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martes, 16 de enero de 2018

EL GOBIERNO, FUERA DE LA LEY, AL ENVIAR TROPAS AL EXTRANJERO SIN PERMISO

El Gobierno vuelve enviar tropas al exterior sin la autorización del Congreso


Ha aumentado de 140 a 280 los efectivos desplegados en Mali sin la aprobación de las Cortes, saltándose la ley. Ya ocurrió con el despliegue en Letonia que se usó como medida diplomática para que este país no reconociera la independencia catalana. Unidos Podemos anuncia medidas legales para frenar esta práctica.

El Gobierno español ha vuelto a enviar tropas al exterior sin la autorización del Congreso de los Diputados, saltándose la Ley de Defensa Nacional que obliga a que cualquier despliegue de este tipo sea ratificado por las Cortes. La primera vez que hubo constancia de ello fue cuando el ex ministro de Exteriores José Manuel García Margallo reconoció que España había enviado un contingente de combate a la frontera rusa para evitar que Letonia reconociese la independencia de Catalunya. 

La segunda se ha producido este lunes. Militares y vehículos de combate han comenzado a trasladarse a Mali con el objetivo de ampliar la misión española en este país, que pasará de 140 a 280 efectivos, que fue aprobada el pasado mes por el Gobierno pero que está pendiente de la autorización del Parlamento, prevista para finales de enero.

El visto bueno del Ejecutivo de Mariano Rajoy ocurrió el pasado 22 de diciembre, momento en el que se trasladó al Parlamento para su ratificación. La petición del Gobierno expresa la necesidad de incrementar el número de efectivos en la misión de entrenamiento en Mali de la UE hasta un máximo de 292 efectivos. A pesar de que esta ratificación no se ha producido, María Dolores de Cospedal, ministra de Defensa, ha enviado ya a las tropas.

Prisas para tomar el mando de la misión
No era previsible que el Congreso denegara al Gobierno la autorización para el envío de tropas a Mali. Lo que queda patente con la actuación de Cospedal es la disposición del Gobierno a saltarse la ley del Gobierno en caso de necesidad. Aunque a diferencia del contingente desplegado en Letonia, de cuyo envío no se informó al Parlamento para evitar cualquier debate político al respecto, en el caso de Mali la razón para inclumplir la ley ha sido mucho más nimia.

El motivo de que Cospedal no haya esperado a la autorización del Congreso es que España debía tomar el mando de la misión internacional en el país (y por tanto, desplegar el mayor contingente sobre el terreno) el próximo 31 de enero. Ese día el general español relevará al general de brigada belga, Bart Laurent. Esperando al debate parlamentario no se habría podido completar a tiempo el despliegue, que incluye 15 vehículos blindados Lince y tres RG-31. Los militares españoles que refuerzan la misión ocuparán muchos puestos que dejarán los belgas. 


Según ha podido saber Público, el Estado Mayor de la Defensa ha llegado a publicar en la web oficial del organismo que la necesaria aprobación del Congreso para la misión se había producido. Posteriormente ha procedido a retirar la información. 

Unidos Podemos anuncia medidas legales
El portavoz de Unidos Podemos en la comisión de Defensa, Juan Antonio Delgado, ha criticado a la ministra por "tomar la senda del señor Aznar: de saltarse el Congreso, la ley y de no informar a los ciudadanos del despliegue de tropas en el extranjero" y ha anunciado que su grupo emprenderá acciones legales para evitar que el Gobierno siga ejerciendo estas prácticas. 

"Desde Unidos Podemos pondremos en marcha acciones legales para frenar la vulneración de la ley por parte del Gobierno del Partido Popular, que ha ignorado al Congreso, saltándose la ley orgánica de Defensa Nacional y sin presentar el informe sobre operaciones", ha denunciado Delgado. "La etapa de Aznar y las Azores ya pasó y no vamos a consentir que se vuelva a aquella situación", ha aseverado. 

Está previsto que la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, comparezca ante la Comisión de Defensa de la Cámara Baja el próximo 24 de enero.


domingo, 14 de enero de 2018

Privatizando los servicios públicos se desmantela el tejido del Estado


Por Cándido Marquesán Millán

El fin de semana de la festividad de Reyes, coincidiendo con el retorno de las vacaciones navideñas, nos hemos visto sorprendidos por una fortísima nevada, que ha dejado tirados en la AP-6 a millares de ciudadanos.

Tal autopista está siendo administrada bajo el régimen de concesión por una empresa privada, Iberpistas, una filial de Abertis. En definitiva se ha producido una privatización o externalización de un servicio básico. Parece claro que la responsabilidad de la seguridad es competencia exclusiva de tal empresa. Y tal como acabamos de constatar millares de ciudadanos han quedado tirados y abandonados a su suerte durante muchas horas. Aquí se viene abajo estrepitosamente el discurso dominante desde hace unas décadas de la mejor eficacia, competencia y ahorro del sector privado con respecto al sector público. Discurso clave dentro del neoliberalismo. Tales ventajas del sector privado no han sido demostradas empíricamente, es una cuestión de creencia, es como un dogma de fe. Se repite una y otra vez y nadie puede cuestionarla.

A este proceso de privatización-venta de empresas del sector público- o externalización de servicios básicos de carácter público, el geógrafo británico David Harvey lo ha llamado la "acumulación por desposesión". La acumulación por desposesión no es algo nuevo. Forma parte del ADN originario del capitalismo. Así es como se hizo la famosa "acumulación originaria" a la que Carlos Marx dedica gran parte de las páginas de su obra. Desposeer a las poblaciones de sus bienes comunes que garantizaban su subsistencia y una cierta independencia es una inveterada tradición liberal. El ejemplo de los enclosures en Inglaterra es un ejemplo. Lo novedoso es que las energías de los mercantilizadores se dedicaron además, en la deriva neoliberal de las últimas décadas, a privatizar y convertir en yacimientos de plusvalía muchos de los servicios que habían formado parte del Estado de Bienestar keynesiano, que había fundamentado la paz social en el Centro mismo del sistema global.

Lo ocurrido lo explica muy bien Fernando Álvarez Uría La privatización es un robo. Para legitimar este expolio, bien poniendo en venta empresas públicas-de tal circunstancia tenemos una amarga experiencia los españoles y a la que me referiré más delante de una manera explícita- o externalizando servicios públicos, fue y es preciso descalificar las instituciones públicas, la función pública, la fiscalidad sobre las grandes fortunas, los servicios públicos, denunciar sus inercias, burocracias y rigideces, a la vez que proliferaron los cánticos laudatorios a la iniciativa privada, al espíritu de empresa y a la cultura empresarial. Y este discurso ha sido asumido inconscientemente por la sociedad española. Fue así como en esta economía sin sociedad el suelo y el subsuelo públicos pasaron a manos de especuladores privados, fue así como empresas públicas o semipúblicas fueron entregadas por los gobiernos de turno a los viejos amigos del colegio, fue así como los contratos discrecionales y con grandes dosis de corrupción en los procesos de externalización pasaron a adquirir una especie de carta de naturaleza en nuestros sistemas políticos, a la vez que viejas formas ya olvidadas de capitalismo salvaje irrumpían en la escena social.

En España, la primera etapa de las privatizaciones-venta de empresas públicas- se inició a mediados de los años 80 hasta 1996 con gobiernos socialistas. El principal factor que las impulsó no se basó en motivaciones ideológicas o políticas, sino en restricciones estratégicas, presupuestarias y tecnológicas. A partir de 1996 con el Gobierno de Aznar, las privatizaciones formaron parte del programa electoral, planificándose como un programa gubernamental completo, se vendieron las empresas más rentables y los objetivos políticos fueron tan importantes o más que los económicos. Así las joyas de la corona de nuestras empresas públicas fueron vendidas como Seat, Repsol, Endesa, Telefónica, Gas Natural… El holding de la banca pública Argentaria, privatizado entre 1993 y 1998, se fusionó en 1999 con el BBV. ¡Qué bien nos vendría ahora una banca pública para financiar nuestra deuda! La ciudadanía permaneció impasible ante la pérdida de todo este patrimonio colectivo. Hoy nos queda poca empresa pública atractiva para el capital privado. No obstante, están pendientes de este proceso Las Loterías y Apuestas del Estado, los Paradores….  Más, según Mariano Fernández Enguita, como el capitalismo es extraordinariamente voraz, el actual asalto está dirigido, ya lo estamos constatando, hacia los servicios públicos del Estado del Bienestar, entre otros en educación, sanidad, y dependencia, con una demanda cada vez más creciente ya que la sociedad se ha acostumbrado y no sabría renunciar a ellos, tanto  es así que se han considerado como derechos. Hay capitales abundantes con unos mercados cautivos y muy prometedores. Pero todavía más.  Además de capitales ávidos, las políticas de privatización o externalización cuentan también con consumidores deseosos y contribuyentes bien dispuestos. Como la universalización de estos servicios genera quejas al no poder ser atendidas todas las demandas, como las listas de espera en el sector sanitario o que los españoles no  quieren que sus hijos compartan pupitre con inmigrantes, esto provoca una disposición creciente hacia la oferta privada. Por otra parte, cuando una prestación que era antes un privilegio se generaliza, las anteriores clases privilegiadas buscan diferenciarse de nuevo accediendo a niveles superiores (más educación o más sanidad) o a tipos distintos (mejor u otra educación o sanidad). El diferenciarse no solo lo pretenden los que quieren conservar sus privilegios, sino también los que intentan acceder a ellos por primera vez. La educación y la sanidad privadas se pueden convertir en un símbolo de esta diferenciación. Por todo ello, se abre un mercado inmenso al capital en el ámbito de los servicios públicos. De esto podría ser un paradigma la Comunidad  de Madrid.

Mas en este proceso de privatización de la propiedad colectiva nos pasa desapercibida una circunstancia extraordinariamente grave. Al  respecto parece muy oportuna la reflexión de Ugo Mattei en su artículo Límite a las privatizaciones. Cómo frenar el saqueo de los bienes comunes, aparecido  en Le Monde Diplomatique, en el que  plantea la necesidad de proteger la propiedad colectiva, y más todavía ahora que los gobiernos se deshacen de los servicios públicos y privatizan el patrimonio colectivo para equilibrar los presupuestos; ya que toda privatización decidida por la autoridad pública –representada por el gobierno de turno– priva a cada ciudadano de su cuota de bien común, exactamente como en el caso de una expropiación de un bien privado. Pero con una diferencia sustancial: la tradición constitucional liberal protege al propietario privado del Estado, con la indemnización por expropiación, mientras que ninguna disposición jurídica –y menos aún constitucional– ofrece ninguna protección cuando el Estado neoliberal traslada al sector privado los bienes de la colectividad. Debido a la evolución actual de la relación de fuerzas entre los Estados y las grandes empresas transnacionales, esta asimetría representa un anacronismo jurídico y político.

Retorno al hecho que propiciaba este artículo, cual es lo ocurrido en la AP-6. Es una obviedad por lo ya expuesto que cuando una empresa privada asume, bajo una concesión, un servicio público, del abastecimiento de agua, recogida de basuras, limpieza de jardines, transporte público, sanidad, educación o dependencia, el objetivo fundamental  dentro de la más estricta lógica de su funcionamiento interno en un sistema capitalista, es de conseguir unos beneficios económicos, el afán de lucro, para lo cual reducen costos: bien reduciendo prestaciones o el costo del factor trabajo. Y lo acabamos de constatar con una contundencia apabullante en la nevada de la AP-6. Los  cientos de afectados han criticado la escasez de máquinas quitanieves y la falta de personal e información por parte de la empresa. Pero es un hecho extensible a muchas de las empresas concesionarias de las autopistas, ya que entre 2011-2015 han llevado a cabo unas severas y duras políticas de recortes de personal. Según El Confidencial, las concesionarias de autopistas pasaron de 5.100 empleados a 3.200. Por supuesto, incrementaron los peajes de 10,6 a 12,4 céntimos por kilómetro en el caso de las autopistas estatales y de 15,6 a 17 céntimos en las de concesión autonómica. Mientras en 2011 Iberpistas contaba con 96 trabajadores para mantenimiento y 107 para los puestos de peaje, en 2015 estas cifras bajaron hasta los 79 y 73, respectivamente. La AP-6 es la vía de pago donde más se han elevado las tarifas en el período 2011-2015, con un incremento del 23% (la subida media fue del 17%).

La conclusión es clara. Aquí hay trampa. Y si hay trampa, hay tramposos. Especialmente los responsables del gobierno. En cuanto a las privatizaciones del sector público, fue un auténtico regalo a determinadas élites y amigos de colegio, además de una fuente de corrupción vergonzosa. En cuanto a las concesiones de las autopistas, los pliegos de condiciones se redactan con unos objetivos muy claros: si son rentables las empresas hacen grandes negocios y si no lo son, se produce su rescate por parte del Estado. ¡Qué desvergüenza! ¿Cuánto nos costará el rescate de la quiebra de las autopistas radiales de Madrid? ¿Lo sabremos algún día? Según la patronal de las grandes constructoras unos 5.000 millones. La factura que las autopistas en quiebra dejan al Estado tiene una partida llamativa: la de las expropiaciones, que ascendía, a fines de los 90, durante el Gobierno de Aznar, cuando se estimaron, en conjunto, a 387 millones. Al final se dispararon hasta 2.217 millones. Una desviación de 1.830 millones, casi seis veces más. Los precios por estas expropiaciones crecieron exponencialmente por las sentencias de los tribunales, a raíz de la ley del Suelo de 1998 de Aznar, al valorar que los terrenos no debían considerarse rústicos ya que había expectativas de urbanización. Dentro de la más estricta ideología neoliberal, se trataba de la búsqueda de nuevas plusvalías en el espacio dentro de sus diferentes concreciones, esto es, el suelo urbano, la construcción de infraestructuras, transportes y equipamientos relacionados, etc. Entre los beneficiados había conocidas familias (Franco, Serrano Suñer o Abelló).

  1. En un aviso a navegantes, Tony Judt en su libro Algo va mal nos señala que Edmund Burke en sus Reflexiones sobre la Revolución Francesa ya nos advirtió “Toda sociedad que destruye el tejido de su Estado no tarda en desintegrarse en el polvo y las cenizas de la individualidad. Al eviscerar los servicios públicos y reducirlos a una red de proveedores subcontratados hemos empezado a desmantelar el tejido del Estado. En cuanto al polvo y las cenizas de la individualidad, a lo que más se parece es a la guerra de todos contra todos de la que hablaba Hobbes.”

viernes, 12 de enero de 2018

El Gobierno recorta a la mitad el gasto público a la espera de los Presupuestos

El Ejecutivo no mencionó dicho tijeretazo en la Referencia del Consejo de Ministros celebrada el últimos viernes del 2017.



El Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en el Consejo de Ministros del pasado 29 de diciembre un "ajuste del 50%" del gasto público con los Presupuestos Generales del Estado de 2018 aún pendientes de aprobar, según adelanta la Ser.

El texto del acuerdo señala que "desde el 1 de enero de 2018 y hasta la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales para el año 2018, los órganos de los departamentos ministeriales, de sus organismos autónomos, de las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social así como del resto de entidades con presupuesto limitativo, no podrán iniciar la tramitación de nuevos expedientes de gasto imputables a los capítulos 4, 6, 7 y 8 de los correspondientes presupuestos", informa la Ser.

El Ejecutivo no mencionó dicho tijeretazo en la Referencia del Consejo de Ministros celebrada el últimos viernes del 2017. Sin embargo, sí consta el acuerdo por el que se establecen los criterios de aplicación de la prórroga para 2018 de los PGE para el año 2017. "Se formaliza la distribución por departamentos ministeriales y se aprueban medidas para reforzar la eficacia de la gestión del gasto público", prosigue la referencia.

Asimismo, señala la aprobación de la revalorización de las pensiones de otras prestaciones Públicas para el próximo ejercicio. Esta subida, del 0,25%, queda fuera de estos recortes. 

sábado, 6 de enero de 2018

Ya que al PP le da por hablar de antecedentes penales .......

900 cargos del Partido Popular imputados por corrupción ¿cuántas organizaciones criminales en el mundo tienen esa cifra?

Los casos de corrupción en este partido político se reproducen cada semana, a veces cada día, cada hora, con nuevos y más altos dirigentes implicados en hechos de enriquecimiento ilícito, de financiación ilegal y de saquear lo público

En el Estado español, desde 1978 hasta nuestros días se han descubierto más de 175 redes de corrupción asociadas, todas ellas, a los partidos en el poder, y según la Comisión Nacional del Mercado de Calores, esa corrupción cuesta a los españoles nada menos que 45.000 millones de euros anuales. El premio, por supuesto, se lo lleva el Partido Popular, que es el partido que gobierna y el que prevé seguir gobernando en los próximos años, simple y llanamente, porque la gente les vota.

El Partido Popular es el partido más corrupto de Europa. Tiene en la actualidad más de 900 cargos imputados por corrupción. Isabel Serra, diputada en la Asamblea de Madrid por PODEMOS se preguntaba: ¿cuántas organizaciones criminales en el mundo tienen esa cifra de 900 imputados en sus filas?

Los casos de corrupción en este partido político se reproducen cada semana, a veces cada día, cada hora, con nuevos y más altos dirigentes implicados en hechos de enriquecimiento ilícito, de financiación ilegal y de saquear lo público.

El último caso es el que afecta directamente a la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes. Según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil hay indicios para actuar judicialmente contra Cifuentes. Considera que declaraciones de varios implicados refuerzan las sospechas de que Cristina Cifuentes fue conocedora directa de las irregularidades en la adjudicación de la cafetería en la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández.

La presidenta de Madrid se defendió acusando de faltar a la verdad a los investigadores de la Guardia Civil.

Pero además, con su informe, la Guardia Civil asegura demostrar los delitos y trampas cometidas por el Partido Popular en las elecciones de los años 2007, 2008 y 2011. El informe dice textualmente: “El Partido Popular montó un sistema que atentó contra el pluralismo político”.

Los casos son continuos. En días anteriores se abrió la Operación Lezo por la que están siendo investigadas más de 60 personas. Por si fuera poco, el Pleno del Congreso aprobó este martes con los votos de todos los diputados, salvo los del PP, la reprobación del ministro de Justicia, Rafael Catalá; la del fiscal general, José Manuel Maza, y la del fiscal anticorrupción, Manuel Moix, por entender que algunas de sus iniciativas estaban encaminadas a proteger a políticos presuntamente implicados en actos de corrupción. La reprobación no tiene mucho recorrido, porque en nada obliga al Gobierno ni a los implicados, pero resulta inquietante la coincidencia en el conjunto de las fuerzas de oposición a la hora de desconfiar de determinadas actuaciones de la fiscalía. Y recuerda que los tachados de réprobos no supieron explicar la pasada semana las actuaciones por las que fueron reclamados en la Comisión de Justicia del Parlamento.

PODEMOS está anunciando sendas mociones de censura, tanto para el Gobierno de Madrid, como para el Gobierno de Rajoy en el Congreso de los Diputados. Los otros dos partidos con más escaños en el Parlamento, el Partido Socialista y Ciudadanos, ya han dicho que no apoyarán esas mociones.

Entretanto, algunos de los más insignes representantes del partido, se dedican a disfrutar de sus abultadísimos salarios, a la sombra de las mismas empresas a las que tanto han beneficiado cuando ocupaban cargos políticos. Por las puertas giratorias, que son también mecanismos claros de corrupción, han llegado para quedarse: José María Aznar (consejero delegado de Endesa y consejero de KPMG, empresa que hace auditorías a la mayoría de la administración pública); Ángel Acebes (consejero externo de Iberdrola); Josep Piqué (vicepresidente segundo de la constructora OHL); Eduardo Zaplana (consejero delegado de Telefónica)…y unos cuantos más.

Así que la corrupción no es solo cosa de políticos y partidos, sino también de grandes empresarios que tienen nombres y apellidos; empresarios que contratan los servicios de quienes pueden ayudarles después a incrementar dividendos y que, además, eluden sus obligaciones tributarias, si les dejan. 34 de las 35 empresas del IBEX tienen filiales en paraísos fiscales, unas 900 en total, y aunque a estas sociedades no se les debería reconocer personalidad jurídica para intervenir en el tráfico mercantil español, ahí están, campando a sus anchas en régimen de oligopolio.

En España se defraudan al año unos 88.000 millones de euros que podrían destinarse a amortiguar el recorte de derechos, el desmantelamiento de servicios, y el empobrecimiento que sufre ya casi un 30% de la población. Pero está claro que el Gobierno del PP no está interesado en frenar el lucrativo negocio que le mantiene donde está. Por eso sólo hay 26.900 inspectores de hacienda (frente a los 127.000 que tiene Francia, por ejemplo), esto es, 3 por cada 5.000 contribuyentes, que, lógicamente, solo pueden hacer un trabajo precario, y, por eso mismo el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (que espera responder solo ante la historia) puso en marcha una amnistía fiscal que resultó ser tan injusta como ineficiente.

RAJOY DEJA A CASTILLA LA MANCHA SIN 200 MILLONES

Castilla-La Mancha tendrá 200 millones menos tras congelar la financiación el Gobierno de Rajoy

El Ejecutivo que preside el socialista Emiliano García-Page critica la "deslealtad institucional" y el "chantaje" del Ministerio de Hacienda por condicionar los fondos que reciben las autonomías a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018. 


Castilla-La Mancha dispondrá de 200 millones menos en este 2018 a causa de la congelación de las entregas a cuenta procedentes del Estado que le corresponden por el sistema de financiación autonómica.  Así lo ha denunciado el Ejecutivo que preside el socialista Emiliano García-Page, para el que esta decisión adoptada por el Gobierno de Mariano Rajoy demuestra una "evidente deslealtad institucional". Una congelación que era comunicada este martes a las comunidades autónomas a través de una carta remitida por el Ministerio de Hacienda que dirige Cristobal Montoro. 

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, considera que es "un chantaje" para las comunidades autónomas el vincular las entregas a cuenta que les corresponden por el sistema de financiación autonómica a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. 

Y es que según las cuentas que ha hecho el consejero, debido a esta congelación de las entregas a cuenta, Castilla-La Mancha tendrá 200 millones menos de lo previsto, y con los que ya se había contado a la hora de elaborar su presupuesto regional para 2018, ya aprobado. 

En este sentido, cabe recordar que, según los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, las entregas a cuenta de 2018 y la previsión de liquidación del ejercicio 2016 para Castilla-La Mancha ascendían a 4.974,6 millones de euros, lo que suponía el 85 por ciento de los ingresos propios no financieros del Gobierno autonómico. 

Por ello, Ruiz Molina considera que un posible incumplimiento del déficit por parte de las comunidades autónomas en este 2018 sería "responsabilidad del Gobierno de España", ya que una vez que los ejecutivos autonómicos tienen los presupuestos aprobados les comunica que no entregará los importes que había trasladado hace meses. 

Y es que los presupuestos de las comunidades autónomas, que se elaboran en base a esas entregas a cuenta por parte del Estado, no se pueden supeditar a la aprobación de los Presupuestos Generales, para los cuales ‑cabe recordar‑ el Ejecutivo del Partido Popular aún no cuenta con el respaldo necesario. 

Pero es que además de esta evidente "deslealtad institucional" con esta decisión el Gobierno central también ataca la autonomía financiera de las comunidades autónomas, "que no pueden estar supeditadas a que el Ejecutivo de Rajoy consiga mayoría o no para aprobar sus propios presupuestos".

miércoles, 3 de enero de 2018

Cospedal duplicó la deuda de Castilla‑La Mancha

El Tribunal de Cuentas saca los colores a Cospedal por duplicar la deuda de Castilla‑La Mancha
El informe del órgano fiscalizador revela que el Gobierno de María Dolores de Cospedal incumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria y multiplicó por dos el endeudamiento de la región a pesar de sus duras políticas de austeridad.

Castilla-La Mancha duplicó su deuda entre los años 2011 y 2015, bajo el Gobierno de María Dolores de Cospedal. Cuentas públicas que pasaron de tener 6.965 millones de deuda viva en el ejercicio 2011, a los 13.426 millones con los que se cerraba 2015. Datos que ahora se recogen en el informe sobre fiscalización de las cuentas de Castilla-La Mancha en el año 2015 aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas el pasado 30 de noviembre, al que ha tenido acceso PeriódicoCLM. 

Cifras que chocan con la versión que durante las últimas semanas viene ofreciendo el Partido Popular para criticar la gestión económica del Ejecutivo de Emiliano García-Page y sus socios de Podemos. Una gestión que el secretario general de los 'populares' en la región, Vicente Tirado, calificaba de "nefasta", asegurando que el Gobierno bipartito ha situado a Castilla‑La Mancha como una de las regiones con mayor presión fiscal. A ello añadía que "Page incumplió el déficit el año pasado, ya que éste ascendió al 0,82%" y situó a "Castilla-La Mancha en su mayor cifra histórica de deuda con 14.313 millones de euros". 

Acusaciones en las que los conservadores  'olvidan' mencionar que, bajo su gobierno, Castilla‑La Mancha multiplicó por dos su endeudamiento, en tan solo cuatro años. 


Y es que, según los datos contrastados por este diario, el ejercicio 2011 ‑que supuso la llegada del PP al Gobierno con Cospedal al frente‑ se cerraba con una deuda viva total de 6.965 millones, lo que representaba una variación del 3,06 por ciento respecto al año anterior. Un ligero aumento que situaba la deuda castellano-manchega per cápita en 3.255 euros por habitante. 

Cantidad que a medida que avanzaba la legislatura se fue incrementando hasta llegar a una deuda viva total por habitante de 6.522 euros al cierre de 2015, ya consumado el relevo al frente del Ejecutivo por parte del socialista García-Page. 

Una evolución al alza del endeudamiento regional que en el ejercicio 2012 experimentaba un crecimiento del 46,30 por ciento respecto al ejercicio anterior, situándose en 10.190 millones de euros. Un incremento que se produjo debido a la puesta en marcha de diversos mecanismos de financiación, como fueron el de pago a proveedores, con 2.975 millones; la línea ICO a las Comunidades Autónomas de 2012, con 469 millones y el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) al que correspondieron 1.037 millones. 

Pero la tendencia al alza tampoco cambió al año siguiente, y aunque la variación respecto a 2012 fue menor, con un aumento de 11,3 puntos, la deuda viva total de Castilla-La Mancha llegó a alcanzar los 11.343 millones de euros. En este ejercicio 860 millones correspondieron al FLA mientras que 1.047 millones al mecanismo de pago a proveedores. 

En el ejercicio siguiente, el último completo de Cospedal en el Gobierno, la deuda viva regional también continuó creciendo, a pesar de las medidas de 'austeridad' implementadas en los años anteriores. Así el endeudamiento alcanzó los 12.858 millones, lo que se traducía en una deuda viva por habitante de 6.186 euros. 

Por su parte 2015 fue el año del cambio de Gobierno. Mediado el año, nada más comenzar el mes de julio, Emiliano García-Page tomaba posesión y el PSOE volvía a hacerse con las riendas de la Junta de Comunidades. Un ejercicio en el que con unos presupuestos 'compartidos', los había aprobado el Ejecutivo de Cospedal y los terminó de ejecutar Page, la evolución de la deuda viva siguió creciendo, pero en menor medida, un 4,42 por ciento respecto a 2014. 

INCUMPLIÓ LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
Un informe que también recoge cómo en 2015 Castilla-La Mancha no cumplió con el objetivo de estabilidad presupuestaria, previsto en el 0,7 por ciento, y que sin embargo llegó a alcanzar el 1,59 por ciento del PIB, al situarse el déficit en 597 millones. 

Un incumplimiento que se debió a operaciones y medidas excepcionales que supusieron gastos no previstos y extraordinarios, en su mayor parte derivados de sentencias judiciales, por importe de 197 millones. 


Entre esos imprevistos estuvo el abono por parte de la empresa pública Gicaman de los gastos derivados de distintas sentencias judiciales y de varios acuerdos extrajudiciales como consecuencia de las paralizaciones de obras, rescisiones de contratos y pago de intereses de demora referentes a operaciones realizadas en los ejercicios 2011 a 2014, lo que supuso un gasto de 30 millones.  

También se registraron gastos de 33,5 millones tramitados por la Consejería de Fomento para hacer frente a las diferentes sentencias judiciales, motivadas también por las paralizaciones de obras, rescisiones de contratos y pago de intereses de demora, además de expropiaciones, referentes a operaciones realizadas en los ejercicios 2011 a 2014; así como los 34,6 millones que costó la readmisión de los interinos cesados de forma irregular por el Gobierno de Cospedal en 2012,tras la sentencia de 22 de octubre de 2015 del Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Toledo. 

Otros 39,6 millones no previstos son atribuibles a la implantación del plan de atención a los pacientes de la hepatitis C durante el ejercicio 2015, atendiendo a la normativa del Gobierno de Rajoy, que era de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas; y los 58,8 millones derivados de la devolución del 50 por ciento de la paga extra de los funcionarios suprimida en 2012 por el Ejecutivo del PP. 

Pero tampoco se cumplió con la regla de gasto, al ser la tasa de variación de un 7,7 por ciento respecto del gasto realizado en el ejercicio 2014, superando así el 1,3 por ciento de variación fijado como objetivo para 2015. Un exceso que desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal achacó el exceso producido debido a diversas sentencias judiciales. 

De este modo, el Tribunal de Cuentas recoge cómo según el cómputo del Banco de España, la deuda de la Comunidad Autónoma ascendía, al cierre de 2015, a 13.426 millones, lo que representaba el 35,8 por ciento del PIB regional. Esto supuso el cumplimiento del objetivo de deuda, teniendo en cuenta aquella no computable a la hora de verificar dicho objetivo, por las excepciones permitidas en acuerdo del Consejo de Ministros y que elevaban dicha magnitud al 36,2 por ciento. 

Destaca también en su informe cómo en 2015 no se consignó dotación para el Fondo de Reserva para Deuda, cuya finalidad es disminuir el endeudamiento neto de la comunidad. Junto a ello, el Fondo de Contingencia, destinado a necesidades que pudieran surgir en el ejercicio corriente y fueran inaplazables, de carácter discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado, fue dotado con 2 millones de euros. Fondos con cargo a los cuales no se financiaron necesidades, debido al "carácter testimonial" de ambos hasta el momento, subraya en su informe el Tribunal de Cuentas. 

LAS ALEGACIONES DE COSPEDAL

Un informe a cuyo anteproyecto presentaba alegaciones, como ya hiciera respecto a la fiscalización del ejercicio 2014, la expresidenta regional, María Dolores de Cospedal.  Alegaciones en las que comienza subrayando cómo su Gobierno "se impuso como norma de funcionamiento la máxima exigencia en el control económico‑financiero de los recursos públicos", con el objetivo de "cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera", garantizando al mismo tiempo ‑según Cospedal‑ la prestación de los servicios públicos. Asimismo, asegura que "fue nota dominante" el "rigor absoluto" en el control de la legalidad del gasto y de la aplicación de los recursos públicos. 

Fruto de la exigencia, señala la expresidenta castellano‑manchega, se establecieron medidas de "disciplina presupuestaria y reestructuración financiera", sin olvidar ‑dice‑ "las políticas de fomento y ayuda a los sectores más desfavorecidos". 

Respecto al déficit, que en el ejercicio 2015 se situó en el 1,59% del PIB regional (605 millones), Cospedal lo atribuye, "en gran medida", a la caída de los ingresos del Sistema de Financiación Autonómica, y asegura que, si las entregas a cuenta del año 2015 se hubieran reflejado de manera más exacta la evolución económica, "la cifra del déficit del ejercicio se hubiera acercado al objetivo previsto". 

En sus alegaciones Cospedal defiende el "enorme esfuerzo de consolidación financiera" realizado a lo largo de la legislatura, "y especialmente en el ejercicio 2012", para conducir la cifra de déficit a "unos niveles parejos con la media" de las comunidades autónomas. Y junto a ello las medidas encaminadas a la reducción de la morosidad. 

Medidas todas ellas que, en su opinión, permitieron "la rápida recuperación económica y el saneamiento financiero de las instituciones regionales", llevándolo a cabo "minimizando los sacrificios exigidos al personal de la Administración regional y a los ciudadanos de la región". 

Como muestra de ello la expresidenta regional no duda en señalar el aumento de personal, de 76.361 en 2014 a 78.021 en 2015 -1.660 personas- y el aumento de la cuantía de los gastos del personal del 4,5 por ciento. Dato junto al que María Dolores de Cospedal olvida señalar los miles de despidos de empleados públicos ejecutados en los ejercicios anteriores, escudándose en los principios de austeridad que requería el momento. Como también 'olvida' los recortes llevados a cabo en materia sanitaria, y destaca en sus alegaciones que las obligaciones reconocidas en el presupuesto del Sescam crecieron un 8,5 por ciento respecto al ejercicio anterior, siendo el crédito definitivo de dicha sección suficiente "para atender la suma de las obligaciones reconocidas y las pendientes de imputar", gracias a la transferencia de crédito aprobada por su Gobierno para incrementar los créditos iniciales del Sescam con el sobrante de crédito de los menores intereses del endeudamiento. 

Aprovecha Cospedal sus alegaciones para intentar atacar al actual Ejecutivo autonómico, señalando que las listas de espera sanitaria presentaban a finales de 2014 una evolución favorable, la cual dice se frenó a finales de 2015 debido a la paralización por parte del Gobierno socialista de "los conciertos con entidades sanitarias privadas" que, reconoce, "era uno de los mecanismos que se utilizaba para la reducción de la lista de espera quirúrgica". 

Finaliza sus alegaciones subrayando el que, en su opinión, fue "un ejemplo de transparencia y lealtad institucional", la información "detallada" que su consejero de Hacienda, Arturo Romaní, presentó a su sucesor "ofreciendo datos y explicaciones sobre déficit, endeudamiento comercial y endeudamiento financiero, tesorería, ejecución presupuestaria". Asegura que el nuevo Gobierno "rechazó toda forma de traspaso de poderes en materia de Hacienda, incluso una mera reunión o al menos la entrega en mano de la documentación elaborada".

Cabe recordar, en este sentido, cómo el consejero saliente antes de acudir a la Consejería para entregar su cartera pasó por una notaría ‑con la correspondiente convocatoria a los medios de comunicación a las puertas de la misma‑ para depositar las cuentas de la gestión del Gobierno de Cospedal. Un "numerito" que recibió fuertes críticas desde el nuevo Ejecutivo, desde el que vieron en la petición de Romaní de realizar un traspaso de poderes, un intento de conseguir 'una foto'. 

El partido de la Ley Mordaza se dispone ahora a atemorizar a los usuarios para que no ejerzan su derecho a expresar sus opiniones libremente

Facua rechaza prohibir el anonimato en las redes e insta a la oposición a hacer su trabajo, movilizarse y oponerse a la medida del PP

“El partido de la Ley Mordaza se dispone ahora a atemorizar a los usuarios para que no ejerzan su derecho a expresar sus opiniones libremente”, advierte el portavoz de la asociación de consumidores.


Facua-Consumidores en Acción ha mostrado su “absoluta oposición a la pretensión del Gobierno de prohibir el anonimato en las redes sociales”, ya que la medida “representaría una mordaza para la libertad de expresión y la libertad ideológica”. Por ello, la asociación de consumidores ha instado a todos los partidos de la oposición para que rechacen la medida anunciada por el Partido Popular. “No hay demanda social ni necesidad jurídica para aprobar esta aberración. Y no nos creemos que el objetivo sea acabar con amenazas y difamaciones”, ha advertido en un comunicado el portavoz de Facua, Rubén Sánchez. “El partido de la Ley Mordaza, el partido que ha utilizado desde el Gobierno a una policía política y a seudoperiodistas para propagar bulos difamatorios contra sus rivales políticos, se dispone ahora a atemorizar a los usuarios para que no ejerzan su derecho a expresar sus opiniones libremente desde el anonimato en las redes sociales”, ha añadido en referencia al PP.

“La propuesta del PP representa un gravísimo ataque a Derechos Fundamentales”

Facua ha considerado que la propuesta del PP representa “un gravísimo ataque a Derechos Fundamentales como la libertad de expresión y la libertad ideológica, los cuales deben estar garantizados y protegidos independientemente del canal por el que se expresen, como la ONU ha declarado reiteradamente y de forma específica sobre el derecho al anonimato en internet”. “La existencia de personas que se amparan en el anonimato en internet para amenazar, insultar, calumniar y propagar el odio en las redes es un mal menor que hay que asumir en una sociedad democrática que promueve derechos fundamentales como la libertad de opinión y expresión y que puede ser combatido con otras vías legales sin necesidad de una reforma legislativa tan dura como la que pretende el PP”, ha señalado Sánchez.

Facua ha recordado que lleva años siendo objeto de cruentas campañas de difamación difundidas desde cuentas anónimas en Twitter y Facebook, algunas de las cuales fueron promovidas por Ausbanc y contaron con la difusión del propio Partido Popular. “Frente a los insultos y calumnias, nunca pedimos una norma que acabase con el anonimato en las redes”, ha recordado el portavoz de la asociación. “Investigamos y destapamos quiénes estaban detrás de algunas de esas cuentas, pero asumimos que la identidad de muchos de los difamadores nunca sería descubierta”, ha indicado Sánchez. “Es el precio que tenemos que pagar para garantizar una sociedad donde prevalezca la libertad de expresión”. En opinión de Facua, es el Poder Judicial el que debe asumir la investigación de amenazas, insultos y calumnias vertidos en las redes sociales desde cuentas anónimas. Para ello, es necesario que jueces y fiscales reciban formación en el funcionamiento de las tecnologías de la información y que se establezcan protocolos de colaboración con ellos que sean asumidos por las empresas propietarias de las redes sociales, pero nunca una legislación que obligue a los usuarios a facilitar su identidad cuando dan de alta una cuenta.

Culminada la conversión de cárcel a CIE: otra muerte sin esclarecer

Por DAVID BOLLERO
El ministro del Interior puede estar orgulloso: la conversión en CIE de la cárcel de Archidona “a estrenar”, como decía el charlatán de feria Zoido, se ha culminado con éxito. Hace unos días pudimos comprobar, gracias a unos vídeos filtrados, cómo en el interior de esas instalaciones las personas -que no han cometido ningún delito- están siendo víctimas de palizas por parte de la policía antidisturbios… vamos, como en cualquier otro CIE de España contra los que venimos protestando la gente de bien.


También como sucede en esos otros CIE, algo apesta en la cárcel de Archidona. La muerte de un argelino, Bouderbala Mohammed, el pasado viernes sigue sin aclararse. Entonces, la policía aseguró que se trataba de un suicidio, pero lo cierto es que el hermano del fallecido lleva cinco días en Málaga y ni ha podido acceder al informe de la autopsia de su hermano y mucho menos al cuerpo, para poder comprobar, por ejemplo, si lo que sufrió fue una paliza de muerte. A fin de cuentas, Mohammed era uno de los que aparecía apaleado en los vídeos difundidos. 

Zoido mira para otro lado, porque cualquier persona que se tomara en serio este asunto habría puesto todo su empeño en aclarar esta muerte y arrojar luz sobre las condiciones en las que viven las personas internadas en la cárcel de Archidona. No ha sido el caso y eso es otra cosa en común con el resto de los CIE de España, en donde la opacidad es la norma.

Las protestas se ha sucedido, denunciando que hubiera menores internados, la represión de un motín por la falta de comida, el uso de bridas en las muñecas, visitas de familiares a través de una mampara sin provacidad alguna… Hasta el Defensor del Pueblo ha tenido que tirar de las orejas a Zoido… pero le da igual. El ministro cuya agenda pública está vacía, el mismo que quiso imponer sanciones de 750 euros a quienes buscaran comida en los contenedores de Sevilla cuando era su alcalde, andará en otras cosas. No podemos olvidar que, prácticamente, este magistrado reconvertido en político criminalizó a las ONG que ayudan a l@s migrantes.

Por otro lado, se da la dualidad de que al tiempo que las instalaciones de Archidona, a la luz de las denuncias realizadas, cada vez se parece más a cualquier otro CIE, con las versiones policiales y de Interior también se parece a cualquier otra cárcel. No en vano, 156 personas presas mueren en nuestras cárceles cada año, de las que cerca del 15% se suicidan. 23 personas se quitaron la vida, una cifra muy lejana a los 15 que lo hicieron en 2011. 

La revisión que se hizo hace cuatro años del Programa de Prevención de Suicidios instaurado en las cárceles en 2005 no funciona. Las cifras así lo demuestran. Algo, cómo no, que tampoco parece importarle demasiado a Zoido, porque ¿saben qué es lo más curioso? Que las cifras de suicidios en las prisiones españolas se disparan mientras la población reclusa desciende cerca de un 20% en los últimos años.

martes, 28 de noviembre de 2017

OTRA MUESTRA DE LA DESGRACIA DE TENER UN GOBIERNO DEL PP

La desidia e incapacidad del gobierno de Rajoy y los de la caja B, hace que Bruselas plantee multar con 100.000 euros diarios a España por el retraso de la ley hipotecaria

Si el Tribunal superior de Justicia de la Unión Europea avala a la Comisión, la sanción se prolongará hasta que el Gobierno apruebe la ley


La Comisión Europea pide una multa de 105.991 euros diarios a España por no haber trasladado a nuestra legislación la directiva de contratos de crédito hipotecarios. Así lo explica este lunes el diario Expansión. El rotativo subraya que si finalmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea da la razón a la Comisión, la sanción empezará a contar desde el día de la sentencia hasta que el Gobierno de Mariano Rajoy apruebe la ley hipotecaria. Lo más previsible es que el fallo sea a favor de la Comisión.

Bruselas ya advirtió el pasado mes de abril al Gobierno que llevaría el retraso ante la Justicia comunitaria. Previamente, el 26 de mayo y 17 de noviembre, la Comisión había recordado a España el incumplimiento con los plazos. Ante estos recordatorios, Rajoy hizo lo que más saber hacer: NADA. MIRAR A OTRA PARTE Y QUE LA CIUDADANÍA PAGUE POR SU INCAPACIDAD POLÍTICA Y SU NEFASTA GESTIÓN.

El plazo para aprobar la nueva ley terminó el 21 de marzo de 2016. El proyecto de ley no fue admitido en el Congreso hasta el pasado 17 de noviembre. Según fuentes del Gobierno consultadas por Expansión, la excusa del gobierno derechista más preocupado por amordazar a la ciudadanía que en gobernar, el intento de aprobación de los Presupuestos, (que no se ha llevado a cabo) y la crisis catalana (que no ha resuelto), además de los nueve meses en que el Gobierno estuvo en funciones (por la incapacidad política del PP de aceptar que ser la lista más votada no le hace ganar las elecciones), están detrás del retraso.

España ya fue multada por el retraso en casi dos años de liberalizar el sector de la estiba. Inicialmente la multa fue de más de 24 millones pero el pasado mes de julio se rebajó a tres millones.

¿Aceptarán los partidos derechistas, católicos y cómplices del partido acusado de beneficiarse de una trama corrupta que la ciudadanía siga pagando los platos rotos? ¿Seguirá el PSOE mirándose el ombligo en lugar de facilitar un gobierno alternativo basado en una Moción de Censura conjunta?

martes, 21 de noviembre de 2017

COSPEDAL, UNA MINISTRA DE CHARANGA Y PANDERETA

Lo que revela la broma a Cospedal

En la conversación que mantuvo con los humoristas rusos, la ministra de Defensa admitió no tener pruebas del complot cibernético de Rusia y Venezuela en el conflicto de Cataluña y se mostró favorable a actuar contra medios de comunicación

Por GERARDO TECÉ

A más de uno se le enfriaba el chocolate con churros el sábado por la mañana con el audio subtitulado de la ministra. No era para menos. Boquiabierto no hay quien desayune y lo de Cospedal dejó este fin de semana las mandíbulas inferiores caídas como protocolos del ministerio de Defensa. La primera pregunta que venía a la cabeza, mientras uno comprobaba que esos churros fríos ya no valían nada, era: ¿Cómo puede ser que toda una ministra de Defensa haya caído con esa facilidad en una broma telefónica que puede provocar un conflicto diplomático? La segunda pregunta, mientras uno intentaba solucionar aquel destrozo de desayuno con un triste calentón de microondas, era: ¿Aquellos humoristas rusos haciéndose pasar por miembros del Ministerio de Defensa de Letonia, habían sido muy hábiles o Cospedal muy torpe dejándose llevar por las ganas de ver confirmada esa teoría de la conspiración ruso-catalana? A juzgar por el tono de entusiasmo de la ministra y la falta de seriedad a la hora de confirmar el contenido y forma de aquella comunicación, todo apunta a que la respuesta correcta es la segunda: entusiasmo made in Spain.

Dejando de lado la broma en sí, la participación de Cospedal en esa ficticia conversación con espías de Letonia deja conclusiones a tener en cuenta.

Cospedal confunde el funcionamiento de Internet con un complot y se muestra favorable a actuar contra medios de comunicación

En la conversación con el supuesto informante letón, Cospedal da por supuesta una relación entre Rusia y Venezuela para desestabilizar a España con la crisis catalana, sin ser consciente la ministra de que, sin pruebas, lo único que está denunciando es el uso más básico de Internet: la difusión de libre información. El diario El País, de la mano de los ministros de Defensa y Exteriores, salía en tromba la pasada semana, denunciando que “una trama rusa utiliza redes chavistas para agravar la crisis catalana” y se apoyan para ello en los famosos bots. Leyendo la letra pequeña y teniendo un nivel básico en esto de la vida digital, hay que explicar que “trama rusa” son medios de comunicación de Rusia –Russia Today en concreto-; “redes chavistas” no es otra cosa que la repercusión que en Venezuela, como en tantos otros lugares, estaban teniendo las informaciones sobre España a raíz del 1-O –si no es trama, sino libertad informativa que en España hablemos de Venezuela, lo inverso tampoco debería serlo-; y “agravar la crisis catalana” no es más que un flujo de información no controlado –no puedes controlar cada teclado del planeta como si fuera una redacción en España– crítico con la gestión del Gobierno de Rajoy en el conflicto catalán. Los famosos bots existen. No en Rusia ni en Venezuela, sino en cualquier rincón de la red.

En un momento dado de la conversación con los humoristas, Cospedal admite no tener pruebas de que esto de la libre circulación de información en Internet sea un invento que venga directamente del Kremlin, pero se muestra receptiva ante una de sus posibles soluciones: prohibir el medio Russia Today, como le pide el supuesto espía letón. “Sí, claro. Todavía no hay ningún plan (para prohibir el medio internacional ruso crítico con el Gobierno de Rajoy) pero sabemos que han estado actuando (¿quiénes?) a través de Russia Today”, aclara Cospedal, que pide ayuda para “paralizarlos a ellos en redes sociales”. Pretender frenar las dinámicas normales de comunicación digital –las noticias se rebotan en las redes sociales- y que se haga público tras caer en una broma, no ayudará a mejorar esa imagen internacional de España que en teoría daña la alianza Cataluña-Rusia-Venezuela.

AL CONFIRMAR EL CHISTE DE LOS HUMORISTAS DE QUE ESPAÑA TENÍA INDICIOS DE QUE PUIGDEMONT ERA UN ESPÍA RUSO, EL PRÓXIMO MINISTRO DE DEFENSA –REAL– QUE SE SIENTE JUNTO A COSPEDAL TENDRÁ QUE ESTAR EN ALERTA

El espía que surgió del espetec
Dejado en stand-by el problema de que en 2017 existan medios y redes sociales que no puedas controlar, los humoristas se llevan a Cospedal a un mundo de fantasía por el que la ministra pasea de una manera preocupante. Puigdemont es un espía ruso llamado Chipolino. “No tenemos ninguna duda de que Puigdemont trabaje para los servicios de inteligencia rusos. Sabíamos lo que estaba haciendo (¿qué estaba haciendo y no nos han contado?), pero no que la relación fuera tan estrecha”. Aquí la ministra de Defensa de España confirma que no sólo miente en público cuando disfraza de complots contra España lo que es comunicación digital, también lo hace en privado y, lo que es más preocupante, en sus relaciones bilaterales con otros Estados como ministra: al confirmar el chiste de los humoristas de que España tenía indicios de que Puigdemont era un espía ruso, el próximo ministro de Defensa –real-- que se siente junto a Cospedal tendrá que estar en alerta. Saldrá de la reunión con la duda de si ha disfrutado de un intercambio real de información o de un especial con los mejores chistes de Gila.

Cuando los humoristas alertan a la ministra de la posible maniobra del president para escapar de la Justicia por la vía rusa, al otro lado de la línea, Cospedal se sintió como Woodward y Bernstein atando cabos sobre el Watergate: “Claro, claro, claro, claro, claro –hasta cinco veces lo tuvo claro la ministra–. Eso tiene todo el sentido”. Puigdemont podría alojarse en la embajada rusa para escapar. Puestos a jugar con la ministra, los humoristas le advierten de que el 50% de los turistas rusos en Cataluña son espías de los servicios secretos. Esto sería, atendiendo a las cifras de visitantes anuales en Barcelona, unos 100.000 enviados del Kremlin fotografiándose cada año ante el monumento de Colón y entrando en el mercado de la Boquería para pasar desapercibidos. Cospedal, entregada a las novelas de John le Carré a esas alturas, se muestra sorprendida, no porque por Cataluña desfile medio KGB –sí, ya lo sabíamos, hubiera respondido si los humoristas hubieran apretado un poco--, sino por la cifra en sí: ¡¿El 50%?!

La reunión de Rajoy con el primer ministro de Letonia
Tras el aluvión de exclusivas recibidas, horas después del primer contacto, la ministra Cospedal devuelve la llamada a los humoristas y les muestra el interés de Rajoy (también tragó, parece ser) y pide concertar una reunión al más alto nivel entre el presidente del Gobierno de España y Māris Kučinskis, primer ministro de Letonia. Ambos viajarían a la cumbre social de Gotemburgo (Suecia) celebrada el pasado viernes a primera hora. Siguiendo el orden cronológico de esta historia que se desveló el viernes por la noche, no es descartable que nuestro presidente le guiñara el ojo al letón al verlo y este no entendiese nada. Desvelada la broma, Cospedal daba  explicaciones el viernes a las 23:44 vía Twitter: “Fue una conversación muy rara, pedí hablar en inglés y no quisieron; han quitado a la traductora. Como no confié, dejé hablar y no volví a llamar. Ahora sé que eran rusos”. La ministra de Defensa, en sus explicaciones, negaba lo que habíamos escuchado nítidamente: no confió pero pidió una reunión al más alto nivel, no volvió a llamar pero la grabación confirma que lo hizo. En lo que no miente es en lo de que los humoristas fueran rusos. Y eso parece ser un dato importante: si se han reído de la ministra de Defensa, será parte del complot para seguir desestabilizando a España. Cuando uno mezcla mentira y entusiasmo, la linde se acaba, pero la ministra llega a los Urales.

miércoles, 14 de junio de 2017

DEBATE DE LA MOCIÓN DE CENSURA A MARIANO RAJOY

PP y Ciudadanos dejan casi vacías sus bancadas en el turno de IU y las confluencias

Iglesias aprovecha su réplica para apelar al PSOE: vuelve a tender la mano y pide moderación en las formas. Alberto Garzón, Xavier Domènech y Antón Gómez-Reina ahondan en sus argumentos para respaldar la moción. El líder de En Comú Podem pide al PSOE que vaya "algo más allá" del reconocimiento de la plurinacionalidad cultural en la crisis catalana, y reprocha al PP que no tengan "capacidad de proponer nada". "Están ustedes fuera de tiempo. Sólo resistiendo no se gobierna"

Pese a que la inmensa mayoría de sus diputados estuvieron presentes en la primera jornada del debate de moción de censura, el martes, tras el duro rifirrafe entre Pablo Iglesias y Albert Rivera muchos de los parlamentarios de PP y C's han abandonado el hemiciclo, en el que la ausencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, era evidente.

Domènech: "No son el partido del orden. Son el caos encarnado que se mantiene contra la voluntad de la ciudadanía"

Unidos Podemos ha repartido sus 30 minutos de intervención entre los portavoces de Izquierda Unida y las confluencias. En su discurso, el líder de En Comú Podem, Xavier Domènech, aseguraba que esta iniciativa contra el Gobierno de Rajoy "ha traído un debate real a la cámara por primera vez en año y medio".

Domènech ha resaltado el "problema de legitimidad del Gobierno", y ha identificado al PP como el "partido de la corrupción y de la desigualdad", además de como el responsable de haber llevado a la "peor relación entre España y Catalunya". "No son el partido del orden. Son el caos encarnado que se mantiene contra la voluntad de la ciudadanía", sentenciaba.

Garzón: "Si en este país eres oligarca o amigo del PP no entras en la cárcel, porque este sistema esta podrido"

El coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha responsabilizado al PP -"Un partido corrupto que está destruyendo las bases democráticas"- del aumento de la "desigualdad", la "precariedad y la opresión de las clases populares".  Garzón defendía que corrupción son también "las privatizaciones y reformas laborales" que el Partido Popular utiliza para "aumentar la desigualdad", y que a su vez son "formas de hacer negocios". "Si en este país eres oligarca o amigo del PP no entras en la cárcel, porque este sistema esta podrido", apostillaba.

Gómez-Reino: "Sólo por la relación epistolar con el hampa del guante blanco deberían dimitir el señor Rajoy y el Gobierno del PP"

Por su parte, el protavoz de En Marea, Antón Gómez-Reino Varela, destacaba que la formación que más reivindica el "decoro parlamentario", el PP, dejaba su bancaba vacía mientras su grupo subía a la tribuna de oradores, y recordaba los SMS del presidente del Gobierno a Luis Bárcenas y a su esposa, Rosalía Iglesias. "Sólo por la relación epistolar con el hampa del guante blanco deberían dimitir el señor Rajoy y el Gobierno del PP", apostillaba. Gómez-Reino ha afeado al presidente su "cinismo", y ha asegurado que "sus socios y amigos son ya cadáveres políticos, cuando no delincuentes condenados". "No hay futuro posible con la oligarquía y la corrupción copando las instituciones", afirmaba, antes de lanzar un último mensaje al PP: "No nos van a robar el futuro".

Iglesias aprovecha su réplica para allanar el camino con el PSOE
En su réplica, tras alabar el trabajo de las fuerzas que cohabitan en el grupo parlamentario Unidos Podemos, Iglesias aprovechaba para volver a tender la mano al PSOE, con un tono mucho más relajado que el que había empleado minutos antes con Rivera.

Iglesias: "Hay una urgencia democrática en España, y es sacar a estos corruptos del Gobierno"

Ofrecía a los socialistas liderar la alianza que quiere impulsar para "echar al PP", y les pedía "con todo el respeto" que "no se equivoquen hoy con las formas". "No tendemos la mano de forma retórica", apuntaba, incidiendo en que "es una obviedad" que en los próximos días y "años" ambos grupos tendrán que entenderse. "Hay una urgencia democrática en España, y es sacar a estos corruptos del Gobierno".

Algo antes, el líder de En Comú también apelaba al PSOE: "Esperamos que si no hoy, mañana, ustedes impulsen una moción de censura. Podemos echar al PP hoy, no mañana". Pedía al Partido Socialista que vaya "algo más allá" del reconocimiento de la plurinacionalidad cultural en la crisis catalana, y reprochaba al PP que no tengan "capacidad de proponer nada". "Están ustedes fuera de tiempo; sólo resistiendo no se gobierna", apuntaba.

Dejando a un lado el llamamiento al Partido Socialista, Iglesias usaba su tiempo en la tribuna para felicitar por su trabajo a los tres portavoces. A Gómez-Reino le agradecía su ayuda para "entender la realidad nacional galega", y aprovechaba para homenajear a Xosé Manuel Beiras, "una figura irrepetible"; a Garzón lo ensalzaba como representante de la "tradición política más digna de este país" -con mención a Julio Anguita-, y a Domènech le reconocía que su formación "ha convertido Barcelona en un ejemplo de que se puede gobernar de otra forma y de manera diferente, con cita a Ada Colau incluida. 

2,5 MILLONES DE NIÑ@S ABANDONADOS POR EL PP

La información viene publicada en el diario 20 minutos dr hoy martes. Y sin embargo nadie de esa trama de sinvergüenzas dimite 



Es especialmente grave que esta información proviene de datos facilitados por el gobierno, lo que nos hace pensar que son una banda de parásitos que tienen abandonados a su suerte a gran parte de la población española, especialmente a la infantil.

jueves, 27 de abril de 2017

QUE NO NOS JODAN LA VIDA: ACABEMOS CON LA PRECARIEDAD

BAJO EL LEMA “QUE NO NOS JODAN LA VIDA: ACABEMOS CON LA PRECARIEDAD”,  IU SALDRÁ A LA CALLE ESTE 1º DE MAYO


En relación con los datos de la EPA IU ha valorado negativamente los datos arrojados  en este primer trimestre de 2017 ya que supone el incremento del paro y la reducción de la población activa

Para su Coordinador Provincial (Julián Atienza):”estos datos confirman lo que sienten las familias: no hay recuperación económica”

(Guadalajara, 27 de abril de 2017).- Izquierda Unida como cada 1º de Mayo, saldrá a la calle apoyando la convocatoria de los sindicatos y llama a la ciudadanía, trabajadoras y trabajadores a movilizarse, y llenar las calles de Guadalajara y de todo el país exigiendo un cambio de 180º en la política económica que garantice empleos estables y con derechos, servicios públicos y de calidad para todos y todas y pensiones dignas que aseguren el futuro.

El lema elegido por la formación, este primero de mayo es el de su campaña: “Que no nos jodan la vida: acabemos con la precariedad”.

“Los recortes sociales impuestos por la Unión Europea y aplicados por el bipartidismo, han venido para quedarse” denuncia Julián Atienza, Coordinador Provincial de la coalición, para quién la crisis fue la “excusa perfecta para desmantelar el modelo social que era lo que se pretendía” y por eso –afirma- es imprescindible que  salgamos a la calle a señalar a los culpables y exigir nuestros derechos”

Desde la organización denuncian que los datos de la EPA del primer trimestre de este año muestran el crecimiento del desempleo, “contradiciendo las políticas triunfalistas del Gobierno de Mariano Rajoy y confirmando lo que sienten las familias de nuestro país: que no hay recuperación económica”.

Julián Atienza, ha puesto de relieve que los datos de la Encuesta de Población Activa publicados hoy son "peores" que hace un año, lo que "niega la efectividad" de la actual política económica y de empleo del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Asimismo, ha destacado que no solo la cifra es superior a la del primer trimestre de 2016, sino que en la actualidad "se destruyen más empleos que en el último trimestre de 2016". También cree que es "preocupante" que la tasa de paro suba y alcance el 18,7%, mientras que la tasa de actividad llega "únicamente" al 58,78%.

"Lo peor de estos datos es que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2017 sigue sin atender esta situación y sin considerar prioritarios el empleo y la actividad económica", ha apuntado Atienza, tras señalar que "las cuentas públicas para 2017 no apoyan la inversión ni el aumento de la demanda" y recordar que "disminuyen el gasto destinado a las políticas activas de empleo".

miércoles, 25 de enero de 2017

Cuatro años de cárcel por manifestarme contra los recortes en educación

"Soy profesor y me piden cuatro años de cárcel por manifestarme contra los recortes en educación"


Cuatro docentes y un activista son juzgados el 14 de febrero acusados de atentar contra la autoridad en una protesta en el teatro de Guadalajara en 2011 

La Fiscalía dice que "no ha concretado qué imputado realizó qué y a quién" y que el auto del juez "se redacta de manera genérica y adolece de vaguedad"

SOBRE ACUERDO CLAUSULAS SUELO

La verdad detrás del Real Decreto de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo pactado entre PP y PSOE


El Gobierno y el PSOE han alcanzado este miércoles un acuerdo sobre el decreto para el mecanismo extrajudicial para la devolución de los importes indebidamente cobrados por la banca con las cláusulas suelo. El decreto ley será aprobado en el Consejo de Ministros del próximo viernes y entrará en vigor el mismo sábado.

Aunque todavía falta algún detalle por conocerse, el texto es muy parecido al que proponían hace una semana:

  • Plantea la negociación bilateral entre el banco y el cliente de forma previa a la vía judicial con el objeto de facilitar acuerdos extrajudiciales que eviten la litigiosidad, es decir, la reclamación ante los tribunales.
  • El procedimiento tiene un plazo máximo de tres meses (dentro de los que se producirá la devolución del importe indebidamente cobrado por el banco si hay acuerdo).
  • Será gratuito para el consumidor que, en caso de no estar de acuerdo, podrá siguiendo acudir a los tribunales.

Pero, claro, esto es a cambio de algo. Es decir, recuperar el dinero en menos tiempo puede suponer algún que otro inconveniente para los afectados por las cláusulas suelo.

• El Real Decreto plantea que, en dicha negociación, la entidad financiera NO estará obligado a devolver todo lo cobrado desde el principio si la cláusula no ha sido declarada nula.
• Durante el período de tres meses establecido para el mecanismo extrajudicial, se interrumpe el cálculo de intereses a favor de los afectados. En definitiva, se “regala” ese importe a la entidad bancaria.
• Además, permite a las entidades bancarias negociar con el afectado que se produzca la devolución no solo en efectivo. También podrán acordar la entrega de productos financieros que sean aceptados por ellos. En definitiva, permitirá “flexibilidad” a las entidades bancarias a la hora de devolver de otra forma el importe de las cláusulas suelo. Esto puede dar lugar a nuevos abusos por parte de las entidades.

En cualquier caso, recuperen el dinero mediante este mecanismo o lo hagan con una reclamación judicial, los afectados que lo consigan tendrán que tributar por la parte de la adquisición de vivienda habitual que se hayan deducido en la declaración de la renta y que corresponda a la cláusula suelo, pero sin recargo y solo en los ejercicios no prescritos. Esto no depende del Real Decreto.

En definitiva, es posible que quieran vendernos que esto se hace para “ahorrarle” tiempo a la gente y que, en vez de un año, puedan conseguir que les devuelvan su dinero en tres meses. Pero quienes realmente se beneficiarán serán las entidades bancarias que se pueden ahorrar mucho dinero en costas judiciales y en intereses de demora hasta que vayan cayendo las sentencias en contra y, además, pueden conseguir utilizar otros mecanismos a la hora de abonar lo indebidamente cobrado.

Posición de IU:
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictó que hubo falta de transparencia por parte de las entidades bancarias en la firma de las cláusulas suelos y las consideró claramente abusivas.

Desde IU exigimos que las entidades bancarias cumplan el dictamen del TJUE y devuelvan íntegramente todo el dinero cobrado de más lo antes posible.

Además, censuramos la actitud de PP y PSOE al ver velar una vez más por los intereses de la banca (y con una presteza más que sospechosa) en lugar de defender a los millones de afectados por esta estafa.

Amanda Meyer
Responsable de Institucional
Izquierda Unida Federal 
email.: institucional@izquierda-unida.es
Tfno. 917 227 500 (Mª José 91/3906088)
C/ Olimpo 35, 
CP 28043, Madrid