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jueves, 18 de enero de 2018

La dolorosa ausencia de los republicanos españoles deportados en una exposición sobre Auschwitz

Este 5 de mayo se cumple el 72 aniversario de la liberación de los tristemente célebres campos de concentración de Mauthausen y Gusen, donde miles de republicanos españoles dejaron sus vidas trabajando sin descanso en su cantera o en su “escalera de la muerte”. Pero también en Buchenwald, Majdanek, Auschwitz, Dachau, Ravensbrük, Sachsenhausen… 

En concreto y desde el punto de vista de nuestra provincia, la exposición debería rendir tributo a Miguel Martín, natural de Sigüenza asesinado el 03/09/1944 en Auschwitz

Se pueden localizar a los republicanos de Guadalajara asesinados en: 



Por Antonina Rodrigo
Escritora y miembro de honor de la Amical de Ravensbrück

Asombra dolorosamente la ausencia de los deportados Republicanos españoles en el holocausto nazi, en la bien instalada exhibición sobre el campo de exterminio de Auschwitz, del Centro de Exposiciones Arte Canal de Madrid. Hasta el punto de que cuesta creerlo, por inexplicable, teniendo en cuenta que en este campo hubo compatriotas nuestros. Pero no solo aquí, los españoles fueron exterminados. También en otros campos nazis: Mauthausen, Buchenwald, Dora Mittelbau, Dachau, Bergen Belsen, Ravensbrück, Flossenburg, Neuengamme, Oranienburg, Natzweiler, Treblinka, Strutthop, Rawa Ruska, Schirmer. Es decir, que hubo prisioneros españoles internados en quince de los veintidós campos principales nazis, diseminados por la Europa ocupada por las tropas y los servicios policiales del Tercer Reich alemán.

Al final de nuestra visita a la siniestra muestra de los horrores nazis, preguntamos por la persona responsable. Nos recibió una señora que, amablemente, nos dijo que la exposición venía conformada de Alemania, y que la empresa española que había corrido con el montaje en Madrid era Musealia. El Centro se había limitado a alquilar las salas.

Nos negábamos a admitir que en la explícita muestra de los horrores nazis no hubiese ni un solo panel dedicado a la deportación de los miles y miles de republicanos españoles: mujeres, hombres, ancianos, niños, heridos. Y para que las nuevas generaciones conocieran la alianza del franquismo con el nazismo ilustrarlo con la foto en la que Franco saluda, rendidamente, a su aliado Hitler en la frontera española.

La vida de nuestras gentes refugiadas fue de una honda miseria y dramatismo. Hasta marzo de 1945 no obtuvieron el estatuto de refugiados políticos. En 1947, a raíz de la condena moral al régimen franquista por las Naciones Unidas, se cerró la frontera francesa. Pero tres años más tarde, el franquismo recibía el doble espaldarazo de la firma del pacto militar con Estados Unidos y el beneplácito de un nuevo concordato con la Santa Sede vaticana. La Iglesia, cómplice de Franco durante la Guerra Civil, como siempre, desde tiempo inmemorial, aliada con el poder. Las democracias volvieron a mantener la pervivencia del franquismo en el poder, para desolación del valioso y numeroso exilio español.

¿Hasta cuándo vamos a tener que soportar en este país la afrenta de la tergiversación de la realidad histórica, las ocultaciones e infamias, la indiferencia contra aquellos luchadores antifascistas que tomaron partido contra la injusticia, y tras combatir el fascismo en España, lanzados al exilio en 1939, fueron internados en desolados campos de concentración franceses? ¿Para cuándo, el reconocimiento a la lucha en la guerra, el maquis y la contribución en la resistencia francesa de nuestros hombres y mujeres, contra el invasor nazi, en tierras francesas, en denodada lucha por las libertades? Hombres y mujeres, y a veces niños estafetas, cazados en territorio francés por las SS y la Gestapo para explotarlos hasta su extenuación en fábricas de armamento, y terminar en las cámaras de gas o en los hornos crematorios. ¿Cuándo se va a enseñar en las escuelas la lucha del pueblo español, dentro y fuera de nuestras fronteras, y que los primeros libertadores que entraron en París, el 24 de agosto de 1944, eran soldados españoles republicanos?

Pensamos que si esa exposición, afrentosa para la memoria de los luchadores y víctimas del nazismo, de la que al parecer nadie se ha hecho responsable, se hubiese dedicado a criticar al superviviente general golpista, un coro de voces se habría alzado, como trompetas de Jericó, prohibiendo su contenido y reescribiendo los fastos gloriosos del dictador. Y es que la Transición nos trajo de nuevo el silencio, dogma de los vencedores, el miedo que aherrojó bocas, y en muchos casos el terror los hizo serviles, para sobrevivir a la represión del régimen franquista.

Creemos que, a pesar de los diez años transcurridos desde la Ley de Memoria Histórica, como derecho humano, es molesta para una mayoría de gentes de sensibilidad amorfa y visión cegata, que apela al gasto que supone para el país. Y ahí continúan en sus fosas, cunetas y descampados, sin exhumar, las víctimas del franquismo, al mismo tiempo que se suceden las beatificaciones a los eclesiásticos y religiosos, mártires de la Cruzada. El Gobierno, la Justicia, la Iglesia y personas influyentes permanecen ajenas a la verdad, justicia y reparación, de las víctimas republicanas.

El escaso interés de los responsables gubernamentales y culturales en vigilar los contenidos de la exposición del madrileño Centro de Exposiciones y exigir su rectificación, corresponde a la negativa que la presidenta de la Asamblea de Madrid, el parlamento regional de la comunidad autónoma, dedica a las víctimas del nazismo, al prohibir el simple recordatorio de los nombres de más de quinientos deportados madrileños, una gran parte exterminados en los campos nazis, el Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las víctimas del Holocausto, a petición de la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica. Su actitud implica el rechazo a restablecer la Memoria de nuestra historia, silenciada y oculta, a las nuevas generaciones, con un argumento insostenible: “La lectura de los nombres de todas y cada una de las personas madrileñas que fueron víctimas haría necesaria la lectura de los nombres de los millones de víctimas”, leemos en el periódico digital Diario.es (13 enero 2018).

viernes, 12 de enero de 2018

CCOO e IU conmemorarán el centenario del nacimiento de Marcelino Camacho

Se quiere revindicar su figura no sólo desde el punto de vista de su "compromiso político" sino por lo que simboliza para la lucha obrera y las transformaciones de la clase trabajadora


Comisiones Obreras, Izquierda Unida y el PCE han preparado, junto a la familia de Marcelino Camacho, diversos actos que celebrarán a lo largo de este año para reivindicar la figura del histórico sindicalista y la "memoria de la lucha obrera" que simboliza, cuando se cumplen 100 años de su nacimiento.

El que fuera el primer secretario general de Comisiones Obreras, fallecido el 29 de octubre de 2010, representa, según estas organizaciones, una figura clave para entender lo que significó la lucha obrera durante la posguerra, el franquismo y también durante la Transición, y para la consecución de los derechos y libertades que rigen hoy en día.

En concreto, la comisión designada para organizar el centenario ha programado un primer acto para el 21 de enero (día de su nacimiento, en 1918), que tendrá lugar en el auditorio que lleva su nombre y en el que habrá una "fuerte" presencia de la sociedad civil, de otras fuerzas políticas y también de instituciones como el Ayuntamiento de Madrid, que estará representado por su alcaldesa, Manuela Carmena.

Documental y exposición
También se estrenará el documental 'Lo posible y lo necesario', dirigido por Adolfo Dufour Andía, que relata la vida de Marcelino Camacho desde la Guerra Civil, pasando por su exilio, el nacimiento de CC.OO., su lucha contra la dictadura y "por la libertad".

Asimismo, los organizadores están preparando una exposición, que será itinerante, y un acto solemne que coincidirá con el octavo aniversario de su fallecimiento, el 29 de octubre, para conmemorar "una vida llena de lucha, por la libertad y por los derechos laborales y democráticos de los trabajadores".

"Patrimonio de todos los demócratas"
"Es un patrimonio común de todas las gentes de bien de este país, de todos los demócratas", ha asegurado el coordinador del PCE, Enrique Santiago, quien ha destacado que, además, Marcelino Camacho fue "la historia" de su partido, por lo que contribuyó a su desarrollo y a la lucha contra la "cruel dictadura", durante la guerra, el exilio y la cárcel.

En esta línea, el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha reivindicado la necesidad de recordar la figura de Marcelino Camacho no sólo desde el punto de vista de su "compromiso político" sino por lo que simboliza para la lucha obrera y las transformaciones de la clase trabajadora.

"Sin el ejemplo de Marcelino Camacho, hoy viviríamos en un país mucho más injusto", ha defendido, para añadir que los actos programados (al que se sumará otro que organizará IU) tienen un gran "valor pedagógico para las generaciones jóvenes.

El papel 'silenciado' de la lucha obrera
Por su parte, el secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha hecho hincapié en el papel de Marcelino Camacho y de la lucha obrera en "una parte de la historia de la Transición que no se ha contado". "España tenía planteado un modelo de Transición distinto, pero fueron la lucha de miles de trabajadores, las huelgas y la negativa de CCOO y el PCE de asumir aquel escenario los que corrigieron el rumbo", ha asegurado. "Hay que hacer mucha pedagogía en España sobre el papel que jugó nuestra gente en determinados momentos históricos", ha añadido Sordo.

En la misma línea, el hijo de Marcelino Camacho, Marcel Camacho, ha lamentado que en la historia de la Transición "se ha ocultado la lucha de los trabajadores". "Como familia, queremos que con este centenario se ponga en su sitio a la lucha de los trabajadores que consiguieron que la libertad llegara a este país", ha enfatizado.

jueves, 11 de enero de 2018

ELECCIONES 2019

Garzón urge a Iglesias a cerrar la confluencia de las municipales y autonómicas para hacer frente al "desgaste" político



Así lo pondrá de manifiesto durante la reunión que celebrará la Coordinadora Federal de IU, según el análisis político que está ultimando. "Nuestra apuesta por la confluencia es tan firme como mayoritaria, pero es necesario que empiece a concretarse el cómo lo antes posible", recuerda. 

El coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha lanzado un llamamiento a sus socios de Podemos para cerrar en este primer trimestre de 2018 el acuerdo-marco para confluir juntos en las elecciones autonómicas y municipales de 2019, un gesto que en su opinión permitiría hacer frente al "desgaste" del espacio político que conforman y así prepararse cuanto antes para la nueva cita con las urnas.

Así lo pondrá de manifiesto el próximo sábado durante la reunión que celebrará la Coordinadora Federal de IU- el máximo órgano ejecutivo de dirección-, según el análisis político que está ultimando, y al que ha tenido acceso Europa Press.

En su documento, en el que repasa el 2017, analiza la bajada de Unidos Podemos en las encuestas, y hace autocrítica de los resultados en las elecciones catalanas, Garzón identifica como posible solución a la pérdida de apoyos de la izquierda la construcción de "espacios ricos y vivos" de confluencia.

"Nuestra apuesta por la confluencia es tan firme como mayoritaria. Pero es necesario que empiece a concretarse el cómo lo antes posible para beneficio de la izquierda y como una rápida reacción ante el nuevo contexto", asegura Garzón en su informe, en el que también señala que ese nuevo contexto "obliga a cambiar". "Es imposible pretender que se mantengan las cosas como hasta ahora", advierte.

A su juicio, "lo óptimo" sería cerrar el acuerdo-marco para confluir en Comunidades Autónomas y municipios "dentro del primer trimestre de 2018, para iniciar el año previo a las elecciones con un horizonte claro y bien definido" -las elecciones municipales están previstas para mayo de 2019-.

Confluencias con "visibilidad justa de todos los actores"
Eso sí, avisa de que "cualquier propuesta de confluencia debe partir del trabajo colectivo, desde abajo", y garantizar "la visibilidad justa de todos los actores", haciendo alusión a una de las peticiones que IU ya puso de manifiesto a nivel nacional, en el grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea que comparten con el partido morado y las confluencias catalana y gallega.

Izquierda Unida y Podemos iniciaron en verano sus conversaciones para reeditar en las municipales y autonómicas de 2019 la alianza que ya alcanzaron para concurrir juntos en las elecciones generales de junio de 2016, en el conocido como 'pacto de los botellines' -con los que posaron entonces el líder de Podemos, Pablo Iglesias, y Garzón tras anunciar su acuerdo-. Tanto en las generales de diciembre 2015 como en las locales de mayo de ese año, ambas formaciones habían concurrido por separado en casi todo el país.

Ahora, con el comienzo del nuevo año, IU se ha marcado como objetivo prioritario cerrar cuanto antes este acuerdo-marco, para poder comenzar a estudiar, tras las vacaciones de Semana Santa, aquellos casos que por sus características particulares requieran ser tomados como una excepción, según informan a Europa Press fuentes de la coalición de izquierdas.

Además, tal y como señala en su informe, Garzón considera que preparar esta confluencia para que sea sólida es clave para hacer frente a la pérdida de apoyos que está sufriendo su espacio político. "El espacio político de Unidos Podemos y las confluencias se está estrechando, si bien es especialmente gravoso en lo que se refiere al espacio de Unidos Podemos", advierte.

"Es preocupante que, según todas las encuestas, los porcentajes de fidelidad a Unidos Podemos han descendido hasta situarse como los peores de todas las grandes fuerzas. Aun siendo conscientes de las dificultades estructurales que nuestro espacio tiene, ya analizadas en el informe anual, tenemos la obligación de reaccionar para revertir esta tendencia", reclama.

Descenso "significativo" de la simpatía hacia Podemos
Garzón muestra especial preocupación por la situación de Podemos, ya que, según las encuestas, "la simpatía" hacia sus socios "ha descendido de forma significativa en los dos últimos años, mientras que la de IU se ha mantenido estable en niveles más bajos".

"Este no es un indicador de cómo se distribuirían los apoyos en una hipotética competición electoral, pero refleja un cierto y preocupante desgaste de nuestro aliado. Estos elementos deben constituir el fundamento de nuestra apuesta política, no pudiendo ignorarse en ningún caso", señala.

En su análisis de la pérdida de apoyos, Garzón también analiza en concreto los resultados de las elecciones catalanas, y señala que el propio conflicto en esa Comunidad ha sido "un factor potencialmente desestabilizador" que ha tenido "efectos perjudiciales" para el espacio político que representan, "y para la izquierda en general".

Ausencia de un discurso homogéneo hasta la campaña
Eso sí, también señala que además de esos "factores de fondo", es preciso tener en cuenta "la gestión de la situación en Catalunya" ya que, a su juicio, "probablemente ha contribuido a consolidar" dicha tendencia a la baja.

En concreto, Garzón afirma que el espacio de Catalunya En Comú-Podem "ha mantenido una posición política correcta y adecuada durante la campaña electoral, con un candidato excelente como Xavi Domènech, acentuando el conflicto de clase y la cuestión social".

"Sin embargo, el cambio de acento se ha producido demasiado tarde y sin la existencia de un relato homogéneo mantenido en el tiempo. No se trata sólo de situar la cuestión social encima de la mesa sino también de ofrecer una propuesta clara y en positivo a la cuestión territorial y que todo ello sea coherente en el tiempo", defiende.

En este contexto, el líder de IU concluye que trabajar cuanto antes para consolidar espacios de confluencia para las municipales y autonómicas es fundamental, en la medida en que "una mayor fragmentación de las fuerzas de izquierdas puede ser demoledora para el futuro del país".

sábado, 6 de enero de 2018

La insostenibilidad del AVE y la alternativa de Cercanías

La alta velocidad ferroviaria es, con diferencia, la infraestructura de transporte en la que más fondos públicos se han invertido en los últimos años en España. El AVE ha cumplido recientemente los 25 años. En este tiempo se han invertido, según ADIF, nada menos que  51.175 millones de euros, lo que supondría una media de más de 1.100 euros por español. Y esta cifra se refiere sólo al importe que ha supuesto la infraestructura, sin incluir, por tanto lo invertido por Renfe en la compra del centenar de trenes AVE con que cuenta para explotarla.


Hoy en día hay serias dudas sobre la sosteniblidad económica, ambiental y social del AVE, y en su conjunto requeriría de una profunda revisión, que se debería concretar en una auditoría independiente. El desarrollo del AVE se ha hecho sin planificación global, a golpe más de decisiones políticas que de necesidades reales. 

Algunos años se ha invertido en AVE una cantidad equiparable a la que se recortaba, por otro lado, en partidas sociales. Por ejemplo, el primer recorte aplicado por Zapatero en su ‘decretazo’ de mayo de 2010 suponía 15.000 millones de euros durante dos años, y la inversión en AVE en esos mismos dos años fue de 11.400 millones.

Son conocidos los servicios de AVE que se han tenido que cerrar porque, con un coste económico disparatado, daban servicio a menos de 10 pasajeros. Sin embargo, ha trascendido menos el tremendo despilfarro –además de su fuerte impacto ambiental y territorial– de muchos de los nuevos corredores de alta velocidad en los que se sigue enterrando el dinero que se nos recorta por otros lados.

De hecho no es de extrañar que países más ricos que España como Suecia, Finlandia Noruega… no tengan ninguna línea de alta velocidad, aunque sí disponen de una amplia y eficiente red de ferrocarriles.

DESDE AHORA EL CASAR PROPONEMOS ALTERNATIVAS MÁS SOSTENIBLES AL AVE

Otro caso, y por quedarnos más cerca: el Tribunal de Cuentas portugués decidió no asignar fondos a la línea de alta velocidad que conectaría Madrid con Lisboa, porque “no defiende el interés público y de los contribuyentes portugueses”. Mientras, en España vamos a gastar más de 2.600 millones de euros en la línea.

Luego está la tremenda disparidad en la asignación de presupuestos comparando con otras líneas de ferrocarril. Ha habido años que el AVE se ha llevado 150 veces más fondos que las cercanías, a pesar de que cada día viajan 30 veces más pasajeros en cercanías que en AVE. Una muestra clara de en qué tipo de pasajeros están las prioridades del Gobierno. Y eso sin contar las líneas de ferrocarril convencional abandonadas y cerradas, pese a la reclamación social de que vuelvan a ponerse en marcha. En los Presupuestos Generales del Estado de 2016 se destinaron todavía 3.500 millones para la construcción de nuevas líneas AVE y apenas 150 millones para nuevas líneas de trenes cercanías.

Todo ello debería invitar a la reflexión, y es que la actual huida hacia delante del Gobierno impulsando nuevas líneas de AVE carece de sentido. Las líneas de AVE ya construidas suponen un lastre económico muy importante, por ello es necesario repensar el futuro de esta infraestructura que sólo ha demostrado, en sus 25 años de existencia, ser insostenible económica, social y medioambientalmente. 

Invertir en ferrocarriles de Cercanías, que atienden a varios millones de personas diariamente, en lugar de un servicio insostenible y caro debería ser la prioridad de las administraciones. Claro, que primero hay que conocer a quienes dan preferencia estas mismas administraciones.


miércoles, 3 de enero de 2018

El partido de la Ley Mordaza se dispone ahora a atemorizar a los usuarios para que no ejerzan su derecho a expresar sus opiniones libremente

Facua rechaza prohibir el anonimato en las redes e insta a la oposición a hacer su trabajo, movilizarse y oponerse a la medida del PP

“El partido de la Ley Mordaza se dispone ahora a atemorizar a los usuarios para que no ejerzan su derecho a expresar sus opiniones libremente”, advierte el portavoz de la asociación de consumidores.


Facua-Consumidores en Acción ha mostrado su “absoluta oposición a la pretensión del Gobierno de prohibir el anonimato en las redes sociales”, ya que la medida “representaría una mordaza para la libertad de expresión y la libertad ideológica”. Por ello, la asociación de consumidores ha instado a todos los partidos de la oposición para que rechacen la medida anunciada por el Partido Popular. “No hay demanda social ni necesidad jurídica para aprobar esta aberración. Y no nos creemos que el objetivo sea acabar con amenazas y difamaciones”, ha advertido en un comunicado el portavoz de Facua, Rubén Sánchez. “El partido de la Ley Mordaza, el partido que ha utilizado desde el Gobierno a una policía política y a seudoperiodistas para propagar bulos difamatorios contra sus rivales políticos, se dispone ahora a atemorizar a los usuarios para que no ejerzan su derecho a expresar sus opiniones libremente desde el anonimato en las redes sociales”, ha añadido en referencia al PP.

“La propuesta del PP representa un gravísimo ataque a Derechos Fundamentales”

Facua ha considerado que la propuesta del PP representa “un gravísimo ataque a Derechos Fundamentales como la libertad de expresión y la libertad ideológica, los cuales deben estar garantizados y protegidos independientemente del canal por el que se expresen, como la ONU ha declarado reiteradamente y de forma específica sobre el derecho al anonimato en internet”. “La existencia de personas que se amparan en el anonimato en internet para amenazar, insultar, calumniar y propagar el odio en las redes es un mal menor que hay que asumir en una sociedad democrática que promueve derechos fundamentales como la libertad de opinión y expresión y que puede ser combatido con otras vías legales sin necesidad de una reforma legislativa tan dura como la que pretende el PP”, ha señalado Sánchez.

Facua ha recordado que lleva años siendo objeto de cruentas campañas de difamación difundidas desde cuentas anónimas en Twitter y Facebook, algunas de las cuales fueron promovidas por Ausbanc y contaron con la difusión del propio Partido Popular. “Frente a los insultos y calumnias, nunca pedimos una norma que acabase con el anonimato en las redes”, ha recordado el portavoz de la asociación. “Investigamos y destapamos quiénes estaban detrás de algunas de esas cuentas, pero asumimos que la identidad de muchos de los difamadores nunca sería descubierta”, ha indicado Sánchez. “Es el precio que tenemos que pagar para garantizar una sociedad donde prevalezca la libertad de expresión”. En opinión de Facua, es el Poder Judicial el que debe asumir la investigación de amenazas, insultos y calumnias vertidos en las redes sociales desde cuentas anónimas. Para ello, es necesario que jueces y fiscales reciban formación en el funcionamiento de las tecnologías de la información y que se establezcan protocolos de colaboración con ellos que sean asumidos por las empresas propietarias de las redes sociales, pero nunca una legislación que obligue a los usuarios a facilitar su identidad cuando dan de alta una cuenta.

Culminada la conversión de cárcel a CIE: otra muerte sin esclarecer

Por DAVID BOLLERO
El ministro del Interior puede estar orgulloso: la conversión en CIE de la cárcel de Archidona “a estrenar”, como decía el charlatán de feria Zoido, se ha culminado con éxito. Hace unos días pudimos comprobar, gracias a unos vídeos filtrados, cómo en el interior de esas instalaciones las personas -que no han cometido ningún delito- están siendo víctimas de palizas por parte de la policía antidisturbios… vamos, como en cualquier otro CIE de España contra los que venimos protestando la gente de bien.


También como sucede en esos otros CIE, algo apesta en la cárcel de Archidona. La muerte de un argelino, Bouderbala Mohammed, el pasado viernes sigue sin aclararse. Entonces, la policía aseguró que se trataba de un suicidio, pero lo cierto es que el hermano del fallecido lleva cinco días en Málaga y ni ha podido acceder al informe de la autopsia de su hermano y mucho menos al cuerpo, para poder comprobar, por ejemplo, si lo que sufrió fue una paliza de muerte. A fin de cuentas, Mohammed era uno de los que aparecía apaleado en los vídeos difundidos. 

Zoido mira para otro lado, porque cualquier persona que se tomara en serio este asunto habría puesto todo su empeño en aclarar esta muerte y arrojar luz sobre las condiciones en las que viven las personas internadas en la cárcel de Archidona. No ha sido el caso y eso es otra cosa en común con el resto de los CIE de España, en donde la opacidad es la norma.

Las protestas se ha sucedido, denunciando que hubiera menores internados, la represión de un motín por la falta de comida, el uso de bridas en las muñecas, visitas de familiares a través de una mampara sin provacidad alguna… Hasta el Defensor del Pueblo ha tenido que tirar de las orejas a Zoido… pero le da igual. El ministro cuya agenda pública está vacía, el mismo que quiso imponer sanciones de 750 euros a quienes buscaran comida en los contenedores de Sevilla cuando era su alcalde, andará en otras cosas. No podemos olvidar que, prácticamente, este magistrado reconvertido en político criminalizó a las ONG que ayudan a l@s migrantes.

Por otro lado, se da la dualidad de que al tiempo que las instalaciones de Archidona, a la luz de las denuncias realizadas, cada vez se parece más a cualquier otro CIE, con las versiones policiales y de Interior también se parece a cualquier otra cárcel. No en vano, 156 personas presas mueren en nuestras cárceles cada año, de las que cerca del 15% se suicidan. 23 personas se quitaron la vida, una cifra muy lejana a los 15 que lo hicieron en 2011. 

La revisión que se hizo hace cuatro años del Programa de Prevención de Suicidios instaurado en las cárceles en 2005 no funciona. Las cifras así lo demuestran. Algo, cómo no, que tampoco parece importarle demasiado a Zoido, porque ¿saben qué es lo más curioso? Que las cifras de suicidios en las prisiones españolas se disparan mientras la población reclusa desciende cerca de un 20% en los últimos años.

domingo, 31 de diciembre de 2017

IZQUIERDA UNIDA EL CASAR OS DESEA UN 2018 EN LIBERTAD, SOLIDARIDAD, Y UNIDAD

La Asamblea de IZQUIERDA UNIDA EL CASAR y sus militantes en apoyo a las palabras de nuestro coordinador federal, Alberto Garzón, pedimos "unidad" a los afiliados este domingo 31 de diciembre, que, a nuestro juicio, "debe estar por encima de las pequeñas discusiones" en el seno de esta formación en algunos territorios y ha defendemos las alianzas con otros partidos para "acumular fuerzas" sin perder, nunca, la esencia de quienes somos y de donde venimos.

Lo ha hecho en una carta dirigida a las más de 60.000 personas militantes y simpatizantes de IU en la que hace un "llamamiento a la unidad". "Esta organización está formada por personas que se consideran feministas, ecologistas, comunistas, socialistas, socialdemócratas, pacifistas y de muchas otras formas. No obstante, todo ello es una riqueza que debemos aprovechar para multiplicar fuerzas en todos los retos que tenemos por delante", señala.

Asimismo, defiende que "la causa" por la que él y los afiliados de esta formación "luchan", está, a su entender, "muy por encima de las pequeñas discusiones que se puedan tener las asambleas o territorios". Asimismo, advierte de que se juegan "todo un orden social", la vida de las siguientes generaciones y de sus familias.

"En esas luchas nos encontraremos seguro con otras organizaciones y personas aliadas, como siempre ha ocurrido, y con ellas trataremos de acumular fuerzas para lograr nuestros objetivos", defiende Garzón, que argumenta, además, que estos acuerdos, en su mayoría con Podemos, se producen en torno a los "programas y principios" de IU. "Como ya hemos dejado claro en tantas ocasiones, seremos tan flexibles en la táctica como inflexibles en los principios", apostilla.

Por último, apela a "una España unida en la diversidad, federal y plurinacional", que entienda que lo que le separa "está en la cartera y no en el idioma", y pide "renunciar al nacionalismo" y "abrazar" la causa universal "aún pendiente", que, a su juicio, es "la emancipación de las mujeres y hombres de situaciones de opresión y explotación a las que están sometidos diariamente". 

miércoles, 20 de diciembre de 2017

Cuando la Audiencia Nacional decía que para cometer enaltecimiento tenías que proceder de un entorno terrorista

La jurisprudencia del tribunal muestra un evidente cambio de criterio a la hora de interpretar el delito de enaltecimiento del terrorismo y/o humillación a las víctimas que se recoge en el artículo 578 del Código Penal. El cambio en la interpretación ha provocado la multiplicación de los juicios y las condenas a personas que nada tienen que ver con el terrorismo 


En el año 2008 Pilar Manjón denunció a Federico Jiménez Losantos y César Vidal por un delito de humillación a las víctimas del terrorismo, contemplado en el artículo 578 del Código Penal. Los comunicadores habían tratado a Manjón como una mujer "mentirosa", "trastornada", "que no está bien de la cabeza". Es más, habían llegado a aseverar que su única finalidad "era sentar en el banquillo a Aznar" y no "buscar la verdad sobre la muerte de su hijo". El locutor César Vidal llegó a dudar de que Manjón fuera realmente una víctima del terrorismo y barajó la idea de que se hubiera inventado todo para "montar un gran número sentimental para obtener una basura de instrucción y una basura de sentencia". 

El Fiscal de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, señaló entonces que estas declaraciones de Losantos y Vidal no podían ser consideradas como un delito de menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas previsto y penado por el artículo 578 del Código Penal. Argumentó que el citado artículo, que regula también el delito de enaltecimiento del terrorismo, establece un reproche penal para conductas que "al proceder del entorno del terrorismo o de quienes individualmente sintonizan con la ejecución de tales acciones, refuerzan, legitiman y justifican la estrategia y los métodos de las organizaciones terroristas más allá de la coincidencia ideológica sobre objetivos políticos". 

El propio Fiscal añadía que para que pueda ser aplicado el artículo 578 las declaraciones debían tener la suficiente "intensidad antijurídica" como para poner en peligro "la paz pública" o el "orden constitucional". Por todo ello, el fiscal concluía que en el caso concreto de la denuncia de Manjón, los comentarios de Losantos y Vidal no suponían un delito de humillación a víctimas del terrorismo  "ni por el contenido, no por las circunstancias, ni por los fines perseguidos". 

Era el 5 de mayo de 2008 y la organización terrorista ETA continuaba en activo. Apenas había juicios y condenas por el delito de enaltecimiento del terrorismo y/o humillación a las víctimas en la Audiencia Nacional. En 2011, último año de la banda en activo, hubo cinco sentencias condenatorias por enaltecimiento. En cambio, en 2015,  la Audiencia Nacional emitió hasta 25 sentencias por delitos de enaltecimiento del terrorismo. Nada más y nada menos que cinco veces más de las que produjo el mismo tribunal durante el año 2011, cuando la organización terrorista ETA dejó las armas. 

La organización terrorista había dejado de asesinar e inexplicablemente los juicios por enaltecimiento (y las condenas) comenzaron a subir. El ritmo ascendente, además, continuó en los años sucesivos. Así, solo entre el 1 de enero de 2016 y el mes de marzo de 2017 se produjeron al menos 30 sentencias condenatorias por el delito de enaltecimiento del terrorismo. Prácticamente ninguna de estas personas tenían nada que ver con organizaciones terroristas. 

¿Por qué hay más condenas?
Pero, ¿qué ocurrió para que se dispararan los juicios por el artículo 578 del Código Penal? Pues que la Fiscalía de la Audiencia Nacional cambió de criterio. Así lo explica el catedrático en Derecho Penal de la Universidad de Oviedo José Manuel Paredes. "El delito de enaltecimiento y/o humillación a las víctimas se concibió en el año 2000, durante el Gobierno de Aznar, para evitar que durante las contramanifestaciones tras algún asesinato de ETA se produjeran amenazas o insultos contra víctimas. El legislador entendía que la víctima, en un contexto tan concreto, merecía una protección específica", explica Paredes, que señala que el propio concepto de enaltecimiento del terrorismo ha sido modificado a base de sentencias sin cambiar prácticamente la definición en el Código Penal. 

"Ha cambiado la realidad, han cambiado la interpretación y han producido un monstruo", sentencian fuentes privilegiadas de la Audiencia
"La definición del delito en esencia no ha cambiado en estos años. Lo que sí ha cambiado es la interpretación que realizan Interior, Fiscalía y los jueces. La inmensa mayoría de las personas enjuiciadas y condenadas por enaltecimiento del terrorismo nada tienen que ver con el entorno terrorista y, además, ETA ya no mata. Es curioso que a menos terrorismo haya más condenas por enaltecimiento", explica José Manuel Paredes. 

Doctrina Strawberry
Así, resulta contradictorio, por ejemplo, la sentencia condenatoria sobre el cantante César Strawberry. Si el Fiscal jefe de la Audiencia Nacional decía en 2008 que era necesario evaluar el entorno del que procedían las amenazas, es decir, el contexto, el fiscal Carlos Bautista defendía en el juicio al artista que daba igual el contexto y si el acusado tenía o no afinidad con una organización terrorista. Lo importante era la literalidad del texto publicado en redes sociales. Y en ese caso, el fiscal consideraba que los tuits de Strawberry suponían una humillación a las víctimas del terrorismo. La Audiencia Nacional absolvió al cantante, pero el Supremo recuperó el criterio del fiscal y condenó al cantante a un año de prisión. 

La principal consecuencia de este cambio, explica Paredes, es que el delito de enaltecimiento del terrorismo se ha convertido en la práctica en un delito de opinión que se aplica de manera similar a "un delito de odio". "Tal y como se aplica en la actualidad ya no es un delito de terrorismo y sí un delito de opinión que trata de proteger a las víctimas del terrorismo de opiniones que parecen humillarles como si fueran uno de los grupos discriminados que aparecen en el artículo 510 del Código Penal", sentencia Paredes. 

El cambio de criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha sido corroborado a este periódico por parte de una fuente privilegiada del tribunal. "No ha habido ningún cambio real en la definición legal de enaltecimiento y humillación a las víctimas. Lo único que ha cambiado es el contexto, que ETA ya no mata, y la interpretación que del artículo 578 del Código Penal realiza Interior, la Fiscalía y por parte de algunos jueces", denuncian estas fuentes, que aseguran que no hay motivo para condenar a cantantes de rap o a personas como Cassandra, que no guardan ninguna relación con el terrorismo. "Ha cambiado la realidad, han cambiado la interpretación y han producido un monstruo", sentencian estas fuentes.  

Eduardo Garzón, cesado como asesor del Ayuntamiento de Madrid

Eduardo Garzón, mano derecha de Carlos Sánchez Mato, el concejal de Economía y Hacienda ha sido cesado este pasado lunes por Manuela Carmena. Al parecer no se van a tomar represalias y se va a seguir permitiendo este tipo de ataques sin respuesta por parte de IU. Antes de hacerse público su cese, Gazón ha criticado este mismo martes "las prisas" de la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, por aprobar un nuevo Plan Económico Financiero (PEF).


A través de un hilo en Twitter, Garzón ha calificado el cese de Sánchez Mato como "un error grave" tras negarse a defender en el Pleno del Ayuntamiento el PEF que finalmente se aprobó y cuenta ya con el visto bueno del Ministerio de Hacienda.

Para Garzón, "el Ayuntamiento de Madrid estaba demostrando que otra política económica es posible (incremento inversor y cuentas saneadas) y eso no podía ser permitido por el mayor fanático de la austeridad: el PP con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a la cabeza".

El exasesor municipal ha indicado en Twitter que "en su intento por hacer fracasar el proyecto de Ahora Madrid, Montoro realizó una interpretación ilegal de la regla de gasto, y exigió recortes mucho más exagerados que los que ha pedido a otros ayuntamientos incumplidores de tal regla" porque, a su juicio, "quería un castigo ejemplar".

Garzón también ha explicado que el ministro de Hacienda exigió un plan económico que recogiera recortes de más de 533 millones euros, "una salvajada que no se atiene a la legislación", pero no aclaró cuándo había que realizar ese plan económico.

No había prisa por presentar el documento, pero "inexplicablemente a la alcaldesa le entraron prisas y ordenó al Área de Economía hacer ese plan económico", ha apostillado el hermano de Alberto Garzón.

sábado, 16 de diciembre de 2017

El Gobierno del PP, ocultó en 2015 el 78% del gasto militar

El gasto en defensa representa 236’94 veces más que el gasto en fomento del empleo y 14’66 veces más que el gasto en servicios sociales.

En 2015 lo que se presupuestó para el Ministerio de Defensa llegó para pagar facturas hasta 110 días, hasta el 20 de abril.  Es decir, el Presupuesto del Ministerio de Defensa sólo llegó para pagar 110 días, el 30'13 % del Gasto Militar de 2015 total.

El resto de los 365 días, es decir, 255 fueron ocultados de diversas maneras pero se acabaron gastando a beneficio del Ministerio de Defensa:

Luego, 88 días más se pagaron con lo que audita como Gasto Militar la IGAE, con esto se llegó hasta el 17 de julio.

Luego, otros 167 días se ocultaron las cifras para acabar acumulando el Gasto Militar de 2015.  Sin ellos, el Ministerio de Defensa no hubiese sobrevivido.

Todos estos datos y muchos más sobre la opacidad del militarismo español y el engaño continuo que suponen para los contribuyentes y para los votantes se pueden encontrar en Liquidación del Gasto Militar 2015: 

DATOS MÁS RELEVANTES:

En términos generales podríamos destacar los siguientes y abrumadores datos:

  • Presupuesto del Ministerio de Defensa 2015:  5.767’78 millones €
  • Gasto Militar (auditado por la IGAE) en 2015:  10.250’46 millones de €
  • Sobregasto militar (auditado por la IGAE) en 2014:  4.482’68 millones €
  • % de desviación sobre lo presupuestado:  77’72 %


En lo que concierne, exclusivamente, al Ministerio de Defensa habría que señalar que:

  • Presupuesto del Ministerio de Defensa en 2015:  5.767’78 millones de €
  • Liquidación del Presupuesto del Ministerio de  Defensa en 2015:  8.102’26 millones de €
  • + 2.934’48 millones (+ 40’47 %)
  • Diferencia entre lo presupuestado y lo liquidado: 6’39 millones € /día
  • La IGAE no audita el 46’41 % del Gasto Militar
  • Defensa es el 2º ministerio con más ingresos:  1.047’88 millones de €
  • IGAE sólo audita el 13’89 % del total de las clases pasivas militares
  • El 90’8 de la I+D relacionada con Defensa está oculta en otros ministerios
  • El 34’65 de las inversiones reales del Estado se destinan a Defensa
  • También se pueden hacer análisis a largo plazo, en concreto entre 2002 y 2015:


Presupuestado para el Ministerio de Defensa:  96.656’89 millones de €
Liquidado por el Ministerio de Defensa:  115.955’52 millones de €
+ 19.298’63 millones de € (+ 19’96 %)
Estas cifras nos hacen comprender que las continuas quejas y llantos de los militares y políticos militaristas sobre la escasez de gasto en Defensa no se corresponden con la realidad porque, al menos, gasta un 19’96 %, lo que no disfrutan, ni de lejos, el resto de los ministerios.

Gasto Militar vs. Gasto Social

Otro aspecto que es importante tener en cuenta es comparar el gasto militar con el gasto social, lo que indica la opción social del gobierno en 2015 (el Partido Popular) que como se ve en los siguientes datos es una apuesta abrumadora por el militarismo despreciando los servicios sociales, el empleo, la vivienda, la educación y la sanidad, por ejemplo.

El Gasto Militar representa:

  • 14’66 veces más que el gasto en Servicios Sociales y Promoción Social
  • 236’94 veces más que el gasto en Fomento del Empleo
  • 12’92 veces más que el gasto en Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación
  • 3’6 veces más que el gasto del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
  • 2’77 veces más que el gasto en el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes
  • 4’99 veces más que el gasto en el Ministerio de Justicia

“Con un 20% de paro, es intolerable que los millonarios y las multinacionales no paguen impuestos”

“Con un 20% de paro, es intolerable que los millonarios y las multinacionales no paguen impuestos”

Por EVA JOLY / VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES

La revelación de los Paradise Papers en noviembre volvió a poner sobre la mesa el grave problema de la optimización fiscal, es decir, de los complejos montajes de las multinacionales y los ricos para evadir impuestos. Este martes 5 de diciembre la Unión Europea publicó su particular “lista negra” de los paraísos fiscales, en la que sólo aparecen 17 estados y ninguno de ellos forma parte de la comunidad europea, a pesar del dumping fiscal que practican países como Malta, Irlanda o Luxemburgo.

La eurodiputada franconoruega Eva Joly (Oslo, 1943) aborda para CTXT el problema del fraude y la optimización fiscal en Europa. Candidata de los verdes en las presidenciales francesas de 2012 y representante en el Parlamento Europeo desde 2009, esta antigua juez de instrucción ha hecho de la lucha contra la corrupción y el fraude fiscal su principal causa política. Actualmente, ejerce como vicepresidenta en la comisión de investigación sobre blanqueo y evsasión fiscal de la Eurocámara, creada el año pasado tras la publicación de los Papeles de Panamá.

“No tengo ninguna duda de que será la opinión pública la que determinará si acabamos o no con el fraude fiscal”, asegura la eurodiputada ecologista durante la entrevista en su bufete en el centro de París, donde continúa ejerciendo como abogada a tiempo parcial. Optimista respecto al fin de los paraísos fiscales, Joly describe las políticas que las instituciones europeas preparan para frenar el dumping fiscal y los obstáculos que algunos estados miembros, como Malta, ponen para evitar que se avance en esta cuestión. Según Joly, esta obstrucción sólo se puede vencer con voluntad política y aprobando las medidas necesarias para frenar el fraude fiscal, cuya gravedad resulta palpable con la acumulación de escándalos durante los últimos años.

En noviembre conocimos el caso de los Paradise Papers, pero el año pasado se destapó el de los Papeles de Panamá. Y antes el Luxleaks, el Swissleaks… La lista de los escándalos por el fraude de los paraísos fiscales parece interminable.

Durante estos últimos ochos años en los que he estado en el Parlamento Europeo, ha habido al menos diez escándalos importantes sobre el fraude fiscal. Esto demuestra que la necesidad de aprobar nuevas regulaciones es evidente. La gente ha comprendido que no existen las mismas reglas para todos y que algunas de ellas son demasiado indulgentes con algunos ciudadanos concretos. También tenemos que ser menos tolerantes con países como Malta, que se han especializado en el blanqueamiento de dinero negro.

Hace años, cuando se hablaba de paraísos fiscales, la imagen que nos venía a la cabeza era la de un dictador o de un capo de la mafia que guardaban allí su dinero robado. Ahora podemos ver grandes multinacionales como Nike, o famosos, como Shakira, Bono…

No me sorprende. Hace veinticinco años que milito en la lucha contra el fraude fiscal y lo que ha cambiado ahora es que esta cuestión se ha vuelto vox pópuli. Todo el mundo ha entendido que los ciudadanos esperan que solventemos este problema. Como nos encontramos en un periodo de austeridad donde cerca del 20% de los españoles están en el paro, y el 50% de sus jóvenes, resulta intolerable que los millonarios españoles no paguen impuestos y tampoco lo hagan las multinacionales que operan en España. Ahora lo que hace falta es coraje político. Así que cuento con el voto de los representantes del gobierno español en el Consejo Europeo. Junto con Francia, Italia, Alemania o Portugal, tienen que aislar a los países que no quieren que nada cambie en materia fiscal.

Ante las revelaciones de los Paradise Papers, buena parte de las personas y las multinacionales afectadas se defienden asegurando que no han cometido ningún delito. ¿Por qué hay que combatir la optimización fiscal si no es ilegal?

Hace cuarenta años, en Francia, cuando un hombre denunciaba a su mujer por adulterio, esta podía ser encarcelada y esto era legal. No saber que la ley es el resultado de las fuerzas actuales significa desconocer la historia y su evolución. La optimización fiscal es legal porque interesa a las multinacionales y a numerosos criminales y dirigentes políticos. Todos ellos quieren que las grandes empresas no paguen impuestos y lo hacen posible a través de la opacidad y la insuficiencia de las legislaciones actuales. Nadie se cree que una compañía energética como Veolia tenga 2.700 filiales y que cada una de ellas funcione de manera autónoma. Evidentemente que no. Este sistema de filiales está hecho para engañar al fisco. Tenemos que elaborar nuevas leyes y utilizarlas como si fueran un cuchillo, que nos permita pasar entre las apariencias y nos devuelva la realidad.

Los dirigentes políticos suelen mostrarse indignados ante estas revelaciones.  Pero estos conocen de sobra este problema…

Hay una gran hipocresía de la clase política respecto al problema del fraude fiscal. Cuando Nicolas Sarkozy decía en el G20 de 2009 que habían terminado con los paraísos fiscales, ni él mismo se lo creía. Aunque Francia siempre se haya comportado de manera impecable respecto a este tema y apoye las reformas necesarias en el Consejo Europeo, un país sólo puede modificar sus reglas internas. La escala adecuada para combatir el fraude fiscal es Europa.

¿Cómo las instituciones europeas pueden hacer frente al problema del fraude y la optimización fiscal?

Después de que estallara el escándalo de Luxleaks (en noviembre de 2014), el Parlamento Europeo creó una primera comisión de investigación sobre el fraude fiscal. Por desgracia, la Eurocámara no dispone de iniciativa legislativa en materia fiscal. Pero hicimos dos informes en los que hacíamos una serie de recomendaciones precisas a la Comisión Europea: debíamos proteger a los lanzadores de alerta y empezar a tasar a las multinacionales de manera unitaria, en lugar de filial por filial.

La Comisión Europea ya ha reaccionado sobre esta cuestión. En otoño de 2016, presentó el texto que servirá para terminar con la optimización fiscal de las multinacionales, que tiene un coste mundial de 350.000 millones de euros anual, de 120.000 millones para la UE y de 20.000 millones para un país como España. Esta nueva directiva consistirá en crear una base impositiva comuna y consolidada para el impuesto de sociedades (ACCIS, por sus siglas en francés). Independientemente de si tienen su sede europea en Suecia, Italia o en las Islas Jersey (Reino Unido), queremos obligar a las multinacionales a que paguen un único impuesto en la UE y luego los estados se lo repartirán. En el Parlamento Europeo estamos elaborando dos textos respecto a esta directiva y existe un gran consenso, así que espero que hayamos llegado a un acuerdo antes de marzo del año que viene.

Además, en el Parlamento ya votamos - en julio de este año - otro texto sobre la transparencia fiscal que obliga a las multinacionales con unos beneficios superiores a 750 millones de euros a hacer públicas determinadas informaciones esenciales. Pero esta nueva directiva está bloqueada ahora en el Consejo Europeo.

¿Qué es lo que bloquea esta directiva sobre la transparencia fiscal en el Consejo Europeo?

La Comisión Europea ha considerado que se trata de un texto contable, lo que permite que sea aprobado sólo con mayoría simple en el Consejo Europeo. ¿Pero quién ostentó la presidencia rotatoria de la UE durante el primer semestre de este año? Malta. Para el gobierno maltés, palabras como fraude, la optimización fiscal, el blanqueamiento del dinero negro…no existen. Y Malta no hizo nada para que se avanzara en la aprobación de la nueva directiva sobre transparencia fiscal.

De hecho, Malta ha sido uno de los países señalados directamente en los Paradise Papers, en los que se mostraba cómo este país se ha especializado en la optimización y el fraude fiscal.

SI UN ESPAÑOL TIENE SU DINERO ESCONDIDO EN MALTA, NO CORRE NINGÚN TIPO DE RIESGO.

Malta decidió basar su modelo económico en el blanqueamiento de dinero negro. Desde 1977, no cooperan con las administraciones de los otros países europeos. Si un español tiene su dinero escondido en Malta, no corre ningún tipo de riesgo. Ante este problema, ¿qué dicen los dirigentes malteses? Que son inocentes y que no hay nada que reprocharles. En realidad, es intolerable que no hayan empezado ni una investigación sobre los Papeles de Panamá, donde se revelaba que un miembro del gobierno y el director de gabinete de Joseph Muscat, el primer ministro de Malta, tenían sociedades offshore. Además, se trata de un país que vende la ciudadanía europea. Si alguien invierte unos 650.000 euros en este país, puede obtener la nacionalidad maltesa. Lo que abre las puertas de Europa a personas que pretenden defraudar el fisco.

Además, ahora se habla de Malta por el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia (especializada en la investigación de la corrupción y que murió por la explosión provocada de su vehículo). Con este caso, hemos visto como en Malta tiene una legislación que no sólo no protege a los lanzadores de alerta, sino que sirve para acusarles de difamación y que permite el encarcelamiento de periodistas y la tutela de sus cuentas bancarias. Malta es un país que aparentemente tiene problemas con la democracia.

Por este motivo, el 15 de noviembre votamos una resolución en el Parlamento europeo sobre Malta en la que denunciamos todo esto. Y pedimos a la Comisión que inicie un proceso de sanción a Malta por incumplimiento de la directiva europea.

Habla de Malta, pero en los Paradise Papers también se señala a países con economías sólidas y diversificadas, como Holanda o el Reino Unido.

Pero en el caso de Holanda es mucho más limitado que en Malta. La optimización fiscal en Holanda representa 4.000 millones de euros y hace vivir a 2.000 abogados, pero no se trata del modelo económico del país. Además, el gobierno holandés ha prometido cambiar su reglamentación de los holdings. Y sí es cierto que en los Paradise Papers están sobre todo implicados territorios británicos, como las Islas Jersey o la Isla de Man, que son centros de la optimización fiscal. No hay que creer que estos territorios están desvinculados de la City de Londres. Todos ellos forman parte de la misma maquinaria.

¿El Brexit tendrá algún tipo de impacto en la lucha contra la optimización fiscal?

Espero que los dirigentes europeos pongan el control de estos territorios como una de las condiciones para que el Reino Unido continúe teniendo acceso al mercado único. Después del divorcio, no estamos obligados a que nuestro exmarido siga saqueándonos.

Si finalmente la Comisión Europea saca adelante su nueva directiva sobre el impuesto de sociedades, ¿cómo impedirá que esta sea bloqueada en el Consejo Europeo por los gobiernos de Irlanda, Malta, Holanda o Luxemburgo?

Es previsible que los países que han bloqueado cualquier avance en materia fiscal durante los últimos cuarenta años lo vuelvan a hacer. No les interesan ni la transparencia ni una fiscalidad justa. Un país como Luxemburgo se ha convertido en uno de los más ricos del mundo gracias al dumping fiscal. Pero las víctimas de este sistema no están contentas. Así que habrá que marginalizar a estos países en el Consejo Europeo. Para ello, lo más fácil es que la Comisión diga que son textos en materia de competencia económica, que pueden ser aprobados por una mayoría simple en el Consejo.

Pero entonces estos estados se negarán a aplicar la nueva directiva.

Los tratados europeos dicen que los Estados tienen que cooperar lealmente, así que tenemos que contemplar seriamente la posibilidad de aplicar sanciones en el caso de que estos no cooperen. Las sanciones pueden llegar hasta privar a un Estado de su derecho de voto en el Consejo Europeo.

¿Es posible que la Comisión Europea combata el fraude fiscal al mismo tiempo que es presidida por un antiguo primer ministro de Luxemburgo, Jean-Claude Juncker?

Es cierto que el ADN de Juncker no es la lucha contra la evasión fiscal… Pero se trata de un hombre que pretende dejar un legado y cuya carrera política prácticamente se ha terminado. Así que quizás espera convertirse en el hombre que reparó el daño que ocasionó. No estoy segura de ello, pero no tengo ninguna duda de que será la opinión pública la que determinará si frenamos o no el fraude fiscal. La revuelta de la gente resultará fundamental.

Parece ser bastante optimista con la posibilidad de terminar con la optimización fiscal en Europa. ¿Por qué?

EL IMPUESTO ES EL SÍMBOLO DE LA CIVILIZACIÓN EUROPEA. SIN IMPUESTOS, NO HAY MUSEOS, INFRAESTRUCTURAS NI HOSPITALES PÚBLICOS.

Porque los dirigentes políticos son muy sensibles a la opinión pública. Porque si estos no arreglan este problema del fraude fiscal, estos no tendrán ninguna credibilidad a la hora de aplicar políticas de austeridad. El fraude fiscal representa un billón de euros cada año. De este billón, el fraude de las multinacionales es equivalente a unos 120.000 millones. ¿Por qué es importante luchar contra el fraude fiscal? Porque el modelo europeo se basa en el libre comercio, pero también en el estado providencia y este depende de la recaptación de impuestos. El impuesto es el símbolo de la civilización europea. Sin impuestos, no hay museos, infraestructuras ni hospitales públicos. Tenemos un modelo único en el mundo y sólo podemos sostenerlo a través de los impuestos. Si queremos que los ciudadanos continúen contribuyendo al fisco, tiene que haber un mínimo de justicia.

¿Estamos cerca del fin de los paraísos fiscales? ¿O los defraudadores van un paso por delante?

Somos muy numerosos los que queremos que esto cambie: los ciudadanos, las ONG, la OCDE, los verdes… La situación está evolucionando por todos lados. Pero los partidarios de los paraísos fiscales también son muy virulentos y tienen un gran poder de corrupción. En los paraísos fiscales, hay actualmente entre 15 y 20 trillones de dólares, es decir, un cuarto del PIB mundial. Terminar con ellos no será sencillo, pero esto sólo será posible si existe el coraje político suficiente. Si queremos preservar el modelo europeo, que es infinitamente superior al norteamericano, tendremos que solucionar este problema.

AUTOR
Enric Bonet

PP y Ciudadanos tumban una iniciativa de Unidos Podemos contra la tortura

PP y Ciudadanos tumban una iniciativa de Unidos Podemos contra la tortura por su "enfoque"

La Comisión de Interior en el Congreso votó el martes en contra de la PNL del grupo confederal por su "negatividad", en palabras del PP; y por su "enfoque" desde "la criminalización", según Ciudadanos. La Coordinadora para la Prevención y la Denuncia de la Tortura explica que el texto era, en esencia, la síntesis de las recomendaciones del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, un organismo dependiente del Consejo de Europa.


PP y Ciudadanos tumbaron este martes en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) de Unidos Podemos, que pretendía instar al Gobierno a aplicar las recomendaciones del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), órgano dependiente del Consejo de Europa. Y, como aseguran la Coordinadora para la Prevención y la Denuncia de la Tortura y el grupo confederal a 'Público', en esencia el texto no era más que un resumen de estas recomendaciones de la CPT: "Se podría haber insistido un poco más, pero básicamente está recogido todo", afirma Jorge del Cura, portavoz de la Coordinadora.

No obstante, en la reunión de la Comisión de Interior de este martes, con los votos en contra de PP y Ciudadanos y la abstención del PSOE, la PNL de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea llegó al final de su recorrido, ya que sólo contó con el apoyo de Compromís y EH Bildu. Para el PP, la redacción de la PNL era "muy negativa" -ocupa apenas un folio, y menciona que el CPT concluye que en comisarías y centros de detención españoles "los malos tratos no son generalizados"-; para Ciudadanos, el grupo confederal aborda este asunto "desde la criminalización del sistema".

"Han buscado darle la vuelta al informe para que parezca absolutamente negativo", dice el PP
"Han buscado darle la vuelta al informe para que parezca absolutamente negativo", narra a este medio Carmen Navarro Lacoba, vocal del PP en la Comisión de Interior. Sostiene que Unidos Podemos busca dibujar una realidad mucho más cruda de lo que en realidad es, y que el "copia y pega" del grupo confederal con respecto al informe del CPT omite "los muchísimos avances" que el Comité reconoce "a las autoridades españolas en esta materia". "Estamos en un régimen de salvaguarda absoluta de los derechos fundamentales de las personas", sostiene.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en la Comisión, Miguel Gutiérrez, aprovechó su intervención para poner en duda que en España se violen los derechos humanos, aunque existan numerosos casos documentados en los que se ha dado una utilización excesiva de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad.

"Con lo que no podemos estar en absoluto de acuerdo es en que siempre, en la forma de presentar estas situaciones, el grupo proponente lo hace desde una criminalización del sistema, incluso de las personas que actúan en él", afirmó Gutiérrez, que también incidió -en genérico- en que su grupo siempre estará "de acuerdo con las recomendaciones que ayuden a mejorar cualquier sistema", especialmente "en un ámbito tan sensible". Desde la formación naranja insisten: el problema era "el enfoque".

"Se trata de una cuestión básica de derechos y nos sorprende que aludan al 'enfoque', contestan desde Unidos Podemos
"Se trata de una cuestión básica de derechos y nos sorprende que aludan al 'enfoque', cuándo no hay enfoque alguno salvo el que plantea el propio CPT en las recomendaciones de su informe", asegura a 'Público' Ione Belarra, portavoz adjunta de Unidos Podemos y vocal en Interior. "Le recordamos al PP, como Gobierno, que el CPT es un organismo del Consejo de Europa del que formamos parte. Por tanto, en pos de la salud democrática de este país y de la Unión, sería más que deseable que adoptara las recomendaciones y trabajara para garantizar su cumplimiento", apunta.

Por su parte, el portavoz de la Coordinadora para la Prevención y la Denuncia de la Tortura lamenta que PP y Ciudadanos quieran "usar el informe para decir que todo está mucho mejor" de como realmente está. La Coordinadora aglutina a 49 colectivos, y del Cura explica que varios miembros de distintos grupos que la integran en Madrid accedieron a la PNL horas antes de que llegara a la Comisión. Destaca también que, aunque esta organización "hubiese ido más lejos en algunas cosas", les pareció que la iniciativa de Unidos Podemos "estaba bien", a diferencia de la modificación que propuso el PSOE.

De hecho, PP y Ciudadanos también coinciden en señalar que sí habrían votado a favor de la PNL si Unidos Podemos hubiera aceptado la enmienda del Partido Socialista. Aunque el escrito del PSOE contenía el grueso de estas recomendaciones, también omitía, por ejemplo, la petición para eliminar el régimen de detención incomunicada, o el requisito de que la fijación mecánica sea ordenada y supervisada por un médico, que sí recogen el CPT y el texto original de la PNL.

La enmienda del PSOE que "vaciaba la PNL de contenido"
Belarra explica que no aceptaron la enmienda del PSOE porque, tanto su grupo como "las organizaciones de Derechos Humanos consultadas", creen que el texto trata "de una cuestión de mínimos", y por tanto no podían "rebajar aún más el estándar". "Vaciaba totalmente de contenido la proposición al eliminar aspectos tan importantes como la incomunicación o las retenciones mecánicas". "La enmienda del PSOE era volver a dar largas a todo el procedimiento, dejar las cosas como están", apunta del Cura.

Por su parte, la diputada del PP recuerda que la detención incomunicada es un procedimiento "excepcional", que debe ser supervisado por un juez. "No tenemos constancia de ninguna detención incomunicada en los últimos dos años", admite del Cura, pero apostilla que "ese arma sigue ahí y se puede usar", y que hay constancia de varias denuncias tras este tipo de detenciones.

"Parece que tanto a PP como a PSOE les cuesta reconocer que existe la tortura y los malos tratos en nuestro país", apunta Belarra. "Nosotras creemos que, si bien es cierto que no se trata de algo sistemático en todos los lugares y en todos los aspectos, la tortura existe y debemos trabajar para erradicarla. Y la única manera de hacerlo es reconociendo que existe", zanja.

viernes, 8 de diciembre de 2017

Hacia una República Federal y Solidaria

Benito Sacaluga

Llamarme exagerado, loco, iluso, utópico o cualquier otro sinónimo que os venga en gana, pero creo que no nos estamos dando cuenta de que estamos en medio de la "tormenta perfecta" para que las expectativas y deseos de los republicanos se conviertan en realidades.


Los recientes acontecimientos que han tenido y tienen lugar en Cataluña suponen una grieta en el muro antirrepublicano levantado por el régimen del 78. Además, en cierta manera, estos acontecimientos están sirviendo para que aquellos españoles que nunca han mostrado el más mínimo interés por la República, incluso sus detractores por comodidad o temor, comiencen a pensar en las virtudes y ventajas de un sistema de estado republicano moderno que garantice sin matices los derechos humanos.

Nos encontramos en una situación crítica. Cada vez somos más los que denunciamos la falta de consistencia de ese pretendido Estado de Derecho que nos dicen que es España. Estamos cansados de ver como la credibilidad de las Instituciones perece victima de una corrupción inaudita, mientras las clases trabajadoras ven como sus derechos caen y caen. 

La sospecha de corrupción recae indefectiblemente sobre cada acto o decisión que se toma por el Gobierno, un gobierno en minoría y débil, y por aquellos que están designados por el Ejecutivo para dirigir todas y cada una de las Instituciones. El poder judicial tampoco se libra de estas sospechas, es más, cada día aumentan. 

A pesar de todo las encuestas siguen dando mayoría electoral a un partido politico investigado judicialmente y en el que militan cientos y cientos de correligionarios igualmente acusados por la justicia. ¿Que nos está pasando? ¿Acaso nos han convertido en lo que Friedich Hegel calificaba como plebe, como consecuencia de haber precarizado nuestro trabajo, nuestra dignidad y nuestros derechos, haciendo así que nos conformemos, sumisos y agradecidos, con subsistir por debajo de los niveles mínimamente aceptables en un estado de derecho?

Los medios españoles, la inmensa mayoría, callan. Hablar de República sigue siendo tabú en España. Los difusos colores de una simple camiseta de fútbol han levantado las iras de la derecha política, tan monárquica y tan liberal ella. No sucede lo mismo en Europa, allí, desde su repúblicas, las cosas que están sucediendo en España se ven de diferente manera y los medios se hacen eco a través de artículos y editoriales.

Dejo a continuación una transcripción de un artículo firmado hoy por Patrick Le Hyaric, Director del diario francés L'Humanité, miembro del Parlamento Europeo y vicepresidente del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea (GUE-NGL) en el Parlamento Europeo, artículo en el que emplaza a las fuerzas progresistas españolas a trabajar para lograr la reinstauración de la República en España.

¡ SILENCIO CÓMPLICE POR PARTE DE LAS AUTORIDADES EUROPEAS ! 

La aguda crisis española no viene como un trueno desde un cielo sereno. Ciertamente hablamos de ello abundantemente pero agitando la tela de las apariencias. Por contra se calla la boca en relación con los casos de corrupción tanto en Madrid como en la Generalitat de Cataluña, y sobre las políticas de austeridad dictadas por la Comisión en Bruselas que tanto sufrimiento causan, responsables del desempleo masivo y la inseguridad en el trabajo. 

Silencio también sobre la crisis de la representación parlamentaria, tanto es así que el gobierno de Rajoy existe solo gracias a la benevolencia del partido socialista español; una crisis democrática e institucional vinculada a la negativa a cambiar la Constitución de 1978, que serviría entonces de transición entre el régimen franquista y un sistema más democrático. En ausencia de tal evolución, la Ley Básica española ya no corresponde a las demandas de la sociedad. La decisión de Rajoy, hace años, de reducir la autonomía de Cataluña agravó aún más las múltiples fracturas que la sacudieron. 

La aplicación indiscriminada de las políticas de austeridad ordenadas desde Bruselas después de la crisis de 2008, como en Italia, Portugal o Grecia, la negativa a escuchar el "movimiento de indignados" que siguió y la falta de visión de un ejecutivo español de gran fragilidad, solo han fortalecido un movimiento independentista bajo la égida de las fuerzas conservadoras.

Sin embargo, esto último no plantea en ningún momento la cuestión de la emancipación social y democrática. Por el contrario, en Cataluña como en cualquier otro lugar, todo sucede como si estos movimientos quisieran demostrar a la Comisión Europea que serían aún más dóciles que sus "Estados-Nación". Sin embargo, hasta entonces, incluso con múltiples defectos, desde los períodos revolucionarios en Europa no hemos encontrado un mejor sistema de organización que el de los Estados-Nación. 

Sin duda es necesario transformar estos Estados-Nación para otra globalización, con la ambición de servir al bienestar humano y el respeto por los equilibrios ecológicos. Aunque muy imperfectamente, estos estados soberanos permiten, en el conflicto de clases, expresar el equilibrio de poder, la expresión popular y una cierta distribución de la riqueza. Todos no tienen la misma forma. Por lo tanto, España, pero también Alemania, han optado por ser mucho más descentralizados que Francia. Pero ambos siguen siendo obstáculos para la búsqueda global de ganancias de un capitalismo cada vez más financiero. Este es el obstáculo que las oligarquías han abordado con los Tratados de Maastricht y el Acta Única Europea. Para contrarrestar mejor el aumento de la resistencia nacional, la idea de una "Europa de regiones" como la "Europa federal", o ambas a la vez, podría ser el caso de una oligarquía transnacional que no acepta que las luchas y políticas sociales interrumpan su fiesta. En las controversias actuales todo vale para ocultar la lucha entre las clases dominantes y la gran mayoría de los que tienen un interés en el progreso social, democrático y ecologista: aquí, toman la forma de luchas religiosas, hay luchas entre regiones y en otras partes lucha entre nacionalismos.

Afortunadamente, se escuchan otras voces en España, como la de Ada Colau Ballano, la admirable alcaldesa de Barcelona, la ​​de Izquierda Unida y la de Podemos. La salida de estos impases pasa por la posibilidad de que los catalanes decidan. ¿Qué empieza con eso? 

Finalmente se han convocado elecciones, pero van acompañadas de la destitución y el encarcelamiento de los líderes catalanes legítimamente electos. El silencio de las instituciones europeas las hace cómplices. ¡Qué hubiéramos escuchado de ellas si se hubiera producido una negación tan democrática en Rusia, China o Venezuela! ¿Dónde están las bellas proclamas sobre el estado de derecho. Querer resolver dicha controversia encerrando en la cárcel a catalanes electos, eliminando la autonomía de Cataluña y su puesta bajo control del gobierno central, amordazando la prensa y amenazando a los alcaldes, constituyen intolerables actos de represión política, ideológica y cultural contrario a los valores de una democracia moderna y a los que reclama la Unión Europea. 

Es inaceptable tratar al Sr. Puigdemont y a los suyos, cuyas ideas políticas y diseños no comparto, como criminales o terroristas. No pueden merecer decisiones judiciales tan grotescas y excesivas de una parodia de justicia en un país tan cercano, que forma parte del Consejo Europeo. Estas decisiones de la derecha española, calurosamente aplaudidas por el PSOE, no son un golpe contra la independencia de Cataluña, sino contra la democracia española y la idea de la democracia en Europa, sumidas hoy en un agujero negro. No se sorprenda nadie entonces por el aumento de la extrema derecha.

Las fuerzas progresistas, española y catalana, deben pedir a los ciudadanos de la Generalidad y del resto de España que decidan su futuro en el marco de una nueva constitución. Una nueva constitución que ha de generar una república federal y solidaria que garantice verdaderamente todos los derechos humanos. Todos ellos pueden contar con nuestra solidaridad.

Fuente: Bailando con ratas