediato es un hombre, según los resultados del estudio.

"Este hecho podría ser una explicación para la brecha salarial: la menor presencia de mujeres en puestos de mayor rango, y por ende mejor pagados, debido, en parte, a que la maternidad ralentiza el progreso de su carrera", afirman los responsables de la investigación.

Junto con estos motivos, señalan también la mayor presencia de mujeres en empleos a tiempo parcial y en sectores peor remunerados, como el sector del comercio minorista, el cuidado o el ocio, frente a otros mejor remunerados como los sectores financieros o de infraestructuras como construcción, electricidad, petróleo o gas, en los que la presencia de hombres es mayoritaria.

Contra la desigualdad, transparencia
En todo caso, la compañía señala que en algunos países se están impulsando iniciativas que facilitan la homologación salarial entre hombres y mujeres mediante medidas como la transparencia salarial, que impulsa a las empresas a actuar "con mayor celeridad" en la corrección de posibles desigualdades entre hombres y mujeres.

"Ya se están aplicando en países como Bélgica o Austria, y en Estados Unidos el ex presidente Barack Obama propuso una iniciativa similar antes de dejar el cargo. Es necesario seguir avanzando en desarrollar y aplicar medidas que fomenten la igualdad para que no tengan que pasar 70 años hasta igualar la brecha salarial", piden desde la empresa. 


viernes, 21 de julio de 2017

EXALTACIÓN DEL GOLPE DE ESTADO DEL 36 Y AMENAZAS A LA CIUDADANÍA


El ejército de Cospedal, celebra la efeméride del golpe de estado y el inicio de la guerra civil y los asesinatos en masa por el franquismo según puede verse en una foto publicada en Twitter por el exJemad y miembro de Podemos, Julio Rodríguez, el pasado martes día 18, cuando se cumplieron 81 años del sangriento golpe de Estado que dio inicio a la guerra civil. Además, del texto se desprende una clara amenaza a la ciudadanía si, en libertad de criterio, se "equivocan" a la hora de elegir sus líderes, su forma de estado o simplemente su pertenencia al estado español. En el encabezamiento consta la unidad: “Agrupación de apoyo logístico nº61”.
Este es el texto completo:
“En este día de 1.936, oficialmente, se inicia en toda España un alzamiento cívico-militar, en el que participa la mayoría del Ejército. Es un día importante en la historia de nuestra patria que merece ser recordado, para que las generaciones futuras eviten el que se produzcan las circunstancias que propiciaron el enfrentamiento bélico. Los pueblos que olvidan su historia están irremisiblemente condenados a repetirla”.

La rectificación ha sido laxa y falta de información sobre la destitución de los responsables y su procesamiento por sedición y amenazas a la ciudadanía. 


  •  Hemos publicado esa efeméride? Sí
  • Ha sido un error? También
  • Pedimos disculpas? Por supuesto
  • 17:52 - 19 Jul 2017

Obviamente para nosotr@s la respuesta dada significa más bien lo siguiente:

  • Han publicado esa efeméride? Sí
  • Han exaltado la sublevación militar? También
  • Piden disculpas? Mostrando justicia, responsabilidad y reparación, NO.


miércoles, 14 de junio de 2017

EL MIEDO A PERDER SU PASADO FRANQUISTA


Más de 17.000 desahucios en el primer trimestre de 2017, un 2,2% más

El aumento corta siete trimestres consecutivos de descensos. Catalunya quedó a la cabeza con 3.728, un 21,9 %  del total, seguida de Andalucía, con 2.927 y Comunidad Valenciana, con 2.358.

El número total de lanzamientos o desahucios practicados en España en el primer trimestre del año fue de 17.055, lo que supone un aumento del 2,2% en tasa interanual y la primera subida tras siete trimestres ininterrumpidos de descensos, según datos del CGPJ.

En una nota que acompaña a la estadística sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) explica que este incremento obedece al alza de los desahucios derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que alcanzaron los 9.612 -un 56,4 % del total- y subieron un 5,8 % respecto al primer trimestre de 2016.

Los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas y, en el caso de éstas, no solo a vivienda habitual. Por el contrario, el número de ejecuciones hipotecarias presentadas en el primer trimestre del año fue de 10.478, un 26,2% menos que en el mismo periodo del año anterior.

La subida obedece al aumento de los lanzamientos consecuencia de la Ley de Arrendamientos Urbanos, el 56,4%
La subida obedece al aumento de los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que alcanzaron los 9.612 –el 56,4% del total-, lo que representa un incremento del 5,8% respecto al primer trimestre de 2016.

Con los datos desglosados por comunidades autónomas, se puede ver que Catalunya -con 3.728, un 21,9 % del total- fue donde se practicaron más lanzamientos en el trimestre, seguida por Andalucía, con 2.927; Comunidad Valenciana, con 2.358, y Madrid, con 1.843. Estas cuatro comunidades concentraron el 63,7% de todos los lanzamientos practicados en España en ese periodo.

Si sólo se tienen en cuenta los desahucios practicados por la aplicación de la LAU, Catalunya también lidera la clasificación con 2.422, seguida de Madrid, con 1.346; Andalucía, con 1.262, y Comunidad Valenciana, con 1.117.

Por lo que respecta a los derivados de ejecuciones hipotecarias, la clasificación la encabeza Andalucía, con 1.515, a la que sigue Comunidad Valenciana, con 1.165, y Catalunya, con 1.118.

Andalucía fue donde se practicaron mayor número de ejecuciones hipotecarias (2.477), equivalentes a un 23,6% del total nacional; a continuación figura Catalunya, con 1.708; Comunidad Valenciana, con 1.598, y Madrid, con 973.

A palos contra la democracia

El pasado miércoles 7 de junio varios agentes de la policía local impidieron la entrada al Ayuntamiento hispalense a varios concejales de Participa Sevilla e Izquierda Unida y a trabajadores eventuales de la empresa municipal de limpieza

En junio de 2011, mientras se desalojaban a palos las plazas tras el 15M, nos dijeron: “Si queréis protestar, montad un partido y presentaos a las elecciones”. Y eso hicimos. En junio de 2014 entramos en el Parlamento Europeo contra viento y encuestas y en junio de  2015, en los ayuntamientos. Fui elegido concejal del Ayuntamiento de Sevilla pero a junio de 2017 los palos no han cesado.

El pasado miércoles 7 de junio llegué al Ayuntamiento de Sevilla y cuál fue mi sorpresa al ver que varios agentes de la policía local estaban impidiéndoles la entrada a las dependencias de los grupos municipales de Participa Sevilla e Izquierda Unida a trabajadores eventuales de la empresa municipal de limpieza, quienes querían entrar en las dependencias municipales para reunirse con los concejales de ambos grupos políticos con motivo de las reivindicaciones laborales que mantienen.

LOS TRABAJADORES MUNICIPALES DE LA LIMPIEZA EJERCÍAN SU LEGÍTIMO DERECHO A PROTESTAR POR UNA SITUACIÓN EXTREMADAMENTE ALARGADA EN EL TIEMPO Y DRAMÁTICA EN TÉRMINOS SOCIALES

Nada más entrar por la puerta, un agente policial me estampó la palma de su mano con fuerza en el pecho y me preguntó con exceso de abuso de poder: “¿Dónde vas tú?”. No me lo podía creer, de la sorpresa inicial había pasado a la absoluta perplejidad. Es cierto, no tengo ‘pinta’ de concejal: soy joven, llevo el pelo rizado algo despeinado, tengo barba, iba en pantalón corto, sandalias y camisa de flores de colores, pero soy un concejal tan legítimo y decoroso como el engominado que viste traje y corbata. Fui elegido por 30.000 sevillanos y sevillanas y represento a una parte importante de la sociedad hispalense que piensa, viste y sueña con un modelo de sociedad como el que yo defiendo.

Rápidamente, otro agente policial que me conocía se apresuró a indicarle al que me puso la mano en el pecho, con inusitada violencia, que era concejal y se me permitió avanzar, aunque no me dio tiempo a llegar a las oficinas de mi grupo municipal. Mientras a mí me dejaban pasar tímidamente, a unos doce trabajadores del servicio de limpieza se lo impedía un cordón policial formado por un cuerpo especial de antidisturbios locales. La situación era cada vez más tensa y la violencia policial, más inexplicable.

Le pregunté al mando policial qué ocurría y me dijo: “No les vamos a permitir la entrada por orden del delegado de Seguridad”, el socialista Juan Carlos Cabrera, quien había dado la orden de cargar contra los trabajadores que pacíficamente pedían entrar a una reunión con los concejales de Participa Sevilla e IU. Sólo unos segundos después, el cordón se convirtió en una media luna que nos rodeaba a todos, concejales, técnicos de los grupos políticos y a los trabajadores. Parecía que estábamos en una institución antidemocrática y no en un país que tiene en el frontispicio de su Constitución el derecho de reunión y de representación política.

Todo fue muy rápido y dantesco: la primera fila policial empujaba con fuerza y la segunda daba patadas y puñetazos desde atrás. A medida que nos acercaban a la puerta de salida, más gente iba cayendo al suelo como si fueran fichas de dominó y más caótica, desagradable y surrealista se volvía la situación.

Parecía que estábamos en una película de ciencia-ficción y no en la sede del Ayuntamiento de la capital andaluza. La coordinadora del grupo municipal de Participa Sevilla recibió un estruendoso puñetazo en el pecho que aún tiene morado y dolorido. Las concejalas de Participa e IU, Susana Serrano y Eva Oliva, respectivamente, estaban tiradas en el suelo con la bota de un policía encima de sus cabezas. El portavoz de IU, Daniel González, fue empujado y cayó de espaldas al suelo de una manera que, de haberse dado un golpe en la cabeza, estaríamos hoy hablando de consecuencias impredecibles. Los trabajadores municipales estaban siendo pisoteados y les sangraban las espinillas de las brutales patadas que recibían por un ejército de antidisturbios. El parte fue que varios trabajadores de la empresa municipal de limpieza y concejales tuvieron que ir directamente al centro médico por las lesiones provocadas por la policía municipal.

IREMOS A LOS TRIBUNALES A DEFENDER EL DERECHO DE REPRESENTACIÓN PÚBLICA Y TAMBIÉN EL DERECHO DE REUNIÓN DE LOS TRABAJADORES. SIN LIBERTADES PÚBLICAS NO HAY DEMOCRACIA

El PSOE de Sevilla, con la aquiescencia de Juan Espadas, alcalde de la ciudad que lo es gracias a los votos responsables de Participa Sevilla e IU para impedir que gobierne el PP, ha traspasado una línea muy peligrosa, la que separa a los demócratas y defensores del Estado de Derecho de quienes abogan por sistemas autoritarios más cercanos a Marruecos que a democracias europeas de nuestro entorno.

Los trabajadores municipales de la limpieza ejercían su legítimo derecho a protestar por una situación extremadamente alargada en el tiempo y dramática en términos sociales: no tienen empleo, no pueden mantener a sus familias, de algunos pende una orden de desahucio, tienen problemas para pagar los recibos de la luz y el agua y esperan una respuesta de sus gobernantes en el umbral de la exclusión social. Necesitan que se les escuche, que se les dé una respuesta a sus problemas vitales de pura subsistencia y lo que menos merecen es ser tratados como si fueran terroristas.

Lo ocurrido el pasado miércoles 7 de junio es gravísimo. Echar a representantes públicos, elegidos por la ciudadanía, tan legítimos como los representantes de cualquier otro grupo político, es una violación del derecho fundamental de representación pública, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Española. Iremos a los tribunales a defender el derecho de representación pública y también el derecho de reunión de los trabajadores. Sin libertades públicas no hay democracia.

No podemos consentir que, mientras nos empobrecen vilmente hasta tener a un tercio de la población en el umbral de la exclusión, la respuesta de los partidos que han provocado tanto dolor social sea liarse a patadas y puñetazos contra la gente sencilla que exige sus derechos y contra los representantes públicos que nos presentamos a las elecciones para defender una salida a la crisis justa y democrática.

No vamos a tolerar que el uso de la fuerza bruta sea la manera de tratar a la gente que pacíficamente reclama sus derechos, no vamos a tolerar tampoco que nos golpeen a los representantes públicos como cuando irrumpimos en las plazas y les sacamos los colores a un sistema y a unos políticos que creen que la ciudadanía es enemiga de las instituciones y las apalean para impedirle la entrada a la vida real. Desde aquel día, no dejo de preguntarme qué hubiera ocurrido si hubiera ido engominado con traje y corbata y los trabajadores municipales fueran directivos de las empresas del IBEX-35.

lunes, 8 de mayo de 2017

IU apoya la campaña por una Escuela Pública y Laica

AREA DE EDUCACIÓN IU MADRID / 10 abril, 2017
Izquierda Unida de Madrid, a través de su Área  Educación, se une a la campaña ” Por una Escuela Pública y Laica. Derogación de los Acuerdos con la Santa Sede de 1979.”  Expresado en el siguiente documento:

RECOGIDA DE FIRMAS DE APOYO A LA DENUNCIA Y DEROGACIÓN DE LOS ACUERDOS CON LA SANTA SEDE DE 1979 Y CON OTRAS CONFESIONES RELIGIOSAS”

AL CONGRESO DE DIPUTADOS

A LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS

El principio democrático de la separación entre las religiones y Estado, de sus ámbitos, fines y funciones, exige de las instituciones públicas su entera independencia con respecto a intereses privados, neutralidad ideológica y trato de igualdad para el conjunto de la ciudadanía, sin privilegio ni discriminación por razones de las particulares convicciones, sean religiosas o no.

Los Acuerdos concordatarios con la Santa Sede firmados por el Estado español en 1976 y 1979, en continuidad y actualización del Concordato de 1953, vulneran ese principio amparando legalmente la financiación de la Iglesia católica con fondos públicos y el adoctrinamiento religioso en todos los niveles del sistema educativo.

En modo alguno cabe esperar que una nueva ley educativa de carácter democrático pueda garantizar la laicidad exigida del marco escolar para el respeto al derecho y formación de la libre conciencia del alumnado, de mantenerse la vigencia de dichos Acuerdos y los posteriormente firmados con otras confesiones religiosas.

Por ello, los abajo firmantes, demandamos que el pleno del Congreso, en representación de la voluntad democrática y de la soberanía popular, presente a debate y se pronuncie por la DENUNCIA y DEROGACIÓN de los mencionados Acuerdos del Estado español con la Santa Sede, así como de los suscritos en el mismo sentido con otras confesiones religiosas, obligando al gobierno a proceder para el cumplimiento de ese mandato.”


sábado, 6 de mayo de 2017

PRIMERO DE MAYO: DÍA DEL TRABAJO

Un 1 de mayo de lucha por el empleo de calidad y los salarios dignos. ¡Contra el modelo neoliberal de salida de la crisis!

En la Fiesta Internacional del Trabajo, llamamiento de IU




Enfrentamos en este 1 de Mayo el intento del gran capital de consolidar un modelo de salida de la crisis gravemente dañino para los trabajadores y trabajadoras de todo tipo e inspirado en la ideología neoliberal.

Tratan de endosar definitivamente los costes de la crisis a quienes viven de su trabajo, de consolidar el retroceso de los derechos laborales y sindicales y de hacer retroceder la democracia. En definitiva, de crear las condiciones laborales, sociales y políticas para favorecer más aún la explotación. Ese es el sentido de las recomendaciones del Presidente del BCE, Mario Draghui, para endurecer aún más las reformas laborales.

En el último año, las reformas del PP y los recortes han hecho aumentar la pobreza, especialmente la femenina,  y la desigualdad social. Las reformas laborales del bipartidismo han disminuido los salarios y relegado los derechos laborales y la negociación colectiva. En lo que va de 2015, los salarios han sido reducidos en media un 7%, mientras las grandes empresas, especialmente las cotizadas en el IBEX 35, han aumentado fuertemente sus beneficios.

El Gobierno del PP no puede presentar ningún balance positivo de salida de la crisis al pueblo trabajador. Un poco más de trabajo a cambio de contratos precarios y salarios miserables. De nuevo ha aparecido en nuestra sociedad la figura del trabajador con contrato, pero pobre. Por eso legisla para recortar las libertades democráticas y evitar la protesta, como ocurre con la llamada “ley Mordaza”.

El 1 de Mayo es la Fiesta Internacional del Trabajo. La lucha solidaria de trabajadores y trabajadoras está en el centro de esta celebración. Hoy la violencia cae con mayor intensidad sobre los pueblos, y especialmente sobre sus gentes trabajadoras. La causa es, como siempre, la codicia explotadora del capitalismo; es decir, el intento de dominar las fuentes energéticas y la producción de  las materias primas.

Desde Izquierda Unida queremos expresar la solidaridad activa con los trabajadores y trabajadoras del mundo en lucha por sus derechos y nuestra exigencia de que España sea un factor de paz en la política internacional.

Un aspecto dramático de esta situación son las corrientes migratorias que están produciendo tantos muertos en Ceuta, Melilla, el Mediterráneo y otros lugares.  La respuesta de la UE es cínica y la de España, expresada por boca de su ministro del Interior, además inhumana.  Todas esas víctimas, no sólo los muertos, son también consecuencias de la explotación capitalista y de un sistema de relaciones internacionales al servicio de los grandes intereses económicos. Es justo recodarles en un día de lucha como este.

En Europa, el pueblo trabajador griego se enfrenta al cerco económico, político y mediático de las grandes empresas y los bancos europeos que son quienes controlan la política de la Comisión y el BCE. Del llamado “rescate” de Grecia, sólo el 9% ha ido a parar al pueblo griego; el resto, a los bancos europeos.  Por ello, también decimos “Todos somos Grecia”.

En España, la corrupción aparece con toda claridad como algo funcional con el sistema, un factor intrínsecamente asociado al modelo productivo que nos ha traído a esta situación. Un modelo productivo que es la causa de que, si antes de la crisis el paro en España estaba en torno al 9% y era algo inferior a la media europea, ahora mientras en la UE ha subido al 12%, en España se ha disparado hasta el 25%.

Modelo productivo perverso, estimulado por el PP y mantenido por el PSOE y causante fundamental del paro. Para Izquierda Unida, en este 1 de Mayo la lucha por el empleo sigue siendo el elemento determinante de la movilización y de las alternativas políticas.

Un empleo que ha de ser de calidad y con salarios dignos.  Para lograrlo es imprescindible desarrollar un nuevo modelo productivo, sostenible y democrático. Y ello, ligado a un nuevo proyecto de país que garantice pan, techo, y trabajo, pero también salud, educación y dignidad.

Para Izquierda Unida, esos son los objetivos principales de la movilización del 1 de Mayo y de las alternativas políticas que nos proponemos llevar a los Gobiernos de Ayuntamientos y CC.AA. en las próximas convocatorias electorales. Es el tiempo de la izquierda y para ello, IU es necesaria.

¡Llamamos a toda la ciudadanía, y especialmente a todos los trabajadores y trabajadoras a participar en las manifestaciones y otras movilizaciones convocadas por los sindicatos de clase!

¡Llamamos al pueblo trabajador a luchar y organizarse para impedir al neoliberalismo imponer su salida de la crisis!

¡VIVA EL 1 DE MAYO!

¡VIVAN LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS!

jueves, 27 de abril de 2017

QUE NO NOS JODAN LA VIDA: ACABEMOS CON LA PRECARIEDAD

BAJO EL LEMA “QUE NO NOS JODAN LA VIDA: ACABEMOS CON LA PRECARIEDAD”,  IU SALDRÁ A LA CALLE ESTE 1º DE MAYO


En relación con los datos de la EPA IU ha valorado negativamente los datos arrojados  en este primer trimestre de 2017 ya que supone el incremento del paro y la reducción de la población activa

Para su Coordinador Provincial (Julián Atienza):”estos datos confirman lo que sienten las familias: no hay recuperación económica”

(Guadalajara, 27 de abril de 2017).- Izquierda Unida como cada 1º de Mayo, saldrá a la calle apoyando la convocatoria de los sindicatos y llama a la ciudadanía, trabajadoras y trabajadores a movilizarse, y llenar las calles de Guadalajara y de todo el país exigiendo un cambio de 180º en la política económica que garantice empleos estables y con derechos, servicios públicos y de calidad para todos y todas y pensiones dignas que aseguren el futuro.

El lema elegido por la formación, este primero de mayo es el de su campaña: “Que no nos jodan la vida: acabemos con la precariedad”.

“Los recortes sociales impuestos por la Unión Europea y aplicados por el bipartidismo, han venido para quedarse” denuncia Julián Atienza, Coordinador Provincial de la coalición, para quién la crisis fue la “excusa perfecta para desmantelar el modelo social que era lo que se pretendía” y por eso –afirma- es imprescindible que  salgamos a la calle a señalar a los culpables y exigir nuestros derechos”

Desde la organización denuncian que los datos de la EPA del primer trimestre de este año muestran el crecimiento del desempleo, “contradiciendo las políticas triunfalistas del Gobierno de Mariano Rajoy y confirmando lo que sienten las familias de nuestro país: que no hay recuperación económica”.

Julián Atienza, ha puesto de relieve que los datos de la Encuesta de Población Activa publicados hoy son "peores" que hace un año, lo que "niega la efectividad" de la actual política económica y de empleo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Asimismo, ha destacado que no solo la cifra es superior a la del primer trimestre de 2016, sino que en la actualidad "se destruyen más empleos que en el último trimestre de 2016". También cree que es "preocupante" que la tasa de paro suba y alcance el 18,7%, mientras que la tasa de actividad llega "únicamente" al 58,78%.

"Lo peor de estos datos es que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017 sigue sin atender esta situación y sin considerar prioritarios el empleo y la actividad económica", ha apuntado Atienza, tras señalar que "las cuentas públicas para 2017 no apoyan la inversión ni el aumento de la demanda" y recordar que "disminuyen el gasto destinado a las políticas activas de empleo".

martes, 25 de abril de 2017

Fracaso de la socialdemocracia en las elecciones en Francia: ¿y ahora qué?

La socialdemocracia ha obtenido el peor resultado de su historia reciente en las elecciones presidenciales y no estará presente en la segunda vuelta. Con el Partido Socialista en sus últimos estertores, Jean-Mélenchon se apresta a recoger el testigo del liderazgo del progresismo en Francia.


Pasada la resaca de la noche electoral, la primera vuelta de la elección presidencial en Francia ha evidenciado tres hechos: uno, el fin del bipartidismo en el Hexágono con la victoria del candidato centrista, el socioliberal Emmanuel Macron (24% de los votos); un segundo, el espectacular ascenso de la extrema derecha, que por primera vez ha superado la barrera de los siete millones de papeletas (7,6 millones, el 21,3% de los votos); el tercero es el fracaso de la socialdemocracia como alternativa electoral.

En efecto, la socialdemocracia francesa obtuvo el domingo su peor recuento en toda la historia de la V República: sumó tan solo un escuálido 6% para el candidato socialista, Benoît Hamon. El resultado, a todas luces insuficiente para otorgar al Partido Socialista un peso real en el futuro paisaje de la política nacional francesa, deja a la izquierda huérfana de su partido de referencia tradicional por su políticas derechistas, neoliberales y de apoyo a la élite olvidando a la mayoría social. Algo similar a lo que esperamso ocurra en España con el PSOE.