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sábado, 16 de diciembre de 2017

Europa Laica entrega en el Congreso 54.000 firmas para sacar la religión de las aulas

Han sido recogidas en el marco de una campaña que cuenta con el apoyo de más de sesenta colectivos y organizaciones.


Un grupo de personas se han concentrado este jueves por la mñana frente al Congreso de los Diputados al grito de "fuera la religión de la escuela" y han entregado las 54.014 firmas recogidas por Europa Laica para exigir la derogación de los Acuerdos con la Santa Sede firmados en 1976 y 1979.

Estas firmas han sido recogidas en el marco de la campaña Por la Denuncia y Derogación de los Acuerdos con la Santa Sede y otras confesiones religiosas de la citada organización, que cuenta con el apoyo de más de sesenta colectivos y organizaciones.

Los manifestantes consideran que esos acuerdos vulneran el principio democrático de la separación entre Iglesia y Estado y amparar la financiación legal con fondos públicos de la institución católica, así como el adoctrinamiento religioso de los alumnos.

"Enseñanza pública y laica", "Derogación del Acuerdo con el Vaticano", "La escuela a enseñar y los curas a rezar" y "Al PP la sotana se le ve", han sido algunas de las consignas coreadas durante la protesta, celebrada al mediodía.

Además, los manifestantes han portado una gran pancarta en la que se ha podido leer: "Por una escuela pública y laica. Denuncia y derogación Acuerdos con el Vaticano".

El responsable del área de Educación de Europa Laica, Fermín Rodríguez, ha explicado a los medios que la asignatura de Religión tiene que estar obligatoriamente ofertada en todos los centros educativos. Esto, a su juicio, provoca "segregación y división" de los alumnos —entre los que eligen esta asignatura y los que no— "según las ideas de los padres".

"Dividen a los niños por las ideas religiosas de los padres cuando la escuela tiene que ser educación común", ha criticado.

Por otro lado, Rodríguez ha afirmado que con la última ley educativa, la LOMCE, la asignatura de Religión es evaluable y la nota obtenida en ella "cuenta para pedir becas y en Selectividad".

Esto ha provocado que la Iglesia haya aprovechado para "recuperar clientela" y, según denuncia este colectivo, ponen los contenidos más fáciles para que los alumnos la escojan como optativa y así "les puedan adoctrinar". "Es así como tratan de recuperar lo que han ido perdiendo", ha dicho Rodríguez.

Por ello han exigido al Gobierno que derogue los Acuerdos y debata esta cuestión en el Pleno del Congreso, con el fin de sacar adelante una nueva ley que "defienda la libertad de conciencia". 

El Gobierno del PP, ocultó en 2015 el 78% del gasto militar

El gasto en defensa representa 236’94 veces más que el gasto en fomento del empleo y 14’66 veces más que el gasto en servicios sociales.

En 2015 lo que se presupuestó para el Ministerio de Defensa llegó para pagar facturas hasta 110 días, hasta el 20 de abril.  Es decir, el Presupuesto del Ministerio de Defensa sólo llegó para pagar 110 días, el 30'13 % del Gasto Militar de 2015 total.

El resto de los 365 días, es decir, 255 fueron ocultados de diversas maneras pero se acabaron gastando a beneficio del Ministerio de Defensa:

Luego, 88 días más se pagaron con lo que audita como Gasto Militar la IGAE, con esto se llegó hasta el 17 de julio.

Luego, otros 167 días se ocultaron las cifras para acabar acumulando el Gasto Militar de 2015.  Sin ellos, el Ministerio de Defensa no hubiese sobrevivido.

Todos estos datos y muchos más sobre la opacidad del militarismo español y el engaño continuo que suponen para los contribuyentes y para los votantes se pueden encontrar en Liquidación del Gasto Militar 2015: 

DATOS MÁS RELEVANTES:

En términos generales podríamos destacar los siguientes y abrumadores datos:

  • Presupuesto del Ministerio de Defensa 2015:  5.767’78 millones €
  • Gasto Militar (auditado por la IGAE) en 2015:  10.250’46 millones de €
  • Sobregasto militar (auditado por la IGAE) en 2014:  4.482’68 millones €
  • % de desviación sobre lo presupuestado:  77’72 %


En lo que concierne, exclusivamente, al Ministerio de Defensa habría que señalar que:

  • Presupuesto del Ministerio de Defensa en 2015:  5.767’78 millones de €
  • Liquidación del Presupuesto del Ministerio de  Defensa en 2015:  8.102’26 millones de €
  • + 2.934’48 millones (+ 40’47 %)
  • Diferencia entre lo presupuestado y lo liquidado: 6’39 millones € /día
  • La IGAE no audita el 46’41 % del Gasto Militar
  • Defensa es el 2º ministerio con más ingresos:  1.047’88 millones de €
  • IGAE sólo audita el 13’89 % del total de las clases pasivas militares
  • El 90’8 de la I+D relacionada con Defensa está oculta en otros ministerios
  • El 34’65 de las inversiones reales del Estado se destinan a Defensa
  • También se pueden hacer análisis a largo plazo, en concreto entre 2002 y 2015:


Presupuestado para el Ministerio de Defensa:  96.656’89 millones de €
Liquidado por el Ministerio de Defensa:  115.955’52 millones de €
+ 19.298’63 millones de € (+ 19’96 %)
Estas cifras nos hacen comprender que las continuas quejas y llantos de los militares y políticos militaristas sobre la escasez de gasto en Defensa no se corresponden con la realidad porque, al menos, gasta un 19’96 %, lo que no disfrutan, ni de lejos, el resto de los ministerios.

Gasto Militar vs. Gasto Social

Otro aspecto que es importante tener en cuenta es comparar el gasto militar con el gasto social, lo que indica la opción social del gobierno en 2015 (el Partido Popular) que como se ve en los siguientes datos es una apuesta abrumadora por el militarismo despreciando los servicios sociales, el empleo, la vivienda, la educación y la sanidad, por ejemplo.

El Gasto Militar representa:

  • 14’66 veces más que el gasto en Servicios Sociales y Promoción Social
  • 236’94 veces más que el gasto en Fomento del Empleo
  • 12’92 veces más que el gasto en Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación
  • 3’6 veces más que el gasto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
  • 2’77 veces más que el gasto en el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
  • 4’99 veces más que el gasto en el Ministerio de Justicia

Adiós, puteros

La campaña viral de Towanda Rebels #HolaPutero ha servido para reanudar el debate sobre la prostitución. Las dos jóvenes denuncian en un vídeo el consumo de prostitución y la compra del cuerpo de la mujer por parte de los puteros. Se trata de quitar la responsabilidad a la prostituta para situarla en quien la tiene realmente: el hombre y la sociedad cómplice y patriarcal. 


La prostitución es contraria a la igualdad. Los prostituyentes o puteros contribuyen con sus privilegios y sus deseos sexuales a perpetuarla. ¿Qué hay de malo en practicar sexo? No hay nada de malo en practicar sexo de una manera libre, sin intercambio económico de por medio. Ese intercambio, de ser legal, normaliza la actividad, la perpetúa. Es algo así como “venga chicos, putas para todos y no nos tenemos que esconder porque es legal”. Como dice la diputada de Podemos Beatriz Gimeno sobre la libre elección de la prostituta: “el punto de partida aquí es que en el capitalismo todo consentimiento está viciado, no sólo el de las prostitutas; no deberíamos convertirlo en excepcional”.

La periodista Diana López explica que la mujer que dice preferir prostituirse a limpiar escaleras “olvida que la prostitución es la mayor arma de dominación, explotación y violencia de género del hombre hacia la mujer, con graves consecuencias físicas, psicológicas y sexuales”. Sin ir más lejos, entre 2000 y 2015 al menos 31 prostitutas fueron asesinadas en España.

Entonces, hay quien me diría que ya que la prostitución siempre va a existir, porque es el oficio más antiguo del mundo, que al menos tengan derechos. Lo cierto, es que no ocurre así. Sabemos que siempre que se abre un mercado se obliga a los/las pobres a entrar en él; y obviamente al estar en un mercado desigual, con cada vez más explotación, la mujer no quedaría en buen lugar. 

Sin ir más lejos, en Alemania –donde la prostitución es legal– el 95% de las prostituídas son inmigrantes pobres. Los proxenetas son ahora considerados empresarios y las prostituídas siguen siendo mujeres pobres en su mayor parte. Es precisamente en los lugares donde la prostitución es legal donde existe más tráfico de seres humanos. Es precisamente la ley alemana la que Ciudadanos quiere implantar en nuestro país. El mismo partido que quería alquilar nuestros vientres. 

Abanderar la prostitución asociada a la libertad de las mujeres para prostituirse es, como dice el sociólogo Žižek, confundir la elección con la ilusión de libertad. Vednita Carter, prostituta y ahora activista cuenta “el daño que causa la prostitución en nuestros cuerpos es el propio acto sexual” tras poner el ejemplo de menores camboyanas que tienen sexo por la fuerza con 30 hombres al día. 

Las trabajadoras del sexo quizá me puedan decir, y con razón, que me eche a un lado para que sean ellas quienes decidan si este mercado debe seguir existiendo. Llegados a este punto, y teniendo según qué privilegios, no podríamos hablar sobre aborto, gestación subrogada, publicidad machista o directamente sobre la explotación laboral sin más. 

Habrá quien opine que no es tan malo, como habrá quien diga mientras asfalta carreteras a 40º bajo el sol que no es tan malo, que podría ser peor, que por lo menos tiene trabajo. Pero ser esclavos sí es malo, ser prostituidas sí es malo, ser un objeto, una cosa con agujeros para el disfrute de otros, sí es malo. 

Ese cantar por los derechos y las libertades de las mujeres ya huele a podrido. Ese bulo de que la mujer es libre y puede hacer con su cuerpo lo que quiera no es más que otra trampa neoliberal. Si las mujeres pudiéramos hacer con nuestro cuerpo lo que quisiéramos nadie tendría que estar legislando sobre ello. En cualquier caso y aunque existieran mujeres que libremente, según su parecer, están ejerciendo este trabajo, ¿no piensan en quienes no lo han elegido libremente?  

Legalizar la prostitución nos lleva a normalizar una práctica que nos objetiviza y nos esclaviza. Aquí no se trata de culpabilizar ni criminalizar a las prostitutas, sino de terminar con el uso del cuerpo femenino para el disfrute y dominación de los de siempre. Puede haber en mis palabras un tufillo paternalista, pero disto por completo de esa realidad. El uso del cuerpo por parte del hombre no hace más que perpetuar siglos y siglos de sometimiento. El privilegio de unos pocos es el sufrimiento de muchas. 

Por todo esto, lo más importante es decir adiós a los puteros, decir adiós a la prostitución y decir hola a una sociedad feminista libre de explotación sexual, de esclavitud y de compra de nuestros cuerpos. Adiós, puteros.

AUTORA
Anita Botwin
Gracias a miles de años de machismo, sé hacer pucheros de Estrella Michelin. No me dan la Estrella porque los premios son cosa de hombres. Y yo soy mujer, de izquierdas y del Atleti. Abierta a nuevas minorías. Teclear como forma de vida.
@ANITABOTWIN

“Con un 20% de paro, es intolerable que los millonarios y las multinacionales no paguen impuestos”

“Con un 20% de paro, es intolerable que los millonarios y las multinacionales no paguen impuestos”

Por EVA JOLY / VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES

La revelación de los Paradise Papers en noviembre volvió a poner sobre la mesa el grave problema de la optimización fiscal, es decir, de los complejos montajes de las multinacionales y los ricos para evadir impuestos. Este martes 5 de diciembre la Unión Europea publicó su particular “lista negra” de los paraísos fiscales, en la que sólo aparecen 17 estados y ninguno de ellos forma parte de la comunidad europea, a pesar del dumping fiscal que practican países como Malta, Irlanda o Luxemburgo.

La eurodiputada franconoruega Eva Joly (Oslo, 1943) aborda para CTXT el problema del fraude y la optimización fiscal en Europa. Candidata de los verdes en las presidenciales francesas de 2012 y representante en el Parlamento Europeo desde 2009, esta antigua juez de instrucción ha hecho de la lucha contra la corrupción y el fraude fiscal su principal causa política. Actualmente, ejerce como vicepresidenta en la comisión de investigación sobre blanqueo y evsasión fiscal de la Eurocámara, creada el año pasado tras la publicación de los Papeles de Panamá.

“No tengo ninguna duda de que será la opinión pública la que determinará si acabamos o no con el fraude fiscal”, asegura la eurodiputada ecologista durante la entrevista en su bufete en el centro de París, donde continúa ejerciendo como abogada a tiempo parcial. Optimista respecto al fin de los paraísos fiscales, Joly describe las políticas que las instituciones europeas preparan para frenar el dumping fiscal y los obstáculos que algunos estados miembros, como Malta, ponen para evitar que se avance en esta cuestión. Según Joly, esta obstrucción sólo se puede vencer con voluntad política y aprobando las medidas necesarias para frenar el fraude fiscal, cuya gravedad resulta palpable con la acumulación de escándalos durante los últimos años.

En noviembre conocimos el caso de los Paradise Papers, pero el año pasado se destapó el de los Papeles de Panamá. Y antes el Luxleaks, el Swissleaks… La lista de los escándalos por el fraude de los paraísos fiscales parece interminable.

Durante estos últimos ochos años en los que he estado en el Parlamento Europeo, ha habido al menos diez escándalos importantes sobre el fraude fiscal. Esto demuestra que la necesidad de aprobar nuevas regulaciones es evidente. La gente ha comprendido que no existen las mismas reglas para todos y que algunas de ellas son demasiado indulgentes con algunos ciudadanos concretos. También tenemos que ser menos tolerantes con países como Malta, que se han especializado en el blanqueamiento de dinero negro.

Hace años, cuando se hablaba de paraísos fiscales, la imagen que nos venía a la cabeza era la de un dictador o de un capo de la mafia que guardaban allí su dinero robado. Ahora podemos ver grandes multinacionales como Nike, o famosos, como Shakira, Bono…

No me sorprende. Hace veinticinco años que milito en la lucha contra el fraude fiscal y lo que ha cambiado ahora es que esta cuestión se ha vuelto vox pópuli. Todo el mundo ha entendido que los ciudadanos esperan que solventemos este problema. Como nos encontramos en un periodo de austeridad donde cerca del 20% de los españoles están en el paro, y el 50% de sus jóvenes, resulta intolerable que los millonarios españoles no paguen impuestos y tampoco lo hagan las multinacionales que operan en España. Ahora lo que hace falta es coraje político. Así que cuento con el voto de los representantes del gobierno español en el Consejo Europeo. Junto con Francia, Italia, Alemania o Portugal, tienen que aislar a los países que no quieren que nada cambie en materia fiscal.

Ante las revelaciones de los Paradise Papers, buena parte de las personas y las multinacionales afectadas se defienden asegurando que no han cometido ningún delito. ¿Por qué hay que combatir la optimización fiscal si no es ilegal?

Hace cuarenta años, en Francia, cuando un hombre denunciaba a su mujer por adulterio, esta podía ser encarcelada y esto era legal. No saber que la ley es el resultado de las fuerzas actuales significa desconocer la historia y su evolución. La optimización fiscal es legal porque interesa a las multinacionales y a numerosos criminales y dirigentes políticos. Todos ellos quieren que las grandes empresas no paguen impuestos y lo hacen posible a través de la opacidad y la insuficiencia de las legislaciones actuales. Nadie se cree que una compañía energética como Veolia tenga 2.700 filiales y que cada una de ellas funcione de manera autónoma. Evidentemente que no. Este sistema de filiales está hecho para engañar al fisco. Tenemos que elaborar nuevas leyes y utilizarlas como si fueran un cuchillo, que nos permita pasar entre las apariencias y nos devuelva la realidad.

Los dirigentes políticos suelen mostrarse indignados ante estas revelaciones.  Pero estos conocen de sobra este problema…

Hay una gran hipocresía de la clase política respecto al problema del fraude fiscal. Cuando Nicolas Sarkozy decía en el G20 de 2009 que habían terminado con los paraísos fiscales, ni él mismo se lo creía. Aunque Francia siempre se haya comportado de manera impecable respecto a este tema y apoye las reformas necesarias en el Consejo Europeo, un país sólo puede modificar sus reglas internas. La escala adecuada para combatir el fraude fiscal es Europa.

¿Cómo las instituciones europeas pueden hacer frente al problema del fraude y la optimización fiscal?

Después de que estallara el escándalo de Luxleaks (en noviembre de 2014), el Parlamento Europeo creó una primera comisión de investigación sobre el fraude fiscal. Por desgracia, la Eurocámara no dispone de iniciativa legislativa en materia fiscal. Pero hicimos dos informes en los que hacíamos una serie de recomendaciones precisas a la Comisión Europea: debíamos proteger a los lanzadores de alerta y empezar a tasar a las multinacionales de manera unitaria, en lugar de filial por filial.

La Comisión Europea ya ha reaccionado sobre esta cuestión. En otoño de 2016, presentó el texto que servirá para terminar con la optimización fiscal de las multinacionales, que tiene un coste mundial de 350.000 millones de euros anual, de 120.000 millones para la UE y de 20.000 millones para un país como España. Esta nueva directiva consistirá en crear una base impositiva comuna y consolidada para el impuesto de sociedades (ACCIS, por sus siglas en francés). Independientemente de si tienen su sede europea en Suecia, Italia o en las Islas Jersey (Reino Unido), queremos obligar a las multinacionales a que paguen un único impuesto en la UE y luego los estados se lo repartirán. En el Parlamento Europeo estamos elaborando dos textos respecto a esta directiva y existe un gran consenso, así que espero que hayamos llegado a un acuerdo antes de marzo del año que viene.

Además, en el Parlamento ya votamos - en julio de este año - otro texto sobre la transparencia fiscal que obliga a las multinacionales con unos beneficios superiores a 750 millones de euros a hacer públicas determinadas informaciones esenciales. Pero esta nueva directiva está bloqueada ahora en el Consejo Europeo.

¿Qué es lo que bloquea esta directiva sobre la transparencia fiscal en el Consejo Europeo?

La Comisión Europea ha considerado que se trata de un texto contable, lo que permite que sea aprobado sólo con mayoría simple en el Consejo Europeo. ¿Pero quién ostentó la presidencia rotatoria de la UE durante el primer semestre de este año? Malta. Para el gobierno maltés, palabras como fraude, la optimización fiscal, el blanqueamiento del dinero negro…no existen. Y Malta no hizo nada para que se avanzara en la aprobación de la nueva directiva sobre transparencia fiscal.

De hecho, Malta ha sido uno de los países señalados directamente en los Paradise Papers, en los que se mostraba cómo este país se ha especializado en la optimización y el fraude fiscal.

SI UN ESPAÑOL TIENE SU DINERO ESCONDIDO EN MALTA, NO CORRE NINGÚN TIPO DE RIESGO.

Malta decidió basar su modelo económico en el blanqueamiento de dinero negro. Desde 1977, no cooperan con las administraciones de los otros países europeos. Si un español tiene su dinero escondido en Malta, no corre ningún tipo de riesgo. Ante este problema, ¿qué dicen los dirigentes malteses? Que son inocentes y que no hay nada que reprocharles. En realidad, es intolerable que no hayan empezado ni una investigación sobre los Papeles de Panamá, donde se revelaba que un miembro del gobierno y el director de gabinete de Joseph Muscat, el primer ministro de Malta, tenían sociedades offshore. Además, se trata de un país que vende la ciudadanía europea. Si alguien invierte unos 650.000 euros en este país, puede obtener la nacionalidad maltesa. Lo que abre las puertas de Europa a personas que pretenden defraudar el fisco.

Además, ahora se habla de Malta por el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia (especializada en la investigación de la corrupción y que murió por la explosión provocada de su vehículo). Con este caso, hemos visto como en Malta tiene una legislación que no sólo no protege a los lanzadores de alerta, sino que sirve para acusarles de difamación y que permite el encarcelamiento de periodistas y la tutela de sus cuentas bancarias. Malta es un país que aparentemente tiene problemas con la democracia.

Por este motivo, el 15 de noviembre votamos una resolución en el Parlamento europeo sobre Malta en la que denunciamos todo esto. Y pedimos a la Comisión que inicie un proceso de sanción a Malta por incumplimiento de la directiva europea.

Habla de Malta, pero en los Paradise Papers también se señala a países con economías sólidas y diversificadas, como Holanda o el Reino Unido.

Pero en el caso de Holanda es mucho más limitado que en Malta. La optimización fiscal en Holanda representa 4.000 millones de euros y hace vivir a 2.000 abogados, pero no se trata del modelo económico del país. Además, el gobierno holandés ha prometido cambiar su reglamentación de los holdings. Y sí es cierto que en los Paradise Papers están sobre todo implicados territorios británicos, como las Islas Jersey o la Isla de Man, que son centros de la optimización fiscal. No hay que creer que estos territorios están desvinculados de la City de Londres. Todos ellos forman parte de la misma maquinaria.

¿El Brexit tendrá algún tipo de impacto en la lucha contra la optimización fiscal?

Espero que los dirigentes europeos pongan el control de estos territorios como una de las condiciones para que el Reino Unido continúe teniendo acceso al mercado único. Después del divorcio, no estamos obligados a que nuestro exmarido siga saqueándonos.

Si finalmente la Comisión Europea saca adelante su nueva directiva sobre el impuesto de sociedades, ¿cómo impedirá que esta sea bloqueada en el Consejo Europeo por los gobiernos de Irlanda, Malta, Holanda o Luxemburgo?

Es previsible que los países que han bloqueado cualquier avance en materia fiscal durante los últimos cuarenta años lo vuelvan a hacer. No les interesan ni la transparencia ni una fiscalidad justa. Un país como Luxemburgo se ha convertido en uno de los más ricos del mundo gracias al dumping fiscal. Pero las víctimas de este sistema no están contentas. Así que habrá que marginalizar a estos países en el Consejo Europeo. Para ello, lo más fácil es que la Comisión diga que son textos en materia de competencia económica, que pueden ser aprobados por una mayoría simple en el Consejo.

Pero entonces estos estados se negarán a aplicar la nueva directiva.

Los tratados europeos dicen que los Estados tienen que cooperar lealmente, así que tenemos que contemplar seriamente la posibilidad de aplicar sanciones en el caso de que estos no cooperen. Las sanciones pueden llegar hasta privar a un Estado de su derecho de voto en el Consejo Europeo.

¿Es posible que la Comisión Europea combata el fraude fiscal al mismo tiempo que es presidida por un antiguo primer ministro de Luxemburgo, Jean-Claude Juncker?

Es cierto que el ADN de Juncker no es la lucha contra la evasión fiscal… Pero se trata de un hombre que pretende dejar un legado y cuya carrera política prácticamente se ha terminado. Así que quizás espera convertirse en el hombre que reparó el daño que ocasionó. No estoy segura de ello, pero no tengo ninguna duda de que será la opinión pública la que determinará si frenamos o no el fraude fiscal. La revuelta de la gente resultará fundamental.

Parece ser bastante optimista con la posibilidad de terminar con la optimización fiscal en Europa. ¿Por qué?

EL IMPUESTO ES EL SÍMBOLO DE LA CIVILIZACIÓN EUROPEA. SIN IMPUESTOS, NO HAY MUSEOS, INFRAESTRUCTURAS NI HOSPITALES PÚBLICOS.

Porque los dirigentes políticos son muy sensibles a la opinión pública. Porque si estos no arreglan este problema del fraude fiscal, estos no tendrán ninguna credibilidad a la hora de aplicar políticas de austeridad. El fraude fiscal representa un billón de euros cada año. De este billón, el fraude de las multinacionales es equivalente a unos 120.000 millones. ¿Por qué es importante luchar contra el fraude fiscal? Porque el modelo europeo se basa en el libre comercio, pero también en el estado providencia y este depende de la recaptación de impuestos. El impuesto es el símbolo de la civilización europea. Sin impuestos, no hay museos, infraestructuras ni hospitales públicos. Tenemos un modelo único en el mundo y sólo podemos sostenerlo a través de los impuestos. Si queremos que los ciudadanos continúen contribuyendo al fisco, tiene que haber un mínimo de justicia.

¿Estamos cerca del fin de los paraísos fiscales? ¿O los defraudadores van un paso por delante?

Somos muy numerosos los que queremos que esto cambie: los ciudadanos, las ONG, la OCDE, los verdes… La situación está evolucionando por todos lados. Pero los partidarios de los paraísos fiscales también son muy virulentos y tienen un gran poder de corrupción. En los paraísos fiscales, hay actualmente entre 15 y 20 trillones de dólares, es decir, un cuarto del PIB mundial. Terminar con ellos no será sencillo, pero esto sólo será posible si existe el coraje político suficiente. Si queremos preservar el modelo europeo, que es infinitamente superior al norteamericano, tendremos que solucionar este problema.

AUTOR
Enric Bonet

PP y Ciudadanos tumban una iniciativa de Unidos Podemos contra la tortura

PP y Ciudadanos tumban una iniciativa de Unidos Podemos contra la tortura por su "enfoque"

La Comisión de Interior en el Congreso votó el martes en contra de la PNL del grupo confederal por su "negatividad", en palabras del PP; y por su "enfoque" desde "la criminalización", según Ciudadanos. La Coordinadora para la Prevención y la Denuncia de la Tortura explica que el texto era, en esencia, la síntesis de las recomendaciones del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, un organismo dependiente del Consejo de Europa.


PP y Ciudadanos tumbaron este martes en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) de Unidos Podemos, que pretendía instar al Gobierno a aplicar las recomendaciones del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), órgano dependiente del Consejo de Europa. Y, como aseguran la Coordinadora para la Prevención y la Denuncia de la Tortura y el grupo confederal a 'Público', en esencia el texto no era más que un resumen de estas recomendaciones de la CPT: "Se podría haber insistido un poco más, pero básicamente está recogido todo", afirma Jorge del Cura, portavoz de la Coordinadora.

No obstante, en la reunión de la Comisión de Interior de este martes, con los votos en contra de PP y Ciudadanos y la abstención del PSOE, la PNL de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea llegó al final de su recorrido, ya que sólo contó con el apoyo de Compromís y EH Bildu. Para el PP, la redacción de la PNL era "muy negativa" -ocupa apenas un folio, y menciona que el CPT concluye que en comisarías y centros de detención españoles "los malos tratos no son generalizados"-; para Ciudadanos, el grupo confederal aborda este asunto "desde la criminalización del sistema".

"Han buscado darle la vuelta al informe para que parezca absolutamente negativo", dice el PP
"Han buscado darle la vuelta al informe para que parezca absolutamente negativo", narra a este medio Carmen Navarro Lacoba, vocal del PP en la Comisión de Interior. Sostiene que Unidos Podemos busca dibujar una realidad mucho más cruda de lo que en realidad es, y que el "copia y pega" del grupo confederal con respecto al informe del CPT omite "los muchísimos avances" que el Comité reconoce "a las autoridades españolas en esta materia". "Estamos en un régimen de salvaguarda absoluta de los derechos fundamentales de las personas", sostiene.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en la Comisión, Miguel Gutiérrez, aprovechó su intervención para poner en duda que en España se violen los derechos humanos, aunque existan numerosos casos documentados en los que se ha dado una utilización excesiva de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad.

"Con lo que no podemos estar en absoluto de acuerdo es en que siempre, en la forma de presentar estas situaciones, el grupo proponente lo hace desde una criminalización del sistema, incluso de las personas que actúan en él", afirmó Gutiérrez, que también incidió -en genérico- en que su grupo siempre estará "de acuerdo con las recomendaciones que ayuden a mejorar cualquier sistema", especialmente "en un ámbito tan sensible". Desde la formación naranja insisten: el problema era "el enfoque".

"Se trata de una cuestión básica de derechos y nos sorprende que aludan al 'enfoque', contestan desde Unidos Podemos
"Se trata de una cuestión básica de derechos y nos sorprende que aludan al 'enfoque', cuándo no hay enfoque alguno salvo el que plantea el propio CPT en las recomendaciones de su informe", asegura a 'Público' Ione Belarra, portavoz adjunta de Unidos Podemos y vocal en Interior. "Le recordamos al PP, como Gobierno, que el CPT es un organismo del Consejo de Europa del que formamos parte. Por tanto, en pos de la salud democrática de este país y de la Unión, sería más que deseable que adoptara las recomendaciones y trabajara para garantizar su cumplimiento", apunta.

Por su parte, el portavoz de la Coordinadora para la Prevención y la Denuncia de la Tortura lamenta que PP y Ciudadanos quieran "usar el informe para decir que todo está mucho mejor" de como realmente está. La Coordinadora aglutina a 49 colectivos, y del Cura explica que varios miembros de distintos grupos que la integran en Madrid accedieron a la PNL horas antes de que llegara a la Comisión. Destaca también que, aunque esta organización "hubiese ido más lejos en algunas cosas", les pareció que la iniciativa de Unidos Podemos "estaba bien", a diferencia de la modificación que propuso el PSOE.

De hecho, PP y Ciudadanos también coinciden en señalar que sí habrían votado a favor de la PNL si Unidos Podemos hubiera aceptado la enmienda del Partido Socialista. Aunque el escrito del PSOE contenía el grueso de estas recomendaciones, también omitía, por ejemplo, la petición para eliminar el régimen de detención incomunicada, o el requisito de que la fijación mecánica sea ordenada y supervisada por un médico, que sí recogen el CPT y el texto original de la PNL.

La enmienda del PSOE que "vaciaba la PNL de contenido"
Belarra explica que no aceptaron la enmienda del PSOE porque, tanto su grupo como "las organizaciones de Derechos Humanos consultadas", creen que el texto trata "de una cuestión de mínimos", y por tanto no podían "rebajar aún más el estándar". "Vaciaba totalmente de contenido la proposición al eliminar aspectos tan importantes como la incomunicación o las retenciones mecánicas". "La enmienda del PSOE era volver a dar largas a todo el procedimiento, dejar las cosas como están", apunta del Cura.

Por su parte, la diputada del PP recuerda que la detención incomunicada es un procedimiento "excepcional", que debe ser supervisado por un juez. "No tenemos constancia de ninguna detención incomunicada en los últimos dos años", admite del Cura, pero apostilla que "ese arma sigue ahí y se puede usar", y que hay constancia de varias denuncias tras este tipo de detenciones.

"Parece que tanto a PP como a PSOE les cuesta reconocer que existe la tortura y los malos tratos en nuestro país", apunta Belarra. "Nosotras creemos que, si bien es cierto que no se trata de algo sistemático en todos los lugares y en todos los aspectos, la tortura existe y debemos trabajar para erradicarla. Y la única manera de hacerlo es reconociendo que existe", zanja.

viernes, 8 de diciembre de 2017

NO HEMOS APRENDIDO NADA: EL LADRILLO VUELVE A ENDEUDAR A LAS FAMILIAS

Por Eduardo Bayona

El ladrillo vuelve a endeudar a las familias: cien millones diarios en hipotecas
Los hogares españoles ya contratan cada semana más de 6.000 créditos para comprar casas, mientras la banca relaja las exigencias para hacer caja y el ahorro se hunde al crecer más el gasto que la renta


El ladrillo vuelve a calentarse y a provocar el endeudamiento de las familias: el ritmo de contratación de hipotecas para adquirir viviendas ya supera un volumen diario de cien millones de euros como consecuencia del 'burbujeo' de un mercado inmobiliario en el que el precio sube con un ritmo más vivo que la demanda, pese a que tres de cada cuatro operaciones se cierran sobre casas de segunda mano.

Esa tendencia comienza a dejarse notar en las economías familiares, según advierte el último informe de coyuntura de Axesor, la principal empresa española de ráting, que considera "preocupante la evolución seguida por la tasa de ahorro de los hogares, que continúa disminuyendo".

Entre el otoño del año pasado y el actual las familias han reducido su capacidad de financiación en un 15,4%, mientras la parte de la renta bruta disponible que se reserva para el futuro caía del 8,2% al 6,5%. Esa reducción se debe "fundamentalmente al descenso del ahorro", ya que el gasto en consumo final crece casi el doble (4,6% por 2,6%) que la renta bruta disponible, "así como a la mayor inversión y al incremento de los gastos de capital netos".

Eso, traducido a términos coloquiales, significa que, en un año, las familias españolas han pasado de guardar casi un euro de cada doce que ganaban a meter en la hucha menos de uno de cada quince. Y, también, que, en un país en el que dos de cada cinco hogares no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos y uno de cada seis llega a fin de mes con mucha dificultad, la gente comienza a tirar de ahorros para comprarse casa y pagar los intereses de la hipoteca y que ese tipo de gastos crece con un ritmo superior al que lo hacen los ingresos.

Más de cien millones en hipotecas al día
La evolución del mercado inmobiliario en los últimos meses apunta en esa dirección. La contratación de hipotecas se ha acelerado hasta superar los cien millones diarios (101,7 por jornada, 142,3 por día hábil) y los 6.000 contratos semanales con una media de 115.775 euros por operación.

Las 239.827 operaciones por 27.766 millones de euros contratadas entre enero y septiembre de este año superan, respectivamente, en un 55% y un 77% el ritmo de 2014, que se cerró con registros inferiores en ambos capítulos a los de los tres primeros trimestres de 2017: 205.302 y 20.884.

Con todo, se mantiene el elevado volumen de compra de viviendas al contado, sin financiación, que desde hace unos meses realizan inversores particulares e institucionales (fondos, principalmente) atraídos por el tirón del alquiler, que les ofrece expectativas de rendimiento anual superiores al 6% de la inversión al anual, muy por encima de las que conlleva cualquier producto financiero.

Entre enero y septiembre ha habido casi 100.000 transacciones de este tipo, que es la diferencia entre las 334.405 casas compradas y vendidas en el país y las 239.827 hipotecas suscritas por quienes han adquirido una parte de ellas. Suponen algo menos de un tercio del total, en parte por el aumento de las compras a crédito.

La banca comienza a dar facilidades
En cualquier caso, el ladrillo vuelve a ser un buen negocio para la banca, que está cerrando los contratos de hipoteca con un interés medio del 2,83% anual y una duración de 23 años. Eso, con el volumen que actualmente mueve el mercado, supone unos ingresos diarios de casi tres millones de euros en intereses y un factura ligeramente superior a los mil (1.047) al cabo del año.

Ese 2,83% de media tiende al alza desde hace meses. Básicamente, como consecuencia del avance de las hipotecas de tipo fijo, que suponen ya máS de un tercio de los contratos (36,4%) y que se cierran al 3,2% mientras las de tipo variable, normalmente vinculado al Euríbor (-0,18% esta semana), se sitúan en un 2,65%.

De hecho, mientras la demanda sigue baja por parte de las empresas, la Encuesta sobre Préstamos Bancarios del Banco de España revela cómo la banca muestra una clara tendencia a relajar las exigencias en la concesión de créditos a los hogares, un factor que está resultando clave para que la inversión en vivienda esté creciendo "a un ritmo intenso, mientras que la construcción no residencial sigue presentando registros muy débiles", señala Axesor.

jueves, 7 de diciembre de 2017

La complicidad de las autoridades europeas con la industria alarga la vida de los pesticidas

Por Nacho Valverde

Los Estados miembro prolongan el uso del glifosato hasta 2022, a pesar de su catalogación como ‘posible cancerígeno’. Mientras, los ‘Monsanto Papers’ desvelan cómo la compañía manipuló informes científicos, hizo lobby sobre organismos reguladores y sobornó a la prensa para proclamar las bondades de su producto

Pasado un año y medio desde que los responsables europeos se sentaran a debatir el futuro del herbicida más polémico del mercado, los Estados miembros de la UE decidían el pasado miércoles renovar la licencia del glifosato por un período de cinco años. Han sido necesarios hasta siete intentos para obtener la mayoría cualificada para su renovación, con 18 estados a favor, 9 en contra y 1 abstención.

En un principio el periodo de renovación establecido comprendía los 15 años, pero la división entre los distintos países y la presión ciudadana y científica han obligado a rebajar su uso futuro hasta 2022. Si bien es cierto que tanto ecologistas como los países que se oponían al herbicida de Monsanto abogaban por su eliminación total del mercado.

A pesar de que las autoridades europeas hayan decidido una vez más abrazar la pastilla azul, obviando las abrumadoras evidencias científicas que muestran al glifosato como un posible cancerígeno, esta nueva victoria de la industria agroquímica puede acabar siendo el principio del fin.

El rechazo de países con el peso de Francia -que ya ha decidido prohibir el herbicida en todo su territorio-, la presión y preocupación de un 72% de la población europea por los residuos de los pesticidas en los alimentos –según el último Eurobarómetro- y la división dentro de las filas de conservadores, socialistas y liberales en la Eurocámara, hacen de la reciente decisión una huida hacia adelante para tratar de salvar un modelo de agricultura intensiva que tiene a los plaguicidas como su principal aliado.

La caída en desgracia del glifosato tiene sus orígenes en el año 2015, cuando el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) -organismo de la OMS especializado en investigaciones oncológicas- incluyó al herbicida como “probablemente cancerígeno” en animales y humanos. Esta inclusión contradecía las apreciaciones de Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, quien afirmaba que era improbable que pudiera causar tumores en humanos.

Este mismo año la compañía estadounidense era declarada culpable, en una sentencia sin precedentes, del delito de ‘ecocidio’ por el daño causado al medio ambiente en el Tribunal Internacional de La Haya.

Uno de los hechos más impactantes que ha puesto al descubierto las tretas de Monsanto para mejorar la imagen de su producto estrella ha pasado completamente desapercibido para los medios españoles.

A raíz de una demanda colectiva presentada en Estados Unidos por más de mil personas afectadas de cáncer, presuntamente provocado por el glifosato, el juez que llevaba el caso decidió desclasificar los documentos aportados por los demandantes.

Esta documentación, dada a conocer por el diario francés Le Monde bajo el nombre de ‘Monsanto Papers’, demuestra cómo la compañía norteamericana manipuló informes científicos, hizo lobby sobre organismos reguladores y sobornó a la prensa para proclamar las bondades de su producto.

Entre los documentos se muestra cómo la empresa agroquímica fabricó, previamente a la decisión del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, una falsa campaña de indignación destinada a desprestigiar a los científicos de este organismo para cuestionar la inclusión del glifosato como “probable cancerígeno”. Todo ello con la connivencia de la prensa como correa de transmisión de la propaganda de Monsanto.

Esta práctica de la compañía ha sido reiteradamente denunciada por asociaciones ecologistas, como explica Kistiñe García -responsable de comunicación de la campaña ‘Libres de contaminantes hormonales’ de Ecologistas en Acción-: “El cuestionamiento de los estudios independientes sobre los efectos que producen los pesticidas ha sido una estrategia recurrente de la industria, desde la época en que aparecieron los primeros estudios que relacionaban el tabaco con el cáncer de pulmón. Generan nuevos estudios, con científicos vinculados a la industria y a Monsanto, que vayan en sentido contrario para tratar de aludir que no hay consenso científico y el público general se queda con esa idea”.

“Lo más preocupante es que no solo cuentan con científicos a su disposición, sino que las agencias europeas encargadas de prohibir los pesticidas también están implicadas”, apunta Kistiñe García. “Hay un conflicto de interés clarísimo con Monsanto, cuyas investigaciones científicas se han copiado y se han vuelto a poner en informes europeos”, relata el eurodiputado de EQUO Florent Marcellesi.

En esa línea apuntan los ‘Monsanto Papers’, quienes han evidenciado que las conclusiones de los informes de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria -responsable de evaluar los riesgos de los alimentos que llegan al mercado- serían un copipega del estudio realizado por Monsanto.

Antes de conocer esta evidencia, el grupo de Los Verdes/ALE en el Parlamento Europeo interponía este mismo verano un recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por la no divulgación -por parte de la EFSA- de las conclusiones que afirmaban que el glifosato no es carcinógeno para los seres humanos.

La complicidad de las autoridades europeas, más allá de Monsanto
Según el Observatorio Europeo de Corporaciones, cerca del 60% de los expertos de la EFSA tenían en 2013 vínculos con empresas biotecnológicas, alimentarias o de pesticidas. Ese mismo año tenían que comenzar los trabajos de la Comisión Europea para definir los disruptores endocrinos, es decir, productos como plaguicidas que pueden alterar y afectar al sistema hormonal de los seres vivos.

Esta clasificación resultaba esencial para prohibir los productos que llegan al mercado, subraya Kistiñe García de Ecologistas en Acción: “El Reglamento de la Comisión Europea sobre plaguicidas prohíbe expresamente aquellos que tengan propiedades de alteración endocrina y que puedan causar efectos nocivos en los seres humanos. Por eso es tan importante qué definimos como disruptor porque, en el momento que sea considerado como tal, tiene que salir del mercado”.

En varios de los correos desvelados por la periodista francesa Stéphane Horel y el Observatorio Europeo de Corporaciones se desvela cómo Bayer -y otras asociaciones de la industria agroquímica- presionaban a miembros de la Comisión Europea para pedir una evaluación de impacto de los pesticidas sobre la salud, de cara a demorar la definición de los disruptores endocrinos. Presiones que surtieron efecto, como relata Florent Marcellesi del grupo de Los Verdes: “La Comisión Europea propuso una definición de disruptores endocrinos con dos años de retraso y en el Parlamento Europeo pusimos un veto porque era una tomadura de pelo”.

La definición definitiva en esta materia eliminaría de la lista de disruptores endocrinos o contaminantes hormonales aquellas sustancias que pueden afectar a las hormonas a largo plazo, detalla Nicolás Olea –oncólogo en el Hospital Universitario de Granada-: “La cuestión clave de la definición es que entienden por efecto adverso solo las grandes enfermedades como el cáncer. Se están dejando fuera los efectos que no son de forma inmediata”.

Aunque las autoridades españolas y europeas fijan un límite considerado seguro para los pesticidas contaminantes hormonales en los alimentos, con los disruptores endocrinos el concepto de límite no tiene mucho sentido, apunta Kistiñe García de Ecologistas en Acción: “Los disruptores actúan en dosis muy bajas y una de las características más potentes es que tiene mucha importancia el efecto cóctel. No nos comemos un disruptor, sino que -por ejemplo- en una pera nos estamos comiendo 16”.

Las investigaciones de Nicolás Olea, considerado como uno de los mayores expertos en España en descubrir cómo afectan los tóxicos a largo plazo sobre nuestro cuerpo, apuntan en esa dirección.

Al estudiar conjuntamente el efecto combinado de varios contaminantes hormonales, Olea ha detectado que la exposición a estas sustancias está correlacionada con un mayor riesgo de cáncer de mama; y que la exposición a estos químicos del feto puede determinar la capacidad seminal del futuro varón: “Deberíamos preguntarnos por qué las enfermedades de mayor incidencia el año pasado fueron el cáncer de próstata y de mama y por qué estamos asistiendo ante tal desastre de calidad seminal en los varones. En lugar de preguntarnos cuáles son las causas, se está resolviendo el problema acudiendo a nuevas técnicas para detectar tumores o aumentando el número de clínicas de reproducción asistida. Yo lo que quiero es prevenir y que no haya tumores porque entonces no habría que detectar nada”.

A pesar de dicho aumento, denuncia la campaña ‘Libres de contaminantes hormonales’, la incidencia de los contaminantes hormonales en ambas enfermedades no aparece en el último informe de la Sociedad Española de Oncología Médica; concluyendo que el aumento del cáncer se debe al “crecimiento de la población, la mejora de las técnicas de detección precoz y el aumento de la esperanza de vida”.

Otra de las enfermedades que se creía genética y que numerosos estudios están apuntando en sentido contrario es el autismo. “Hay algo muy claro, si el autismo fuera algo genético no habría habido un incremento tan brutal entre la población. En 1985 existía en uno de cada 10.000 habitantes, mientras que en el 2014 se daba en uno de cada 62 -según el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos-. Debemos preguntarnos qué hay en nuestro medio ambiente para que se esté reproduciendo a esta velocidad”, cuestiona Pilar Muñoz –presidenta de la Fundación Alborada-.

En los alimentos españoles existen 33 contaminantes hormonales
Uno de los países miembro que ha destacado por su defensa a ultranza del glifosato ha sido España. Esencial para la escalada exportadora que el Partido Popular ha llevado a cabo, nuestro país es el Estado miembro que mayor volumen de pesticidas consume de toda la UE, 77.216 toneladas en 2015 –según Eurostat-. 
Si bien la definición acordada por la Comisión Europea de contaminantes hormonales dista mucho de la realidad, Ecologistas en Acción ha tratado de evaluar con mayor precisión la presencia de disruptores en la comida española. Basándose en lista ofrecida por la organización Pesticide Action Network Europe (PAN), los expertos de la organización ecologista detectaron un total de 33 contaminantes presentes en nuestros alimentos sobre un total de 53 sustancias que pueden alterar nuestras hormonas.

Entre los alimentos más contaminados se encuentra a la cabeza las peras –con 16 disruptores endocrinos-, manzanas, melocotones, naranjas, espinacas, pepinos o tomates. Productos de origen animal como la miel o cereales como el arroz también poseen contaminantes hormonales. Hasta el momento, la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) sigue sin incluir en su programa de control de residuos de plaguicidas al glifosato.


martes, 7 de noviembre de 2017

Un chiste sobre España y los derechos humanos

La orden de detención europea contra Puigdemont abre otra gran caja de los truenos en lo que cada vez más pensadores vienen calificando como una causa general contra el independentismo abierta por el régimen español. Revestida de carácter jurídico, sus medidas tienen fondo y alcance políticos.

No se discute que la actitud de las autoridades catalanas ha sido un esperpento, ni la producción de claras ilegalidades ni la posibilidad de que hubiesen cometido delitos de desobediencia o prevaricación. Pero ello está muy lejos de la disparatada calificación de rebelión y sedición que promueve la Fiscalía General, dependiente del Gobierno.

¡Tanto tiempo hablando de Venezuela sobre la prisión de opositores encarcelados y resulta que aquí nos ponemos a su nivel y aún más, llevando a prisión a numerosos dirigentes gubernamentales, parlamentarios y líderes sociales!

Es muy grave la internacionalización del conflicto: la imagen de España en la opinión pública internacional está muy deteriorada. Esta apreciación la hago desde mi experiencia técnica profesional en el ámbito internacional.

En primer lugar hay que referirse a las consecuencias muy negativas que puede causar la orden de detención europea, promovida por la Fiscalía, y cuya instrucción por la jueza Carmen Lamela nos hizo recordar otro caso reciente que llevó ella misma y que puso en alerta a todos los defensores de los Derechos Humanos. Me refiero al caso Alsasua, donde unos enfrentamientos, o una reyerta en un bar de esa localidad, fueron calificados por su señoría como delito de terrorismo en una interpretación muy expansiva de este delito.

Se evidencia que al Fiscal General, José Manuel Maza, reprobado por el Parlamento, le interesaba que el asunto catalán cayese en manos de esta jueza de instrucción; aunque los delitos imputados no son ni siquiera competencia de la Audiencia Nacional. De ahí su empecinamiento en atribuirlo a un órgano excepcional donde sabía que iba a ser más fácil conseguir hacer efectiva su alarmante frase “hemos tenido mucha paciencia” con los independentistas.

Ahora, tras enviar expeditivamente y con clara indefensión a prisión incondicional sin fianza a casi todo el gobierno catalán, la jueza ya ha dictado la orden de detención de Puigdemont. Esto va a crear unas tensiones enormes en la Unión Europea y un juicio jurídico, con consecuencias políticas, que revelará cómo está España en materia de Derechos Humanos. Me anticipo a lo que pueda suceder ahora que empieza su tramitación, pero mucho me temo que el proceso belga puede dañar aún más a nivel internacional la imagen del país.

La orden de detención y entrega europea, instituida por la Decisión Marco 2002/584, se concibió para sustituir el mecanismo clásico de extradición --que implicaba una decisión del poder ejecutivo-- por un instrumento de cooperación entre las autoridades judiciales nacionales basado en los principios de reconocimiento mutuo de las sentencias y demás resoluciones judiciales y también en el de confianza recíproca entre Estados miembros de la UE.       
  
Esta medida instauró un nuevo sistema de detención y entrega de las personas condenadas o sospechosas de haber infringido la ley penal en un país, limitándose estrictamente los motivos de no ejecución y fijándose plazos breves de adopción de las decisiones. Pero todo ello requiere un juicio fundamental: la persona que se procede a devolver al país de origen debe tener asegurados plenamente sus derechos, entre ellos la garantía de un juicio justo y que, en su caso, su internamiento en prisión se realice de manera respetuosa con los derechos humanos.

Sobre este asunto, debe desgraciadamente reconocerse que España no tiene en Europa buena imagen en materia de observancia de Derechos Humanos. Así se ha dicho en algunos foros como el Consejo de Europa o incluso en la propia ONU, que han criticado la represión de derechos contenida en la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza.

Pero no son solo algunos organismos internacionales, también hay países donde se piensa así. Hay que recordar, por ejemplo, que el propio Estado belga, sede de las instituciones comunitarias, ha denegado en el pasado la entrega a nuestro país de presuntos etarras desde la consideración de que en España “no se cumplen los derechos humanos”. Esto es muy fuerte, pero es acallado aquí con la retórica hueca del “somos un Estado de Derecho”.

Esas impresiones cada vez se extienden más entre los ciudadanos. Perplejos nos dejan también las asociaciones de jueces y fiscales emitiendo constantemente --hasta siete-- comunicados en la misma línea del gobierno de Rajoy, en los que califican como "totalitarias" a las autoridades catalanas o afirmando que se ha producido “un golpe de Estado en Cataluña”.

No sólo es una forma inadmisible de presionar a sus compañeros jueces, sino también de emitir opiniones políticas que pudieran afectar a hechos que iban a ser enjuiciados. A las asociaciones corporativas muy de derechas como la APM, Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente se llegó a unir torpemente la ‘progresista’ Jueces para la Democracia. Igual sucedió en el ámbito de la fiscalía, con la UPF emitiendo comunicados patrióticos. La excusa era corporativa: “Proteger a nuestros compañeros en Cataluña”. Para ellos, ¡antes la Patria que la Justicia!

Si la orden de detención europea fuese denegada, a España le quedaría la vía final de acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde podrá comparecer cualquier otro país, además de Bélgica, y cuya caja de resonancia sobre el enjuiciamiento de España tendría un gran eco.

Quiero destacar un precedente muy cercano. Se trata de una importante sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 5 de abril de 2016 que aplica, con excelente criterio, una interpretación justa y humana del Derecho, resolviendo dos cuestiones sobre un ciudadano rumano y otro húngaro que fueron sometidas al TJUE por un Tribunal de Bremen (Alemania), que era donde se encontraban. En ese proceso judicial europeo intervino España, que se alió con Hungría y Rumanía para defender la entrega de los dos demandantes. La extradición fue rechazada por la Gran Sala del Tribunal de Luxemburgo afirmando que los dos países no ofrecían suficientes garantías.

Esta sentencia aplica como sustrato los derechos humanos e invoca tanto la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea como la normativa no estrictamente comunitaria, la del Convenio de Roma, referida a los 47 miembros del Consejo de Europa.

En efecto, se cita el artículo 6 del Tratado Unión Europea (TUE), donde se dispone que “la Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”. Pero --y esto es muy importante porque ensancha el prisma-- además, invoca el mismo precepto en su apartado 3, estableciendo que “los derechos fundamentales que garantiza el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 y los que son fruto de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros formarán parte del Derecho de la Unión como principios generales”. Y ahí está el principio jurídico del derecho a un juicio justo y a la tutela judicial efectiva.

Así, pese a los postulados de presunción de confianza legítima y el reconocimiento mutuo entre Estados, pilares en que se basa la orden europea de detención, cabe la posibilidad de que se deniegue la ejecución en casos concretos señalados, como puede ser la violación grave y persistente por un Estado miembro de los valores exigibles, particularmente el respeto a la dignidad humana, el derecho a la libertad, el derecho a participar en asuntos públicos y, sobre todo, el derecho a un juicio justo y la prohibición de penas o tratos degradantes.

Pues bien, sobre esta base, puede suceder que las autoridades belgas denieguen la entrega de Puigdemont a España. Y serían varios los motivos. Uno primero, y ya contundente, es que el delito de rebelión y sedición, por el que es requerido desde España, no está en la lista de las causas penales por las que pudiera procederse a la entrega. Y no está porque tiene esta figura penal un carácter político, lo cual evidencia que frente a lo que dice el sector oficial gubernamental-judicial, hay un componente claramente político en el enjuiciamiento. Debe recordarse que una cosa es que hubiesen cometido ilegalidades y pudiesen ser enjuiciados por desobediencia, prevaricación o malversación, y otra muy diferente que sean tratados y penados por secesión o rebelión.

Este carácter político del proceso judicial se evidencia en el deseo público de un dirigente importante del PP, Pablo Casado, advirtiendo que Puigdemont podría acabar como Companys (prisión y fusilamiento). Tampoco facilita que se expida la orden de detención la prisión incondicional ya dispuesta de los gobernantes catalanes que se presentaron voluntariamente a declarar, tanto los de Madrid como Puigdemont y los que están con él en Bélgica. Es sumamente infrecuente que una persona acuda a declarar voluntariamente sin orden de detención ni por un delito flagrante y resulte enviado inmediatamente a prisión incondicional sin fianza. Solo en algún caso de asesinato sin arrepentimiento inmediato.

En este sentido, la forma tan expeditiva y sumarísima de proceder de la jueza respecto el vicepresidente y otros consejeros revela una disposición a actuar en la línea marcada por el fiscal designado por el Gobierno. Y cabe suponer que habría hecho lo mismo con Puigdemont en una resolución que ya tenía en gran parte escrita antes de oírles. Que se les enviase con premura a prisión sin haberles dejado tiempo para leer los documentos presentados esa misma mañana contra ellos refleja indefensión; y esa forma de actuar evidencia algo grave. De eso también tomará nota el tribunal belga.

Asimismo, las autoridades de ese país podrán apreciar que, según el Código Penal español, se requiere para el delito de rebelión la producción por los inculpados de una violencia que obviamente no ha existido: la ‘violencia’ física no encaja en el relato fáctico de la jueza española. Fue el pueblo catalán el que sufrió esa violencia el 1O.

La mala imagen de España en materia de Derechos Humanos se manifiesta no solo en no tener, a diferencia de los Estados democráticos, un Plan de Derechos Humanos, sino también, por ejemplo en que es, tras Turquía, uno de los países más condenados por el otro tribunal de Derechos Humanos, éste con sede en Estrasburgo, en el que acumula once sentencias por torturas o malos tratos en prisiones, fundamentalmente por su negativa a investigar. Este se calla aquí, pero es así.  

Las gravísimas mofas de los policías nacionales que custodian la Audiencia mientras declaraban Junqueras y los otros consejeros revelan el odio que personas y cargos con responsabilidades de seguridad tienen por esas personas solo por sus ideas. Es humillante. Y a eso hay que sumar la forma de ser conducidos en los furgones policiales hasta la prisión, de modo vejatorio, según ha denunciado el vicepresidente catalán.

Son numerosos los elementos que las autoridades judiciales belgas tienen ante sí para valorar la procedencia de aplicar lo solicitado desde España. Y son muchos los factores que pueden inclinar la balanza a favor de denegarlo. En tal caso, se reflejaría desde el exterior lo que algunos desde aquí pensamos sobre el grave retroceso de los Derechos Humanos en España y la connivencia entre el poder judicial y ejecutivo a la hora de enjuiciar asuntos relevantes. Se inicia el proceso, pero estoy seguro de que muchos españoles confían más en lo que puedan dictar los tribunales belgas que los de aquí. Esto es una tragedia. Significa que estamos más cerca de Turquía, de Hungría o de Polonia que de los países más avanzados y  democráticos de la Unión Europea.

P.D Escrito y enviado este artículo llega la noticia de que el primer juez belga no encarcela a Puigdemont y le deja en libertad con medidas cautelares. Es la primera señal que deja en evidencia a la jueza Carmen Lamela, la Fiscalía General, las asociaciones ‘patrióticas’ de jueces y la supuesta independencia de los tribunales en España. Derechos Humanos 1 - España 0. A ver qué dice ahora el Tribunal Supremo respecto a Carme Forcadell y la Mesa del Parlament.
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Jesús López-Medel Báscones es expresidente de la Comisión de Derechos Humanos y Democracia de la OSCE.

lunes, 21 de agosto de 2017

100 AÑOS: Hablemos de la Revolución de Octubre

MARGA FERRÉ* / ENRIQUE DEL OLMO*
Cien años del acontecimiento que partió el siglo XX. Un hecho que marcó la historia, generó esperanzas en cientos de millones de personas que vieron que otro mundo era posible, un hecho marcado por el peso de la voluntad y decisión política de cambiar la evolución rutinaria de los acontecimientos; una revolución con dos guerras mundiales encajonándola; un hecho que afectó a la vida y la muerte de millones de personas y que movió las conciencias y los valores en toda la humanidad.


Asistimos desde hace décadas a una ofensiva de la derecha y de los poderes económicos y mediáticos, donde la palabra comunismo toma el mismo sentido malévolo que los capitalistas siempre le dieron. La Revolución de Octubre, es para ellos, y así lo intentan fijar en las mentes de los ciudadanos, el mal absoluto y octubre un aborto sangriento de la historia. Una ofensiva ideológica y política que busca equiparar al fascismo con el comunismo, y que niega cualquier progreso colectivo de la sociedad, que apuesta por el orden de los poderosos como el único orden posible. Este es el primer gran rubro del debate social que se puede abrir. Pero no el único.

Por debajo de los hechos políticos, institucionales y militares más conocidos hay también una realidad poco divulgada y conocida como el conjunto de medidas y resoluciones que conducían a un cambio radical de las condiciones de vida de las personas y de las instituciones y que sobre todo, en el primer periodo de la revolución tenían un enorme potencial liberador.

El papel de la mujer
El carácter internacionalista de octubre es uno de los elementos más diferenciadores en relación a las revoluciones posteriores que se dieron esencialmente en el marco de la nación, aunque el germen internacionalista surgiese al calor de la organización de la nueva clase obrera a mediados del siglo XIX. La Revolución Rusa está marcada por esa pugna entre el internacionalismo y el repliegue nacionalista que acompaña el ascenso de Stalin al poder.

Obviamente el debate afecta a varias preguntas nodales: ¿Es posible una revolución en el mundo actual? ¿Qué revolución? ¿Qué componentes de aquel octubre perviven y cuales lastran el cambio social?

La degeneración estalinista del régimen nacido al calor de la Revolución de Octubre es un extraordinario campo para la controversia y el debate. ¿Estaba ya la inscrita la burocratización, en los genes del leninismo? ¿El bolchevismo es lo opuesto a la democracia? ¿Stalin es producto de la maldad de un sujeto o un proceso social que fue imparable? A pesar de todo ¿el estalinismo tuvo efectos positivos? ¿Internacionalismo y patriotismo son dos términos contrapuestos?

Hay un aspecto de la Revolución de Octubre que queremos resaltar en profundidad: el papel de la mujer en la misma. La lucha en el seno mismo del bolchevismo de Inessa Armand, de Alexandra Kollontai, de Kruspkaia,. O las aportaciones desde fuera del bolchevismo como las de Enma Goldman. Su lucha por la emancipación de la mujer obrera permitió que se aprobara el matrimonio civil, el derecho al divorcio, la legalización del aborto y un nuevo Código Civil, en el que se eliminó la supremacía del hombre sobre la mujer. El avance y su posterior regresión también deben ser objeto de análisis y debate.

Pero la Revolución Rusa no sólo fue un hecho en términos sociales, políticos y filosóficos. No sólo fue una agitación universal en el terreno de la lucha de clases. Sus manifestaciones en ámbitos como el arte, la cultura y la ciencia fueron extraordinarias. Corrientes como el supremacismo, el constructivismo, el surrealismo, el cine-ojo,... Escritores como Vladimir Mayakovski, Boris Pasternak o Sergei Esenin.

En el mundo de la pintura, a las figuras ya emergentes de Kandinski, Malévich y Marc Chagall se unen los jóvenes Rodchenko, Tatlin, Goncharova o Popova. El ya extraordinario panorama musical ruso se ve engrandecido y renovado por Stravinski, Rajmaninov, Shostakovitch y Pokrofiev. En el teatro con Stanislavski y Meyerhold. En pedagogía con Makarenko y Alexandra Kollontai,... y hoy el debate se abre también a estos ámbitos.

Desde entonces, nuevas revoluciones se han producido; triunfantes, derrotadas, degeneradas. Y hoy nuevos movimientos aparecen de forma imprevista en la escena social, nuevas generaciones que se atreven a cuestionar lo existente y que quieren cambiar el poder y la sociedad desde una perspectiva con una profunda raíz democrática. Pero también movimientos racistas, arcaicos, patriarcales, xenófobos, milenaristas que, aprovechando la injusticia global del planeta, surgen para intentar retrotraernos a la prehistoria. Y en este panorama, ¿es posible imaginar una sociedad de hombres y mujeres libres e iguales, como demandaba ya la Comuna de París? En 1917 hubo gente que lo creyó y lo hizo. Hablemos de ello.

Marga Ferré es Presidenta de la Fundación Europa de los Ciudadanos

Enrique del Olmo es Presidente de la Fundación Andreu Nin.