Mostrando entradas con la etiqueta CORRUPCIÓN. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta CORRUPCIÓN. Mostrar todas las entradas

sábado, 6 de enero de 2018

Ya que al PP le da por hablar de antecedentes penales .......

900 cargos del Partido Popular imputados por corrupción ¿cuántas organizaciones criminales en el mundo tienen esa cifra?

Los casos de corrupción en este partido político se reproducen cada semana, a veces cada día, cada hora, con nuevos y más altos dirigentes implicados en hechos de enriquecimiento ilícito, de financiación ilegal y de saquear lo público

En el Estado español, desde 1978 hasta nuestros días se han descubierto más de 175 redes de corrupción asociadas, todas ellas, a los partidos en el poder, y según la Comisión Nacional del Mercado de Calores, esa corrupción cuesta a los españoles nada menos que 45.000 millones de euros anuales. El premio, por supuesto, se lo lleva el Partido Popular, que es el partido que gobierna y el que prevé seguir gobernando en los próximos años, simple y llanamente, porque la gente les vota.

El Partido Popular es el partido más corrupto de Europa. Tiene en la actualidad más de 900 cargos imputados por corrupción. Isabel Serra, diputada en la Asamblea de Madrid por PODEMOS se preguntaba: ¿cuántas organizaciones criminales en el mundo tienen esa cifra de 900 imputados en sus filas?

Los casos de corrupción en este partido político se reproducen cada semana, a veces cada día, cada hora, con nuevos y más altos dirigentes implicados en hechos de enriquecimiento ilícito, de financiación ilegal y de saquear lo público.

El último caso es el que afecta directamente a la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes. Según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil hay indicios para actuar judicialmente contra Cifuentes. Considera que declaraciones de varios implicados refuerzan las sospechas de que Cristina Cifuentes fue conocedora directa de las irregularidades en la adjudicación de la cafetería en la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández.

La presidenta de Madrid se defendió acusando de faltar a la verdad a los investigadores de la Guardia Civil.

Pero además, con su informe, la Guardia Civil asegura demostrar los delitos y trampas cometidas por el Partido Popular en las elecciones de los años 2007, 2008 y 2011. El informe dice textualmente: “El Partido Popular montó un sistema que atentó contra el pluralismo político”.

Los casos son continuos. En días anteriores se abrió la Operación Lezo por la que están siendo investigadas más de 60 personas. Por si fuera poco, el Pleno del Congreso aprobó este martes con los votos de todos los diputados, salvo los del PP, la reprobación del ministro de Justicia, Rafael Catalá; la del fiscal general, José Manuel Maza, y la del fiscal anticorrupción, Manuel Moix, por entender que algunas de sus iniciativas estaban encaminadas a proteger a políticos presuntamente implicados en actos de corrupción. La reprobación no tiene mucho recorrido, porque en nada obliga al Gobierno ni a los implicados, pero resulta inquietante la coincidencia en el conjunto de las fuerzas de oposición a la hora de desconfiar de determinadas actuaciones de la fiscalía. Y recuerda que los tachados de réprobos no supieron explicar la pasada semana las actuaciones por las que fueron reclamados en la Comisión de Justicia del Parlamento.

PODEMOS está anunciando sendas mociones de censura, tanto para el Gobierno de Madrid, como para el Gobierno de Rajoy en el Congreso de los Diputados. Los otros dos partidos con más escaños en el Parlamento, el Partido Socialista y Ciudadanos, ya han dicho que no apoyarán esas mociones.

Entretanto, algunos de los más insignes representantes del partido, se dedican a disfrutar de sus abultadísimos salarios, a la sombra de las mismas empresas a las que tanto han beneficiado cuando ocupaban cargos políticos. Por las puertas giratorias, que son también mecanismos claros de corrupción, han llegado para quedarse: José María Aznar (consejero delegado de Endesa y consejero de KPMG, empresa que hace auditorías a la mayoría de la administración pública); Ángel Acebes (consejero externo de Iberdrola); Josep Piqué (vicepresidente segundo de la constructora OHL); Eduardo Zaplana (consejero delegado de Telefónica)…y unos cuantos más.

Así que la corrupción no es solo cosa de políticos y partidos, sino también de grandes empresarios que tienen nombres y apellidos; empresarios que contratan los servicios de quienes pueden ayudarles después a incrementar dividendos y que, además, eluden sus obligaciones tributarias, si les dejan. 34 de las 35 empresas del IBEX tienen filiales en paraísos fiscales, unas 900 en total, y aunque a estas sociedades no se les debería reconocer personalidad jurídica para intervenir en el tráfico mercantil español, ahí están, campando a sus anchas en régimen de oligopolio.

En España se defraudan al año unos 88.000 millones de euros que podrían destinarse a amortiguar el recorte de derechos, el desmantelamiento de servicios, y el empobrecimiento que sufre ya casi un 30% de la población. Pero está claro que el Gobierno del PP no está interesado en frenar el lucrativo negocio que le mantiene donde está. Por eso sólo hay 26.900 inspectores de hacienda (frente a los 127.000 que tiene Francia, por ejemplo), esto es, 3 por cada 5.000 contribuyentes, que, lógicamente, solo pueden hacer un trabajo precario, y, por eso mismo el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (que espera responder solo ante la historia) puso en marcha una amnistía fiscal que resultó ser tan injusta como ineficiente.

miércoles, 3 de enero de 2018

Cospedal duplicó la deuda de Castilla‑La Mancha

El Tribunal de Cuentas saca los colores a Cospedal por duplicar la deuda de Castilla‑La Mancha
El informe del órgano fiscalizador revela que el Gobierno de María Dolores de Cospedal incumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria y multiplicó por dos el endeudamiento de la región a pesar de sus duras políticas de austeridad.

Castilla-La Mancha duplicó su deuda entre los años 2011 y 2015, bajo el Gobierno de María Dolores de Cospedal. Cuentas públicas que pasaron de tener 6.965 millones de deuda viva en el ejercicio 2011, a los 13.426 millones con los que se cerraba 2015. Datos que ahora se recogen en el informe sobre fiscalización de las cuentas de Castilla-La Mancha en el año 2015 aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas el pasado 30 de noviembre, al que ha tenido acceso PeriódicoCLM. 

Cifras que chocan con la versión que durante las últimas semanas viene ofreciendo el Partido Popular para criticar la gestión económica del Ejecutivo de Emiliano García-Page y sus socios de Podemos. Una gestión que el secretario general de los 'populares' en la región, Vicente Tirado, calificaba de "nefasta", asegurando que el Gobierno bipartito ha situado a Castilla‑La Mancha como una de las regiones con mayor presión fiscal. A ello añadía que "Page incumplió el déficit el año pasado, ya que éste ascendió al 0,82%" y situó a "Castilla-La Mancha en su mayor cifra histórica de deuda con 14.313 millones de euros". 

Acusaciones en las que los conservadores  'olvidan' mencionar que, bajo su gobierno, Castilla‑La Mancha multiplicó por dos su endeudamiento, en tan solo cuatro años. 


Y es que, según los datos contrastados por este diario, el ejercicio 2011 ‑que supuso la llegada del PP al Gobierno con Cospedal al frente‑ se cerraba con una deuda viva total de 6.965 millones, lo que representaba una variación del 3,06 por ciento respecto al año anterior. Un ligero aumento que situaba la deuda castellano-manchega per cápita en 3.255 euros por habitante. 

Cantidad que a medida que avanzaba la legislatura se fue incrementando hasta llegar a una deuda viva total por habitante de 6.522 euros al cierre de 2015, ya consumado el relevo al frente del Ejecutivo por parte del socialista García-Page. 

Una evolución al alza del endeudamiento regional que en el ejercicio 2012 experimentaba un crecimiento del 46,30 por ciento respecto al ejercicio anterior, situándose en 10.190 millones de euros. Un incremento que se produjo debido a la puesta en marcha de diversos mecanismos de financiación, como fueron el de pago a proveedores, con 2.975 millones; la línea ICO a las Comunidades Autónomas de 2012, con 469 millones y el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) al que correspondieron 1.037 millones. 

Pero la tendencia al alza tampoco cambió al año siguiente, y aunque la variación respecto a 2012 fue menor, con un aumento de 11,3 puntos, la deuda viva total de Castilla-La Mancha llegó a alcanzar los 11.343 millones de euros. En este ejercicio 860 millones correspondieron al FLA mientras que 1.047 millones al mecanismo de pago a proveedores. 

En el ejercicio siguiente, el último completo de Cospedal en el Gobierno, la deuda viva regional también continuó creciendo, a pesar de las medidas de 'austeridad' implementadas en los años anteriores. Así el endeudamiento alcanzó los 12.858 millones, lo que se traducía en una deuda viva por habitante de 6.186 euros. 

Por su parte 2015 fue el año del cambio de Gobierno. Mediado el año, nada más comenzar el mes de julio, Emiliano García-Page tomaba posesión y el PSOE volvía a hacerse con las riendas de la Junta de Comunidades. Un ejercicio en el que con unos presupuestos 'compartidos', los había aprobado el Ejecutivo de Cospedal y los terminó de ejecutar Page, la evolución de la deuda viva siguió creciendo, pero en menor medida, un 4,42 por ciento respecto a 2014. 

INCUMPLIÓ LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
Un informe que también recoge cómo en 2015 Castilla-La Mancha no cumplió con el objetivo de estabilidad presupuestaria, previsto en el 0,7 por ciento, y que sin embargo llegó a alcanzar el 1,59 por ciento del PIB, al situarse el déficit en 597 millones. 

Un incumplimiento que se debió a operaciones y medidas excepcionales que supusieron gastos no previstos y extraordinarios, en su mayor parte derivados de sentencias judiciales, por importe de 197 millones. 


Entre esos imprevistos estuvo el abono por parte de la empresa pública Gicaman de los gastos derivados de distintas sentencias judiciales y de varios acuerdos extrajudiciales como consecuencia de las paralizaciones de obras, rescisiones de contratos y pago de intereses de demora referentes a operaciones realizadas en los ejercicios 2011 a 2014, lo que supuso un gasto de 30 millones.  

También se registraron gastos de 33,5 millones tramitados por la Consejería de Fomento para hacer frente a las diferentes sentencias judiciales, motivadas también por las paralizaciones de obras, rescisiones de contratos y pago de intereses de demora, además de expropiaciones, referentes a operaciones realizadas en los ejercicios 2011 a 2014; así como los 34,6 millones que costó la readmisión de los interinos cesados de forma irregular por el Gobierno de Cospedal en 2012,tras la sentencia de 22 de octubre de 2015 del Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Toledo. 

Otros 39,6 millones no previstos son atribuibles a la implantación del plan de atención a los pacientes de la hepatitis C durante el ejercicio 2015, atendiendo a la normativa del Gobierno de Rajoy, que era de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas; y los 58,8 millones derivados de la devolución del 50 por ciento de la paga extra de los funcionarios suprimida en 2012 por el Ejecutivo del PP. 

Pero tampoco se cumplió con la regla de gasto, al ser la tasa de variación de un 7,7 por ciento respecto del gasto realizado en el ejercicio 2014, superando así el 1,3 por ciento de variación fijado como objetivo para 2015. Un exceso que desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal achacó el exceso producido debido a diversas sentencias judiciales. 

De este modo, el Tribunal de Cuentas recoge cómo según el cómputo del Banco de España, la deuda de la Comunidad Autónoma ascendía, al cierre de 2015, a 13.426 millones, lo que representaba el 35,8 por ciento del PIB regional. Esto supuso el cumplimiento del objetivo de deuda, teniendo en cuenta aquella no computable a la hora de verificar dicho objetivo, por las excepciones permitidas en acuerdo del Consejo de Ministros y que elevaban dicha magnitud al 36,2 por ciento. 

Destaca también en su informe cómo en 2015 no se consignó dotación para el Fondo de Reserva para Deuda, cuya finalidad es disminuir el endeudamiento neto de la comunidad. Junto a ello, el Fondo de Contingencia, destinado a necesidades que pudieran surgir en el ejercicio corriente y fueran inaplazables, de carácter discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado, fue dotado con 2 millones de euros. Fondos con cargo a los cuales no se financiaron necesidades, debido al "carácter testimonial" de ambos hasta el momento, subraya en su informe el Tribunal de Cuentas. 

LAS ALEGACIONES DE COSPEDAL

Un informe a cuyo anteproyecto presentaba alegaciones, como ya hiciera respecto a la fiscalización del ejercicio 2014, la expresidenta regional, María Dolores de Cospedal.  Alegaciones en las que comienza subrayando cómo su Gobierno "se impuso como norma de funcionamiento la máxima exigencia en el control económico‑financiero de los recursos públicos", con el objetivo de "cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera", garantizando al mismo tiempo ‑según Cospedal‑ la prestación de los servicios públicos. Asimismo, asegura que "fue nota dominante" el "rigor absoluto" en el control de la legalidad del gasto y de la aplicación de los recursos públicos. 

Fruto de la exigencia, señala la expresidenta castellano‑manchega, se establecieron medidas de "disciplina presupuestaria y reestructuración financiera", sin olvidar ‑dice‑ "las políticas de fomento y ayuda a los sectores más desfavorecidos". 

Respecto al déficit, que en el ejercicio 2015 se situó en el 1,59% del PIB regional (605 millones), Cospedal lo atribuye, "en gran medida", a la caída de los ingresos del Sistema de Financiación Autonómica, y asegura que, si las entregas a cuenta del año 2015 se hubieran reflejado de manera más exacta la evolución económica, "la cifra del déficit del ejercicio se hubiera acercado al objetivo previsto". 

En sus alegaciones Cospedal defiende el "enorme esfuerzo de consolidación financiera" realizado a lo largo de la legislatura, "y especialmente en el ejercicio 2012", para conducir la cifra de déficit a "unos niveles parejos con la media" de las comunidades autónomas. Y junto a ello las medidas encaminadas a la reducción de la morosidad. 

Medidas todas ellas que, en su opinión, permitieron "la rápida recuperación económica y el saneamiento financiero de las instituciones regionales", llevándolo a cabo "minimizando los sacrificios exigidos al personal de la Administración regional y a los ciudadanos de la región". 

Como muestra de ello la expresidenta regional no duda en señalar el aumento de personal, de 76.361 en 2014 a 78.021 en 2015 -1.660 personas- y el aumento de la cuantía de los gastos del personal del 4,5 por ciento. Dato junto al que María Dolores de Cospedal olvida señalar los miles de despidos de empleados públicos ejecutados en los ejercicios anteriores, escudándose en los principios de austeridad que requería el momento. Como también 'olvida' los recortes llevados a cabo en materia sanitaria, y destaca en sus alegaciones que las obligaciones reconocidas en el presupuesto del Sescam crecieron un 8,5 por ciento respecto al ejercicio anterior, siendo el crédito definitivo de dicha sección suficiente "para atender la suma de las obligaciones reconocidas y las pendientes de imputar", gracias a la transferencia de crédito aprobada por su Gobierno para incrementar los créditos iniciales del Sescam con el sobrante de crédito de los menores intereses del endeudamiento. 

Aprovecha Cospedal sus alegaciones para intentar atacar al actual Ejecutivo autonómico, señalando que las listas de espera sanitaria presentaban a finales de 2014 una evolución favorable, la cual dice se frenó a finales de 2015 debido a la paralización por parte del Gobierno socialista de "los conciertos con entidades sanitarias privadas" que, reconoce, "era uno de los mecanismos que se utilizaba para la reducción de la lista de espera quirúrgica". 

Finaliza sus alegaciones subrayando el que, en su opinión, fue "un ejemplo de transparencia y lealtad institucional", la información "detallada" que su consejero de Hacienda, Arturo Romaní, presentó a su sucesor "ofreciendo datos y explicaciones sobre déficit, endeudamiento comercial y endeudamiento financiero, tesorería, ejecución presupuestaria". Asegura que el nuevo Gobierno "rechazó toda forma de traspaso de poderes en materia de Hacienda, incluso una mera reunión o al menos la entrega en mano de la documentación elaborada".

Cabe recordar, en este sentido, cómo el consejero saliente antes de acudir a la Consejería para entregar su cartera pasó por una notaría ‑con la correspondiente convocatoria a los medios de comunicación a las puertas de la misma‑ para depositar las cuentas de la gestión del Gobierno de Cospedal. Un "numerito" que recibió fuertes críticas desde el nuevo Ejecutivo, desde el que vieron en la petición de Romaní de realizar un traspaso de poderes, un intento de conseguir 'una foto'. 

martes, 28 de noviembre de 2017

OTRA MUESTRA DE LA DESGRACIA DE TENER UN GOBIERNO DEL PP

La desidia e incapacidad del gobierno de Rajoy y los de la caja B, hace que Bruselas plantee multar con 100.000 euros diarios a España por el retraso de la ley hipotecaria

Si el Tribunal superior de Justicia de la Unión Europea avala a la Comisión, la sanción se prolongará hasta que el Gobierno apruebe la ley


La Comisión Europea pide una multa de 105.991 euros diarios a España por no haber trasladado a nuestra legislación la directiva de contratos de crédito hipotecarios. Así lo explica este lunes el diario Expansión. El rotativo subraya que si finalmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea da la razón a la Comisión, la sanción empezará a contar desde el día de la sentencia hasta que el Gobierno de Mariano Rajoy apruebe la ley hipotecaria. Lo más previsible es que el fallo sea a favor de la Comisión.

Bruselas ya advirtió el pasado mes de abril al Gobierno que llevaría el retraso ante la Justicia comunitaria. Previamente, el 26 de mayo y 17 de noviembre, la Comisión había recordado a España el incumplimiento con los plazos. Ante estos recordatorios, Rajoy hizo lo que más saber hacer: NADA. MIRAR A OTRA PARTE Y QUE LA CIUDADANÍA PAGUE POR SU INCAPACIDAD POLÍTICA Y SU NEFASTA GESTIÓN.

El plazo para aprobar la nueva ley terminó el 21 de marzo de 2016. El proyecto de ley no fue admitido en el Congreso hasta el pasado 17 de noviembre. Según fuentes del Gobierno consultadas por Expansión, la excusa del gobierno derechista más preocupado por amordazar a la ciudadanía que en gobernar, el intento de aprobación de los Presupuestos, (que no se ha llevado a cabo) y la crisis catalana (que no ha resuelto), además de los nueve meses en que el Gobierno estuvo en funciones (por la incapacidad política del PP de aceptar que ser la lista más votada no le hace ganar las elecciones), están detrás del retraso.

España ya fue multada por el retraso en casi dos años de liberalizar el sector de la estiba. Inicialmente la multa fue de más de 24 millones pero el pasado mes de julio se rebajó a tres millones.

¿Aceptarán los partidos derechistas, católicos y cómplices del partido acusado de beneficiarse de una trama corrupta que la ciudadanía siga pagando los platos rotos? ¿Seguirá el PSOE mirándose el ombligo en lugar de facilitar un gobierno alternativo basado en una Moción de Censura conjunta?

martes, 7 de noviembre de 2017

EL GOBIERNO DEL PP INFLA SU PRESUPUESTO DE AYUDA AL DESARROLLO

España es el país europeo que más infla su presupuesto de ayuda al desarrollo. El falseamiento de cifras supone en nuestro país más de la mitad de los recursos destinados a este tipo de ayudas

España continúa sin cumplir sus compromisos económicos de ayuda al desarrollo. A pesar del notable avance que muestran los datos de AOD (Ayuda Oficial al Desarrollo) durante último año, nuestro país se sitúa a la cabeza de la UE en cuanto a porcentaje de “ayuda inflada” con respecto al volumen presupuestario total destinado a esta materia. Un falseamiento de las cifras, a través de la inclusión de partidas que en modo alguno ofrecen apoyo económico directo a los países receptores, que en España supone más de la mitad de los recursos dedicados a este tipo de ayudas.

El informe Aid Watch 2017, publicado por la organización CONCORD denuncia la expansión de este porcentaje de “ayuda inflada” entre gran parte de los países de la UE. Una práctica que aleja a los Estados miembro del cumplimiento real del objetivo –aun así lejano- de destinar el 0,7% de su INB a AOD, establecido en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

El documento de CONCORD destaca como más de la mitad del incremento en estas ayudas durante los dos últimos años por parte de la UE –hasta alcanzar los 75,46 millones en 2016- corresponde a “ayuda inflada”, es decir, no relacionada con inversiones “genuinamente” destinadas AOD. Una desviación de los objetivos primigenios de este tipo de ayudas, materializado principalmente a través del pago de deuda exterior, el control de la migración y la expansión comercial, que representó el 20% de la AOD total declarada por la UE el pasado año.

Esta “ayuda inflada” es señalada como la causa principal de los significativos aumentos registrados a lo largo de los últimos años. Un incremento de la AOD que se hizo palpable en 23 de los 28 Estados miembros durante 2016 -alcanzando el 25% en diez de ellos-, y que sin embargo tan solo ha permitido la incorporación de Alemania al denominado “Club del 0,7%”, formado por aquellos países donantes cumplidores de las promesas de ayuda, que completan Dinamarca, Luxemburgo, Suecia y el ya ex comunitario Reino Unido. De entre ellos, el informe tan solo destaca la actuación de Luxemburgo y Suecia como los dos únicos países cuya inversión fue destinada a lograr un impacto “genuino” en los países destinatarios de la ayuda. El resto de países de la UE, no solo se sitúan lejos aún del objetivo del 0,7% comprometido internacionalmente –con una media comunitaria que asciende actualmente a tan solo el 0,5% del INB-, sino que en su gran mayoría presentan alarmantes niveles de “ayuda inflada” para el desarrollo.

España representa el ejemplo más evidente del fracaso en los mecanismos de control y fiscalización de los programas de AOD. Nuestro país es líder de la UE en “ayuda inflada”, con un 53% de ayuda española contabilizada durante 2016 perteneciente a esta categoría. Datos que contrastan con el ya elevado 20% comunitario, y que explican el notable avance que experimentó la ayuda española en tan solo un año, tras terminar el anterior ejercicio a la cola europea en cuanto a AOD, con un escaso 0,12%. La principal causa de este falseamiento de los datos de ayuda al desarrollo se encuentra en la operación de cancelación de la deuda histórica de España con Cuba: el denominado “soufflé cubano”. Una inversión de 1.950 millones de euros destinados durante este período a sufragar la deuda con el país caribeño, en detrimento de ayudas de apoyo real al desarrollo de países pobres, que representan en torno a la mitad del gasto español en AOD durante 2016. Sin dicha operación, la parte genuina de la ayuda se limitó a 1.686 millones, nivel todavía lejano a los 4.750 millones -0,45% del INB- de antes de la crisis y, por supuesto, del 0,7% comprometido.

Otra de las prácticas más características de este inflamiento de la AOD, y la más extendida entre los Estados miembro, es la incorporación de los costes derivados del asilo de refugiados como parte de esta ayuda al desarrollo. Los datos de CONCORD muestran que estas partidas presupuestarias están detrás del 30% del aumento total de la ayuda de la UE en 2016 –y más del 45% desde 2014-, representando 1 de cada 7 euros invertidos en AOD por parte de la UE. La distribución por países nos da muestra de en qué medida los diferentes gobiernos comunitarios se han aprovechado de esta circunstancia para inflar sus cifras de ayudas. De entre los 28 Estados miembro de la UE, tan solo Chipre, Croacia y Luxemburgo no inflaron su AOD a través de esta práctica, y hasta cuatro de ellos -Grecia (83,1%), Italia (71,4%), Bulgaria (69,2%) y Austria (61,5%)- superaron el 60% de gasto de su ayuda bilateral en el coste de la manutención refugiados en su propio territorio.

Del mismo modo, el informe denuncia de forma particular el caso de Alemania, cuya inclusión como parte de los países cumplidores del 0,7% viene sustentada fundamentalmente por un 25% de este gasto procedente de la inversión en el coste del asilo de refugiados. 

De esta forma, el país germano, al igual que otros, se convirtió en el principal recetor de su propia ayuda internacional. Un modelo que CONCORD denuncia como engañoso, ya que “poco que ver con la ayuda al desarrollo y no se relaciona directamente con el propósito principal de la AOD, que debe ser luchar contra la pobreza en países en desarrollo”.
-----------------
Espacio de información realizado con la colaboración del Observatorio Social de “la Caixa”.

AUTOR: Carlos H. de Frutos

miércoles, 14 de junio de 2017

DEBATE DE LA MOCIÓN DE CENSURA A MARIANO RAJOY

PP y Ciudadanos dejan casi vacías sus bancadas en el turno de IU y las confluencias

Iglesias aprovecha su réplica para apelar al PSOE: vuelve a tender la mano y pide moderación en las formas. Alberto Garzón, Xavier Domènech y Antón Gómez-Reina ahondan en sus argumentos para respaldar la moción. El líder de En Comú Podem pide al PSOE que vaya "algo más allá" del reconocimiento de la plurinacionalidad cultural en la crisis catalana, y reprocha al PP que no tengan "capacidad de proponer nada". "Están ustedes fuera de tiempo. Sólo resistiendo no se gobierna"

Pese a que la inmensa mayoría de sus diputados estuvieron presentes en la primera jornada del debate de moción de censura, el martes, tras el duro rifirrafe entre Pablo Iglesias y Albert Rivera muchos de los parlamentarios de PP y C's han abandonado el hemiciclo, en el que la ausencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, era evidente.

Domènech: "No son el partido del orden. Son el caos encarnado que se mantiene contra la voluntad de la ciudadanía"

Unidos Podemos ha repartido sus 30 minutos de intervención entre los portavoces de Izquierda Unida y las confluencias. En su discurso, el líder de En Comú Podem, Xavier Domènech, aseguraba que esta iniciativa contra el Gobierno de Rajoy "ha traído un debate real a la cámara por primera vez en año y medio".

Domènech ha resaltado el "problema de legitimidad del Gobierno", y ha identificado al PP como el "partido de la corrupción y de la desigualdad", además de como el responsable de haber llevado a la "peor relación entre España y Catalunya". "No son el partido del orden. Son el caos encarnado que se mantiene contra la voluntad de la ciudadanía", sentenciaba.

Garzón: "Si en este país eres oligarca o amigo del PP no entras en la cárcel, porque este sistema esta podrido"

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha responsabilizado al PP -"Un partido corrupto que está destruyendo las bases democráticas"- del aumento de la "desigualdad", la "precariedad y la opresión de las clases populares".  Garzón defendía que corrupción son también "las privatizaciones y reformas laborales" que el Partido Popular utiliza para "aumentar la desigualdad", y que a su vez son "formas de hacer negocios". "Si en este país eres oligarca o amigo del PP no entras en la cárcel, porque este sistema esta podrido", apostillaba.

Gómez-Reino: "Sólo por la relación epistolar con el hampa del guante blanco deberían dimitir el señor Rajoy y el Gobierno del PP"

Por su parte, el protavoz de En Marea, Antón Gómez-Reino Varela, destacaba que la formación que más reivindica el "decoro parlamentario", el PP, dejaba su bancaba vacía mientras su grupo subía a la tribuna de oradores, y recordaba los SMS del presidente del Gobierno a Luis Bárcenas y a su esposa, Rosalía Iglesias. "Sólo por la relación epistolar con el hampa del guante blanco deberían dimitir el señor Rajoy y el Gobierno del PP", apostillaba. Gómez-Reino ha afeado al presidente su "cinismo", y ha asegurado que "sus socios y amigos son ya cadáveres políticos, cuando no delincuentes condenados". "No hay futuro posible con la oligarquía y la corrupción copando las instituciones", afirmaba, antes de lanzar un último mensaje al PP: "No nos van a robar el futuro".

Iglesias aprovecha su réplica para allanar el camino con el PSOE
En su réplica, tras alabar el trabajo de las fuerzas que cohabitan en el grupo parlamentario Unidos Podemos, Iglesias aprovechaba para volver a tender la mano al PSOE, con un tono mucho más relajado que el que había empleado minutos antes con Rivera.

Iglesias: "Hay una urgencia democrática en España, y es sacar a estos corruptos del Gobierno"

Ofrecía a los socialistas liderar la alianza que quiere impulsar para "echar al PP", y les pedía "con todo el respeto" que "no se equivoquen hoy con las formas". "No tendemos la mano de forma retórica", apuntaba, incidiendo en que "es una obviedad" que en los próximos días y "años" ambos grupos tendrán que entenderse. "Hay una urgencia democrática en España, y es sacar a estos corruptos del Gobierno".

Algo antes, el líder de En Comú también apelaba al PSOE: "Esperamos que si no hoy, mañana, ustedes impulsen una moción de censura. Podemos echar al PP hoy, no mañana". Pedía al Partido Socialista que vaya "algo más allá" del reconocimiento de la plurinacionalidad cultural en la crisis catalana, y reprochaba al PP que no tengan "capacidad de proponer nada". "Están ustedes fuera de tiempo; sólo resistiendo no se gobierna", apuntaba.

Dejando a un lado el llamamiento al Partido Socialista, Iglesias usaba su tiempo en la tribuna para felicitar por su trabajo a los tres portavoces. A Gómez-Reino le agradecía su ayuda para "entender la realidad nacional galega", y aprovechaba para homenajear a Xosé Manuel Beiras, "una figura irrepetible"; a Garzón lo ensalzaba como representante de la "tradición política más digna de este país" -con mención a Julio Anguita-, y a Domènech le reconocía que su formación "ha convertido Barcelona en un ejemplo de que se puede gobernar de otra forma y de manera diferente, con cita a Ada Colau incluida. 

martes, 25 de abril de 2017

Fracaso de la socialdemocracia en las elecciones en Francia: ¿y ahora qué?

La socialdemocracia ha obtenido el peor resultado de su historia reciente en las elecciones presidenciales y no estará presente en la segunda vuelta. Con el Partido Socialista en sus últimos estertores, Jean-Mélenchon se apresta a recoger el testigo del liderazgo del progresismo en Francia.


Pasada la resaca de la noche electoral, la primera vuelta de la elección presidencial en Francia ha evidenciado tres hechos: uno, el fin del bipartidismo en el Hexágono con la victoria del candidato centrista, el socioliberal Emmanuel Macron (24% de los votos); un segundo, el espectacular ascenso de la extrema derecha, que por primera vez ha superado la barrera de los siete millones de papeletas (7,6 millones, el 21,3% de los votos); el tercero es el fracaso de la socialdemocracia como alternativa electoral.

En efecto, la socialdemocracia francesa obtuvo el domingo su peor recuento en toda la historia de la V República: sumó tan solo un escuálido 6% para el candidato socialista, Benoît Hamon. El resultado, a todas luces insuficiente para otorgar al Partido Socialista un peso real en el futuro paisaje de la política nacional francesa, deja a la izquierda huérfana de su partido de referencia tradicional por su políticas derechistas, neoliberales y de apoyo a la élite olvidando a la mayoría social. Algo similar a lo que esperamso ocurra en España con el PSOE.


lunes, 2 de enero de 2017

LA UE ENMIENDA LA PLANA A RAJOY


La Unión Europea a través de una Decisión del Consejo de 2 de agosto de 2016 estableción un duro varapalo al gobierno de Rajoy al denunciar, una vez más, una manera de gobernar OPACA, LLENA DE OBSTACULOS AL CONTROL Y DE BARRA LIBRE PARA LOS AMIGUETES DEL PP. Lo hizo mediante una advertencia a España por la que el gobierno de Rajoy debe establecer un marco coherente que garantice la transparencia y la coordinación de la política de contratación pública de todas las entidades y autoridades de contratación a fin de garantizar la eficiencia económica y un alto nivel de competencia. Dicho marco debe incluir mecanismos de control a priori y a posteriori adecuados para la contratación pública a fin de garantizar la eficiencia y el cumplimiento de la legislación.

«España también debe prestar la debida atención a los aspectos cualitativos de las finanzas públicas, incluida su política de contratación pública. Ha sido significativo el número de irregularidades con un impacto en la aplicación de la legislación sobre contratación pública de la UE puesto en conocimiento de la Comisión durante los últimos años. Los datos ponen de manifiesto que existen divergencias en la ejecución de los contratos públicos en las entidades y autoridades de contratación y que la falta de mecanismos de control a priori y a posteriori suficientes obstaculiza la aplicación correcta y uniforme de la legislación en materia de contratación pública. España destaca por una baja tasa de publicación de los anuncios de contratos y un nivel relativamente elevado de recurso al procedimiento negociado sin publicación previa en comparación con otros Estados miembros. Esto se traduce en una competencia limitada de las empresas de los demás países de la UE y, con frecuencia, en adjudicaciones directas, con consecuencias en términos de aumento del gasto de las administraciones públicas. El uso limitado de los instrumentos de contratación centralizada o conjunta impide que las mejoras de eficiencia contribuyan a los ahorros presupuestarios. La falta de un organismo independiente encargado de garantizar la eficacia y el cumplimiento de la legislación en materia de contratación pública en todo el país obstaculiza la aplicación correcta de las normas de contratación pública y puede generar oportunidades para cometer irregularidades, lo cual tiene efectos negativos sobre la situación de la hacienda pública española.» Como se puede apreciar, entre otros aspectos que pone de manifiesto la Decisión del Consejo, se menciona expresamente que «España destaca por una baja tasa de publicación de los anuncios de contratos y un nivel relativamente elevado de recurso al procedimiento negociado sin publicación previa en comparación con otros Estados miembros».

Desde IZQUIERDA UNIDA nos sumamos a esta denuncia, que invalida una forma de gobernar para unos pocos y que pone en peligro a un sistema de producción de la pequeña y mediana empresa para primar a los amiguetes del IBEX 35, a los especuladores  y a las tramas corruptas.

sábado, 24 de diciembre de 2016

Para que parezca que van a hacer algo: Hacienda vigilará la concesión de autopistas de peaje

La Oficina de Evaluación creada por Montoro tendrá que aprobar los proyectos de las concesionarias privadas antes de adjudicarles el contrato

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, junto a la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, tras equivocarse en la votación de una iniciativa sobre el futuro de las autopistas de peaje

El Ministerio de Hacienda vigilará la viabilidad financiera de las concesiones de infraestructuras públicas como las autopistas de peaje para evitar que tengan que ser rescatadas por el Estado en caso de que las concesionarias privadas quiebren, como ha ocurrido con ocho vías de pago recientemente.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, anunció este miércoles que su departamento promoverá cambios en la legislación para "proteger al Estado" de esos rescates de forma que las futuras obras de infraestructuras que se adjudiquen a través de un contrato de concesión tendrán que tener previamente el visto bueno de la Oficina de Evaluación del Ministerio de Hacienda con el fin de garantizar que tengan "una viabilidad lo más ajustada posible".

"Las someteremos al análisis de esta la nueva oficina, que será la que analice la conveniencia o no de licitarlas", explicó De la Serna durante la sesión de control al Gobierno del Congreso.

Fomento también prevé cambios en la Ley de Contratos para que la Administración pueda actuar presentando "recursos de lesividad" en el caso de los costes de expropiación de terrenos para construir una infraestructura "se multipliquen sin causa razonable". Se trata de evitar que se disparen los costes de expropiación como ocurrió con las ocho autopistas quebradas que tuvieron que afrontar pagos de 2.200 millones de euros frente a los 400 previstos.

Además, De la Serna avanzó modificaciones también en el sistema concesional para cambiar el actual reparto de riesgos entre la compañía adjudicataria y el Estado, de forma que dichos riesgos sean mayores para la empresa privada. "Adoptaremos estas medidas para proteger al Estado ante este tipo de situaciones en el futuro", aseguró el ministro de Fomento.
Coste del rescate

En cuanto a la quiebra de ocho autopistas de peaje, De la Serna reiteró que trabaja para "minimizar" el impacto del rescate de estas vías "para el conjunto de la sociedad" y garantizar que sigan en servicio, pero no quiso cuantificar el coste que las empresas cifran en más de 5.000 millones de euros y el Gobierno quiere rebajar a menos de la mitad.

El ministro ya avanzó el lunes, también en el Congreso, que el coste de la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) ante las empresas concesionarias de estas autopistas, esto es, el importe que debe abonarles por la inversión que realizaron en su construcción, tardará aún en determinarse y, con toda probabilidad, será objeto de un proceso judicial.

En la actualidad, ya están en situación de liquidación tres vías. La R-3 y la R-5, que el Ministerio ya ha convenido asumir antes de julio de 2017, y la AP-36 Ocaña-La Roda. Y otras cinco están pendientes de resolución judicial.

El ministro defendió que el Gobierno del PP no ha dedicado "ni un sólo euro" a estas vías, y contrapuso las medidas adoptadas por los gobiernos populares con las aprobadas por el último Ejecutivo socialista que, según remarcó, concedió a las autopistas créditos participativos por 483 millones de euros y les habilitó cuentas de compensación por 80 millones, además de aprobarles aumentos del precio de peaje de hasta el 18% y ampliaciones del plazo de concesión, informa Europa Press.

En cuanto a las causas de la situación de quiebra de las autopistas, el ministro apuntó que en el momento en que se proyectaron y adjudicaron era "francamente difícil de prever" que el tráfico de las autopistas fuera a caer el porcentaje del 35% que descendió durante la crisis.

viernes, 23 de diciembre de 2016

GARZÓN EXIGE EXPLICACIONES SOBRE LA DEVOLUCIÓN DE LAS CLAUSULAS SUELO

Garzón pide que comparezca Guindos para explicar cómo se devolverá el dinero de las cláusulas suelo


El líder de IU solicita la comparecencia urgente en el Congreso del ministro de Economía "tras ver la tibia respuesta dada por buena parte de los bancos afectados"

¿Cómo van a devolver los bancos los más de 4.000 millones de euros que cobraron de más a sus clientes por las cláusulas suelo? Eso es lo que el coordinador federal y portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Alberto Garzón, quiere que se explique en sede parlamentaria.

Por ello ha presentado este jueves una solicitud de comparecencia urgente del ministro de Economía, Luis de Guindos, para que explique en el Congreso "las actuaciones" que va a llevar a cabo Economía para que las entidades financieras "devuelvan todo el dinero de las cláusulas suelo a los consumidores afectados, dando cumplimiento así a la sentencia emitida ayer por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE)".

Izquierda Unida pone en marcha esta iniciativa desde el grupo confederal de Unidos Podemos, "que espera que no sea vetada por el Gobierno del PP o alguno de sus socios en la Cámara Baja, tras ver la tibia respuesta dada por buena parte de los bancos afectados por la negativa decisión para ellos de la justicia europea", explica Garzón.

Estas entidades van a tener que devolver más de 4.000 millones de euros "cobrados ilegalmente desde noviembre de 2009, cuando bancos y cajas activaron su comercialización, y el 9 de mayo de 2013, fecha sobre la que sentó precedente el Supremo para instar a devolver lo cobrado". IU, por su parte, calcula que el montante total a devolver rondaría los 7.000 millones de euros.

En este sentido, recuerda que "buena parte" de los bancos españoles llevan desde 2012 litigando para responder las reclamaciones de los centenares de miles de afectados.

"Ahora, pese a la favorable sentencia del TJUE para los consumidores, los bancos no tienen intención de devolver de forma automática el dinero cobrado a sus clientes ilegalmente. Pretenden atender y revisar una por una las reclamaciones que les lleguen, alargando de esta manera el ya largo perjuicio para los afectados", añade.

"Golpe doloroso" pero no "mortal"
La decisión del tribunal europeo ha supuesto un revés para las entidades financieras españolas, que ayer caían en bolsa hasta el 11% tras conocerse la sentencia. El "golpe" ha sido "doloroso, pero no mortal", según el influyente Financial Times.

En un artículo de su sección de opinión The Lex Column, el periódico pone en valor que la mayoría de los bancos con cláusulas suelo, a excepción de Banco Santander y Bankinter que no las aplicaban en sus hipotecas, ya han realizado provisiones que cubren la mayor parte del periodo que deben devolver.

Los bancos españoles tendrán que provisionar entre 2.500 y 3.000 millones de euros adicionales
En este sentido, cita a analistas de KBW para estimar que el sector tendrá que provisionar otros 3.000 millones de euros adicionales para devolver los intereses cobrados de más desde el origen del préstamo hasta el 9 de mayo de 2013, fecha sobre la que había sentado precedente el Tribunal Supremo a partir de la que devolver lo cobrado por este tipo mínimo por falta de transparencia.

No obstante, el banco de inversión Goldman Sachs reduce la cifra de provisiones a 2.500 millones de euros en un informe que recuerda que las entidades ya destinaron 1.200 millones de euros para cubrir el impacto que supondría una sentencia en su contra.
BBVA, el banco más expuesto

Los analistas señalan a BBVA como el banco "más expuesto" a los efectos de la sentencia, con una potencial provisión por 1.200 millones de euros en el caso de que las cláusulas suelo deban ser reintegradas en su totalidad, seguido de Caixabank, con 750 millones.

Sin embargo, aclaran que el impacto final será menor dependiendo de cómo se implemente la resolución jurídica. BBVA aclaró ayer que estima un impacto negativo neto de unos 404 millones de euros en el beneficio atribuido del grupo de 2016 para cubrir la contingencia de futuras reclamaciones.

"Según nuestras estimaciones, esta cifra equivale aproximadamente a la mitad de las potenciales provisiones", señala Goldman Sachs, que destaca que la decisión del Tribunal europeo ha sido "una sorpresa" para el mercado, teniendo en cuenta que el abogado general apostó por limitar la retroactividad.

"La razón inicial para invertir en los bancos españoles permanece", dice el 'Fincial Times'
Para el Financial Times, el impacto esperado por estos analistas en el capital de la banca oscilará entre los 10 y los 90 puntos básicos y señala a Banco Sabadell, Banco Popular y Liberbank como las entidades más afectadas por la retroactividad total de las cláusulas suelo.

Eso sí, destaca que no será suficiente para provocar un impacto elevado en el "decente" nivel de capital CET1 de más del 12% en general del que goza la banca española. Además, valora la reducción de los niveles de morosidad, pero advierte sobre la dificultad del negocio bancario, con las hipotecas y el crédito a empresas aún reduciéndose.

"La razón inicial para invertir en los bancos españoles permanece", sostiene el diario económico, que recuerda que las entidades deberían beneficiarse del vigor de la actividad económica en España, que crece más de un 3% en tasa interanual. "Un ritmo frenético para una economía europea", subraya.

En cuanto al impacto en el capital, Goldman Sachs indica que Caixabank será la entidad más perjudicada (-39 puntos básicos), seguida de Popular (-34 puntos básicos).

Si bien el impacto en el capital de Caixabank parece elevado en comparación con sus competidores, los expertos esperan que acabe el año con un ratio del 11,2%. En el caso de Popular, creen que la clave está en si estas provisiones ya están incluidas en las que contempla realizar el banco por 4.700 millones.


sábado, 17 de diciembre de 2016

UN RESCATE PARA MÍ, Y PARA MIS AMIGOS LO QUE QUIERAN

MÁS DINERO PÚBLICO PARA SALVAR EL NEGOCIO DE LAS CONSTRUCTORAS:

El Gobierno rescata el túnel del AVE a Francia y asumirá la deuda de ACS y su socio. 

Francia y España rescinden el contrato con las constructoras y el próximo lunes firmarán en París el acuerdo por el que los dos Estados se harán cargo de la infraestructura.

http://www.publico.es/economia/gobierno-rescata-tunel-ave-francia.html


lunes, 28 de noviembre de 2016

CULPABLE POR MALVERSACIÓN Y DIMISIÓN DE SUS FUNCIONES


Teresa Fernández ha sido declarada culpable por malversación de fondos. La segunda teniente alcalde de la ciudad dejará también su acta de concejal en el último pleno del año "para no dañar el pacto de gobierno".

Cosas como éstas son las que no DEBEN ocurrir en nuestra organización. Debemos ser totalmente escrupulosos en la línea que define lo público (de tod@s) y los privado.