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martes, 16 de enero de 2018

EL GOBIERNO, FUERA DE LA LEY, AL ENVIAR TROPAS AL EXTRANJERO SIN PERMISO

El Gobierno vuelve enviar tropas al exterior sin la autorización del Congreso


Ha aumentado de 140 a 280 los efectivos desplegados en Mali sin la aprobación de las Cortes, saltándose la ley. Ya ocurrió con el despliegue en Letonia que se usó como medida diplomática para que este país no reconociera la independencia catalana. Unidos Podemos anuncia medidas legales para frenar esta práctica.

El Gobierno español ha vuelto a enviar tropas al exterior sin la autorización del Congreso de los Diputados, saltándose la Ley de Defensa Nacional que obliga a que cualquier despliegue de este tipo sea ratificado por las Cortes. La primera vez que hubo constancia de ello fue cuando el ex ministro de Exteriores José Manuel García Margallo reconoció que España había enviado un contingente de combate a la frontera rusa para evitar que Letonia reconociese la independencia de Catalunya. 

La segunda se ha producido este lunes. Militares y vehículos de combate han comenzado a trasladarse a Mali con el objetivo de ampliar la misión española en este país, que pasará de 140 a 280 efectivos, que fue aprobada el pasado mes por el Gobierno pero que está pendiente de la autorización del Parlamento, prevista para finales de enero.

El visto bueno del Ejecutivo de Mariano Rajoy ocurrió el pasado 22 de diciembre, momento en el que se trasladó al Parlamento para su ratificación. La petición del Gobierno expresa la necesidad de incrementar el número de efectivos en la misión de entrenamiento en Mali de la UE hasta un máximo de 292 efectivos. A pesar de que esta ratificación no se ha producido, María Dolores de Cospedal, ministra de Defensa, ha enviado ya a las tropas.

Prisas para tomar el mando de la misión
No era previsible que el Congreso denegara al Gobierno la autorización para el envío de tropas a Mali. Lo que queda patente con la actuación de Cospedal es la disposición del Gobierno a saltarse la ley del Gobierno en caso de necesidad. Aunque a diferencia del contingente desplegado en Letonia, de cuyo envío no se informó al Parlamento para evitar cualquier debate político al respecto, en el caso de Mali la razón para inclumplir la ley ha sido mucho más nimia.

El motivo de que Cospedal no haya esperado a la autorización del Congreso es que España debía tomar el mando de la misión internacional en el país (y por tanto, desplegar el mayor contingente sobre el terreno) el próximo 31 de enero. Ese día el general español relevará al general de brigada belga, Bart Laurent. Esperando al debate parlamentario no se habría podido completar a tiempo el despliegue, que incluye 15 vehículos blindados Lince y tres RG-31. Los militares españoles que refuerzan la misión ocuparán muchos puestos que dejarán los belgas. 


Según ha podido saber Público, el Estado Mayor de la Defensa ha llegado a publicar en la web oficial del organismo que la necesaria aprobación del Congreso para la misión se había producido. Posteriormente ha procedido a retirar la información. 

Unidos Podemos anuncia medidas legales
El portavoz de Unidos Podemos en la comisión de Defensa, Juan Antonio Delgado, ha criticado a la ministra por "tomar la senda del señor Aznar: de saltarse el Congreso, la ley y de no informar a los ciudadanos del despliegue de tropas en el extranjero" y ha anunciado que su grupo emprenderá acciones legales para evitar que el Gobierno siga ejerciendo estas prácticas. 

"Desde Unidos Podemos pondremos en marcha acciones legales para frenar la vulneración de la ley por parte del Gobierno del Partido Popular, que ha ignorado al Congreso, saltándose la ley orgánica de Defensa Nacional y sin presentar el informe sobre operaciones", ha denunciado Delgado. "La etapa de Aznar y las Azores ya pasó y no vamos a consentir que se vuelva a aquella situación", ha aseverado. 

Está previsto que la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, comparezca ante la Comisión de Defensa de la Cámara Baja el próximo 24 de enero.


LA JUSTICIA FULMITA EL ATC DE CASTILLA LA MANCHA

La Justicia fulmina el plan urbanístico que posibilitaba el cementerio nuclear de Villar de Cañas


Victoria de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha en su batalla jurídica contra el almacén nuclear. El Tribunal Superior de Castilla-La Mancha que ha avalado la resolución del Gobierno Regional que declara nulo el planteamiento urbano de esta localidad conquense.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla‑La Mancha ha desestimado el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Villar de Cañas contra la resolución de la Consejería de Fomento, de 6 de noviembre de 2015, que declaraba nulo de pleno derecho el Plan de Ordenación Municipal (POM) de esta localidad conquense, que fue aprobado el 19 de junio de 2015 con el Gobierno de María Dolores de Cospedal en funciones, ya casi en diferido y de forma simulada, a tan solo un par de semanas de su salida del Palacio de Fuensalida, expulsada por los resultados electorales.


La sentencia, notificada el 11 de enero y a la que ha tenido acceso PeriódicoCLM, da la razón al Ejecutivo que preside el socialista Emiliano García‑Page, que invalidó el planeamiento urbanístico que posibilitaba la construcción del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas.

Reconoce el juez que la declaración de nulidad del acuerdo de aprobación del POM es legítima, al haber quedado probado que a lo largo de su tramitación los informes de la Confederación Hidrográfica del Guadiana señalaban que no estaba garantizada la existencia de recursos hídricos requerida. 

En este sentido, subraya la sentencia el carácter preceptivo de dichos informes, en los que se pone de manifiesto la "inexistencia" de agua suficiente para el desarrollo del POM. Informes por tanto que debieron ser entendidos como "desfavorables" y al ser estos de carácter "vinculante y preceptivo" se incurrió en un "defecto esencial" de la aprobación del POM. 

No se trata así de un defecto subsanable o de un requisito cuya ausencia pudiera originar la nulidad de actuaciones, y la retroacción de las mismas, sino que se trata de "un vicio esencial y sustantivo", cuya nulidad se declara ‑aprecia el juez‑ "porque el plan urbanístico vulnera las leyes", en este caso el artículo 62.2 de la ley 30/92, aplicable al tiempo de su aprobación. 

Es por ello que se desestiman las pretensiones del Ayuntamiento de Villar de Cañas de que fuera revocada y anulada la resolución de la Consejería de Fomento, y se declara así la nulidad del POM del municipio conquense, según lo resuelto por la Administración autonómica.

EL ATC NO GUARDA LAS DISTANCIAS 
Por otra parte, y en relación a la ubicación del basurero nuclear respecto al núcleo urbano y las distancias que debían existir, también se pronuncia el juez en el fallo, señalando que no guarda las distancias preceptivas. 

Señala el auto que la ubicación del almacén temporal debe emplazarse cumpliendo lo descrito en la memoria, más allá de los planos del proyecto constructivo. No obstante, advierte el juez, "no se marca en ningún plano" la zona del área de las construcciones nucleares, así como la más restringida o aquella con menor radio de afección.  

El POM establece, en el apartado de ordenación estructural, que la localización de las edificaciones nucleares se encontrará a una distancia de 2.000 metros desde el punto más desfavorable de los núcleos de población y de sus crecimientos.

Es por ello que la regulación del POM "no se acomoda a la regulación aplicable", lo cual quedó ratificado por el propio perito al aclarar que en la redacción del POM no se había tenido en cuenta la instrucción que así lo establece, y que exige que la medición de los 2.000 metros se debe realizar desde la zona de afección de la edificación, "y no desde la fachada de las instalaciones nucleares", especifica la sentencia.  

INFRAESTRUCTURAS SIN DEFINICIÓN
Otro aspecto que analiza la sentencia es la falta de adscripción de sistemas generales, que son las carreteras, espacios libres o infraestructuras básicas, como centros productores de energía, del Sector 13 del plan urbanístico de Villar de Cañas, pues considera probado el juez que la mayor parte de las infraestructuras generales previstas en el POM no se adscriben a dicho sector, al que dan servicio.

Se incumplen así los preceptos básicos legales de la normativa urbanística, ya que esta falta de adscripción conlleva "una falta de definición" en cuanto a la obtención y ejecución de las obras correspondientes. De este modo se incumple también una determinación del plan urbanístico, como es el especificar el procedimiento de obtención del suelo, así como el de ejecución y financiación de las obras de sistemas e infraestructuras generales. Cuestiones que, precisa el juez, "no llegan a justificarse", yendo así en contra de los criterios propios expuestos en la memoria justificativa y en la ordenación estructural del propio POM. 

Por todos estos factores, la Sala de lo Contencioso‑Administrativo del alto tribunal castellano‑manchego desestima el recurso presentado por el Ayuntamiento de Villar de Cañas. Contra esta sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que deberá presentarse en un plazo de 30 días a partir de la notificación. 

domingo, 14 de enero de 2018

La huelga feminista es una propuesta de cambio real

La huelga feminista no es algo de un día, es una propuesta de cambio real


Más de 400 mujeres de un centenar de organizaciones y colectivos diseñan en Zaragoza el paro de trabajo, cuidados, consumo y estudios convocado para el 8 de marzo

Por EDUARDO BAYONA @e_bayona
“La huelga feminista no es algo de un día, es una propuesta de cambio real”, sostiene Justa Montero, histórica activista del movimiento en España y que este fin de semana ha participado, en el Centro Social Luis Buñuel de Zaragoza, en el encuentro estatal preparatorio del paro, señalado para el 8 de marzo, día de la mujer. “Paramos para decir basta, no podemos ni queremos vivir así. El futuro no puede ser así”, añadió.

Más de 400 mujeres de un centenar de organizaciones sociales, políticas y sindicales, de colectivos y entidades feministas y de movimientos sociales han participado en las jornadas preparatorias del paro, que la coordinadora quiere extender a cuatro ámbitos: el trabajo, los cuidados, el consumo y los estudios.

“Hay una territorialización de la estructura, y cada territorio se organizará con libertad, como considere oportuno”, explica la zaragozana Julia Cámara.

En ciudades como Madrid y como la capital aragonesa, por ejemplo, se complementan las actividades preparatorias por áreas de trabajo con las sesiones informativas en los barrios. “Nos hemos dotado de medios de coordinación”, anota.

Más de un centenar de organizaciones y colectivos
El encuentro ha dado lugar a un manifiesto que se hará público a mediados de la próxima semana. “Han participado mujeres de todo el arco político y sindical, de organizaciones como Amnistía Internacional, de grupos ecologistas y de coordinadoras estudiantiles, además de colectivos feministas de todo el país”, explica Cámara, que indica que será a partir de la difusión de la proclama cuando comiencen a recabar la adhesión de organizaciones.

“Esperamos una respuesta positiva de todos los sindicatos y que estén a la altura de las circunstancias”, señaló Montero, que llamó la atención sobre aspectos de la huelga de cuidados como la necesidad de “organizar unos servicios mínimos para garantizar los que son imprescindibles con la participación de las mujeres y los hombres”.

“Hacemos un llamamiento a todos los sindicatos para que se sumen para visibilizar el paro”, anotó Elizabeth Cordero, que simultáneamente, y tras visibilizar la adhesión de las mujeres de origen migrante a la convocatoria (“antes no nos sentíamos ‘parte de’, y ahora sí”), apeló “a todas las mujeres para que si tu sindicato no apoya esta huelga, desafíliate”.

“Queremos pararlo todo”
Para Montero, la convocatoria de paro en esos cuatro ejes “va más allá de una huelga laboral”, ya que responde al “trabajo de muchos años” y su objetivo es “cambiar la idea de cuáles son los trabajos necesarios para la sociedad y cómo se prestan”. “Sin nosotras ni se produce ni se reproduce: se para el mundo, y eso es lo que queremos denunciar”, añadió, en una reivindicación de la “centralidad” de la mujer y la “injusticia” que con frecuencia soporta.

“Con esta huelga queremos pararlo todo, que paren nuestras ciudades y nuestros pueblos”, anotó, para desgranar las luchas que confluyen en la convocatoria: el rechazo a las violencias machistas, el empoderamiento femenino, el respeto a todas las identidades sexuales, la denuncia de la precariedad, central en conflictos laborales como los de las empleadas de geriátricos vizcaínos, las empleadas de Berskha o las camareras de piso, conocidas como kellys, la repulsa de la xenofobia o la denuncia de la existencia de los CIEs (Centros de Internamiento de Extranjeros), a los que Cordero se refirió como “cárceles racistas” en las que “han muerto compañeras”.

Montero moduló las expectativas de la convocatoria en ámbitos como el del consumo. “En un día no lograremos un gran cambio, pero sí es un paso hacia un consumo más responsable”, señaló. No obstante, insistió en que el objetivo de la movilización no termina con el paro del 8 de marzo. “Tenemos un horizonte que va más allá –dijo-. Nos sabemos muchas y nos sabemos fuertes”.

“Medios para multiplicar la potencialidad”
Coincide con Cámara, para quien “el proceso de lucha feminista no acaba el 8 de marzo sino que continúa, y hemos de dotarnos de medios para multiplicar la potencialidad del movimiento feminista”.

En este sentido, destacó que las 400 participantes en el encuentro prácticamente triplican al centenar y medio que asistió a las primeras jornadas, celebradas en Elche en septiembre, algo que, junto al centenar de organizaciones y colectivos de los que forman parte, “asegura el éxito de la convocatoria”.

La coordinadora tiene previsto convocar un encuentro tras el 8 de marzo para valorar el paro y establecer nuevas líneas de trabajo.


Privatizando los servicios públicos se desmantela el tejido del Estado


Por Cándido Marquesán Millán

El fin de semana de la festividad de Reyes, coincidiendo con el retorno de las vacaciones navideñas, nos hemos visto sorprendidos por una fortísima nevada, que ha dejado tirados en la AP-6 a millares de ciudadanos.

Tal autopista está siendo administrada bajo el régimen de concesión por una empresa privada, Iberpistas, una filial de Abertis. En definitiva se ha producido una privatización o externalización de un servicio básico. Parece claro que la responsabilidad de la seguridad es competencia exclusiva de tal empresa. Y tal como acabamos de constatar millares de ciudadanos han quedado tirados y abandonados a su suerte durante muchas horas. Aquí se viene abajo estrepitosamente el discurso dominante desde hace unas décadas de la mejor eficacia, competencia y ahorro del sector privado con respecto al sector público. Discurso clave dentro del neoliberalismo. Tales ventajas del sector privado no han sido demostradas empíricamente, es una cuestión de creencia, es como un dogma de fe. Se repite una y otra vez y nadie puede cuestionarla.

A este proceso de privatización-venta de empresas del sector público- o externalización de servicios básicos de carácter público, el geógrafo británico David Harvey lo ha llamado la "acumulación por desposesión". La acumulación por desposesión no es algo nuevo. Forma parte del ADN originario del capitalismo. Así es como se hizo la famosa "acumulación originaria" a la que Carlos Marx dedica gran parte de las páginas de su obra. Desposeer a las poblaciones de sus bienes comunes que garantizaban su subsistencia y una cierta independencia es una inveterada tradición liberal. El ejemplo de los enclosures en Inglaterra es un ejemplo. Lo novedoso es que las energías de los mercantilizadores se dedicaron además, en la deriva neoliberal de las últimas décadas, a privatizar y convertir en yacimientos de plusvalía muchos de los servicios que habían formado parte del Estado de Bienestar keynesiano, que había fundamentado la paz social en el Centro mismo del sistema global.

Lo ocurrido lo explica muy bien Fernando Álvarez Uría La privatización es un robo. Para legitimar este expolio, bien poniendo en venta empresas públicas-de tal circunstancia tenemos una amarga experiencia los españoles y a la que me referiré más delante de una manera explícita- o externalizando servicios públicos, fue y es preciso descalificar las instituciones públicas, la función pública, la fiscalidad sobre las grandes fortunas, los servicios públicos, denunciar sus inercias, burocracias y rigideces, a la vez que proliferaron los cánticos laudatorios a la iniciativa privada, al espíritu de empresa y a la cultura empresarial. Y este discurso ha sido asumido inconscientemente por la sociedad española. Fue así como en esta economía sin sociedad el suelo y el subsuelo públicos pasaron a manos de especuladores privados, fue así como empresas públicas o semipúblicas fueron entregadas por los gobiernos de turno a los viejos amigos del colegio, fue así como los contratos discrecionales y con grandes dosis de corrupción en los procesos de externalización pasaron a adquirir una especie de carta de naturaleza en nuestros sistemas políticos, a la vez que viejas formas ya olvidadas de capitalismo salvaje irrumpían en la escena social.

En España, la primera etapa de las privatizaciones-venta de empresas públicas- se inició a mediados de los años 80 hasta 1996 con gobiernos socialistas. El principal factor que las impulsó no se basó en motivaciones ideológicas o políticas, sino en restricciones estratégicas, presupuestarias y tecnológicas. A partir de 1996 con el Gobierno de Aznar, las privatizaciones formaron parte del programa electoral, planificándose como un programa gubernamental completo, se vendieron las empresas más rentables y los objetivos políticos fueron tan importantes o más que los económicos. Así las joyas de la corona de nuestras empresas públicas fueron vendidas como Seat, Repsol, Endesa, Telefónica, Gas Natural… El holding de la banca pública Argentaria, privatizado entre 1993 y 1998, se fusionó en 1999 con el BBV. ¡Qué bien nos vendría ahora una banca pública para financiar nuestra deuda! La ciudadanía permaneció impasible ante la pérdida de todo este patrimonio colectivo. Hoy nos queda poca empresa pública atractiva para el capital privado. No obstante, están pendientes de este proceso Las Loterías y Apuestas del Estado, los Paradores….  Más, según Mariano Fernández Enguita, como el capitalismo es extraordinariamente voraz, el actual asalto está dirigido, ya lo estamos constatando, hacia los servicios públicos del Estado del Bienestar, entre otros en educación, sanidad, y dependencia, con una demanda cada vez más creciente ya que la sociedad se ha acostumbrado y no sabría renunciar a ellos, tanto  es así que se han considerado como derechos. Hay capitales abundantes con unos mercados cautivos y muy prometedores. Pero todavía más.  Además de capitales ávidos, las políticas de privatización o externalización cuentan también con consumidores deseosos y contribuyentes bien dispuestos. Como la universalización de estos servicios genera quejas al no poder ser atendidas todas las demandas, como las listas de espera en el sector sanitario o que los españoles no  quieren que sus hijos compartan pupitre con inmigrantes, esto provoca una disposición creciente hacia la oferta privada. Por otra parte, cuando una prestación que era antes un privilegio se generaliza, las anteriores clases privilegiadas buscan diferenciarse de nuevo accediendo a niveles superiores (más educación o más sanidad) o a tipos distintos (mejor u otra educación o sanidad). El diferenciarse no solo lo pretenden los que quieren conservar sus privilegios, sino también los que intentan acceder a ellos por primera vez. La educación y la sanidad privadas se pueden convertir en un símbolo de esta diferenciación. Por todo ello, se abre un mercado inmenso al capital en el ámbito de los servicios públicos. De esto podría ser un paradigma la Comunidad  de Madrid.

Mas en este proceso de privatización de la propiedad colectiva nos pasa desapercibida una circunstancia extraordinariamente grave. Al  respecto parece muy oportuna la reflexión de Ugo Mattei en su artículo Límite a las privatizaciones. Cómo frenar el saqueo de los bienes comunes, aparecido  en Le Monde Diplomatique, en el que  plantea la necesidad de proteger la propiedad colectiva, y más todavía ahora que los gobiernos se deshacen de los servicios públicos y privatizan el patrimonio colectivo para equilibrar los presupuestos; ya que toda privatización decidida por la autoridad pública –representada por el gobierno de turno– priva a cada ciudadano de su cuota de bien común, exactamente como en el caso de una expropiación de un bien privado. Pero con una diferencia sustancial: la tradición constitucional liberal protege al propietario privado del Estado, con la indemnización por expropiación, mientras que ninguna disposición jurídica –y menos aún constitucional– ofrece ninguna protección cuando el Estado neoliberal traslada al sector privado los bienes de la colectividad. Debido a la evolución actual de la relación de fuerzas entre los Estados y las grandes empresas transnacionales, esta asimetría representa un anacronismo jurídico y político.

Retorno al hecho que propiciaba este artículo, cual es lo ocurrido en la AP-6. Es una obviedad por lo ya expuesto que cuando una empresa privada asume, bajo una concesión, un servicio público, del abastecimiento de agua, recogida de basuras, limpieza de jardines, transporte público, sanidad, educación o dependencia, el objetivo fundamental  dentro de la más estricta lógica de su funcionamiento interno en un sistema capitalista, es de conseguir unos beneficios económicos, el afán de lucro, para lo cual reducen costos: bien reduciendo prestaciones o el costo del factor trabajo. Y lo acabamos de constatar con una contundencia apabullante en la nevada de la AP-6. Los  cientos de afectados han criticado la escasez de máquinas quitanieves y la falta de personal e información por parte de la empresa. Pero es un hecho extensible a muchas de las empresas concesionarias de las autopistas, ya que entre 2011-2015 han llevado a cabo unas severas y duras políticas de recortes de personal. Según El Confidencial, las concesionarias de autopistas pasaron de 5.100 empleados a 3.200. Por supuesto, incrementaron los peajes de 10,6 a 12,4 céntimos por kilómetro en el caso de las autopistas estatales y de 15,6 a 17 céntimos en las de concesión autonómica. Mientras en 2011 Iberpistas contaba con 96 trabajadores para mantenimiento y 107 para los puestos de peaje, en 2015 estas cifras bajaron hasta los 79 y 73, respectivamente. La AP-6 es la vía de pago donde más se han elevado las tarifas en el período 2011-2015, con un incremento del 23% (la subida media fue del 17%).

La conclusión es clara. Aquí hay trampa. Y si hay trampa, hay tramposos. Especialmente los responsables del gobierno. En cuanto a las privatizaciones del sector público, fue un auténtico regalo a determinadas élites y amigos de colegio, además de una fuente de corrupción vergonzosa. En cuanto a las concesiones de las autopistas, los pliegos de condiciones se redactan con unos objetivos muy claros: si son rentables las empresas hacen grandes negocios y si no lo son, se produce su rescate por parte del Estado. ¡Qué desvergüenza! ¿Cuánto nos costará el rescate de la quiebra de las autopistas radiales de Madrid? ¿Lo sabremos algún día? Según la patronal de las grandes constructoras unos 5.000 millones. La factura que las autopistas en quiebra dejan al Estado tiene una partida llamativa: la de las expropiaciones, que ascendía, a fines de los 90, durante el Gobierno de Aznar, cuando se estimaron, en conjunto, a 387 millones. Al final se dispararon hasta 2.217 millones. Una desviación de 1.830 millones, casi seis veces más. Los precios por estas expropiaciones crecieron exponencialmente por las sentencias de los tribunales, a raíz de la ley del Suelo de 1998 de Aznar, al valorar que los terrenos no debían considerarse rústicos ya que había expectativas de urbanización. Dentro de la más estricta ideología neoliberal, se trataba de la búsqueda de nuevas plusvalías en el espacio dentro de sus diferentes concreciones, esto es, el suelo urbano, la construcción de infraestructuras, transportes y equipamientos relacionados, etc. Entre los beneficiados había conocidas familias (Franco, Serrano Suñer o Abelló).

  1. En un aviso a navegantes, Tony Judt en su libro Algo va mal nos señala que Edmund Burke en sus Reflexiones sobre la Revolución Francesa ya nos advirtió “Toda sociedad que destruye el tejido de su Estado no tarda en desintegrarse en el polvo y las cenizas de la individualidad. Al eviscerar los servicios públicos y reducirlos a una red de proveedores subcontratados hemos empezado a desmantelar el tejido del Estado. En cuanto al polvo y las cenizas de la individualidad, a lo que más se parece es a la guerra de todos contra todos de la que hablaba Hobbes.”

viernes, 12 de enero de 2018

El Gobierno recorta a la mitad el gasto público a la espera de los Presupuestos

El Ejecutivo no mencionó dicho tijeretazo en la Referencia del Consejo de Ministros celebrada el últimos viernes del 2017.



El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en el Consejo de Ministros del pasado 29 de diciembre un "ajuste del 50%" del gasto público con los Presupuestos Generales del Estado de 2018 aún pendientes de aprobar, según adelanta la Ser.

El texto del acuerdo señala que "desde el 1 de enero de 2018 y hasta la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales para el año 2018, los órganos de los departamentos ministeriales, de sus organismos autónomos, de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social así como del resto de entidades con presupuesto limitativo, no podrán iniciar la tramitación de nuevos expedientes de gasto imputables a los capítulos 4, 6, 7 y 8 de los correspondientes presupuestos", informa la Ser.

El Ejecutivo no mencionó dicho tijeretazo en la Referencia del Consejo de Ministros celebrada el últimos viernes del 2017. Sin embargo, sí consta el acuerdo por el que se establecen los criterios de aplicación de la prórroga para 2018 de los PGE para el año 2017. "Se formaliza la distribución por departamentos ministeriales y se aprueban medidas para reforzar la eficacia de la gestión del gasto público", prosigue la referencia.

Asimismo, señala la aprobación de la revalorización de las pensiones de otras prestaciones Públicas para el próximo ejercicio. Esta subida, del 0,25%, queda fuera de estos recortes. 

jueves, 11 de enero de 2018

LEY DE VIVIENDA DE LA PAH

La PAH lleva el Congreso una renovada Ley de Vivienda para atajar la burbuja del alquiler


La Plataforma Antidesahucios registra una Proposición de Ley con el apoyo de Unidos Podemos, Compromís, ERC y Bildu. Recoge las medidas de la ILP de 2013 y añade medidas contra la pobreza energética y para proteger a los inquilinos frente a los arrendadores.

Aunque apenas salga ya en las noticias, cada semana se siguen produciendo cientos de desahucios en España. La crisis hipotecaria de hace unos años y su derivado drama social, el de los desahucios, acabó cerrándose políticamente en falso después de que el PP vetara en el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular elaborada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que contó con un millón y medio de firmas ciudadanas y una amplia aceptación social.

En 2013, el rodillo parlamentario del PP echó abajo una iniciativa con tres medidas clave para paliar la situación: paralización de los desahucios, dación en pago de la vivienda para saldar la deuda hipotecaria en caso de no poder hacerle frente y alquiler social. Nada de esto se puso en marcha, pero la PAH ha regresado al Congreso de los Diputados con una renovada Ley de Vivienda que incluye las demandas de entonces y que ahora también pone el foco en dos asuntos clave: la burbuja del alquiler y la pobreza energética.

En esta ocasión, la iniciativa llega al Parlamento mediante una Proposición de Ley que cuenta con el respaldo de Unidos Podemos, Compromís, ERC, PDeCat y Bildu, y se ha registrado este miércoles. Según la plataforma, el texto "abre una nueva etapa del Derecho a la Vivienda en el estado español, dando la oportunidad histórica de que se inicie un diálogo democrático en el Congreso alrededor de un tema tan vital para las familias como es la protección de sus hogares".

Se trata de una iniciativa para erradicar la "emergencia habitacional" que padece nuestro país, ha declarado a los medios el portavoz de la PAH, Luis Sanmartín, para quien esta situación no ha hecho más que agravarse desde la crisis, con desahucios "cada ocho minutos", un incremento del 30% de los alquileres, o cinco millones de hogares que "están sufriendo frío por no poder hacer frente a las facturas".

"Proponemos una ley estatal que recoge medidas para poder cancelar las deudas hipotecarias de por vida, parar todos los desahucios, realojar a las familias en emergencia en pisos injustificadamente vacíos de la banca, garantizar agua, luz y gas a todas las familias y regular los precios de alquiler como se hace en otros países de la UE", ha explicado Sanmartin.

Según apuntan en el texto del proyecto, desde que estalló la crisis en el 2007 hasta el 2016, el número de ejecuciones hipotecarias se ha situado en 721.000 y el número de desahucios se sitúa en más de 515.000. Pero además, a la problemática de las ejecuciones y desahucios hipotecarios se añade desde hace tiempo la del alquiler. "Las dificultades para afrontar el pago del alquiler han generado que, según datos del Consejo General del Podemos Judicial (CGPJ), un 54% de los 67.359 ​desahucios que se produjeron en 2016 en España estuvieran relacionados con el impago del alquiler", detalla la iniciativa, que critica las distintas reformas de la Ley de Arrendamientos Urbanos que ha configurado, según denuncia la PAH, un "régimen inestable y sometido a procesos especulativos que,  de nuevo, ponen de manifiesto la mercantilización del derecho a la vivienda digna y adecuada".

Regular el precio de los alquileres
Ante un aumento drástico del precio del alquiler, sobre todo en grandes ciudades, la PAH propone regular los precios máximos de los arrendamientos a través de un índice estatal que tenga en cuenta, no sólo las características de la vivienda, sino también el poder adquisitivo de las familias. Una medida que "ya existe en Berlín o en París", apunta Sanmartín, aunque subordinado a un índice local que fijen los ayuntamientos.También piden una reforma de la ley que dé más seguridad y estabilidad a los arrendadores y que se amplíe a un mínimo de cinco años el contrato si es entre particulares y a diez si el arrendatario es una sociedad.

Al mismo tiempo, consideran la pobreza energética un factor de riesgo creciente para la población. Según afirma la PAH, los precios de acceso a estos suministros como la electricidad o el gas "se han vuelto inasequibles para la población", con aumentos "exponenciales" sbre todo en el caso de la potencia de electricidad contratada. "Sólo en 2014 se produjeron en el estado español más de dos millones de cortes de suministro de agua, luz y gas", destaca la plataforma.

Para paliarlo, proponen estrechar el cerco a las empresas energéticas e introducen un denominado "Consumo Mínimo Vital" mensual de agua, electricidad y gas por hogar, que será fijado en el caso del agua por los ayuntamientos y en el caso de electricidad y gas anualmente por el ministerio competente en materia de energía. 

También contemplan, en caso de impago del suministro de luz y de gas por parte de un usuario un "mecanismo de garantía del principio de precaución", es decir, un protocolo obligado de comunicación en el que la administración tenga que consultada por la compañía energética antes de proceder a un corte del suministro. 

sábado, 6 de enero de 2018

RAJOY DEJA A CASTILLA LA MANCHA SIN 200 MILLONES

Castilla-La Mancha tendrá 200 millones menos tras congelar la financiación el Gobierno de Rajoy

El Ejecutivo que preside el socialista Emiliano García-Page critica la "deslealtad institucional" y el "chantaje" del Ministerio de Hacienda por condicionar los fondos que reciben las autonomías a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018. 


Castilla-La Mancha dispondrá de 200 millones menos en este 2018 a causa de la congelación de las entregas a cuenta procedentes del Estado que le corresponden por el sistema de financiación autonómica.  Así lo ha denunciado el Ejecutivo que preside el socialista Emiliano García-Page, para el que esta decisión adoptada por el Gobierno de Mariano Rajoy demuestra una "evidente deslealtad institucional". Una congelación que era comunicada este martes a las comunidades autónomas a través de una carta remitida por el Ministerio de Hacienda que dirige Cristobal Montoro. 

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, considera que es "un chantaje" para las comunidades autónomas el vincular las entregas a cuenta que les corresponden por el sistema de financiación autonómica a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. 

Y es que según las cuentas que ha hecho el consejero, debido a esta congelación de las entregas a cuenta, Castilla-La Mancha tendrá 200 millones menos de lo previsto, y con los que ya se había contado a la hora de elaborar su presupuesto regional para 2018, ya aprobado. 

En este sentido, cabe recordar que, según los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, las entregas a cuenta de 2018 y la previsión de liquidación del ejercicio 2016 para Castilla-La Mancha ascendían a 4.974,6 millones de euros, lo que suponía el 85 por ciento de los ingresos propios no financieros del Gobierno autonómico. 

Por ello, Ruiz Molina considera que un posible incumplimiento del déficit por parte de las comunidades autónomas en este 2018 sería "responsabilidad del Gobierno de España", ya que una vez que los ejecutivos autonómicos tienen los presupuestos aprobados les comunica que no entregará los importes que había trasladado hace meses. 

Y es que los presupuestos de las comunidades autónomas, que se elaboran en base a esas entregas a cuenta por parte del Estado, no se pueden supeditar a la aprobación de los Presupuestos Generales, para los cuales ‑cabe recordar‑ el Ejecutivo del Partido Popular aún no cuenta con el respaldo necesario. 

Pero es que además de esta evidente "deslealtad institucional" con esta decisión el Gobierno central también ataca la autonomía financiera de las comunidades autónomas, "que no pueden estar supeditadas a que el Ejecutivo de Rajoy consiga mayoría o no para aprobar sus propios presupuestos".

miércoles, 3 de enero de 2018

El partido de la Ley Mordaza se dispone ahora a atemorizar a los usuarios para que no ejerzan su derecho a expresar sus opiniones libremente

Facua rechaza prohibir el anonimato en las redes e insta a la oposición a hacer su trabajo, movilizarse y oponerse a la medida del PP

“El partido de la Ley Mordaza se dispone ahora a atemorizar a los usuarios para que no ejerzan su derecho a expresar sus opiniones libremente”, advierte el portavoz de la asociación de consumidores.


Facua-Consumidores en Acción ha mostrado su “absoluta oposición a la pretensión del Gobierno de prohibir el anonimato en las redes sociales”, ya que la medida “representaría una mordaza para la libertad de expresión y la libertad ideológica”. Por ello, la asociación de consumidores ha instado a todos los partidos de la oposición para que rechacen la medida anunciada por el Partido Popular. “No hay demanda social ni necesidad jurídica para aprobar esta aberración. Y no nos creemos que el objetivo sea acabar con amenazas y difamaciones”, ha advertido en un comunicado el portavoz de Facua, Rubén Sánchez. “El partido de la Ley Mordaza, el partido que ha utilizado desde el Gobierno a una policía política y a seudoperiodistas para propagar bulos difamatorios contra sus rivales políticos, se dispone ahora a atemorizar a los usuarios para que no ejerzan su derecho a expresar sus opiniones libremente desde el anonimato en las redes sociales”, ha añadido en referencia al PP.

“La propuesta del PP representa un gravísimo ataque a Derechos Fundamentales”

Facua ha considerado que la propuesta del PP representa “un gravísimo ataque a Derechos Fundamentales como la libertad de expresión y la libertad ideológica, los cuales deben estar garantizados y protegidos independientemente del canal por el que se expresen, como la ONU ha declarado reiteradamente y de forma específica sobre el derecho al anonimato en internet”. “La existencia de personas que se amparan en el anonimato en internet para amenazar, insultar, calumniar y propagar el odio en las redes es un mal menor que hay que asumir en una sociedad democrática que promueve derechos fundamentales como la libertad de opinión y expresión y que puede ser combatido con otras vías legales sin necesidad de una reforma legislativa tan dura como la que pretende el PP”, ha señalado Sánchez.

Facua ha recordado que lleva años siendo objeto de cruentas campañas de difamación difundidas desde cuentas anónimas en Twitter y Facebook, algunas de las cuales fueron promovidas por Ausbanc y contaron con la difusión del propio Partido Popular. “Frente a los insultos y calumnias, nunca pedimos una norma que acabase con el anonimato en las redes”, ha recordado el portavoz de la asociación. “Investigamos y destapamos quiénes estaban detrás de algunas de esas cuentas, pero asumimos que la identidad de muchos de los difamadores nunca sería descubierta”, ha indicado Sánchez. “Es el precio que tenemos que pagar para garantizar una sociedad donde prevalezca la libertad de expresión”. En opinión de Facua, es el Poder Judicial el que debe asumir la investigación de amenazas, insultos y calumnias vertidos en las redes sociales desde cuentas anónimas. Para ello, es necesario que jueces y fiscales reciban formación en el funcionamiento de las tecnologías de la información y que se establezcan protocolos de colaboración con ellos que sean asumidos por las empresas propietarias de las redes sociales, pero nunca una legislación que obligue a los usuarios a facilitar su identidad cuando dan de alta una cuenta.

Culminada la conversión de cárcel a CIE: otra muerte sin esclarecer

Por DAVID BOLLERO
El ministro del Interior puede estar orgulloso: la conversión en CIE de la cárcel de Archidona “a estrenar”, como decía el charlatán de feria Zoido, se ha culminado con éxito. Hace unos días pudimos comprobar, gracias a unos vídeos filtrados, cómo en el interior de esas instalaciones las personas -que no han cometido ningún delito- están siendo víctimas de palizas por parte de la policía antidisturbios… vamos, como en cualquier otro CIE de España contra los que venimos protestando la gente de bien.


También como sucede en esos otros CIE, algo apesta en la cárcel de Archidona. La muerte de un argelino, Bouderbala Mohammed, el pasado viernes sigue sin aclararse. Entonces, la policía aseguró que se trataba de un suicidio, pero lo cierto es que el hermano del fallecido lleva cinco días en Málaga y ni ha podido acceder al informe de la autopsia de su hermano y mucho menos al cuerpo, para poder comprobar, por ejemplo, si lo que sufrió fue una paliza de muerte. A fin de cuentas, Mohammed era uno de los que aparecía apaleado en los vídeos difundidos. 

Zoido mira para otro lado, porque cualquier persona que se tomara en serio este asunto habría puesto todo su empeño en aclarar esta muerte y arrojar luz sobre las condiciones en las que viven las personas internadas en la cárcel de Archidona. No ha sido el caso y eso es otra cosa en común con el resto de los CIE de España, en donde la opacidad es la norma.

Las protestas se ha sucedido, denunciando que hubiera menores internados, la represión de un motín por la falta de comida, el uso de bridas en las muñecas, visitas de familiares a través de una mampara sin provacidad alguna… Hasta el Defensor del Pueblo ha tenido que tirar de las orejas a Zoido… pero le da igual. El ministro cuya agenda pública está vacía, el mismo que quiso imponer sanciones de 750 euros a quienes buscaran comida en los contenedores de Sevilla cuando era su alcalde, andará en otras cosas. No podemos olvidar que, prácticamente, este magistrado reconvertido en político criminalizó a las ONG que ayudan a l@s migrantes.

Por otro lado, se da la dualidad de que al tiempo que las instalaciones de Archidona, a la luz de las denuncias realizadas, cada vez se parece más a cualquier otro CIE, con las versiones policiales y de Interior también se parece a cualquier otra cárcel. No en vano, 156 personas presas mueren en nuestras cárceles cada año, de las que cerca del 15% se suicidan. 23 personas se quitaron la vida, una cifra muy lejana a los 15 que lo hicieron en 2011. 

La revisión que se hizo hace cuatro años del Programa de Prevención de Suicidios instaurado en las cárceles en 2005 no funciona. Las cifras así lo demuestran. Algo, cómo no, que tampoco parece importarle demasiado a Zoido, porque ¿saben qué es lo más curioso? Que las cifras de suicidios en las prisiones españolas se disparan mientras la población reclusa desciende cerca de un 20% en los últimos años.

Los cómplices políticos del asesinato de mujeres

El exterminio sistemático de mujeres a manos de la cultura machista, ha ascendido, según el Gobierno,  a 916. Este dato comprende tan sólo el número de mujeres asesinadas en el periodo que va de 2003 a 2017. El dato, siendo sobrecogedor, apenas atestigua aquellos casos que han sido oficialmente confirmados. Entre las personas muertas, se cuentan, a partir de 2013, a los menores.


Estos datos han sido duramente cuestionados por diferentes organizaciones, como por ejemplo Feminicidio.net, que denuncia que los datos que aporta el Gobierno están disgregados, son confusos e incompletos. Para esta organización, el feminicidio se extiende a las asesinadas por padres maltratadores, a las asesinadas como consecuencia de ser esclavas sexuales, a aquellas mujeres asesinadas por su opción sexual, o aquellas otras asesinadas por su procedencia. Para el Gobierno, una víctima del machismo solo es aquella mujer que ha sido asesinada por su pareja o su ex-pareja, lo que a todas luces es una interpretación simplista del terrorismo machista. Esta web cifra las víctimas mortales del machismo en 837 sólo en la última década.

A todo esto, hay que agregar la drástica disminución, por parte del PP, de los presupuestos destinados a combatir la violencia machista y sus consecuencias. Las políticas de igualdad han visto reducidas sus ya paupérrimas partidas económicas, de los 34,3 millones en 2010, a los 25,2 millones en 2016. El incremento de la violencia machista al mismo tiempo que se reducen los medios para combatirla, explicaría fácilmente la falta de transparencia de que ha hecho gala el Gobierno sobre los verdaderos datos de esta lacra. La omisión activa del Gobierno ante una amenaza tan devastadora como el feminicidio, debe considerarse como un acto político de complicidad con el machismo y sus peores consecuencias.

Así las cosas, no es exagerado afirmar que no hay asesino machista sin un contexto cultural que tolere y aliente el machismo. Dicho de otra manera: Cada asesino de mujeres ha funcionado como una célula durmiente del patriarcado, activada cuando el comportamiento de la mujer fue percibido como un cuestionamiento “imperdonable” de una cultura global que a pesar de sus aspavientos sigue aceptando el dominio machista.

Los ejemplos de machismo son múltiples, siendo especialmente lacerantes las muestras protagonizadas por referentes políticos, debido a su carga ejemplificante.


Algunos ejemplos:
Sadat Maraña, un ultra, antiguo líder de Ciudadanos en León, que además de bravatas como que  “no hay mujeres feas, hay copas de menos”, sostuvo que “la violencia machista no existe”. Fue expulsado de este partido a diferencia de Toni Cantó, que por desgracia no ha parado en su cruzada antifeminista y que será recordado por lindezas como esta: “La mayor parte de las denuncias por violencia de género son falsas”. Pero qué se le puede pedir a los acólitos de Ciudadanos, cuando su máximo líder, Albert Rivera, fue denunciado por su antigua jefa de prensa por acoso laboral tras haber tenido una baja por maternidad y, como consecuencia, haber sido relegada de sus funciones. Por cierto ese partido ya ha desembolsado más de 150.000 euros para que el caso no llegue a los tribunales.

“Las leyes son como las mujeres, están para violarlas”. El autor de la frase es Jose Manuel Castelao , antiguo diputado del PP, que cuando la vomitó ostentaba la presidencia del Consejo General de la Ciudadanía en el Exterior. Por su parte, Ana Botella, desde las filas nacionalcatólicas del PP ponía en valor, ya hace algún tiempo, las lecciones que las niñas deben sacar de un clásico literario: “La cenicienta es un ejemplo para nuestra vida por los valores que representa. Recibe los malos tratos sin rechistar, busca consuelo en el recuerdo de su madre”. El investigado Ruiz Gallardón, antiguo presidente de la Comunidad de Madrid, antiguo alcalde de Madrid, antigua promesa del PP español, no tuvo empacho en decir que “La libertad de la maternidad hace a las mujeres auténticamente mujeres”, lo que le sitúa cómo la gran promesa de ese mundo diatópico descrito en El cuento de la criada.  La estigmatización de aquello que no se considera normal o apropiado ha sido fuertemente recriminado por diferentes sectores del PP. El antiguo presidente del PP de Fuerteventura fijó su inquisitorial mirada en la antigua alcaldesa de La Oliva afirmando que: “La corporación es otra cosa y hay que trabajar mucho, ser mucho más serio y mucho más consecuente, y no ir al ayuntamiento con minifalda y pantalones ajustados”.

El PSOE, también cuenta con un nutrido ejemplo de cultura machista. El que fuera portavoz del PSOE en Alcobendas, Rafael Sánchez-Acera fue denunciado por una concejala de UPyD por, según ella, haber vociferado que “muchas has tenido que chupar para estar donde estas”. Muy en la línea de lo anterior se expresó Matías Llorente, en aquel entonces viceportavoz del PSOE de León, cuando dijo aquello de que “en nuestro grupo nadie ha dedicado un euro a arreglarse el felpudo”. El propio Alfonso Guerra fue sumamente claro cuando sentenció que “Hay que convivir con la economía sumergida como con algunas mujeres. No se las puede eliminar”. 

Como ya dijimos en otro momento, un machista es un fascista, y el fascismo, por desgracia, desborda siglas.

jueves, 28 de diciembre de 2017

A JUANJ GORDILLO Y A YOLANDA GONZÁLEZ LES TOCA LA LOTERÍA

No se alegren. No nos libramos de ell@s todavía. No ha sido la Lotería del estado, ni el euromillón. Ha sido la lotería de tener jueces nombrados por la derecha en el tribunal constitucional (así en ninúsculas), los que han dado el gordo de navidad a los tránsfugas que se presentaron bajo las siglas de Ciudadanos en las pasadas elecciones municipales de 2015.

(Vaya día, nos hemos vuelto a equivocar de foto)

Y lo han hecho al anular la Ley 'antitransfuguismo' de Zapatero por vulnerar el derecho a la participación política. Debe ser que no ven engaño ni estafa ni déficit democrático presentarse con una lista y un programa y cambiar de chaqueta a los pocos meses.

El Tribunal Constitucional elimina una parte de la Ley electoral al entender que el fin de la relación de un concejal con su partido no responde necesariamente "a una defraudación de la voluntad popular o a un hacer que busque la desestabilización de la dinámica municipal".

EUROPA PRESS
Se acabó la conocida como Ley 'antitranfugismo' que salió adelante durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucional que buscaba evitar el transfuguismo al considerar que vulnera el derecho fundamental a la participación política.

El Pleno del Alto Tribunal ha estimado la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y anula el primer apartado del párrafo tercero del artículo 197.1 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) que fija que para tramitar una moción de censura se exige un quorum reforzado en los casos en los que "alguno de los concejales proponentes de la moción haya dejado de pertenecer, por cualquier causa, al grupo político municipal al que se adscribió al inicio de su mandato".

En una sentencia que se ha dado a conocer este miércoles, los magistrados explican que el fin de la relación del concejal con su entonces partido no responde necesariamente "a una defraudación de la voluntad popular o a un hacer que busque la desestabilización de la dinámica municipal".

Según la normativa, cuando una moción de censura es promovida por concejales que han dejado el partido al que fueron adscritos, es necesaria la mayoría absoluta para que salga adelante. El Constitucional, por un lado, reconoce que el incremento del quorum es una "medida idónea o adecuada" para "intervenir" el transfuguismo y "asegurar la voluntad popular y la estabilidad municipal" para evitar que se modifiquen las mayorías de gobierno.

La nulidad no será efectiva hasta la próxima convocatoria de elecciones locales
Pero destaca que resulta desproporcionada al equiparar "en la restricción del derecho a todos los concejales que hayan dejado de pertenecer al grupo político municipal al que se adscribieron al inicio de su mandato", sin diferenciar las circunstancias ni los objetivos, no necesariamente fraudulentos, que pudieron llevar a esa desvinculación.

Libertad de mandato
La sentencia, en la que ha sido ponente el magistrado Fernando Valdés Dal-Ré, destaca que incrementar el quorum altera el régimen jurídico ordinario de la "función representativa" de los concejales no adscritos porque el artículo 23.2 de la Carta Magna protege la libertad de mandato, que implica que los representantes pueden mantenerse en el cargo aunque hayan sido expulsado o hayan abandonado una formación política "en cuyas listas fueron elegidos".

Añade que el mandato libre supone "la exclusión de todo sometimiento jurídico del representante, en cuanto tal, a voluntades ajenas" y proscribe "cualquier tipo de sujeción, jurídicamente impuesta, a la confianza de sus electores o de las organizaciones o grupos políticos en que se integre o en cuyas listas hubiera concurrido a las elecciones". Asimismo, recalca que las funciones esenciales del derecho de participación política "se atribuyen a su titular y en condiciones de igualdad, y no al partido político o grupo en el que se integre".

La sentencia anuncia que esta declaración de nulidad no será efectiva hasta la próxima convocatoria de elecciones locales, periodo de tiempo en el que el legislador podrá reformar la norma "observando el contenido de este pronunciamiento". Sobre esta cuestión han emitido sendos votos particulares recurrentes la vicepresidenta del TC, Encarnación Roca, y el magistrado Andrés Ollero.

Votos particulares
La vicepresidenta cree que retrasar la nulidad de una norma que el TC ya ha considerado que se encuentra fuera de la Constitución es una solución "excepcional" que debe responder a la finalidad de "preservar bienes o valores que el Tribunal considera constitucionalmente relevantes y que justifican la desvinculación entre inconstitucionalidad y nulidad" y que, en este caso, no se menciona.

En opinión del magistrado Ollero, el incremento del quorum es una medida de carácter "excesivamente personalizado" y casi con "aires de sanción". Por ello, cree que la solución correcta, no lesiva para el derecho de representación política, habría sido optar por una mayoría "basada en criterios objetivos, como las de dos tercios o tres quintos".

Además, afirma que como consecuencia de la "obvia inconstitucionalidad" de la norma se de debió llevar a declarar "su nulidad e inmediata expulsión del ordenamiento jurídico" y a devolver la situación al momento anterior de la aprobación de la reforma cuestionada "con los ya señalados riesgos de transfuguismo a los que el legislador, en el plazo que considere oportuno, habrá de hacer frente recurriendo a criterios no personalizados sino de carácter objetivo".

MEDIDA "EQUILIBRADA"
Por último, el magistrado Cándido Conde-Pumpido ha emitido otro voto particular, pero en este caso discrepante, al que se han adherido los magistrados Juan Antonio Xiol y Alfredo Montoya, en el que defiende que la cuestión planteada debía haber sido desestimada. Estos tres magistrados no comparten el análisis de proporcionalidad de la norma porque "no realiza ponderación alguna de beneficios y perjuicios", como establece la doctrina constitucional.

A su juicio, la ley 'antitransfuguismo' es "equilibrada" y, de hecho, consideran que su aplicación tiene "más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o intereses en conflicto, incluido el 'ius in officium' de los concejales".

miércoles, 20 de diciembre de 2017

Cuando la Audiencia Nacional decía que para cometer enaltecimiento tenías que proceder de un entorno terrorista

La jurisprudencia del tribunal muestra un evidente cambio de criterio a la hora de interpretar el delito de enaltecimiento del terrorismo y/o humillación a las víctimas que se recoge en el artículo 578 del Código Penal. El cambio en la interpretación ha provocado la multiplicación de los juicios y las condenas a personas que nada tienen que ver con el terrorismo 


En el año 2008 Pilar Manjón denunció a Federico Jiménez Losantos y César Vidal por un delito de humillación a las víctimas del terrorismo, contemplado en el artículo 578 del Código Penal. Los comunicadores habían tratado a Manjón como una mujer "mentirosa", "trastornada", "que no está bien de la cabeza". Es más, habían llegado a aseverar que su única finalidad "era sentar en el banquillo a Aznar" y no "buscar la verdad sobre la muerte de su hijo". El locutor César Vidal llegó a dudar de que Manjón fuera realmente una víctima del terrorismo y barajó la idea de que se hubiera inventado todo para "montar un gran número sentimental para obtener una basura de instrucción y una basura de sentencia". 

El Fiscal de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, señaló entonces que estas declaraciones de Losantos y Vidal no podían ser consideradas como un delito de menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas previsto y penado por el artículo 578 del Código Penal. Argumentó que el citado artículo, que regula también el delito de enaltecimiento del terrorismo, establece un reproche penal para conductas que "al proceder del entorno del terrorismo o de quienes individualmente sintonizan con la ejecución de tales acciones, refuerzan, legitiman y justifican la estrategia y los métodos de las organizaciones terroristas más allá de la coincidencia ideológica sobre objetivos políticos". 

El propio Fiscal añadía que para que pueda ser aplicado el artículo 578 las declaraciones debían tener la suficiente "intensidad antijurídica" como para poner en peligro "la paz pública" o el "orden constitucional". Por todo ello, el fiscal concluía que en el caso concreto de la denuncia de Manjón, los comentarios de Losantos y Vidal no suponían un delito de humillación a víctimas del terrorismo  "ni por el contenido, no por las circunstancias, ni por los fines perseguidos". 

Era el 5 de mayo de 2008 y la organización terrorista ETA continuaba en activo. Apenas había juicios y condenas por el delito de enaltecimiento del terrorismo y/o humillación a las víctimas en la Audiencia Nacional. En 2011, último año de la banda en activo, hubo cinco sentencias condenatorias por enaltecimiento. En cambio, en 2015,  la Audiencia Nacional emitió hasta 25 sentencias por delitos de enaltecimiento del terrorismo. Nada más y nada menos que cinco veces más de las que produjo el mismo tribunal durante el año 2011, cuando la organización terrorista ETA dejó las armas. 

La organización terrorista había dejado de asesinar e inexplicablemente los juicios por enaltecimiento (y las condenas) comenzaron a subir. El ritmo ascendente, además, continuó en los años sucesivos. Así, solo entre el 1 de enero de 2016 y el mes de marzo de 2017 se produjeron al menos 30 sentencias condenatorias por el delito de enaltecimiento del terrorismo. Prácticamente ninguna de estas personas tenían nada que ver con organizaciones terroristas. 

¿Por qué hay más condenas?
Pero, ¿qué ocurrió para que se dispararan los juicios por el artículo 578 del Código Penal? Pues que la Fiscalía de la Audiencia Nacional cambió de criterio. Así lo explica el catedrático en Derecho Penal de la Universidad de Oviedo José Manuel Paredes. "El delito de enaltecimiento y/o humillación a las víctimas se concibió en el año 2000, durante el Gobierno de Aznar, para evitar que durante las contramanifestaciones tras algún asesinato de ETA se produjeran amenazas o insultos contra víctimas. El legislador entendía que la víctima, en un contexto tan concreto, merecía una protección específica", explica Paredes, que señala que el propio concepto de enaltecimiento del terrorismo ha sido modificado a base de sentencias sin cambiar prácticamente la definición en el Código Penal. 

"Ha cambiado la realidad, han cambiado la interpretación y han producido un monstruo", sentencian fuentes privilegiadas de la Audiencia
"La definición del delito en esencia no ha cambiado en estos años. Lo que sí ha cambiado es la interpretación que realizan Interior, Fiscalía y los jueces. La inmensa mayoría de las personas enjuiciadas y condenadas por enaltecimiento del terrorismo nada tienen que ver con el entorno terrorista y, además, ETA ya no mata. Es curioso que a menos terrorismo haya más condenas por enaltecimiento", explica José Manuel Paredes. 

Doctrina Strawberry
Así, resulta contradictorio, por ejemplo, la sentencia condenatoria sobre el cantante César Strawberry. Si el Fiscal jefe de la Audiencia Nacional decía en 2008 que era necesario evaluar el entorno del que procedían las amenazas, es decir, el contexto, el fiscal Carlos Bautista defendía en el juicio al artista que daba igual el contexto y si el acusado tenía o no afinidad con una organización terrorista. Lo importante era la literalidad del texto publicado en redes sociales. Y en ese caso, el fiscal consideraba que los tuits de Strawberry suponían una humillación a las víctimas del terrorismo. La Audiencia Nacional absolvió al cantante, pero el Supremo recuperó el criterio del fiscal y condenó al cantante a un año de prisión. 

La principal consecuencia de este cambio, explica Paredes, es que el delito de enaltecimiento del terrorismo se ha convertido en la práctica en un delito de opinión que se aplica de manera similar a "un delito de odio". "Tal y como se aplica en la actualidad ya no es un delito de terrorismo y sí un delito de opinión que trata de proteger a las víctimas del terrorismo de opiniones que parecen humillarles como si fueran uno de los grupos discriminados que aparecen en el artículo 510 del Código Penal", sentencia Paredes. 

El cambio de criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha sido corroborado a este periódico por parte de una fuente privilegiada del tribunal. "No ha habido ningún cambio real en la definición legal de enaltecimiento y humillación a las víctimas. Lo único que ha cambiado es el contexto, que ETA ya no mata, y la interpretación que del artículo 578 del Código Penal realiza Interior, la Fiscalía y por parte de algunos jueces", denuncian estas fuentes, que aseguran que no hay motivo para condenar a cantantes de rap o a personas como Cassandra, que no guardan ninguna relación con el terrorismo. "Ha cambiado la realidad, han cambiado la interpretación y han producido un monstruo", sentencian estas fuentes.  

Los cantantes son terroristas en el reino de España

La Sección 4ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nazional ha hecho pública el 5 de diciembre de 2017 la sentencia contra doce raperos integrantes del grupo “La Insurgencia”. Fueron juzgados el pasado 2 de noviembre, acusados de enaltecimiento del terrorismo por medio de sus canciones, que a los fiscales y magistrados borbónicos les suenan como bombas nucleares.


Las difundían en su canal de YouTube, en el que tienen colgados 341 vídeos y cuentan con 3.300 seguidores. Son trece los acusados, pero uno de ellos es menor de edad, por lo que quedó fuera de este lote enviado a la Audiencia Nazional.

El fiscal José Perals, nombre que hasta mi ordenador se resiste a escribir, solicitó para cada uno de ellos dos años y un día de prisión, una multa de 4.800 euros, la inhabilitación para ejercer el derecho al sufragio pasivo durante el tiempo de su condena, y que sean borradas de Internet sus terribles canciones enaltecedoras del terrorismo. La sentencia confirma las peticiones del fiscal, por lo que podrán ser encerrados en una mazmorra borbónica los doce, aunque carecen de antecedentes penales. De momento, han anunciado que recurrirán al Tribunal Supremo tan disparatada sentencia, en donde todo es posible.

La sentencia, firmada por las magistradas Teresa Palacios y Carmen Paloma González, con el voto particular de la otra magistrada, Ángela Murillo, dice que en los vídeos colocados en su cuenta de YouTube “las letras presentan continuadas alusiones que entrañan abiertamente una loa” al terrorismo. El voto particular considera que estas “criaturas” de La Insurgencia sólo pretendían “llamar la atención” con unas letras, en opinión de la magistrada, carentes de valor literario y una música horrorosa, pero sin ánimo terrorista.

El ideario insurgente

La Insurgencia nació en 2014 en Vigo, como un grupo rapero formado por cinco amigos, que se fue ampliando con la incorporación de cantantes de varias regiones españolas y de Sudamérica, unidos por un ideario semejante al suyo. Tienen entre 17 y 27 años, y se definen como “un colectivo musical que pretende fomentar el internacionalismo, difundir y expandir la cultura revolucionaria y elevar el nivel de conciencia de las masas trabajadoras”. Para el cumplimiento de este programa debieran ser subvencionados por un Gobierno sensato, pero el del partido que se dice Popular azuza a fiscales y jueces contra ellos. Como es lógico, porque mentarles la “cultura revolucionaria” a los integrantes del partido fundado por el falangista Manuel Fraga es más de lo que ellos pueden tolerar sin atragantarse.

Sus canciones supuestamente terroristas aterrorizan a los fiscales y los jueces. Por algún extraño motivo, en el reino borbónico de España solamente siguen las carreras judiciales y fiscales unos seres pusilánimes, asustadizos y con úlcera de estómago, a los que espantan las letras de las canciones originales de grupos juveniles. A ellos no les gusta nada más que Manolo Escobar, y todo lo restante les parece subversivo, por lo que condenan a los autores.

Es cierto que los integrantes de La Insurgencia no caen rendidos sumisamente ante los políticos que tenemos. Y hacen muy bien, porque no lo merecen. Así, por ejemplo, no respetan a los políticos más integrados en el sistema, como Pablo Iglesias, caudillo de la agrupación Podemos, definido en estas letras como un “gorrón traidor al servicio de la burguesía / y por eso partidario de defender la monarquía”. ¿Puede afirmar el retratado que es falsa su caracterización? Puede, pero mentiría si lo hiciese.

No son monárquicos

Y lo incalificable e imperdonable para los señores de la úlcera es que, al contrario de lo que hace este Iglesias, los raperos insurgentes no respetan a la monarquía ni a la familia más irreal del reino, y se atreven a cantar cosas de este jaez: “Yo no lleno salas diciendo que el rey tiene una bala / con el nombre de Lasa y Zabala, / terrorismo institucional.” Los asustadizos servilones del Derecho borbónico se espantan al oír que unos cantantes califican de terroristas a los que asesinaron a José Antonio Lasa y a José Ignacio Zabala en 1983, por sostener unas ideas políticas discrepantes de las defendidas por el régimen borbónico, entonces acaudillado por el presunto socialista Felipe González. Eso sí es terrorismo, pero de Estado.

Otro ejemplo de letra terrorista para los magistrados: “Con rabia me rebelo, / con la misma que hizo volar a Carrero, / vuelos altos bajo esta dictadura: / Franco murió, pero Juan Carlos siguió / con la tortura”, y un ejemplo más: “Yo soy un romántico de la lucha armada, / que se sentirá feliz / cuando ajusticie el pueblo / a Letizia Ortiz.”

Por todo ello, y otras letras con el estilo mismo estilo, se entiende que fiscales y jueces servilones de su majestad el rey católico nuestro señor se horroricen, y quieran acallar para siempre a esos vasallos que se resisten a serlo, intoxicados por el primer punto del artículo 20 de la Constitución borbónica, donde se garantiza en teoría: “Se reconocen y protegen los derechos: A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.” Según las pruebas, a los que no somos monárquicos no se nos puede aplicar la Constitución borbónica, que desde luego rechazamos.

Concepto fascista de la libertad

Ese artículo de la Constitución borbónica es tan cierto como lo que aseguraba el artículo 12 del Fuero de los españoles, impuesto por el dictadorísimo fascista el 17 de julio de 1945: “Todo español podrá expresar libremente sus ideas, mientras no atenten a los principios fundamentales del Estado.” Ese texto ilegal de la dictadura constituye una de las Leyes Fundamentales que el designado por el dictadorísimo sucesor suyo a título de rey juró cumplir y hacer cumplir a sus vasallos en dos ocasiones, el 23 de julio de 1969 y el 22 de noviembre de 1975, y es el primer juramento cumplido por un Borbón en España desde 1701.

Por supuesto, la decisión de si las ideas de los españoles sometidos a la dictadura atentaban o no a su legislación ilegal correspondía a los jueces fieles a la dictadura, como ahora corresponde a los fieles a la monarquía fascista. Es lógico, teniendo en cuenta que la monarquía fascista fue instaurada por el dictadorísimo genocida el 22 de julio de 1969, cuando propuso a su caricatura de Cortes al sucesor a título de rey designado por él. Con razón afirmó en su discurso de fin de ese año: “Todo ha quedado atado y bien atado”, la única verdad que dijo en su larga vida de traiciones.

Un Estado que en el año 2017 considera terroristas a los cantantes, demuestra la perversión de su origen: es una monarquía heredera del fascismo, instaurada por un militar sublevado contra la legalidad constitucional. Por eso ahora mismo en las mazmorras borbónicas están encerrados presos políticos que expusieron públicamente sus ideas, y por eso otros españoles de ideología republicana están exiliados. Exactamente como sucedía durante la dictadura fascista. Todo quedó atado y bien atado, y así continúa.