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martes, 16 de enero de 2018

Una asociación católica quiere desahuciar a los inquilinos de un centenar de VPO en Guadalajara

Una asociación católica quiere desahuciar a los inquilinos de un centenar de VPO en Guadalajara


En los años 60, unos 96 pisos de Guadalajara fueron cedidos a la Sociedad de San Vicente de Paúl para que los administrara hasta que las familias a las que habían sido adjudicados los pagasen. Una vez hecho, la entidad debía transferir la propiedad a los adjudicatarios, pero esto nunca ocurrió y ahora amenazan con desahuciar a los que viven allí.

Unas 96 viviendas de protección oficial de Guadalajara fueron cedidas en los años 60 del pasado siglo a la Sociedad de San Vicente de Paúl, una asociación católica, para que las administrara hasta que las familias a las que habían sido adjudicadas terminaran de pagarlas. Una vez abonados los créditos a 30 años otorgados por el entonces Instituto del Crédito para la Reconstrucción Nacional (hoy desaparecido; el BBVA tomó el relevo), la entidad católica debería haber transferido la propiedad a los adjudicatarios. Sin embargo, esto nunca llegó a pasar, y desde hace años esta sociedad busca la manera de desahuciar a las familias que aún viven allí.

Diego, activista de la Plataforma Antidesahucios de Guadalajara, es uno de los afectados. Los abuelos de Diego adquirieron uno de los pisos y lo financiaron durante años, pero nunca llegaron a tener la vivienda en propiedad. Desde la plataforma han denunciado que esta situación pone en riesgo a muchas familias: algunas ya se han ido de las viviendas —a pesar de haberlas pagado— engañadas por la asociación y tras sufrir lo que denominan "mobbing inmobiliario" —cortes de las luces comunitarias o visitas intimidatorias—.

Las viviendas están en el barrio de Alamín, uno de los más degradados de Guadalajara. Diego cuenta a Público que entre los años 1992 y 1996 las familias a las que habían adjudicado las viviendas pagaron las últimas letras de los pisos. Sin embargo, la entidad católica siguió cobrando el "arrendamiento" a los inquilinos y según iban falleciendo, se quedaba con la plena propiedad de esas viviendas.

Algo que, a tenor de la documentación a la que ha tenido acceso Público, parece fuera de ley. En los informes periciales que solicitaron los vecinos y los documentos de las reuniones en las que se acuerdan las condiciones de los contratos de las viviendas se asegura que la finalidad de éstas es la "enajenación". De hecho, también se puede comprobar que se establece un modelo de contrato de adjudicación y amortización de las viviendas y, en documentos del Ministerio de Fomento, se confirma la cédula de calificación definitiva como vivienda de protección oficial así como que la entidad católica no debe retener la propiedad de las viviendas.

A pesar de que no ha contestado a las preguntas sobre estas viviendas, la Sociedad San Vicente de Paul sí hace referencia a ellas en su página web de la siguiente manera: "La SSVPE tiene un proyecto de viviendas sociales que cuenta con 96 pisos en los que acogen a familias en situación de riesgo o exclusión social. Gracias a esta labor, que ya cumple más de 50 años, la Sociedad de San Vicente de Paúl atiende y facilita una vivienda digna a más de 400 personas". Sin embargo, esto vuelve a contradecirse con lo que cuentan los vecinos de Alamín, que afirman que muchas de las viviendas se encuentran "en condiciones totalmente insalubres".

Pobreza y 'mobbing' inmobiliario
Otro caso similar al de Diego es el de Mercedes. Los originales adjudicatarios de su vivienda actual fallecieron, y sus hijos cedieron la casa a personas que no tenían recursos, explica la vecina a Público. "Cuando me dieron la casa no había puertas, ni luz ni agua. No había calentador, he tenido plaga de cucarachas, el suelo es el original de los años 60, la puerta de la terraza se caía… y no me han hecho nada más que ponerme las puertas, cambiar el suelo de la cocina, poner la luz, un calentador y pintar. Es un desastre total".

Mercedes cuenta que la entidad le dijo que tenía que pagar hasta 3.000 euros por la reforma, pero ella se niega porque la casa ni siquiera está bien reformada. "Otras casas sí las han arreglado enteras, pero a mí ni siquiera lo han hecho bien, por esto me niego a pagar la cuota o la reforma hasta que al menos esté en condiciones". A partir de tomar esta decisión, Mercedes comenzó a recibir amenazas constantes de juicios y de desahucios hasta con gritos en plena calle. Lo mismo ocurre con el resto de vecinos, a pesar de que la propiedad no debería ser de la sociedad.

Diego también ha sufrido el 'mobbing' inmobiliario en su propia piel: "La semana pasada intentaron entrar en mi casa forzándola. Colocan a personas conflictivas en las viviendas, gente que puede hacerte la vida imposible. Además de las comunicaciones escritas instando a los pagos que ellos exigen y las constantes amenazas de desahucio", señala.

¿Por qué hay interés en estos pisos?
No es sólo esto lo que pone en cuestión la plataforma antidesahucios y los vecinos de Guadalajara: también que San Vicente de Paúl administra un "fondo buitre" que es el realmente interesado en estas viviendas. Según el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), la entidad benéfica es la administradora única de la Sociedad fundada en 2010, Bailallier Servicios Generales SL, una empresa con un capital social de 600.000 euros, dedicada según Registro Mercantil a la "adquisición, tenencia, administración, arrendamiento —incluido leasing inmobiliario— y explotación de bienes inmuebles, así como la adquisición, por cuenta propia, de valores mobiliarios".

Además, el apoderado y vicepresidente de la Sociedad San Vicente de Paúl es Juan Manuel Buergo Gómez, empresario que también dirige una de las empresas asociadas a la trama Púnica, TECNIGES S.A., y que también se dedica a la promoción inmobiliaria, según ha podido saber la PAH de Guadalajara con la ayuda de Filtrala.org. 

"Con esto nace la sospecha de que haya detrás un pelotazo inmobiliario. Cuando las viviendas se construyeron era un barrio alejado de la ciudad, pero ahora está más cerca del centro y es un terreno que vale mucho más. De ahí viene la hostilidad hacia aquellos que estamos exigiendo que se nos respete el derecho a la adjudicación. Traer a estas viviendas familias que carezcan de derecho alguno sobre las adjudicaciones es hacer mucho más viable ese posible proyecto urbanístico", cuenta Diego.

El desahucio de Diego en manos de los tribunales
Diego ha denunciado esta situación. La entidad quiere desahuciarle, y parece que de momento va ganando en los tribunales. La semana pasada la Audiencia Provincial de Guadalajara emitió una sentencia favorable a la asociación católica: "El martes pasado recibí la sentencia y confirma el desahucio. La Audiencia no entra a valorar las cuestiones de fondo que yo invoco sobre estas viviendas, se basa en cuestiones procesales", explica el activista. Aún así, todavía queda otro recurso por presentar antes de que pueda ser desahuciado.

"El problema de todo esto es la participación de agentes privados en la gestión de viviendas públicas", añade Diego. Y junto a esto, denuncia "la falta de vigilancia por parte de la Junta de Castilla-La Mancha, que tiene la competencia autonómica sobre este tipo de viviendas desde el año 1984". Además, Diego hace referencia a otra dificultad añadida a la hora de enfrentar estos desahucios: "Hay cierta unanimidad en la gente en pensar que los bancos engañan, pero no en una sociedad que se presenta como una entidad caritativa y católica y que realiza una labor social"

jueves, 11 de enero de 2018

LEY DE VIVIENDA DE LA PAH

La PAH lleva el Congreso una renovada Ley de Vivienda para atajar la burbuja del alquiler


La Plataforma Antidesahucios registra una Proposición de Ley con el apoyo de Unidos Podemos, Compromís, ERC y Bildu. Recoge las medidas de la ILP de 2013 y añade medidas contra la pobreza energética y para proteger a los inquilinos frente a los arrendadores.

Aunque apenas salga ya en las noticias, cada semana se siguen produciendo cientos de desahucios en España. La crisis hipotecaria de hace unos años y su derivado drama social, el de los desahucios, acabó cerrándose políticamente en falso después de que el PP vetara en el Congreso una Iniciativa Legislativa Popular elaborada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que contó con un millón y medio de firmas ciudadanas y una amplia aceptación social.

En 2013, el rodillo parlamentario del PP echó abajo una iniciativa con tres medidas clave para paliar la situación: paralización de los desahucios, dación en pago de la vivienda para saldar la deuda hipotecaria en caso de no poder hacerle frente y alquiler social. Nada de esto se puso en marcha, pero la PAH ha regresado al Congreso de los Diputados con una renovada Ley de Vivienda que incluye las demandas de entonces y que ahora también pone el foco en dos asuntos clave: la burbuja del alquiler y la pobreza energética.

En esta ocasión, la iniciativa llega al Parlamento mediante una Proposición de Ley que cuenta con el respaldo de Unidos Podemos, Compromís, ERC, PDeCat y Bildu, y se ha registrado este miércoles. Según la plataforma, el texto "abre una nueva etapa del Derecho a la Vivienda en el estado español, dando la oportunidad histórica de que se inicie un diálogo democrático en el Congreso alrededor de un tema tan vital para las familias como es la protección de sus hogares".

Se trata de una iniciativa para erradicar la "emergencia habitacional" que padece nuestro país, ha declarado a los medios el portavoz de la PAH, Luis Sanmartín, para quien esta situación no ha hecho más que agravarse desde la crisis, con desahucios "cada ocho minutos", un incremento del 30% de los alquileres, o cinco millones de hogares que "están sufriendo frío por no poder hacer frente a las facturas".

"Proponemos una ley estatal que recoge medidas para poder cancelar las deudas hipotecarias de por vida, parar todos los desahucios, realojar a las familias en emergencia en pisos injustificadamente vacíos de la banca, garantizar agua, luz y gas a todas las familias y regular los precios de alquiler como se hace en otros países de la UE", ha explicado Sanmartin.

Según apuntan en el texto del proyecto, desde que estalló la crisis en el 2007 hasta el 2016, el número de ejecuciones hipotecarias se ha situado en 721.000 y el número de desahucios se sitúa en más de 515.000. Pero además, a la problemática de las ejecuciones y desahucios hipotecarios se añade desde hace tiempo la del alquiler. "Las dificultades para afrontar el pago del alquiler han generado que, según datos del Consejo General del Podemos Judicial (CGPJ), un 54% de los 67.359 ​desahucios que se produjeron en 2016 en España estuvieran relacionados con el impago del alquiler", detalla la iniciativa, que critica las distintas reformas de la Ley de Arrendamientos Urbanos que ha configurado, según denuncia la PAH, un "régimen inestable y sometido a procesos especulativos que,  de nuevo, ponen de manifiesto la mercantilización del derecho a la vivienda digna y adecuada".

Regular el precio de los alquileres
Ante un aumento drástico del precio del alquiler, sobre todo en grandes ciudades, la PAH propone regular los precios máximos de los arrendamientos a través de un índice estatal que tenga en cuenta, no sólo las características de la vivienda, sino también el poder adquisitivo de las familias. Una medida que "ya existe en Berlín o en París", apunta Sanmartín, aunque subordinado a un índice local que fijen los ayuntamientos.También piden una reforma de la ley que dé más seguridad y estabilidad a los arrendadores y que se amplíe a un mínimo de cinco años el contrato si es entre particulares y a diez si el arrendatario es una sociedad.

Al mismo tiempo, consideran la pobreza energética un factor de riesgo creciente para la población. Según afirma la PAH, los precios de acceso a estos suministros como la electricidad o el gas "se han vuelto inasequibles para la población", con aumentos "exponenciales" sbre todo en el caso de la potencia de electricidad contratada. "Sólo en 2014 se produjeron en el estado español más de dos millones de cortes de suministro de agua, luz y gas", destaca la plataforma.

Para paliarlo, proponen estrechar el cerco a las empresas energéticas e introducen un denominado "Consumo Mínimo Vital" mensual de agua, electricidad y gas por hogar, que será fijado en el caso del agua por los ayuntamientos y en el caso de electricidad y gas anualmente por el ministerio competente en materia de energía. 

También contemplan, en caso de impago del suministro de luz y de gas por parte de un usuario un "mecanismo de garantía del principio de precaución", es decir, un protocolo obligado de comunicación en el que la administración tenga que consultada por la compañía energética antes de proceder a un corte del suministro. 

viernes, 8 de diciembre de 2017

NO HEMOS APRENDIDO NADA: EL LADRILLO VUELVE A ENDEUDAR A LAS FAMILIAS

Por Eduardo Bayona

El ladrillo vuelve a endeudar a las familias: cien millones diarios en hipotecas
Los hogares españoles ya contratan cada semana más de 6.000 créditos para comprar casas, mientras la banca relaja las exigencias para hacer caja y el ahorro se hunde al crecer más el gasto que la renta


El ladrillo vuelve a calentarse y a provocar el endeudamiento de las familias: el ritmo de contratación de hipotecas para adquirir viviendas ya supera un volumen diario de cien millones de euros como consecuencia del 'burbujeo' de un mercado inmobiliario en el que el precio sube con un ritmo más vivo que la demanda, pese a que tres de cada cuatro operaciones se cierran sobre casas de segunda mano.

Esa tendencia comienza a dejarse notar en las economías familiares, según advierte el último informe de coyuntura de Axesor, la principal empresa española de ráting, que considera "preocupante la evolución seguida por la tasa de ahorro de los hogares, que continúa disminuyendo".

Entre el otoño del año pasado y el actual las familias han reducido su capacidad de financiación en un 15,4%, mientras la parte de la renta bruta disponible que se reserva para el futuro caía del 8,2% al 6,5%. Esa reducción se debe "fundamentalmente al descenso del ahorro", ya que el gasto en consumo final crece casi el doble (4,6% por 2,6%) que la renta bruta disponible, "así como a la mayor inversión y al incremento de los gastos de capital netos".

Eso, traducido a términos coloquiales, significa que, en un año, las familias españolas han pasado de guardar casi un euro de cada doce que ganaban a meter en la hucha menos de uno de cada quince. Y, también, que, en un país en el que dos de cada cinco hogares no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos y uno de cada seis llega a fin de mes con mucha dificultad, la gente comienza a tirar de ahorros para comprarse casa y pagar los intereses de la hipoteca y que ese tipo de gastos crece con un ritmo superior al que lo hacen los ingresos.

Más de cien millones en hipotecas al día
La evolución del mercado inmobiliario en los últimos meses apunta en esa dirección. La contratación de hipotecas se ha acelerado hasta superar los cien millones diarios (101,7 por jornada, 142,3 por día hábil) y los 6.000 contratos semanales con una media de 115.775 euros por operación.

Las 239.827 operaciones por 27.766 millones de euros contratadas entre enero y septiembre de este año superan, respectivamente, en un 55% y un 77% el ritmo de 2014, que se cerró con registros inferiores en ambos capítulos a los de los tres primeros trimestres de 2017: 205.302 y 20.884.

Con todo, se mantiene el elevado volumen de compra de viviendas al contado, sin financiación, que desde hace unos meses realizan inversores particulares e institucionales (fondos, principalmente) atraídos por el tirón del alquiler, que les ofrece expectativas de rendimiento anual superiores al 6% de la inversión al anual, muy por encima de las que conlleva cualquier producto financiero.

Entre enero y septiembre ha habido casi 100.000 transacciones de este tipo, que es la diferencia entre las 334.405 casas compradas y vendidas en el país y las 239.827 hipotecas suscritas por quienes han adquirido una parte de ellas. Suponen algo menos de un tercio del total, en parte por el aumento de las compras a crédito.

La banca comienza a dar facilidades
En cualquier caso, el ladrillo vuelve a ser un buen negocio para la banca, que está cerrando los contratos de hipoteca con un interés medio del 2,83% anual y una duración de 23 años. Eso, con el volumen que actualmente mueve el mercado, supone unos ingresos diarios de casi tres millones de euros en intereses y un factura ligeramente superior a los mil (1.047) al cabo del año.

Ese 2,83% de media tiende al alza desde hace meses. Básicamente, como consecuencia del avance de las hipotecas de tipo fijo, que suponen ya máS de un tercio de los contratos (36,4%) y que se cierran al 3,2% mientras las de tipo variable, normalmente vinculado al Euríbor (-0,18% esta semana), se sitúan en un 2,65%.

De hecho, mientras la demanda sigue baja por parte de las empresas, la Encuesta sobre Préstamos Bancarios del Banco de España revela cómo la banca muestra una clara tendencia a relajar las exigencias en la concesión de créditos a los hogares, un factor que está resultando clave para que la inversión en vivienda esté creciendo "a un ritmo intenso, mientras que la construcción no residencial sigue presentando registros muy débiles", señala Axesor.

jueves, 7 de diciembre de 2017

Más de 300.000 inmuebles han sido embargados desde el inicio de la recuperación

Por Vicente Clavero

Aún hoy, 17 familias pierden cada día su vivienda habitual por no poder atender el pago de la hipoteca.


La recuperación económica de la que alardea el Gobierno está aún muy lejos para muchos españoles. Por ejemplo, para quienes sufren el embargo de su vivienda ante la imposibilidad de atender los pagos de la hipoteca contraída para comprarla. No son tantas como en los peores años de la crisis, pero su número sigue siendo importante. Sobre todo porque afecta a familias especialmente vulnerables y, en consecuencia, encierra realidades dramáticas.

Desde 2014, año en que España volvió a crecer, se han registrado un total de 334.670 ejecuciones hipotecarias, según los datos proporcionados trimestralmente por el Instituto Nacional de Estadística (INE). El peor año fue el primero de la serie, con 119.442, y posteriormente la cifra fue bajando, aunque no por ello ha desaparecido uno de los fenómenos que quedarán asociados para siempre a la crisis que estalló en 2008.

Durante el tercer trimestre de 2017 todavía se produjeron 9.025 ejecuciones hipotecarias sobre inmuebles cuya venta ordenaron las instituciones financieras para recuperar el dinero que habían prestado a sus dueños. No todas acaban necesariamente en desahucio, pero sí un porcentaje muy alto.

De los 9.025 embargos de los que tuvo constancia entre julio y septiembre el Colegio de Registradores de la Propiedad, más de la mitad (4.676) correspondían a viviendas, ya fueran de personas físicas o jurídicas. Y las pertenecientes a particulares que tenían en ellas su residencia habitual sumaron la cifra de 1.584. Eso significa que, por término medio, 17 familias fueron informadas cada día de que daba comienzo la última fase del proceso que les llevaría a perder su casa.

Casi seis de cada diez hipotecas objeto de ejecución a lo largo del tercer trimestre fueron constituidas en los últimos cuatro años del boom inmobiliario, cuando la boyante situación económica y la barra libre de crédito propiciaban la compra de vivienda. Un 11,1% databan de 2005; un 16,5%, de 2006; un 19,8%, de 2007, y un 12,1%, de 2008, siempre según los datos del INE.

Por territorios, los peores resultados, a mucha distancia de los demás, son Andalucía y la Comunidad Valencia, con un total de 2.099 y 2.074 ejecuciones hipotecarias certificadas, respectivamente. En el lado opuesto figuran Navarra, con sólo 20, el País Vasco (32), Asturias (53) y Cantabria (57).


martes, 28 de noviembre de 2017

OTRA MUESTRA DE LA DESGRACIA DE TENER UN GOBIERNO DEL PP

La desidia e incapacidad del gobierno de Rajoy y los de la caja B, hace que Bruselas plantee multar con 100.000 euros diarios a España por el retraso de la ley hipotecaria

Si el Tribunal superior de Justicia de la Unión Europea avala a la Comisión, la sanción se prolongará hasta que el Gobierno apruebe la ley


La Comisión Europea pide una multa de 105.991 euros diarios a España por no haber trasladado a nuestra legislación la directiva de contratos de crédito hipotecarios. Así lo explica este lunes el diario Expansión. El rotativo subraya que si finalmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea da la razón a la Comisión, la sanción empezará a contar desde el día de la sentencia hasta que el Gobierno de Mariano Rajoy apruebe la ley hipotecaria. Lo más previsible es que el fallo sea a favor de la Comisión.

Bruselas ya advirtió el pasado mes de abril al Gobierno que llevaría el retraso ante la Justicia comunitaria. Previamente, el 26 de mayo y 17 de noviembre, la Comisión había recordado a España el incumplimiento con los plazos. Ante estos recordatorios, Rajoy hizo lo que más saber hacer: NADA. MIRAR A OTRA PARTE Y QUE LA CIUDADANÍA PAGUE POR SU INCAPACIDAD POLÍTICA Y SU NEFASTA GESTIÓN.

El plazo para aprobar la nueva ley terminó el 21 de marzo de 2016. El proyecto de ley no fue admitido en el Congreso hasta el pasado 17 de noviembre. Según fuentes del Gobierno consultadas por Expansión, la excusa del gobierno derechista más preocupado por amordazar a la ciudadanía que en gobernar, el intento de aprobación de los Presupuestos, (que no se ha llevado a cabo) y la crisis catalana (que no ha resuelto), además de los nueve meses en que el Gobierno estuvo en funciones (por la incapacidad política del PP de aceptar que ser la lista más votada no le hace ganar las elecciones), están detrás del retraso.

España ya fue multada por el retraso en casi dos años de liberalizar el sector de la estiba. Inicialmente la multa fue de más de 24 millones pero el pasado mes de julio se rebajó a tres millones.

¿Aceptarán los partidos derechistas, católicos y cómplices del partido acusado de beneficiarse de una trama corrupta que la ciudadanía siga pagando los platos rotos? ¿Seguirá el PSOE mirándose el ombligo en lugar de facilitar un gobierno alternativo basado en una Moción de Censura conjunta?

miércoles, 14 de junio de 2017

Más de 17.000 desahucios en el primer trimestre de 2017, un 2,2% más

El aumento corta siete trimestres consecutivos de descensos. Catalunya quedó a la cabeza con 3.728, un 21,9 %  del total, seguida de Andalucía, con 2.927 y Comunidad Valenciana, con 2.358.

El número total de lanzamientos o desahucios practicados en España en el primer trimestre del año fue de 17.055, lo que supone un aumento del 2,2% en tasa interanual y la primera subida tras siete trimestres ininterrumpidos de descensos, según datos del CGPJ.

En una nota que acompaña a la estadística sobre los efectos de la crisis en los órganos judiciales, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) explica que este incremento obedece al alza de los desahucios derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que alcanzaron los 9.612 -un 56,4 % del total- y subieron un 5,8 % respecto al primer trimestre de 2016.

Los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas y, en el caso de éstas, no solo a vivienda habitual. Por el contrario, el número de ejecuciones hipotecarias presentadas en el primer trimestre del año fue de 10.478, un 26,2% menos que en el mismo periodo del año anterior.

La subida obedece al aumento de los lanzamientos consecuencia de la Ley de Arrendamientos Urbanos, el 56,4%
La subida obedece al aumento de los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que alcanzaron los 9.612 –el 56,4% del total-, lo que representa un incremento del 5,8% respecto al primer trimestre de 2016.

Con los datos desglosados por comunidades autónomas, se puede ver que Catalunya -con 3.728, un 21,9 % del total- fue donde se practicaron más lanzamientos en el trimestre, seguida por Andalucía, con 2.927; Comunidad Valenciana, con 2.358, y Madrid, con 1.843. Estas cuatro comunidades concentraron el 63,7% de todos los lanzamientos practicados en España en ese periodo.

Si sólo se tienen en cuenta los desahucios practicados por la aplicación de la LAU, Catalunya también lidera la clasificación con 2.422, seguida de Madrid, con 1.346; Andalucía, con 1.262, y Comunidad Valenciana, con 1.117.

Por lo que respecta a los derivados de ejecuciones hipotecarias, la clasificación la encabeza Andalucía, con 1.515, a la que sigue Comunidad Valenciana, con 1.165, y Catalunya, con 1.118.

Andalucía fue donde se practicaron mayor número de ejecuciones hipotecarias (2.477), equivalentes a un 23,6% del total nacional; a continuación figura Catalunya, con 1.708; Comunidad Valenciana, con 1.598, y Madrid, con 973.