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martes, 7 de noviembre de 2017

Un chiste sobre España y los derechos humanos

La orden de detención europea contra Puigdemont abre otra gran caja de los truenos en lo que cada vez más pensadores vienen calificando como una causa general contra el independentismo abierta por el régimen español. Revestida de carácter jurídico, sus medidas tienen fondo y alcance políticos.

No se discute que la actitud de las autoridades catalanas ha sido un esperpento, ni la producción de claras ilegalidades ni la posibilidad de que hubiesen cometido delitos de desobediencia o prevaricación. Pero ello está muy lejos de la disparatada calificación de rebelión y sedición que promueve la Fiscalía General, dependiente del Gobierno.

¡Tanto tiempo hablando de Venezuela sobre la prisión de opositores encarcelados y resulta que aquí nos ponemos a su nivel y aún más, llevando a prisión a numerosos dirigentes gubernamentales, parlamentarios y líderes sociales!

Es muy grave la internacionalización del conflicto: la imagen de España en la opinión pública internacional está muy deteriorada. Esta apreciación la hago desde mi experiencia técnica profesional en el ámbito internacional.

En primer lugar hay que referirse a las consecuencias muy negativas que puede causar la orden de detención europea, promovida por la Fiscalía, y cuya instrucción por la jueza Carmen Lamela nos hizo recordar otro caso reciente que llevó ella misma y que puso en alerta a todos los defensores de los Derechos Humanos. Me refiero al caso Alsasua, donde unos enfrentamientos, o una reyerta en un bar de esa localidad, fueron calificados por su señoría como delito de terrorismo en una interpretación muy expansiva de este delito.

Se evidencia que al Fiscal General, José Manuel Maza, reprobado por el Parlamento, le interesaba que el asunto catalán cayese en manos de esta jueza de instrucción; aunque los delitos imputados no son ni siquiera competencia de la Audiencia Nacional. De ahí su empecinamiento en atribuirlo a un órgano excepcional donde sabía que iba a ser más fácil conseguir hacer efectiva su alarmante frase “hemos tenido mucha paciencia” con los independentistas.

Ahora, tras enviar expeditivamente y con clara indefensión a prisión incondicional sin fianza a casi todo el gobierno catalán, la jueza ya ha dictado la orden de detención de Puigdemont. Esto va a crear unas tensiones enormes en la Unión Europea y un juicio jurídico, con consecuencias políticas, que revelará cómo está España en materia de Derechos Humanos. Me anticipo a lo que pueda suceder ahora que empieza su tramitación, pero mucho me temo que el proceso belga puede dañar aún más a nivel internacional la imagen del país.

La orden de detención y entrega europea, instituida por la Decisión Marco 2002/584, se concibió para sustituir el mecanismo clásico de extradición --que implicaba una decisión del poder ejecutivo-- por un instrumento de cooperación entre las autoridades judiciales nacionales basado en los principios de reconocimiento mutuo de las sentencias y demás resoluciones judiciales y también en el de confianza recíproca entre Estados miembros de la UE.       
  
Esta medida instauró un nuevo sistema de detención y entrega de las personas condenadas o sospechosas de haber infringido la ley penal en un país, limitándose estrictamente los motivos de no ejecución y fijándose plazos breves de adopción de las decisiones. Pero todo ello requiere un juicio fundamental: la persona que se procede a devolver al país de origen debe tener asegurados plenamente sus derechos, entre ellos la garantía de un juicio justo y que, en su caso, su internamiento en prisión se realice de manera respetuosa con los derechos humanos.

Sobre este asunto, debe desgraciadamente reconocerse que España no tiene en Europa buena imagen en materia de observancia de Derechos Humanos. Así se ha dicho en algunos foros como el Consejo de Europa o incluso en la propia ONU, que han criticado la represión de derechos contenida en la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza.

Pero no son solo algunos organismos internacionales, también hay países donde se piensa así. Hay que recordar, por ejemplo, que el propio Estado belga, sede de las instituciones comunitarias, ha denegado en el pasado la entrega a nuestro país de presuntos etarras desde la consideración de que en España “no se cumplen los derechos humanos”. Esto es muy fuerte, pero es acallado aquí con la retórica hueca del “somos un Estado de Derecho”.

Esas impresiones cada vez se extienden más entre los ciudadanos. Perplejos nos dejan también las asociaciones de jueces y fiscales emitiendo constantemente --hasta siete-- comunicados en la misma línea del gobierno de Rajoy, en los que califican como "totalitarias" a las autoridades catalanas o afirmando que se ha producido “un golpe de Estado en Cataluña”.

No sólo es una forma inadmisible de presionar a sus compañeros jueces, sino también de emitir opiniones políticas que pudieran afectar a hechos que iban a ser enjuiciados. A las asociaciones corporativas muy de derechas como la APM, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente se llegó a unir torpemente la ‘progresista’ Jueces para la Democracia. Igual sucedió en el ámbito de la fiscalía, con la UPF emitiendo comunicados patrióticos. La excusa era corporativa: “Proteger a nuestros compañeros en Cataluña”. Para ellos, ¡antes la Patria que la Justicia!

Si la orden de detención europea fuese denegada, a España le quedaría la vía final de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde podrá comparecer cualquier otro país, además de Bélgica, y cuya caja de resonancia sobre el enjuiciamiento de España tendría un gran eco.

Quiero destacar un precedente muy cercano. Se trata de una importante sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 5 de abril de 2016 que aplica, con excelente criterio, una interpretación justa y humana del Derecho, resolviendo dos cuestiones sobre un ciudadano rumano y otro húngaro que fueron sometidas al TJUE por un Tribunal de Bremen (Alemania), que era donde se encontraban. En ese proceso judicial europeo intervino España, que se alió con Hungría y Rumanía para defender la entrega de los dos demandantes. La extradición fue rechazada por la Gran Sala del Tribunal de Luxemburgo afirmando que los dos países no ofrecían suficientes garantías.

Esta sentencia aplica como sustrato los derechos humanos e invoca tanto la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea como la normativa no estrictamente comunitaria, la del Convenio de Roma, referida a los 47 miembros del Consejo de Europa.

En efecto, se cita el artículo 6 del Tratado Unión Europea (TUE), donde se dispone que “la Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”. Pero --y esto es muy importante porque ensancha el prisma-- además, invoca el mismo precepto en su apartado 3, estableciendo que “los derechos fundamentales que garantiza el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 y los que son fruto de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros formarán parte del Derecho de la Unión como principios generales”. Y ahí está el principio jurídico del derecho a un juicio justo y a la tutela judicial efectiva.

Así, pese a los postulados de presunción de confianza legítima y el reconocimiento mutuo entre Estados, pilares en que se basa la orden europea de detención, cabe la posibilidad de que se deniegue la ejecución en casos concretos señalados, como puede ser la violación grave y persistente por un Estado miembro de los valores exigibles, particularmente el respeto a la dignidad humana, el derecho a la libertad, el derecho a participar en asuntos públicos y, sobre todo, el derecho a un juicio justo y la prohibición de penas o tratos degradantes.

Pues bien, sobre esta base, puede suceder que las autoridades belgas denieguen la entrega de Puigdemont a España. Y serían varios los motivos. Uno primero, y ya contundente, es que el delito de rebelión y sedición, por el que es requerido desde España, no está en la lista de las causas penales por las que pudiera procederse a la entrega. Y no está porque tiene esta figura penal un carácter político, lo cual evidencia que frente a lo que dice el sector oficial gubernamental-judicial, hay un componente claramente político en el enjuiciamiento. Debe recordarse que una cosa es que hubiesen cometido ilegalidades y pudiesen ser enjuiciados por desobediencia, prevaricación o malversación, y otra muy diferente que sean tratados y penados por secesión o rebelión.

Este carácter político del proceso judicial se evidencia en el deseo público de un dirigente importante del PP, Pablo Casado, advirtiendo que Puigdemont podría acabar como Companys (prisión y fusilamiento). Tampoco facilita que se expida la orden de detención la prisión incondicional ya dispuesta de los gobernantes catalanes que se presentaron voluntariamente a declarar, tanto los de Madrid como Puigdemont y los que están con él en Bélgica. Es sumamente infrecuente que una persona acuda a declarar voluntariamente sin orden de detención ni por un delito flagrante y resulte enviado inmediatamente a prisión incondicional sin fianza. Solo en algún caso de asesinato sin arrepentimiento inmediato.

En este sentido, la forma tan expeditiva y sumarísima de proceder de la jueza respecto el vicepresidente y otros consejeros revela una disposición a actuar en la línea marcada por el fiscal designado por el Gobierno. Y cabe suponer que habría hecho lo mismo con Puigdemont en una resolución que ya tenía en gran parte escrita antes de oírles. Que se les enviase con premura a prisión sin haberles dejado tiempo para leer los documentos presentados esa misma mañana contra ellos refleja indefensión; y esa forma de actuar evidencia algo grave. De eso también tomará nota el tribunal belga.

Asimismo, las autoridades de ese país podrán apreciar que, según el Código Penal español, se requiere para el delito de rebelión la producción por los inculpados de una violencia que obviamente no ha existido: la ‘violencia’ física no encaja en el relato fáctico de la jueza española. Fue el pueblo catalán el que sufrió esa violencia el 1O.

La mala imagen de España en materia de Derechos Humanos se manifiesta no solo en no tener, a diferencia de los Estados democráticos, un Plan de Derechos Humanos, sino también, por ejemplo en que es, tras Turquía, uno de los países más condenados por el otro tribunal de Derechos Humanos, éste con sede en Estrasburgo, en el que acumula once sentencias por torturas o malos tratos en prisiones, fundamentalmente por su negativa a investigar. Este se calla aquí, pero es así.  

Las gravísimas mofas de los policías nacionales que custodian la Audiencia mientras declaraban Junqueras y los otros consejeros revelan el odio que personas y cargos con responsabilidades de seguridad tienen por esas personas solo por sus ideas. Es humillante. Y a eso hay que sumar la forma de ser conducidos en los furgones policiales hasta la prisión, de modo vejatorio, según ha denunciado el vicepresidente catalán.

Son numerosos los elementos que las autoridades judiciales belgas tienen ante sí para valorar la procedencia de aplicar lo solicitado desde España. Y son muchos los factores que pueden inclinar la balanza a favor de denegarlo. En tal caso, se reflejaría desde el exterior lo que algunos desde aquí pensamos sobre el grave retroceso de los Derechos Humanos en España y la connivencia entre el poder judicial y ejecutivo a la hora de enjuiciar asuntos relevantes. Se inicia el proceso, pero estoy seguro de que muchos españoles confían más en lo que puedan dictar los tribunales belgas que los de aquí. Esto es una tragedia. Significa que estamos más cerca de Turquía, de Hungría o de Polonia que de los países más avanzados y  democráticos de la Unión Europea.

P.D Escrito y enviado este artículo llega la noticia de que el primer juez belga no encarcela a Puigdemont y le deja en libertad con medidas cautelares. Es la primera señal que deja en evidencia a la jueza Carmen Lamela, la Fiscalía General, las asociaciones ‘patrióticas’ de jueces y la supuesta independencia de los tribunales en España. Derechos Humanos 1 - España 0. A ver qué dice ahora el Tribunal Supremo respecto a Carme Forcadell y la Mesa del Parlament.
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Jesús López-Medel Báscones es expresidente de la Comisión de Derechos Humanos y Democracia de la OSCE.

miércoles, 14 de junio de 2017

A palos contra la democracia

El pasado miércoles 7 de junio varios agentes de la policía local impidieron la entrada al Ayuntamiento hispalense a varios concejales de Participa Sevilla e Izquierda Unida y a trabajadores eventuales de la empresa municipal de limpieza

En junio de 2011, mientras se desalojaban a palos las plazas tras el 15M, nos dijeron: “Si queréis protestar, montad un partido y presentaos a las elecciones”. Y eso hicimos. En junio de 2014 entramos en el Parlamento Europeo contra viento y encuestas y en junio de  2015, en los ayuntamientos. Fui elegido concejal del Ayuntamiento de Sevilla pero a junio de 2017 los palos no han cesado.

El pasado miércoles 7 de junio llegué al Ayuntamiento de Sevilla y cuál fue mi sorpresa al ver que varios agentes de la policía local estaban impidiéndoles la entrada a las dependencias de los grupos municipales de Participa Sevilla e Izquierda Unida a trabajadores eventuales de la empresa municipal de limpieza, quienes querían entrar en las dependencias municipales para reunirse con los concejales de ambos grupos políticos con motivo de las reivindicaciones laborales que mantienen.

LOS TRABAJADORES MUNICIPALES DE LA LIMPIEZA EJERCÍAN SU LEGÍTIMO DERECHO A PROTESTAR POR UNA SITUACIÓN EXTREMADAMENTE ALARGADA EN EL TIEMPO Y DRAMÁTICA EN TÉRMINOS SOCIALES

Nada más entrar por la puerta, un agente policial me estampó la palma de su mano con fuerza en el pecho y me preguntó con exceso de abuso de poder: “¿Dónde vas tú?”. No me lo podía creer, de la sorpresa inicial había pasado a la absoluta perplejidad. Es cierto, no tengo ‘pinta’ de concejal: soy joven, llevo el pelo rizado algo despeinado, tengo barba, iba en pantalón corto, sandalias y camisa de flores de colores, pero soy un concejal tan legítimo y decoroso como el engominado que viste traje y corbata. Fui elegido por 30.000 sevillanos y sevillanas y represento a una parte importante de la sociedad hispalense que piensa, viste y sueña con un modelo de sociedad como el que yo defiendo.

Rápidamente, otro agente policial que me conocía se apresuró a indicarle al que me puso la mano en el pecho, con inusitada violencia, que era concejal y se me permitió avanzar, aunque no me dio tiempo a llegar a las oficinas de mi grupo municipal. Mientras a mí me dejaban pasar tímidamente, a unos doce trabajadores del servicio de limpieza se lo impedía un cordón policial formado por un cuerpo especial de antidisturbios locales. La situación era cada vez más tensa y la violencia policial, más inexplicable.

Le pregunté al mando policial qué ocurría y me dijo: “No les vamos a permitir la entrada por orden del delegado de Seguridad”, el socialista Juan Carlos Cabrera, quien había dado la orden de cargar contra los trabajadores que pacíficamente pedían entrar a una reunión con los concejales de Participa Sevilla e IU. Sólo unos segundos después, el cordón se convirtió en una media luna que nos rodeaba a todos, concejales, técnicos de los grupos políticos y a los trabajadores. Parecía que estábamos en una institución antidemocrática y no en un país que tiene en el frontispicio de su Constitución el derecho de reunión y de representación política.

Todo fue muy rápido y dantesco: la primera fila policial empujaba con fuerza y la segunda daba patadas y puñetazos desde atrás. A medida que nos acercaban a la puerta de salida, más gente iba cayendo al suelo como si fueran fichas de dominó y más caótica, desagradable y surrealista se volvía la situación.

Parecía que estábamos en una película de ciencia-ficción y no en la sede del Ayuntamiento de la capital andaluza. La coordinadora del grupo municipal de Participa Sevilla recibió un estruendoso puñetazo en el pecho que aún tiene morado y dolorido. Las concejalas de Participa e IU, Susana Serrano y Eva Oliva, respectivamente, estaban tiradas en el suelo con la bota de un policía encima de sus cabezas. El portavoz de IU, Daniel González, fue empujado y cayó de espaldas al suelo de una manera que, de haberse dado un golpe en la cabeza, estaríamos hoy hablando de consecuencias impredecibles. Los trabajadores municipales estaban siendo pisoteados y les sangraban las espinillas de las brutales patadas que recibían por un ejército de antidisturbios. El parte fue que varios trabajadores de la empresa municipal de limpieza y concejales tuvieron que ir directamente al centro médico por las lesiones provocadas por la policía municipal.

IREMOS A LOS TRIBUNALES A DEFENDER EL DERECHO DE REPRESENTACIÓN PÚBLICA Y TAMBIÉN EL DERECHO DE REUNIÓN DE LOS TRABAJADORES. SIN LIBERTADES PÚBLICAS NO HAY DEMOCRACIA

El PSOE de Sevilla, con la aquiescencia de Juan Espadas, alcalde de la ciudad que lo es gracias a los votos responsables de Participa Sevilla e IU para impedir que gobierne el PP, ha traspasado una línea muy peligrosa, la que separa a los demócratas y defensores del Estado de Derecho de quienes abogan por sistemas autoritarios más cercanos a Marruecos que a democracias europeas de nuestro entorno.

Los trabajadores municipales de la limpieza ejercían su legítimo derecho a protestar por una situación extremadamente alargada en el tiempo y dramática en términos sociales: no tienen empleo, no pueden mantener a sus familias, de algunos pende una orden de desahucio, tienen problemas para pagar los recibos de la luz y el agua y esperan una respuesta de sus gobernantes en el umbral de la exclusión social. Necesitan que se les escuche, que se les dé una respuesta a sus problemas vitales de pura subsistencia y lo que menos merecen es ser tratados como si fueran terroristas.

Lo ocurrido el pasado miércoles 7 de junio es gravísimo. Echar a representantes públicos, elegidos por la ciudadanía, tan legítimos como los representantes de cualquier otro grupo político, es una violación del derecho fundamental de representación pública, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Española. Iremos a los tribunales a defender el derecho de representación pública y también el derecho de reunión de los trabajadores. Sin libertades públicas no hay democracia.

No podemos consentir que, mientras nos empobrecen vilmente hasta tener a un tercio de la población en el umbral de la exclusión, la respuesta de los partidos que han provocado tanto dolor social sea liarse a patadas y puñetazos contra la gente sencilla que exige sus derechos y contra los representantes públicos que nos presentamos a las elecciones para defender una salida a la crisis justa y democrática.

No vamos a tolerar que el uso de la fuerza bruta sea la manera de tratar a la gente que pacíficamente reclama sus derechos, no vamos a tolerar tampoco que nos golpeen a los representantes públicos como cuando irrumpimos en las plazas y les sacamos los colores a un sistema y a unos políticos que creen que la ciudadanía es enemiga de las instituciones y las apalean para impedirle la entrada a la vida real. Desde aquel día, no dejo de preguntarme qué hubiera ocurrido si hubiera ido engominado con traje y corbata y los trabajadores municipales fueran directivos de las empresas del IBEX-35.

UN DEBATE VISTO POR CRISTINA PARDO

La jornada de este martes 13 de junio no fue un día cualquiera. Ni lo fue en el Congreso de los Diputados, ni por supuesto lo fue en las redes sociales. Y es que era el día señalado para que Podemos presentara la moción de censura a Mariano Rajoy y a su gobierno. 

Arrancó la portavoz de la formación morada, Irene Montero, relantando la multitud de casos de corrupción que han hecho algo más que salpicar al Partido Popular. 

A la número dos del partido morado le llovieron las críticas machistas. Bastaba con poner en el buscador de Twitter 'la novia' para que fuera un perfecto detector de machirulos y machiruladas. 

La jornada de este martes 13 de junio no fue un día cualquiera. Ni lo fue en el Congreso de los Diputados, ni por supuesto lo fue en las redes sociales. Y es que era el día señalado para que Podemos presentara la moción de censura a Mariano Rajoy y a su gobierno. 

Arrancó la portavoz de la formación morada, Irene Montero, relatando la multitud de casos de corrupción que han hecho algo más que salpicar al Partido Popular. 

A la número dos del partido morado le llovieron las críticas machistas. Bastaba con poner en el buscador de Twitter 'la novia' para que fuera un perfecto detector de machirulos y machiruladas. 

Así dejó una frase con la que Cristina Pardo, que estaba en la Carrera de San Jerónimo para transmitir lo que ocurría, iba a volver a demostrar su talento para la ironía y su capacidad para divertir a sus seguidores.

Dijo Rajoy que con esas acusaciones se da "una falsa imagen de corrupción extendida". A lo cual, Pardo, añadió una frase de su cosecha que causó furor en las redes (lleva más de 3.000 rt): "hombre, si se extiende más no cabemos". 

Otra joya de Rajoy 
Pardo había vuelto a conseguir atraer la atención de las redes y eso que aún no había salida la perla del día. Para eso hubo que esperar unas horas más, tras la comida.

Rajoy volvió a dar réplica -ahora a iglesias- y dijo una frase ya para la historia. Una frase incomprensible que forma parte de su catálogo de frases memorables: "cuanto peor mejor para todos y cuanto peor para todos mejor, mejor para mí, el suyo beneficio político" .

Fotos: Cordon Press, Atresmedia

lunes, 16 de enero de 2017

¿PARA QUÉ SIRVE EL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO?

Carta abierta a Sánchez-Seco, subdelegado del Gobierno en Guadalajara


Gracias por la invitación señor Sánchez-Seco y disculpe que no asistiéramos ayer a su toma de posesión. Para serle sinceros, su nombramiento no es para muchas de las personas que vivimos en esta ciudad una buena noticia.

Vuelve a ser subdelegado de Gobierno cuando, recordamos, fue usted mismo quien renunció a este puesto para presentarse a las elecciones. Una decisión por lo que parecía firme ya que repitió como candidato al Senado por el Partido Popular en diciembre de 2015 y en junio de 2016. Tenía usted intención de ser senador y salió elegido, hay que señalar que no hay elección más directa que ésta en nuestro sistema electoral: la gente marcó la casilla con su nombre, pero catorce meses después renuncia para volver a la misma silla que no ha tenido problema en dejar vacía durante más de una año, tiempo que estuvo el puesto de subdelegado sin cubrirse.

Siguiendo esta cronología, cuesta entender sus decisiones, en las que no parece primar el buen funcionamiento de la Subdelegación o el respeto a los votantes. Sus motivaciones deben de ser son otras, personales o de partido, eso ya no podemos adivinarlo.

Después de catorce meses de ausencia va a tener que esforzarse en explicarnos para qué sirve un subdelegado: sentimos comunicarle que la ciudad no ha notado su ausencia durante estos más de cuatrocientos días. Ni su ausencia ni la presencia de su asesor, que sin tener a quién asesorar sí ha mantenido el cargo y el sueldo.

Pero volviendo a usted, señor Sánchez-Seco, hay que recordar que entre sus méritos como subdelegado de Gobierno en los cuatro años anteriores está la falta de neutralidad, y que ha compatibilizado un cargo de representación del Estado con el de secretario de organización del Partido Popular, una duplicidad nada recomendable si una de sus funciones es velar por la salud de los procesos electorales.

En ese sentido su paseo por algunos platós de televisión y su actuación en las elecciones municipales de 2015 fue sencillamente deplorable, manteniendo una información que daba la mayoría en Diputación a su partido cuando no la tenía tras lo dictaminado en las urnas. Un “error” difícilmente justificable y donde usted hizo un papel que merecería de todo menos un Goya.

Pero lo más grave tras su responsabilidad anterior en el cargo que ahora nuevamente ocupa es el alarmante número de sanciones y denuncias que podemos contabilizar en una ciudad de las dimensiones de Guadalajara. Se ha dedicado usted a multar a todo el que participaba en una convocatoria pública, en un encierro, al que utilizaba un megáfono, a los profesores que defendían la educación pública, al que colocaba un cartel o al que leía un poema en un acto. Incluso intentó usted amedrentar a los que simplemente circulan en bicicleta por la ciudad.


Sanciones y multas desproporcionadas que cuando llegan a los tribunales son desestimadas. La justicia reprueba sus procedimientos, señor Sánchez-Seco, quizá porque ha utilizado usted la administración y las fuerzas de seguridad del Estado para amedrentar, reprimir y limitar la acción de la ciudadanía en unos años muy difíciles, donde el desencanto nos obligaba a manifestarnos, concentrarnos y salir juntas a la calle.

Ha sido usted un subdelegado nefasto y, sintiéndolo mucho, no podemos alegrarnos de su vuelta. Discúlpenos si no le acompañamos en su toma de posesión, somos más de calle y de movilización.

domingo, 11 de diciembre de 2016

IU CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA

Ricardo Sixto pide más implicación de todos los partidos para luchar contra la pobreza energética


El presidente de la Comisión de Energía del Congreso indica que lo que buscan es evitar que los más vulnerables pierdan el suministro por falta de economía.

El presidente de la Comisión de Energía del Congreso de los Diputados, Ricardo Sixto, ha afirmado ante los micrófonos de la Cadena SER que todos los partidos "están en contra de la pobreza energética"aunque ha matizado que existen diferencias de opinión o de criterio en como abordar los temas.

El miembro de Esquerra Unida del País Valencià y diputado por la coalición A La Valenciana también ha confesado que "al final de lo que se trata es poner en marcha por parte del gobierno o del parlamento las medidas legales necesarias para evitar que por cuestiones económicas la gente más vulnerable se vea privada del suministro eléctrico".

En cuanto al número de personas que sufren pobreza energética, Sixto indica que "es difícil concretar ya que los datos que provienen de los servicios sociales de los ayuntamientos y los de las empresas suministradoras no cuadran".

Asimismo señala que el bono social si que resulta algo indicativo y que en la actualidad "tiene alrededor de 2,5 millones de usuarios" y la problemática en cómo va a sufragarse podría acabar afectando a "1 millón de familias".

Concentración en Valencia tras la muerte, a causa de un incendio la semana pasada, de Rosa, una anciana de Reus a la que le habían cortado la luz por falta de pago / Juan Carlos Cardenas (EFE)

Respecto al gasto energético que se va a llevar a cabo en Navidad, el diputado señala que "las fiestas son fiestas y se tienen que celebrar", para Sixto lo que es realmente importante es "pelear por las familias que sufren durante todos los días del año para pagar la luz".

El presidente de la Comisión de Energía del Congreso de los Diputados ha puesto el acento sobre la seguridad en los sistemas de calefacción, "hay que reforzar los sistemas de calefacción, algunos ya son muy precarios y todos los años sobre estas fechas ocurre alguna desgracia".

miércoles, 23 de noviembre de 2016

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información urge derogar “las leyes mordaza”

La presidenta de la PDLI, Virginia Pérez Alonso, presenta a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados diez propuestas legislativas para erradicar “el retroceso que se está produciendo en España en materia de libertad de expresión”


“En estos momentos la calidad de la libertad de información es mejorable en España. Eso es preocupante”. Esta afirmación, pronunciada por la periodista Virginia Pérez Alonso, resume la propuesta presentada esta mañana al Congreso de los Diputados por la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) con el propósito de promover iniciativas legislativas para modificar leyes que, denuncia esta plataforma, están deteriorando un derecho fundamental en las sociedades libres.

El documento dirigido a la presidenta de la Cámara baja y a los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios expone, según ha explicado Virginia P. Alonso, presidenta de la PDLI, las medidas que deben adoptarse de forma urgente para “corregir los recortes de derechos que en nuestra opinión se han producido” en los últimos años.


Virginia P. Alonso, adjunta a la directora de Público, ha estado acompañada por Yolanda Quintana, secretaria general de la PDLI; Agustín Yanel, secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FsP), y Begoña Castro, de la junta de gobierno del Colegio de Abogados de Madrid. Esta plataforma sostiene desde su creación, en 2014, que “se están registrando retrocesos en la libertad de información”. 

La propuesta de la PDLI se resume en diez medidas sobre las que los grupos parlamentarios deberían pronunciarse para realizar reformas de varias leyes en vigor, así como promover cambios en organismo públicos. La primera propuesta es contundente: derogar las denominadas “leyes mordaza” , esto es la ley de Protección de la Seguridad Ciudadana y la doble reforma introducida en el Código Penal, ambas con año y medio de vigencia.


Además, la PDLI también plantea revisar el ordenamiento legal y jurídico sobre los denominados “delitos de opinión” para adecuarlos a los criterios internacionales. En concreto, se pide una revisión del llamado delito de “enaltecimiento del terrorismo” vigente en el Código Penal desde el año 2000 y los de injurias y calumnias; en este sentido se apunta la recomendación hecha por la OSCE, de la que forma parte España .

Otra petición consiste en recuperar la independencia de RTVE para retomar el sistema para la elección de los miembros de su consejo de administración, actualmente por mayoría parlamentaria simple en lugar de los dos tercios que eran exigibles antes de la reforma introducida por el actual Gobierno. También se reivindica la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la protección de los denunciantes, sobre todo en los casos de corrupción. En este punto s e citan los casos de la “lista Falciani”, los “correos de Blesa” y los papeles de Panamá” como casos significativos.


“Estos puntos, junto con el resto que presentamos, son fundamentales para recuperar la calidad de la libertad de información. Es posible que los grupos parlamentarios tomen conciencia porque su distribución en la cámara hace posible que se produzcan esos cambios legales necesarios. Incluso los informes de relatores de derechos humanos de la ONU denuncian el deterioro y apoyan las revisiones que proponemos”, apunta Virginia P. Alonso.

Otras medidas recogidas en el citado documento – que es la primera iniciativa en materia de libertad de información que se registra ante la Cámara baja – son: reforma de la ley de Transparencia, garantizar la imparcialidad de la contratación publicitaria de las Administraciones Públicas, promover la protección del ejercicio profesional de los periodistas, defender un acceso a Internet libre y abierto, y facilitar el acceso a la justicia apoyando el llamado turno de oficio y derogando la ley de Tasas.


miércoles, 9 de noviembre de 2016

miércoles, 6 de julio de 2016

LA REPRESIÓN DE LA SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO CONTINUA

Un diputado de Podemos va a juicio después de que un cargo del PP le denunciara por manifestarse

“Soy una víctima más de la políticas represivas de la Subdelegación del Gobierno de Guadalajara que durante estos años ha estado sancionando a personas por ejercer su derecho de manifestación y expresión”, relata David Llorente.