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martes, 16 de enero de 2018

LA JUSTICIA FULMITA EL ATC DE CASTILLA LA MANCHA

La Justicia fulmina el plan urbanístico que posibilitaba el cementerio nuclear de Villar de Cañas


Victoria de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha en su batalla jurídica contra el almacén nuclear. El Tribunal Superior de Castilla-La Mancha que ha avalado la resolución del Gobierno Regional que declara nulo el planteamiento urbano de esta localidad conquense.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla‑La Mancha ha desestimado el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Villar de Cañas contra la resolución de la Consejería de Fomento, de 6 de noviembre de 2015, que declaraba nulo de pleno derecho el Plan de Ordenación Municipal (POM) de esta localidad conquense, que fue aprobado el 19 de junio de 2015 con el Gobierno de María Dolores de Cospedal en funciones, ya casi en diferido y de forma simulada, a tan solo un par de semanas de su salida del Palacio de Fuensalida, expulsada por los resultados electorales.


La sentencia, notificada el 11 de enero y a la que ha tenido acceso PeriódicoCLM, da la razón al Ejecutivo que preside el socialista Emiliano García‑Page, que invalidó el planeamiento urbanístico que posibilitaba la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas.

Reconoce el juez que la declaración de nulidad del acuerdo de aprobación del POM es legítima, al haber quedado probado que a lo largo de su tramitación los informes de la Confederación Hidrográfica del Guadiana señalaban que no estaba garantizada la existencia de recursos hídricos requerida. 

En este sentido, subraya la sentencia el carácter preceptivo de dichos informes, en los que se pone de manifiesto la "inexistencia" de agua suficiente para el desarrollo del POM. Informes por tanto que debieron ser entendidos como "desfavorables" y al ser estos de carácter "vinculante y preceptivo" se incurrió en un "defecto esencial" de la aprobación del POM. 

No se trata así de un defecto subsanable o de un requisito cuya ausencia pudiera originar la nulidad de actuaciones, y la retroacción de las mismas, sino que se trata de "un vicio esencial y sustantivo", cuya nulidad se declara ‑aprecia el juez‑ "porque el plan urbanístico vulnera las leyes", en este caso el artículo 62.2 de la ley 30/92, aplicable al tiempo de su aprobación. 

Es por ello que se desestiman las pretensiones del Ayuntamiento de Villar de Cañas de que fuera revocada y anulada la resolución de la Consejería de Fomento, y se declara así la nulidad del POM del municipio conquense, según lo resuelto por la Administración autonómica.

EL ATC NO GUARDA LAS DISTANCIAS 
Por otra parte, y en relación a la ubicación del basurero nuclear respecto al núcleo urbano y las distancias que debían existir, también se pronuncia el juez en el fallo, señalando que no guarda las distancias preceptivas. 

Señala el auto que la ubicación del almacén temporal debe emplazarse cumpliendo lo descrito en la memoria, más allá de los planos del proyecto constructivo. No obstante, advierte el juez, "no se marca en ningún plano" la zona del área de las construcciones nucleares, así como la más restringida o aquella con menor radio de afección.  

El POM establece, en el apartado de ordenación estructural, que la localización de las edificaciones nucleares se encontrará a una distancia de 2.000 metros desde el punto más desfavorable de los núcleos de población y de sus crecimientos.

Es por ello que la regulación del POM "no se acomoda a la regulación aplicable", lo cual quedó ratificado por el propio perito al aclarar que en la redacción del POM no se había tenido en cuenta la instrucción que así lo establece, y que exige que la medición de los 2.000 metros se debe realizar desde la zona de afección de la edificación, "y no desde la fachada de las instalaciones nucleares", especifica la sentencia.  

INFRAESTRUCTURAS SIN DEFINICIÓN
Otro aspecto que analiza la sentencia es la falta de adscripción de sistemas generales, que son las carreteras, espacios libres o infraestructuras básicas, como centros productores de energía, del Sector 13 del plan urbanístico de Villar de Cañas, pues considera probado el juez que la mayor parte de las infraestructuras generales previstas en el POM no se adscriben a dicho sector, al que dan servicio.

Se incumplen así los preceptos básicos legales de la normativa urbanística, ya que esta falta de adscripción conlleva "una falta de definición" en cuanto a la obtención y ejecución de las obras correspondientes. De este modo se incumple también una determinación del plan urbanístico, como es el especificar el procedimiento de obtención del suelo, así como el de ejecución y financiación de las obras de sistemas e infraestructuras generales. Cuestiones que, precisa el juez, "no llegan a justificarse", yendo así en contra de los criterios propios expuestos en la memoria justificativa y en la ordenación estructural del propio POM. 

Por todos estos factores, la Sala de lo Contencioso‑Administrativo del alto tribunal castellano‑manchego desestima el recurso presentado por el Ayuntamiento de Villar de Cañas. Contra esta sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que deberá presentarse en un plazo de 30 días a partir de la notificación. 

sábado, 6 de enero de 2018

La insostenibilidad del AVE y la alternativa de Cercanías

La alta velocidad ferroviaria es, con diferencia, la infraestructura de transporte en la que más fondos públicos se han invertido en los últimos años en España. El AVE ha cumplido recientemente los 25 años. En este tiempo se han invertido, según ADIF, nada menos que  51.175 millones de euros, lo que supondría una media de más de 1.100 euros por español. Y esta cifra se refiere sólo al importe que ha supuesto la infraestructura, sin incluir, por tanto lo invertido por Renfe en la compra del centenar de trenes AVE con que cuenta para explotarla.


Hoy en día hay serias dudas sobre la sosteniblidad económica, ambiental y social del AVE, y en su conjunto requeriría de una profunda revisión, que se debería concretar en una auditoría independiente. El desarrollo del AVE se ha hecho sin planificación global, a golpe más de decisiones políticas que de necesidades reales. 

Algunos años se ha invertido en AVE una cantidad equiparable a la que se recortaba, por otro lado, en partidas sociales. Por ejemplo, el primer recorte aplicado por Zapatero en su ‘decretazo’ de mayo de 2010 suponía 15.000 millones de euros durante dos años, y la inversión en AVE en esos mismos dos años fue de 11.400 millones.

Son conocidos los servicios de AVE que se han tenido que cerrar porque, con un coste económico disparatado, daban servicio a menos de 10 pasajeros. Sin embargo, ha trascendido menos el tremendo despilfarro –además de su fuerte impacto ambiental y territorial– de muchos de los nuevos corredores de alta velocidad en los que se sigue enterrando el dinero que se nos recorta por otros lados.

De hecho no es de extrañar que países más ricos que España como Suecia, Finlandia Noruega… no tengan ninguna línea de alta velocidad, aunque sí disponen de una amplia y eficiente red de ferrocarriles.

DESDE AHORA EL CASAR PROPONEMOS ALTERNATIVAS MÁS SOSTENIBLES AL AVE

Otro caso, y por quedarnos más cerca: el Tribunal de Cuentas portugués decidió no asignar fondos a la línea de alta velocidad que conectaría Madrid con Lisboa, porque “no defiende el interés público y de los contribuyentes portugueses”. Mientras, en España vamos a gastar más de 2.600 millones de euros en la línea.

Luego está la tremenda disparidad en la asignación de presupuestos comparando con otras líneas de ferrocarril. Ha habido años que el AVE se ha llevado 150 veces más fondos que las cercanías, a pesar de que cada día viajan 30 veces más pasajeros en cercanías que en AVE. Una muestra clara de en qué tipo de pasajeros están las prioridades del Gobierno. Y eso sin contar las líneas de ferrocarril convencional abandonadas y cerradas, pese a la reclamación social de que vuelvan a ponerse en marcha. En los Presupuestos Generales del Estado de 2016 se destinaron todavía 3.500 millones para la construcción de nuevas líneas AVE y apenas 150 millones para nuevas líneas de trenes cercanías.

Todo ello debería invitar a la reflexión, y es que la actual huida hacia delante del Gobierno impulsando nuevas líneas de AVE carece de sentido. Las líneas de AVE ya construidas suponen un lastre económico muy importante, por ello es necesario repensar el futuro de esta infraestructura que sólo ha demostrado, en sus 25 años de existencia, ser insostenible económica, social y medioambientalmente. 

Invertir en ferrocarriles de Cercanías, que atienden a varios millones de personas diariamente, en lugar de un servicio insostenible y caro debería ser la prioridad de las administraciones. Claro, que primero hay que conocer a quienes dan preferencia estas mismas administraciones.


jueves, 7 de diciembre de 2017

La complicidad de las autoridades europeas con la industria alarga la vida de los pesticidas

Por Nacho Valverde

Los Estados miembro prolongan el uso del glifosato hasta 2022, a pesar de su catalogación como ‘posible cancerígeno’. Mientras, los ‘Monsanto Papers’ desvelan cómo la compañía manipuló informes científicos, hizo lobby sobre organismos reguladores y sobornó a la prensa para proclamar las bondades de su producto

Pasado un año y medio desde que los responsables europeos se sentaran a debatir el futuro del herbicida más polémico del mercado, los Estados miembros de la UE decidían el pasado miércoles renovar la licencia del glifosato por un período de cinco años. Han sido necesarios hasta siete intentos para obtener la mayoría cualificada para su renovación, con 18 estados a favor, 9 en contra y 1 abstención.

En un principio el periodo de renovación establecido comprendía los 15 años, pero la división entre los distintos países y la presión ciudadana y científica han obligado a rebajar su uso futuro hasta 2022. Si bien es cierto que tanto ecologistas como los países que se oponían al herbicida de Monsanto abogaban por su eliminación total del mercado.

A pesar de que las autoridades europeas hayan decidido una vez más abrazar la pastilla azul, obviando las abrumadoras evidencias científicas que muestran al glifosato como un posible cancerígeno, esta nueva victoria de la industria agroquímica puede acabar siendo el principio del fin.

El rechazo de países con el peso de Francia -que ya ha decidido prohibir el herbicida en todo su territorio-, la presión y preocupación de un 72% de la población europea por los residuos de los pesticidas en los alimentos –según el último Eurobarómetro- y la división dentro de las filas de conservadores, socialistas y liberales en la Eurocámara, hacen de la reciente decisión una huida hacia adelante para tratar de salvar un modelo de agricultura intensiva que tiene a los plaguicidas como su principal aliado.

La caída en desgracia del glifosato tiene sus orígenes en el año 2015, cuando el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) -organismo de la OMS especializado en investigaciones oncológicas- incluyó al herbicida como “probablemente cancerígeno” en animales y humanos. Esta inclusión contradecía las apreciaciones de Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, quien afirmaba que era improbable que pudiera causar tumores en humanos.

Este mismo año la compañía estadounidense era declarada culpable, en una sentencia sin precedentes, del delito de ‘ecocidio’ por el daño causado al medio ambiente en el Tribunal Internacional de La Haya.

Uno de los hechos más impactantes que ha puesto al descubierto las tretas de Monsanto para mejorar la imagen de su producto estrella ha pasado completamente desapercibido para los medios españoles.

A raíz de una demanda colectiva presentada en Estados Unidos por más de mil personas afectadas de cáncer, presuntamente provocado por el glifosato, el juez que llevaba el caso decidió desclasificar los documentos aportados por los demandantes.

Esta documentación, dada a conocer por el diario francés Le Monde bajo el nombre de ‘Monsanto Papers’, demuestra cómo la compañía norteamericana manipuló informes científicos, hizo lobby sobre organismos reguladores y sobornó a la prensa para proclamar las bondades de su producto.

Entre los documentos se muestra cómo la empresa agroquímica fabricó, previamente a la decisión del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, una falsa campaña de indignación destinada a desprestigiar a los científicos de este organismo para cuestionar la inclusión del glifosato como “probable cancerígeno”. Todo ello con la connivencia de la prensa como correa de transmisión de la propaganda de Monsanto.

Esta práctica de la compañía ha sido reiteradamente denunciada por asociaciones ecologistas, como explica Kistiñe García -responsable de comunicación de la campaña ‘Libres de contaminantes hormonales’ de Ecologistas en Acción-: “El cuestionamiento de los estudios independientes sobre los efectos que producen los pesticidas ha sido una estrategia recurrente de la industria, desde la época en que aparecieron los primeros estudios que relacionaban el tabaco con el cáncer de pulmón. Generan nuevos estudios, con científicos vinculados a la industria y a Monsanto, que vayan en sentido contrario para tratar de aludir que no hay consenso científico y el público general se queda con esa idea”.

“Lo más preocupante es que no solo cuentan con científicos a su disposición, sino que las agencias europeas encargadas de prohibir los pesticidas también están implicadas”, apunta Kistiñe García. “Hay un conflicto de interés clarísimo con Monsanto, cuyas investigaciones científicas se han copiado y se han vuelto a poner en informes europeos”, relata el eurodiputado de EQUO Florent Marcellesi.

En esa línea apuntan los ‘Monsanto Papers’, quienes han evidenciado que las conclusiones de los informes de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria -responsable de evaluar los riesgos de los alimentos que llegan al mercado- serían un copipega del estudio realizado por Monsanto.

Antes de conocer esta evidencia, el grupo de Los Verdes/ALE en el Parlamento Europeo interponía este mismo verano un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la no divulgación -por parte de la EFSA- de las conclusiones que afirmaban que el glifosato no es carcinógeno para los seres humanos.

La complicidad de las autoridades europeas, más allá de Monsanto
Según el Observatorio Europeo de Corporaciones, cerca del 60% de los expertos de la EFSA tenían en 2013 vínculos con empresas biotecnológicas, alimentarias o de pesticidas. Ese mismo año tenían que comenzar los trabajos de la Comisión Europea para definir los disruptores endocrinos, es decir, productos como plaguicidas que pueden alterar y afectar al sistema hormonal de los seres vivos.

Esta clasificación resultaba esencial para prohibir los productos que llegan al mercado, subraya Kistiñe García de Ecologistas en Acción: “El Reglamento de la Comisión Europea sobre plaguicidas prohíbe expresamente aquellos que tengan propiedades de alteración endocrina y que puedan causar efectos nocivos en los seres humanos. Por eso es tan importante qué definimos como disruptor porque, en el momento que sea considerado como tal, tiene que salir del mercado”.

En varios de los correos desvelados por la periodista francesa Stéphane Horel y el Observatorio Europeo de Corporaciones se desvela cómo Bayer -y otras asociaciones de la industria agroquímica- presionaban a miembros de la Comisión Europea para pedir una evaluación de impacto de los pesticidas sobre la salud, de cara a demorar la definición de los disruptores endocrinos. Presiones que surtieron efecto, como relata Florent Marcellesi del grupo de Los Verdes: “La Comisión Europea propuso una definición de disruptores endocrinos con dos años de retraso y en el Parlamento Europeo pusimos un veto porque era una tomadura de pelo”.

La definición definitiva en esta materia eliminaría de la lista de disruptores endocrinos o contaminantes hormonales aquellas sustancias que pueden afectar a las hormonas a largo plazo, detalla Nicolás Olea –oncólogo en el Hospital Universitario de Granada-: “La cuestión clave de la definición es que entienden por efecto adverso solo las grandes enfermedades como el cáncer. Se están dejando fuera los efectos que no son de forma inmediata”.

Aunque las autoridades españolas y europeas fijan un límite considerado seguro para los pesticidas contaminantes hormonales en los alimentos, con los disruptores endocrinos el concepto de límite no tiene mucho sentido, apunta Kistiñe García de Ecologistas en Acción: “Los disruptores actúan en dosis muy bajas y una de las características más potentes es que tiene mucha importancia el efecto cóctel. No nos comemos un disruptor, sino que -por ejemplo- en una pera nos estamos comiendo 16”.

Las investigaciones de Nicolás Olea, considerado como uno de los mayores expertos en España en descubrir cómo afectan los tóxicos a largo plazo sobre nuestro cuerpo, apuntan en esa dirección.

Al estudiar conjuntamente el efecto combinado de varios contaminantes hormonales, Olea ha detectado que la exposición a estas sustancias está correlacionada con un mayor riesgo de cáncer de mama; y que la exposición a estos químicos del feto puede determinar la capacidad seminal del futuro varón: “Deberíamos preguntarnos por qué las enfermedades de mayor incidencia el año pasado fueron el cáncer de próstata y de mama y por qué estamos asistiendo ante tal desastre de calidad seminal en los varones. En lugar de preguntarnos cuáles son las causas, se está resolviendo el problema acudiendo a nuevas técnicas para detectar tumores o aumentando el número de clínicas de reproducción asistida. Yo lo que quiero es prevenir y que no haya tumores porque entonces no habría que detectar nada”.

A pesar de dicho aumento, denuncia la campaña ‘Libres de contaminantes hormonales’, la incidencia de los contaminantes hormonales en ambas enfermedades no aparece en el último informe de la Sociedad Española de Oncología Médica; concluyendo que el aumento del cáncer se debe al “crecimiento de la población, la mejora de las técnicas de detección precoz y el aumento de la esperanza de vida”.

Otra de las enfermedades que se creía genética y que numerosos estudios están apuntando en sentido contrario es el autismo. “Hay algo muy claro, si el autismo fuera algo genético no habría habido un incremento tan brutal entre la población. En 1985 existía en uno de cada 10.000 habitantes, mientras que en el 2014 se daba en uno de cada 62 -según el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos-. Debemos preguntarnos qué hay en nuestro medio ambiente para que se esté reproduciendo a esta velocidad”, cuestiona Pilar Muñoz –presidenta de la Fundación Alborada-.

En los alimentos españoles existen 33 contaminantes hormonales
Uno de los países miembro que ha destacado por su defensa a ultranza del glifosato ha sido España. Esencial para la escalada exportadora que el Partido Popular ha llevado a cabo, nuestro país es el Estado miembro que mayor volumen de pesticidas consume de toda la UE, 77.216 toneladas en 2015 –según Eurostat-. 
Si bien la definición acordada por la Comisión Europea de contaminantes hormonales dista mucho de la realidad, Ecologistas en Acción ha tratado de evaluar con mayor precisión la presencia de disruptores en la comida española. Basándose en lista ofrecida por la organización Pesticide Action Network Europe (PAN), los expertos de la organización ecologista detectaron un total de 33 contaminantes presentes en nuestros alimentos sobre un total de 53 sustancias que pueden alterar nuestras hormonas.

Entre los alimentos más contaminados se encuentra a la cabeza las peras –con 16 disruptores endocrinos-, manzanas, melocotones, naranjas, espinacas, pepinos o tomates. Productos de origen animal como la miel o cereales como el arroz también poseen contaminantes hormonales. Hasta el momento, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) sigue sin incluir en su programa de control de residuos de plaguicidas al glifosato.


martes, 7 de noviembre de 2017

IU rompe con las grandes eléctricas y se pasa a la energía verde

Izquierda Unida ha decidido dar de baja el contrato de suministro eléctrico con las grandes empresas energéticas de sus 262 sedes para pasar a otras vinculadas con la economía social que garanticen una energía verde, algo que anima a hacer también a sus cerca de 70.000 militantes y simpatizantes.


La responsable federal de Estrategias para el Conflicto de IU, Sira Rego, ha presentado este lunes esta campaña junto al líder de la formación, Alberto Garzón, para promover un modelo energético sostenible.

Rego ha alertado de que las políticas de los últimos gobiernos en España han reforzado un modelo energético "claramente gravoso que "refuerza los intereses del oligopolio" en detrimento del bienestar de las familias. Por ello, la campaña Cambia de bando les permite "pasar de la teoría a la práctica" y "pasar a la acción".

La primera de la medida será la migración de todos los suministros eléctricos de todas sus sedes para "abandonar a las comercializadoras del oligopolio eléctrico", algo que esperan que tenga un "acompañamiento masivo" de sus militantes y simpatizantes.

Por su parte, Garzón ha lamentado que la situación social pase a "segundo plano" cuando hay conflictos "de identidad nacional" como el de Catalunya y ha acusado además al Gobierno de tener un interés "clarísimo" en que las consecuencias de la crisis queden tapadas por la agenda política.

El coordinador federal de IU, además,  ha llamado a la "unidad popular" en Catalunya para vencer a aquellos partidos que intenten que las elecciones sean "un plesbicito sobre la independencia" y ha confiado en que los inscritos de Podem quieran ir al 21-D con Catalunya en Comú.

Preguntado en rueda de prensa por la decisión de la coordinadora nacional de Catalunya en Comú de invitar a Xavier Domènech a articular la coalición con Podem, Garzón ha opinado que sería un candidato "magnífico" para unas elecciones "que se presentan con una apertura enorme".


lunes, 9 de enero de 2017

ANTE LA NEFASTA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS NUCLEARES

IU exige explicaciones al Gobierno por su “nefasta” gestión de los residuos nucleares al cumplirse hoy 5 años de la designación de Villar de Cañas para albergar el almacén


Los/as diputados/as Alonso, García Sempere y Bustamante, ante el oscurantismo del Ejecutivo del PP, registran una batería de preguntas para tratar de conocer “¿cuál es el nuevo calendario del proyecto del ATC de los residuos de todas las centrales españolas?” y si ante las dificultades existentes, “¿tiene el Gobierno previsto cambiar su decisión sobre la ubicación del almacén centralizado?”

La propia Soraya Sáenz de Santamaría alertó en 2011 que cada día que pasa sin construir el ATC le cuesta al Estado 60.000 euros, por lo que este lustro de retraso podría suponer ya un coste añadido próximo a los 110 millones de euros. Además, cuando se informó al comienzo del coste total del proyecto se habló de cerca de 700 millones de euros, mientras que los últimos datos lo elevan ya a más de 1.000

Izquierda Unida considera que el Gobierno del Partido Popular debe dar explicaciones por su “nefasta y peligrosa actuación”, desde que llegó a Moncloa en diciembre de 2011, en materia de gestión de residuos nucleares. IU ha registrado en el Congreso una batería de preguntas para que el Ejecutivo de Mariano Rajoy dé cuenta de esta “desastrosa” actuación y aporte datos imprescindibles para el futuro. Lo hace coincidiendo exactamente hoy, 30 de diciembre, con el quinto aniversario de la designación en Consejo de Ministros de Villar de Cañas (Cuenca) como municipio donde construir el almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad y combustible gastado de las centrales nucleares de todo el Estado. Un lustro después la construcción de estas instalaciones “está bloqueada”.

Si se tienen en cuenta las explicaciones públicas dadas por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, nada más llegar al cargo, cada día que pasa sin construir el ATC le cuesta al Estado 60.000 euros. Por tanto, estos años de retraso en la puesta en marcha del almacén de residuos nucleares podría suponer ya un coste añadido próximo a los 110 millones de euros. Además, cuando se informó al comienzo del coste total del proyecto se habló de cerca de 700 millones de euros, mientras que los últimos datos conocidos lo elevan ya a más de 1.000 millones.

Ante esta situación, de la que el Gobierno del PP lleva meses sin ofrecer datos, los/as diputados/as de Izquierda Unida Félix Alonso, Eva García Sempere y Miguel Ángel Bustamante -el primero de ellos encuadrado en la confluencia catalana de En Comú Podem  y todos/as ellos/as dentro del Grupo Confederal de Unidos Podemos- reclaman al Ejecutivo, entre otras cuestiones, que responda por escrito “¿Cuál es el nuevo calendario del proyecto del almacén centralizado de los residuos de todas las centrales españolas de Villar de Cañas (Cuenca)?” y si “Ante las dificultades que se han presentado, ¿tiene el Gobierno previsto cambiar su decisión sobre la ubicación del almacén centralizado?”

En su iniciativa, los/as parlamentario/as de Izquierda Unida detallan que en la construcción del emplazamiento mencionado, “Enresa ha gastado ya 77,4 millones de euros”, mientras el conjunto de las obras “están bloqueadas”. Mientras, las distintas plantas nucleares en el Estado español “acumulan residuos en sus piscinas y en los almacenes individuales al aire libre. Es el caso de Ascó, que saturará el almacén en 2023 y de Vandellós II, que proyecta una ampliación de la piscina de combustible. La Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II (ANAV), propietario de las centrales, ha solicitado que Estado ejecute la obra prevista”.

Por otra parte, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) informó favorablemente el pasado septiembre sobre la apertura de un almacén temporal individualizado (ATI) en la central de Almaraz. Este mismo mes de diciembre el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital acaba de dar luz verde al comienzo de las obras.

Para Izquierda Unida, “esto resultaba sorprendente, y así lo denunciamos en su momento con una proposición no de ley, registrada el pasado 29 de septiembre, pues esta central ha de cesar su actividad en 2020 y estaba previsto -a partir de cálculos del propio CSN- que sus piscinas puedan almacenar residuos hasta 2022”.

Félix Alonso apostilla que “a pesar de ello se ha aprobado un ATI para Almaraz, causando también las protestas del Ministerio de Medio Ambiente portugués por no haber sopesado su impacto transfronterizo. Recordemos el largo historial de fallos de los dos reactores de esta central, que pronto cumplirá los 40 años de funcionamiento”.

Se da la circunstancia de que la central de Cofrentes también tramita un permiso similar, según se ha conocido recientemente. “Así cuatro de las cinco instalaciones nucleares en activo en el Estado español tienen ya o están tramitando permisos para construir almacenes temporales individualizados, con su coste y riegos correspondientes, cuando hace cinco años se aprobó la construcción de uno centralizado. Un caos, un derroche y un oscurantismo inexplicables”, sentencia Alonso.

Por todo ello, la iniciativa parlamentaria registrada por los/as diputados/as de Izquierda Unida reclama datos precisos y fiables sobre si:

“¿Ha previsto el Gobierno una ampliación de la piscina de combustible de Vandellós II?

Teniendo en cuenta que la central de Almaraz cumplirá 40 años en 2021, ¿qué sentido tiene aprobar ahora un ATI? 

¿Tiene previsto el Gobierno prorrogar la vida útil de la central de Almaraz? 

Si cada central va a contar con su propio ATI, ¿qué sentido tiene construir un almacén centralizado para todas?” 

Mientras llegan las respuestas correspondientes, Izquierda Unida recuerda que, respecto al ATC de Villar de Cañas, la Junta de Castilla-La Mancha aprobó recientemente un decreto de ampliación de una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), muy cercana a la escogida para levantar el almacén nuclear. El Ayuntamiento de este municipio denuncia la voluntad de entorpecer la construcción del almacén, razón por la cual ha presentado un recurso contencioso-administrativo. Ya antes, el Gobierno de García-Page había anulado el planeamiento urbanístico del municipio, decisión que el alcalde de Villar de Cañas, José María Saiz (PP), también ha llevado a los tribunales.

De manera paralela, Ecologistas en Acción ha presentado un nuevo informe, que se suma a los anteriores en la misma dirección, de una empresa de ingeniería que alerta de los ‘enormes riesgos geológicos’ que supondría la construcción en estos terrenos.

Por si todo ello no fuera suficiente, también en este mes de diciembre se ha conocido que el CSN aprobó el 30 de noviembre un borrador que podría permitir en la práctica a las compañías eléctricas operar las plantas nucleares hasta los 60 años, en vez de los 40 actuales. De producirse, este cambio supondría, además de un aumento sustancial de los múltiples riesgos, dar una protección legal añadida al lobby eléctrico en el caso de que políticamente se decidiera el cierre con anterioridad de alguna de estas centrales nucleares, con las correspondientes indemnizaciones multimillonarias con dinero público a las grandes compañías privadas.

Para tratar de aclararlo, Izquierda Unida incluye también en su iniciativa parlamentaria la cuestión concreta de si “¿Está el Gobierno dispuesto a aprobar el incremento a 60 años de la vida de las centrales nucleares?”


miércoles, 4 de enero de 2017

Mundo Rural. Tradición e innovación para un modelo sostenible y democrático


En el modelo neoliberal, urbano e hiperconsumista el mundo rural va quedando como un espacio residual, amenazado por la despoblación y la desarticulación territorial. No obstante, dinámicas emergentes pugnan por promover nuevas propuestas para transitar hacia un modelo más sostenible desde el punto de vista social, ambiental y democrático. Estos cambios socio-culturales (mujeres rurales, neoruralidades, nuevas tecnologías, agroecología, cambio generacional en el campesinado) rebasan la vieja dicotomía agrarismo-ruralismo, abriendo posibilidades de que ciudades y campo dejen darse la espalda, abriendo puentes de apoyo mutuo entre ecologismo urbano, la reforma redistribucionista y las nuevas identidades que articulan social y tecnológicamente memorias populares, saberes ancestrales y preocupaciones urbanas sobre alimentación y patrimonio ecológico.



sábado, 24 de diciembre de 2016

Para que parezca que van a hacer algo: Hacienda vigilará la concesión de autopistas de peaje

La Oficina de Evaluación creada por Montoro tendrá que aprobar los proyectos de las concesionarias privadas antes de adjudicarles el contrato

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, junto a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, tras equivocarse en la votación de una iniciativa sobre el futuro de las autopistas de peaje

El Ministerio de Hacienda vigilará la viabilidad financiera de las concesiones de infraestructuras públicas como las autopistas de peaje para evitar que tengan que ser rescatadas por el Estado en caso de que las concesionarias privadas quiebren, como ha ocurrido con ocho vías de pago recientemente.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, anunció este miércoles que su departamento promoverá cambios en la legislación para "proteger al Estado" de esos rescates de forma que las futuras obras de infraestructuras que se adjudiquen a través de un contrato de concesión tendrán que tener previamente el visto bueno de la Oficina de Evaluación del Ministerio de Hacienda con el fin de garantizar que tengan "una viabilidad lo más ajustada posible".

"Las someteremos al análisis de esta la nueva oficina, que será la que analice la conveniencia o no de licitarlas", explicó De la Serna durante la sesión de control al Gobierno del Congreso.

Fomento también prevé cambios en la Ley de Contratos para que la Administración pueda actuar presentando "recursos de lesividad" en el caso de los costes de expropiación de terrenos para construir una infraestructura "se multipliquen sin causa razonable". Se trata de evitar que se disparen los costes de expropiación como ocurrió con las ocho autopistas quebradas que tuvieron que afrontar pagos de 2.200 millones de euros frente a los 400 previstos.

Además, De la Serna avanzó modificaciones también en el sistema concesional para cambiar el actual reparto de riesgos entre la compañía adjudicataria y el Estado, de forma que dichos riesgos sean mayores para la empresa privada. "Adoptaremos estas medidas para proteger al Estado ante este tipo de situaciones en el futuro", aseguró el ministro de Fomento.
Coste del rescate

En cuanto a la quiebra de ocho autopistas de peaje, De la Serna reiteró que trabaja para "minimizar" el impacto del rescate de estas vías "para el conjunto de la sociedad" y garantizar que sigan en servicio, pero no quiso cuantificar el coste que las empresas cifran en más de 5.000 millones de euros y el Gobierno quiere rebajar a menos de la mitad.

El ministro ya avanzó el lunes, también en el Congreso, que el coste de la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) ante las empresas concesionarias de estas autopistas, esto es, el importe que debe abonarles por la inversión que realizaron en su construcción, tardará aún en determinarse y, con toda probabilidad, será objeto de un proceso judicial.

En la actualidad, ya están en situación de liquidación tres vías. La R-3 y la R-5, que el Ministerio ya ha convenido asumir antes de julio de 2017, y la AP-36 Ocaña-La Roda. Y otras cinco están pendientes de resolución judicial.

El ministro defendió que el Gobierno del PP no ha dedicado "ni un sólo euro" a estas vías, y contrapuso las medidas adoptadas por los gobiernos populares con las aprobadas por el último Ejecutivo socialista que, según remarcó, concedió a las autopistas créditos participativos por 483 millones de euros y les habilitó cuentas de compensación por 80 millones, además de aprobarles aumentos del precio de peaje de hasta el 18% y ampliaciones del plazo de concesión, informa Europa Press.

En cuanto a las causas de la situación de quiebra de las autopistas, el ministro apuntó que en el momento en que se proyectaron y adjudicaron era "francamente difícil de prever" que el tráfico de las autopistas fuera a caer el porcentaje del 35% que descendió durante la crisis.

viernes, 16 de diciembre de 2016

EL OLVIDADO CERCANÍAS A ALGETE (Y A EL CASAR)


RECORDATORIO DE ACTUACIONES

En el año 2009 el “Plan de Infraestructuras Ferroviarias de Cercanías para Madrid 2009-2015” se hizo realidad. Dicho Plan incluía la conexión de Algete con la capital mediante un tren de Cercanías en 2015, según anunció la entonces presidenta regional Esperanza Aguirre en el acto oficial de presentación junto al Ministro de Fomento de la época José Blanco. Se cumplía así el deseo de gran parte de la ciudadanía que veíamos en este plan la solución a los problemas de transporte que sufrimos desde hace años.

Dos años después, en septiembre de 2011, la redacción del estudio informativo de la prolongación de Cercanías a Algete fue adjudicada con un presupuesto que ascendió a 838.636,49 euros. Este análisis tenía por objetivo determinar las alternativas más adecuadas de trazado de viales para construir la nueva infraestructura, que permitirían extender el servicio ferroviario desde la actual estación de Alcobendas/San Sebastián de los Reyes hasta las localidades de San Agustín de Guadalix y Algete. En este punto IU El Casar presentó un proyecto avalado por el Pleno Municipal de El Casar y la Diputación Provincial de Guadalajara, que contaba con la aceptación de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias del Ministerio de Fomento, el cual indicaba que la propuesta era técnicamente realizable y que sólo estaba supeditada a la decisión política.

La primera parte del proyecto del Ministerio de Fomento, en su recorrido transcurriría por un túnel, bajo el casco urbano de San Sebastián de los Reyes, quedando sin determinar la ubicación exacta de las cinco estaciones previstas: Plaza Norte, San Sebastián de los Reyes Norte, Algete (final del trayecto de un ramal), Ciudalcampo/Santo Domingo y San Agustín de Guadalix (final de la segunda bifurcación). En su día también se solicitó al Ministerio de Fomento una parada adicional en el Distrito 5 de Algete, por ser una zona del municipio retirada del casco urbano y próxima a los polígonos industriales. Además, como mal menor, esta parada permitiría la creación de un estacionamiento alternativo para las localidades que, sin tener estación propia, podrían utilizar desde aquí el servicio de Cercanías.

En septiembre de 2012 se presentó el "Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda 2012-2024", revisión del "Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-2020" que elaboró en su día el gobierno de Zapatero y dentro del cual se enmarcaba el "Plan de Infraestructuras Ferroviarias de Cercanías para Madrid 2009-2015". En este nuevo Plan se indicaban las líneas maestras de actuación en los próximos años, sin concretar ni proyectos, ni presupuestos, ni calendarios, pero dejando entrever que la mayor parte de las inversiones ferroviarias que se realizarán en los próximos años sería en las líneas de Alta Velocidad, y muy pocas a las líneas de Cercanías. Esta absurda situación llegó hasta el punto de retirar, definitivamente la adecuación del ANDEN 5 de la estación de AVE de Guadalajara, donde en el proyecto original, se presentaba una estación de Cercanías. Muchos millones de euros tirados a la basura para hacer una infraestructura que ya nunca iba a ver la luz.

Hoy en día, seis años después de su puesta en marcha, el plan es una quimera olvidada en algún cajón del Ministerio de Fomento y no ha alcanzado los objetivos marcados: El Ministerio de Fomento solo ha construido cuatro de las 25 estaciones prometidas (16%) y apenas 10 de los 115 nuevos kilómetros (8,7%) de vías. Para justificar este retraso desde el Ministerio de Fomento se asegura que este plan incluía diferentes actuaciones, pero que no establecía un calendario concreto para cada una de ellas, y que además aún se están llevando a cabo los estudios informativos (la primera fase de la obra) para la prolongación de San Sebastián de los Reyes hasta San Agustín de Guadalix y Algete. Una pregunta que habría que plantear es la cuantía de los fondos asignados a ciertas empresas para mantener estos estudios sin que se haya realizado avance alguno. ¿Quien se está beneficiando de dinero público en un trabajo sin hacer?

COMO ESTAMOS EN LA ACTUALIDAD
Los regidores de quince municipios, entre los que se encuentran Algete, San Agustín del Guadalix, Sanse, El Molar, Pedrezuela, Alcobendas, o Colmenar Viejo, han firmado una carta dirigida al Ministerio de Fomento, solicitando una reunión donde validar, de primera mano, en qué fase se encuentra el Proyecto de Extensión de la Red de Cercanías para el norte de Madrid. También quieren trasladar la necesidad de esta infraestructura de transportes ya que "hace mucha falta a los más de 300.000 vecinos de la zona".

Así el 27 de abril de 2016 ls regidores decidieron sumar fuerzas y pedir que siga adelante el proyecto de Extensión de la Red de Cercanías para Madrid hasta Algete y San Agustín del Guadalix aprobado en 2009 pero que todavía no se ha hecho realidad. 

Los quince municipios de la zona norte de Madrid firmantes son Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Colmenar Viejo, Algete, San Agustín del Guadalix, Daganzo, El Molar, Cobeña, Fuente El Saz, Guadalix de la Sierra, Pedrezuela, Valdetorres de Jarama, Alalpardo-Valdeolmos, Valdepiélagos y Talamanca de Jarama. Es significativa la ausencia de municipios de Castilla La Mancha en este tipo de acciones. Queremos recordar que ayuntamientos como El Casar y la propia Diputación Provincial de Guadalajara apoyaron este proyecto y el estudio presentado por IU El Casar para que un ramal llegara hasta nuestra localidad.

Las voces (ignorantes y manipuladoras) que decían que Cercanías era un servicio de MADRID, fueron calladas en su momento, al recordar que, el mismo, ya llega a Guadalajara capital, a las localidades del Corredor del Henares e incluso hasta la provincia de Toledo.

El Ayuntamiento de Algete, en el Pleno Municipal de noviembre de 2015, aprobó por unanimidad una moción para crear un grupo de trabajo (y una Plataforma Ciudadana de la Zona Norte de Madrid), integrado por los consistorios de Algete, San Sebastián de los Reyes y San Agustín de Guadalix (además de los firmantes de la carta que también se incluirían) para llevar a cabo acciones conjuntas que puedan ayudar a que la prolongación de la línea de tren de Cercanías C-4 desde Alcobendas / S.S. Reyes a Algete y San Agustín de Guadalix se ponga en marcha lo más pronto posible.

Esta actitud de los regidores del lado "madrileño" del límite administrativo contrasta y marca la diferencia con los ayuntamientos de la franja fronteriza de Castilla La Mancha que permanecen inactivos debido, principalmente, a su único interés personal muy alejado del interés general de la ciudadanía.

sábado, 3 de diciembre de 2016

IU EXIGEN RESPUESTAS SOBRE LAS AYUDAS DE LA UE

García Sempere reclama que la ministra García Tejerina explique en el Congreso el peligro de sanciones y pérdida de ayudas a España por incumplir normas medio ambientales

La diputada de IU quiere que la responsable de Medio Ambiente dé cuenta de las “medidas que se han tomado o se van a tomar antes del próximo 31 de diciembre para cumplir los criterios comunitarios en materia de gestión de residuos y no perder ayudas europeas, y los planes para evitar sanciones europeas por la deficiente recogida y tratamiento de las aguas residuales en diversos núcleos urbanos”

La diputada de Izquierda Unida Eva García Sempere ha registrado una batería de iniciativas parlamentarias para que el Gobierno del PP dé explicaciones sobre diversos temas relacionados con el medio ambiente. Entre otras cuestiones, García Sempere reclama la comparecencia de la ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, en la comisión del Congreso correspondiente a esta cartera para que “explique las medidas que se han tomado o se van a tomar antes del próximo 31 de diciembre para cumplir los criterios comunitarios en materia de gestión de residuos y no perder ayudas europeas, y los planes para evitar sanciones europeas por la deficiente recogida y tratamiento de las aguas residuales en diversos núcleos urbanos”.

La también portavoz de Izquierda Unida en esta comisión, dentro del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, firma esta iniciativa junto a Alberto Garzón, en su calidad de portavoz adjunto del grupo, y de los también diputados del mismo Antón Gómez Reino y Juan Antonio López de Uralde.

García Sempere, por la importancia del asunto, ha registrado además una batería de preguntas dirigidas al Ejecutivo de Mariano Rajoy para su respuesta escrita sobre otra de las cuestiones planteadas en la petición de comparecencia. Detalla en su iniciativa la petición de la Comisión Europea al Tribunal de Justicia de la Unión Europea de multar a España “por su ‘deficiente’ recogida y tratamiento de las aguas residuales en 17 núcleos urbanos, dado que, tal como recoge la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de abril de 2011, las administraciones españolas infringían la legislación comunitaria ‘al no recoger y tratar adecuadamente las aguas residuales urbanas’ vertidas en 37 ciudades y urbanizaciones”. 

La intención de la Comisión Europea es solicitar una multa diaria de 171.217 euros a nuestro país si no se logra el pleno cumplimiento de la sentencia antes de que el tribunal dicte su segunda resolución, sanción que se sumaría a una multa a tanto alzado de 46,5 millones de euros.

Ante esta importante amenaza económica que se cierne sobre España, la parlamentaria de Izquierda Unida pregunta si “¿tiene conocimiento el Gobierno de dicha solicitud por parte de la Comisión Europea?” y, de forma más concreta, “¿qué planes tiene previsto poner en marcha el Gobierno para garantizar el cumplimiento de lo establecido y requerido por la Comisión Europea y evitar así el aumento de la sanción ya impuesta?”

Eva García Sempere entra en detalles y plantea al Ejecutivo de Mariano Rajoy “¿qué grado de cumplimiento de los planes de depuración completa tienen las localidades andaluzas de Matalascañas, Alhaurín el Grande, Isla Cristina, Tarifa, Coín, Estepona-San Pedro de Alcántara, Nerja y Barbate; la asturiana Gijón Este; las valencianas de Benicarló, Peñíscola y Teulada-Moraira, y las canarias Noreste (Valle Guerra) y Valle de Güímar?”

Además, interroga al Ejecutivo sobre “¿qué compromisos presupuestarios piensa adoptar el Gobierno para garantizar el cumplimiento de dichos planes de depuración y concluir las obras e infraestructuras necesarias para ello?”

En relación a la otra cuestión planteada a la ministra García Tejerina para que se explique en sede parlamentaria como responsable de Medio Ambiente del Gobierno, García Sempere ya registró hace unos días otra iniciativa en la que advertía de que el Estado español y diversas comunidades autónomas se juegan percibir decenas de millones de euros en ayudas de la Unión Europea para poner en marcha planes de acción para la gestión de residuos.

La Comisión Europea advirtió de ello hace tiempo al Gobierno del PP y, hasta ahora, no se conoce si ha hecho algo en concreto para evitarlo. Por ello, la diputada de Izquierda Unida pidió al Ejecutivo del PP que detallare por escrito, entre otras cuestiones, “qué medidas se han tomado o se van a tomar antes del 31 de diciembre para cumplir los criterios antes establecidos en cuanto a gestión de residuos”, en relación a los marcados previamente por la UE.

La fecha indicada resulta fundamental por su inmediatez. La Comisión Europea ya ha advertido directamente por carta y ha “llamado su atención” al Gobierno español “sobre la correcta aplicación de la legislación de la UE en materia de residuos, que afecta a las inversiones necesarias en el Estado”, tal y como explica García Sempere, también portavoz adjunta en la Comisión de Estudio sobre el Cambio Climático del Congreso por el Grupo Confederal de Unidos Podemos.

En concreto, la Comisión Europea remitió un último escrito a las autoridades españolas el pasado 29 de agosto. Iba dirigido al entonces ‘embajador extraordinario y plenipotenciario representante permanente de España ante la Unión Europea’, Alfonso Dastis, es decir, el actual nuevo ministro de Asuntos Exteriores de Mariano Rajoy.

La misiva hace referencia a las ‘condiciones ex ante (previstas con antelación) para la gestión de residuos’ y advierte de forma directa y contundente de que ‘las condiciones ex ante incumplidas han de cumplirse a más tardar el 31 de diciembre de 2016. El hecho de no hacerlo podría dar lugar a la suspensión de los pagos intermedios para los programas y las prioridades de que se trate’.

miércoles, 23 de noviembre de 2016

El tratamiento de las aguas residuales puede dañar nuestra salud y al medioambiente

EL problema del agua en España se debe, entre otras cosas, a existen las infraestructuras necesarias pero no se emplean o se emplean de forma incorrecta.


La crisis del agua es una crisis de gobernanza, de gestión. En el caso de España es muy visible por su incapacidad de tratar correctamente las aguas residuales, lo que presenta un problema a largo plazo tanto en salud como en el medioambientales, según señalan expertos. 

En la presentación del Foro de la Economía del Agua que se celebrará esta semana, Gonzalo Delacámara, coordinador del Departamento de Economía del Agua de la Fundación IMDEA Agua además de asesor de la Comisión Europea en política de agua y del Parlamento Europeo sobre cambio climático, recuerda que a menudo, en materia de agua se toman decisiones contradictorias. 

Este problema se hace muy evidente, por ejemplo, en la agricultura, el gran usuario de agua. En éste ámbito, un 90% del sector produce un 10%, mientras que el 10% restante se encarga de producir el 90% de la producción agrícola. De estos datos se desprende que el mayor gasto de agua en agricultura se lo llevan los cultivos que menos producen. 

Contradictorio es también que de las casi 900 plantas de desalación está activa, en promedio, solo un 18% de su capacidad instalada. Al margen de apoyar o no la desalación del agua, lo que queda claro es que en España existen las infraestructuras pero no se emplean o se emplean de forma incorrecta. 

A esto se une que el 40% del alcantarillado en España tiene mas de 40 años, según señala Delacámara, lo que genera un problema, sobre todo en las zonas rurales. 

Un 25% de las plantas depuradoras están sobredimensionadas y un 21% de las plantas son insuficientes

Contradictorio también el caso del tratamiento de las aguas residuales. Mientras que un 25% de las plantas depuradoras están sobredimensionadas, generando un gasto mayor del estrictamente necesario, un 21% de las plantas son insuficientes para cubrir la población que debe. El caso de Ibiza es muy destacable, donde en verano, con el inmenso aumento de la población debido al turismo, las aguas residuales llegan a "verterse al mar sin tratamiento alguno". 

Asímismo, estas plantas están diseñadas para depurar el agua residual y no son capaces de eliminar los contaminantes provenientes de la agricultura, como los pesticidas, y los "contaminantes como la cocaína o la cafeína, fármacos y detergentes".

Delacámara recuerda que el problema del agua es un problema de gobernanza que se tiene que solventar integrando miradas interdisciplinares y coordinando las políticas para evitar contradicciones. El agua es "un factor crucial en el desarrollo de España, puede ser una limitación o una oportunidad.

viernes, 18 de noviembre de 2016

La inoperancia del Gobierno pone en riesgo ayudas europeas a las CCAA para la gestión de resíduos

La Comisión Europa advirtió en agosto por carta al actual ministro de Exteriores, entonces embajador de España en la UE, Alfonso Dastis, de que no se habían cumplido los requisitos comunitarios para varios proyectos. El 31 de diciembre expiran los plazos para ajustarse a los requisitos de los Fondos FEDER que establece Bruselas

Los Gobiernos autonómicos de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Melilla y Murcia pueden llevarse una desagradable sorpresa económica en 2017 debido a la inoperancia del Gobierno de Mariano Rajoy. Un gran montante de fondos europeos destinados a proyectos de gestión de residuos en España podría perderse al no haberse cumplido varias de las condiciones exigidas por Bruselas en el marco de un plan de acción que comenzó en 2014 y finaliza en 2020.

La Comisión Europea (CE) ya advirtió en agosto al Ejecutivo de Rajoy a través de una carta a Alfonso Dastis, el nuevo ministro de Exteriores, entonces embajador extraordinario y plenipotenciario representante permanente de España ante la Unión Europea. 

En la misiva, a la que ha tenido acceso Público, la CE habla de "condiciones ex ante(previstas con antelación) para la gestión de residuos", advierte de su incumplimiento y urge a que se adopten antes del 31 de diciembre de 2016. En caso contrario, explica la carta, se procedería a "la suspensión de los pagos intermedios para los programas y las prioridades de que se trate".

La CE pide a Dastis "su concurso para resolver esta situación con carácter prioritario [...] y que se establezcan las medidas para alcanzar los objetivos de 2020 sobre la preparación para la reutilización y el reciclado, incluida la obligación de velar por la recogida selectiva". Condiciones que el Gobierno conoce desde el 2014 y que en agosto de 2016 aún no había adoptado y que difícilmente pueden realizarse antes de fin de año.
Fondos FEDER

La cuantía total de los fondos que están en peligro es difícil de saber, ya que se enmarcan dentro de un plan conjunto dotado de 2.200 millones de euros destinados, entre otras áreas, a I+D, transportes, infraestructuras, ayudas a pequeñas y medianas empresas o reducción en la emisión de gases de efecto invernadero. Se trata de fondos FEDER, que normalemente se parcelan en planes de acción concretos en los que la Unión Europea aporta entre el 50% y el 60% del coste total y el resto corre a cargo del Estado y del Gobierno autonómico a partes iguales.

Apenas falta un mes y medio para la finalización de los plazos y Bruselas ya ha advertido directamente por carta y ha “llamado su atención” al Gobierno español “sobre la correcta aplicación de la legislación de la UE en materia de residuos, que afecta a las inversiones necesarias en el Estado”, tal y como explica la diputada de Izquierda Unida Eva García Sempere, también portavoz adjunta en la Comisión de Estudio sobre el Cambio Climático del Congreso por el Grupo Confederal de Unidos Podemos.

La misiva avisa también de que "en el momento de adoptarse el acuerdo de asociación o los programas enumerados en el anexo se consideró que algunas de las condiciones ex ante relativas a los residuos no se cumplían, por lo que se acordó establecer planes de acción. En estos planes de acción figuran las medidas que deben tomarse, los organismos responsables y el calendario para su aplicación" y, a día de hoy, no se cumplen, por lo que peligran los fondos para las regiones citadas y también para el propio Estado español, que debe acometer un plan estatal de "Crecimiento Sostenible", según el anexo al que se refiere la comisión.
Batería de preguntas en el Congreso

Según García Sempere, la situación supone un "grave problema" sobre el que el Gobierno debe dar explicaciones, por lo que ha registrado una batería de preguntas en el Congreso para saber si el Ejecutivo piensa "realizar una moratoria en los planes de construcción de nuevas infraestructuras para el tratamiento de residuos con el fin de que estas se realicen dentro de los parámetros de gestión de residuos que indica la Unión Europea”.

La parlamentaria andaluza de Izquierda Unida completa las cuestiones por las que se interesa al recabar detalles sobre si “teniendo en cuenta las indicaciones y normas europeas, ¿tiene entre sus planes el Gobierno trabajar en una nueva ley de gestión de residuos que contemple las exigencias europeas en cuanto a gestión de los mismos?”.