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jueves, 1 de febrero de 2018

Jose Palacio: Este enero dejo de publicar en este blog

Este blog deja de publicarse en enero de 2018 y por mi parte me parece bien. Desde 2015 IU EL CASAR está integrada en AHORA EL CASAR y aunque hemos mantenido este espacio dedicado expresamente a la coalición que nació en los años 80, mi salida de esa localidad, la búsqueda de nuevas posibilidades y que exista un blog de la nueva formación con representación en el salón de Plenos del Ayuntamiento, hace que sea lógico dejar de escribir aquí.

Lo echaré en falta. Me gustaba mantener vivo este espacio. Pero sólo voy a cambiar el lugar. Mi forma de escribir, los temas que trato y el fondo de los mismos se mantienen. ahora en: http://ahoraelcasar.blogspot.com.es/

Me despido en condiciones, aunque no quepa esperar ni grandes emociones ni una gran audacia. Pero por seguir entonando el peán hasta el último suspiro, me gustaría recomendar que la ciudadanía siguiera buscando apoyarse en sus problemas en la Asamblea de AHORA, en sus gentes siempre dispuestas a escuchar y a servir sin recompensa alguna. Allí nos vemos.

Jose Palacio


domingo, 14 de enero de 2018

La huelga feminista es una propuesta de cambio real

La huelga feminista no es algo de un día, es una propuesta de cambio real


Más de 400 mujeres de un centenar de organizaciones y colectivos diseñan en Zaragoza el paro de trabajo, cuidados, consumo y estudios convocado para el 8 de marzo

Por EDUARDO BAYONA @e_bayona
“La huelga feminista no es algo de un día, es una propuesta de cambio real”, sostiene Justa Montero, histórica activista del movimiento en España y que este fin de semana ha participado, en el Centro Social Luis Buñuel de Zaragoza, en el encuentro estatal preparatorio del paro, señalado para el 8 de marzo, día de la mujer. “Paramos para decir basta, no podemos ni queremos vivir así. El futuro no puede ser así”, añadió.

Más de 400 mujeres de un centenar de organizaciones sociales, políticas y sindicales, de colectivos y entidades feministas y de movimientos sociales han participado en las jornadas preparatorias del paro, que la coordinadora quiere extender a cuatro ámbitos: el trabajo, los cuidados, el consumo y los estudios.

“Hay una territorialización de la estructura, y cada territorio se organizará con libertad, como considere oportuno”, explica la zaragozana Julia Cámara.

En ciudades como Madrid y como la capital aragonesa, por ejemplo, se complementan las actividades preparatorias por áreas de trabajo con las sesiones informativas en los barrios. “Nos hemos dotado de medios de coordinación”, anota.

Más de un centenar de organizaciones y colectivos
El encuentro ha dado lugar a un manifiesto que se hará público a mediados de la próxima semana. “Han participado mujeres de todo el arco político y sindical, de organizaciones como Amnistía Internacional, de grupos ecologistas y de coordinadoras estudiantiles, además de colectivos feministas de todo el país”, explica Cámara, que indica que será a partir de la difusión de la proclama cuando comiencen a recabar la adhesión de organizaciones.

“Esperamos una respuesta positiva de todos los sindicatos y que estén a la altura de las circunstancias”, señaló Montero, que llamó la atención sobre aspectos de la huelga de cuidados como la necesidad de “organizar unos servicios mínimos para garantizar los que son imprescindibles con la participación de las mujeres y los hombres”.

“Hacemos un llamamiento a todos los sindicatos para que se sumen para visibilizar el paro”, anotó Elizabeth Cordero, que simultáneamente, y tras visibilizar la adhesión de las mujeres de origen migrante a la convocatoria (“antes no nos sentíamos ‘parte de’, y ahora sí”), apeló “a todas las mujeres para que si tu sindicato no apoya esta huelga, desafíliate”.

“Queremos pararlo todo”
Para Montero, la convocatoria de paro en esos cuatro ejes “va más allá de una huelga laboral”, ya que responde al “trabajo de muchos años” y su objetivo es “cambiar la idea de cuáles son los trabajos necesarios para la sociedad y cómo se prestan”. “Sin nosotras ni se produce ni se reproduce: se para el mundo, y eso es lo que queremos denunciar”, añadió, en una reivindicación de la “centralidad” de la mujer y la “injusticia” que con frecuencia soporta.

“Con esta huelga queremos pararlo todo, que paren nuestras ciudades y nuestros pueblos”, anotó, para desgranar las luchas que confluyen en la convocatoria: el rechazo a las violencias machistas, el empoderamiento femenino, el respeto a todas las identidades sexuales, la denuncia de la precariedad, central en conflictos laborales como los de las empleadas de geriátricos vizcaínos, las empleadas de Berskha o las camareras de piso, conocidas como kellys, la repulsa de la xenofobia o la denuncia de la existencia de los CIEs (Centros de Internamiento de Extranjeros), a los que Cordero se refirió como “cárceles racistas” en las que “han muerto compañeras”.

Montero moduló las expectativas de la convocatoria en ámbitos como el del consumo. “En un día no lograremos un gran cambio, pero sí es un paso hacia un consumo más responsable”, señaló. No obstante, insistió en que el objetivo de la movilización no termina con el paro del 8 de marzo. “Tenemos un horizonte que va más allá –dijo-. Nos sabemos muchas y nos sabemos fuertes”.

“Medios para multiplicar la potencialidad”
Coincide con Cámara, para quien “el proceso de lucha feminista no acaba el 8 de marzo sino que continúa, y hemos de dotarnos de medios para multiplicar la potencialidad del movimiento feminista”.

En este sentido, destacó que las 400 participantes en el encuentro prácticamente triplican al centenar y medio que asistió a las primeras jornadas, celebradas en Elche en septiembre, algo que, junto al centenar de organizaciones y colectivos de los que forman parte, “asegura el éxito de la convocatoria”.

La coordinadora tiene previsto convocar un encuentro tras el 8 de marzo para valorar el paro y establecer nuevas líneas de trabajo.


Privatizando los servicios públicos se desmantela el tejido del Estado


Por Cándido Marquesán Millán

El fin de semana de la festividad de Reyes, coincidiendo con el retorno de las vacaciones navideñas, nos hemos visto sorprendidos por una fortísima nevada, que ha dejado tirados en la AP-6 a millares de ciudadanos.

Tal autopista está siendo administrada bajo el régimen de concesión por una empresa privada, Iberpistas, una filial de Abertis. En definitiva se ha producido una privatización o externalización de un servicio básico. Parece claro que la responsabilidad de la seguridad es competencia exclusiva de tal empresa. Y tal como acabamos de constatar millares de ciudadanos han quedado tirados y abandonados a su suerte durante muchas horas. Aquí se viene abajo estrepitosamente el discurso dominante desde hace unas décadas de la mejor eficacia, competencia y ahorro del sector privado con respecto al sector público. Discurso clave dentro del neoliberalismo. Tales ventajas del sector privado no han sido demostradas empíricamente, es una cuestión de creencia, es como un dogma de fe. Se repite una y otra vez y nadie puede cuestionarla.

A este proceso de privatización-venta de empresas del sector público- o externalización de servicios básicos de carácter público, el geógrafo británico David Harvey lo ha llamado la "acumulación por desposesión". La acumulación por desposesión no es algo nuevo. Forma parte del ADN originario del capitalismo. Así es como se hizo la famosa "acumulación originaria" a la que Carlos Marx dedica gran parte de las páginas de su obra. Desposeer a las poblaciones de sus bienes comunes que garantizaban su subsistencia y una cierta independencia es una inveterada tradición liberal. El ejemplo de los enclosures en Inglaterra es un ejemplo. Lo novedoso es que las energías de los mercantilizadores se dedicaron además, en la deriva neoliberal de las últimas décadas, a privatizar y convertir en yacimientos de plusvalía muchos de los servicios que habían formado parte del Estado de Bienestar keynesiano, que había fundamentado la paz social en el Centro mismo del sistema global.

Lo ocurrido lo explica muy bien Fernando Álvarez Uría La privatización es un robo. Para legitimar este expolio, bien poniendo en venta empresas públicas-de tal circunstancia tenemos una amarga experiencia los españoles y a la que me referiré más delante de una manera explícita- o externalizando servicios públicos, fue y es preciso descalificar las instituciones públicas, la función pública, la fiscalidad sobre las grandes fortunas, los servicios públicos, denunciar sus inercias, burocracias y rigideces, a la vez que proliferaron los cánticos laudatorios a la iniciativa privada, al espíritu de empresa y a la cultura empresarial. Y este discurso ha sido asumido inconscientemente por la sociedad española. Fue así como en esta economía sin sociedad el suelo y el subsuelo públicos pasaron a manos de especuladores privados, fue así como empresas públicas o semipúblicas fueron entregadas por los gobiernos de turno a los viejos amigos del colegio, fue así como los contratos discrecionales y con grandes dosis de corrupción en los procesos de externalización pasaron a adquirir una especie de carta de naturaleza en nuestros sistemas políticos, a la vez que viejas formas ya olvidadas de capitalismo salvaje irrumpían en la escena social.

En España, la primera etapa de las privatizaciones-venta de empresas públicas- se inició a mediados de los años 80 hasta 1996 con gobiernos socialistas. El principal factor que las impulsó no se basó en motivaciones ideológicas o políticas, sino en restricciones estratégicas, presupuestarias y tecnológicas. A partir de 1996 con el Gobierno de Aznar, las privatizaciones formaron parte del programa electoral, planificándose como un programa gubernamental completo, se vendieron las empresas más rentables y los objetivos políticos fueron tan importantes o más que los económicos. Así las joyas de la corona de nuestras empresas públicas fueron vendidas como Seat, Repsol, Endesa, Telefónica, Gas Natural… El holding de la banca pública Argentaria, privatizado entre 1993 y 1998, se fusionó en 1999 con el BBV. ¡Qué bien nos vendría ahora una banca pública para financiar nuestra deuda! La ciudadanía permaneció impasible ante la pérdida de todo este patrimonio colectivo. Hoy nos queda poca empresa pública atractiva para el capital privado. No obstante, están pendientes de este proceso Las Loterías y Apuestas del Estado, los Paradores….  Más, según Mariano Fernández Enguita, como el capitalismo es extraordinariamente voraz, el actual asalto está dirigido, ya lo estamos constatando, hacia los servicios públicos del Estado del Bienestar, entre otros en educación, sanidad, y dependencia, con una demanda cada vez más creciente ya que la sociedad se ha acostumbrado y no sabría renunciar a ellos, tanto  es así que se han considerado como derechos. Hay capitales abundantes con unos mercados cautivos y muy prometedores. Pero todavía más.  Además de capitales ávidos, las políticas de privatización o externalización cuentan también con consumidores deseosos y contribuyentes bien dispuestos. Como la universalización de estos servicios genera quejas al no poder ser atendidas todas las demandas, como las listas de espera en el sector sanitario o que los españoles no  quieren que sus hijos compartan pupitre con inmigrantes, esto provoca una disposición creciente hacia la oferta privada. Por otra parte, cuando una prestación que era antes un privilegio se generaliza, las anteriores clases privilegiadas buscan diferenciarse de nuevo accediendo a niveles superiores (más educación o más sanidad) o a tipos distintos (mejor u otra educación o sanidad). El diferenciarse no solo lo pretenden los que quieren conservar sus privilegios, sino también los que intentan acceder a ellos por primera vez. La educación y la sanidad privadas se pueden convertir en un símbolo de esta diferenciación. Por todo ello, se abre un mercado inmenso al capital en el ámbito de los servicios públicos. De esto podría ser un paradigma la Comunidad  de Madrid.

Mas en este proceso de privatización de la propiedad colectiva nos pasa desapercibida una circunstancia extraordinariamente grave. Al  respecto parece muy oportuna la reflexión de Ugo Mattei en su artículo Límite a las privatizaciones. Cómo frenar el saqueo de los bienes comunes, aparecido  en Le Monde Diplomatique, en el que  plantea la necesidad de proteger la propiedad colectiva, y más todavía ahora que los gobiernos se deshacen de los servicios públicos y privatizan el patrimonio colectivo para equilibrar los presupuestos; ya que toda privatización decidida por la autoridad pública –representada por el gobierno de turno– priva a cada ciudadano de su cuota de bien común, exactamente como en el caso de una expropiación de un bien privado. Pero con una diferencia sustancial: la tradición constitucional liberal protege al propietario privado del Estado, con la indemnización por expropiación, mientras que ninguna disposición jurídica –y menos aún constitucional– ofrece ninguna protección cuando el Estado neoliberal traslada al sector privado los bienes de la colectividad. Debido a la evolución actual de la relación de fuerzas entre los Estados y las grandes empresas transnacionales, esta asimetría representa un anacronismo jurídico y político.

Retorno al hecho que propiciaba este artículo, cual es lo ocurrido en la AP-6. Es una obviedad por lo ya expuesto que cuando una empresa privada asume, bajo una concesión, un servicio público, del abastecimiento de agua, recogida de basuras, limpieza de jardines, transporte público, sanidad, educación o dependencia, el objetivo fundamental  dentro de la más estricta lógica de su funcionamiento interno en un sistema capitalista, es de conseguir unos beneficios económicos, el afán de lucro, para lo cual reducen costos: bien reduciendo prestaciones o el costo del factor trabajo. Y lo acabamos de constatar con una contundencia apabullante en la nevada de la AP-6. Los  cientos de afectados han criticado la escasez de máquinas quitanieves y la falta de personal e información por parte de la empresa. Pero es un hecho extensible a muchas de las empresas concesionarias de las autopistas, ya que entre 2011-2015 han llevado a cabo unas severas y duras políticas de recortes de personal. Según El Confidencial, las concesionarias de autopistas pasaron de 5.100 empleados a 3.200. Por supuesto, incrementaron los peajes de 10,6 a 12,4 céntimos por kilómetro en el caso de las autopistas estatales y de 15,6 a 17 céntimos en las de concesión autonómica. Mientras en 2011 Iberpistas contaba con 96 trabajadores para mantenimiento y 107 para los puestos de peaje, en 2015 estas cifras bajaron hasta los 79 y 73, respectivamente. La AP-6 es la vía de pago donde más se han elevado las tarifas en el período 2011-2015, con un incremento del 23% (la subida media fue del 17%).

La conclusión es clara. Aquí hay trampa. Y si hay trampa, hay tramposos. Especialmente los responsables del gobierno. En cuanto a las privatizaciones del sector público, fue un auténtico regalo a determinadas élites y amigos de colegio, además de una fuente de corrupción vergonzosa. En cuanto a las concesiones de las autopistas, los pliegos de condiciones se redactan con unos objetivos muy claros: si son rentables las empresas hacen grandes negocios y si no lo son, se produce su rescate por parte del Estado. ¡Qué desvergüenza! ¿Cuánto nos costará el rescate de la quiebra de las autopistas radiales de Madrid? ¿Lo sabremos algún día? Según la patronal de las grandes constructoras unos 5.000 millones. La factura que las autopistas en quiebra dejan al Estado tiene una partida llamativa: la de las expropiaciones, que ascendía, a fines de los 90, durante el Gobierno de Aznar, cuando se estimaron, en conjunto, a 387 millones. Al final se dispararon hasta 2.217 millones. Una desviación de 1.830 millones, casi seis veces más. Los precios por estas expropiaciones crecieron exponencialmente por las sentencias de los tribunales, a raíz de la ley del Suelo de 1998 de Aznar, al valorar que los terrenos no debían considerarse rústicos ya que había expectativas de urbanización. Dentro de la más estricta ideología neoliberal, se trataba de la búsqueda de nuevas plusvalías en el espacio dentro de sus diferentes concreciones, esto es, el suelo urbano, la construcción de infraestructuras, transportes y equipamientos relacionados, etc. Entre los beneficiados había conocidas familias (Franco, Serrano Suñer o Abelló).

  1. En un aviso a navegantes, Tony Judt en su libro Algo va mal nos señala que Edmund Burke en sus Reflexiones sobre la Revolución Francesa ya nos advirtió “Toda sociedad que destruye el tejido de su Estado no tarda en desintegrarse en el polvo y las cenizas de la individualidad. Al eviscerar los servicios públicos y reducirlos a una red de proveedores subcontratados hemos empezado a desmantelar el tejido del Estado. En cuanto al polvo y las cenizas de la individualidad, a lo que más se parece es a la guerra de todos contra todos de la que hablaba Hobbes.”

jueves, 11 de enero de 2018

No hay ninguna necesidad de crear un impuesto para asegurar las pensiones

Por Eduardo Garzón
Economista del Consejo de Científico de ATTAC


El pasado lunes 8 de enero el PSOE volvió a la carga con su ya conocida propuesta de creación de un impuesto para poder financiar las pensiones como respuesta al déficit que tiene la Seguridad Social y alegando que países como Francia aplican medidas similares. Muchos han caracterizado esta propuesta de izquierdas, ya que pone el acento en el aumento de ingresos en vez de hacerlo en la disminución de los gastos como marca la receta de la derecha (por cierto, aplicada también en las pensiones por el PSOE durante el gobierno de Zapatero). Sin embargo, esta interpretación es presa precisamente de los postulados económicos que utiliza la derecha, ya que comparte con ella la obsesión de acabar con el déficit público –en este caso de la Seguridad Social–, como si fuese una enfermedad que hay que extirpar lo antes posible. En realidad, una interpretación verdaderamente de izquierdas debe basarse en una rigurosa y adecuada comprensión de la naturaleza y funcionamiento de los saldos fiscales, dejando de lado los mitos económicos de la derecha que demonizan el déficit público y entendiendo que éste no es más que una herramienta económica que se debe utilizar en beneficio de la mayoría social.

El sistema público de la Seguridad Social ingresa actualmente menos de lo que gasta. Bien, ¿y qué? Si aislásemos los ingresos y gastos de la sanidad pública –al igual que hacemos hoy arbitrariamente con las pensiones públicas-, a ésta le ocurriría exactamente lo mismo: estaría en déficit (los pacientes no pagan directamente todo el coste del servicio), y no veo a nadie por ahí diciendo que hay que crear un impuesto finalista para financiar la sanidad. Pasa igual con la educación pública y con otros servicios públicos: aisladamente del resto de las finanzas públicas se encontrarían en déficit, lo que ocurre es que logramos la financiación a través de vías que no tienen nada que ver con su respectivo ámbito, de forma que financiamos servicios públicos como la sanidad con el dinero que, por ejemplo, paga alguien por IVA cuando compra un coche de lujo. Ponemos toda la riqueza y renta de nuestra economía al servicio de la financiación de todo lo público.

¿De todo? No. De las pensiones no. Así se decidió en 1996 con el Pacto de Toledo, alegando que separar la financiación de las pensiones del resto de la finanzas públicas impediría a los gobernantes de turno recortarlas a través de los presupuestos generales del Estado. Pero esto hoy solo se puede ver como una broma de mal gusto, ya que tanto el gobierno de Zapatero como el de Rajoy han recortado sustancialmente las pensiones públicas con las reformas de los últimos años (aumentando la edad de jubilación, congelando su revalorización o desvinculándola del crecimiento de los precios, ajustándola a la esperanza de vida, etc). Si el aislamiento de la financiación de las pensiones no ha impedido que los gobiernos les peguen un tijeretazo, ¿para qué sirve entonces?

Ya lo digo yo: para nada que no sea reforzar una falsa imagen de insostenibilidad. Una vez las pensiones están aisladas, es fácil señalarlas si tienen déficit y gritar a los cuatro vientos que hay un problema que solucionar (momento hábilmente aprovechado por la banca para proponer planes privados de pensiones). Vuelvo a lo de antes ¿qué pasaría si aislásemos la sanidad pública del resto de finanzas públicas? Veríamos un déficit enorme y la élite de turno saldría en banda a clamar su privatización. Pero no lo hace de forma tan agresiva porque el déficit de la sanidad pública se diluye en el conjunto de las finanzas públicas y el hipotético problema no se explicita tan claramente.

Y remarco hipotético porque lo más importante de todo esto es entender que el déficit público no tiene por qué estar señalando un problema que haya que resolver. Registrar déficit público es habitual y a menudo necesario. De todos los países del planeta solo 26 evitaron el déficit público el último año, y lo lograron fundamentalmente porque son paraísos fiscales o potencias exportadoras y buena parte del dinero que reciben del exterior acaba en las arcas públicas. Y así ha sido por regla general durante toda la historia, y nunca ha sido óbice para pedir que se recorten los gastos públicos salvo en los últimos tiempos. El discurso neoliberal de la derecha nos ha hecho creer que los déficit públicos son malos y que hay que evitarlos, pero esto es sólo una excusa para presionar a los gobiernos para que recorten sus Estados del bienestar.

Las empresas recurren constantemente al déficit para llevar a cabo sus actividades (endeudándose para adquirir inmuebles y maquinaria), al igual que lo hacen muchas familias (endeudándose para comprar viviendas y electrodomésticos). ¿Por qué no lo debería hacer un Estado para financiar adecuadamente los servicios públicos y para fomentar la actividad económica? Ojo: no se trata de registrar déficit públicos o de endeudarse sin ton ni son, sino de entender que el recurso al déficit es habitual y de hecho necesario, y que no tiene nada de malo siempre que se realice con mesura y en favor de la mayoría social.

Por eso no hay ninguna necesidad de acabar con el déficit de la Seguridad Social; éste puede permitirse igual que se permite el déficit en el resto de las administraciones públicas. Otra cosa es que pueda ser conveniente reducir el volumen del déficit. Pero una cosa es reducirlo y otra eliminarlo por completo. Y para reducirlo no hay ninguna necesidad de crear nuevos impuestos. Basta con aplicar las siguientes medidas:

Perseguir el fraude laboral: contratos no registrados, falsos autónomos, contratos temporales fraudulentos, horas extraordinarias no pagadas, salarios de miseria… si eso se descubriese y corrigiese, se ingresaría muchísimo más por cotizaciones sociales.

Eliminar el tope máximo de cotización. Hay ejecutivos de la banca y futbolistas, por ejemplo, que cobran cifras astronómicas y no están cotizando en proporción porque hay un tope legal. Si se quitase, se cotizaría mucho más (hay estimaciones que señalan un incremento de 8.000 millones en la recaudación).

Eliminar las bonificaciones en cotizaciones sociales a los empleadores, que no han servido para crear más empleo (lo reconocen los propios empleadores) y que sólo han mermado los ingresos de la Seguridad Social. Estamos hablando de unos 4.000 millones.

Aumentar prestaciones por desempleo, volver a permitir que los parados de más de 52 años coticen, y hacer que los estudiantes en prácticas y los becarios coticen.

Elevar más el salario mínimo, porque aumenta las cotizaciones.
Crear empleo de calidad. Y como el sector privado no es capaz de hacerlo, que lo haga el sector público.

Con ello no sólo lograríamos reducir el déficit de la Seguridad Social sin recortar las pensiones, sino también -y especialmente- hacer más justo nuestro mercado laboral y nuestra sociedad. Pero insisto: que no nos ciegue la existencia de un déficit y nos hagan pensar que hay que eliminarlo a toda costa. Quizás si integramos de nuevo las pensiones en el resto del marco de financiación pública lo veríamos mejor: se puede mantener déficit en las pensiones igual que se mantiene en la sanidad y en otras prestaciones públicas, de forma habitual y natural, tal y como hacen el resto de países e incluso muchas familias y empresas. Lo importante y lo único que nos debería preocupar no es que haya déficit, sino que sirva para mejorar el bienestar de la mayoría de la población.

sábado, 6 de enero de 2018

Ya que al PP le da por hablar de antecedentes penales .......

900 cargos del Partido Popular imputados por corrupción ¿cuántas organizaciones criminales en el mundo tienen esa cifra?

Los casos de corrupción en este partido político se reproducen cada semana, a veces cada día, cada hora, con nuevos y más altos dirigentes implicados en hechos de enriquecimiento ilícito, de financiación ilegal y de saquear lo público

En el Estado español, desde 1978 hasta nuestros días se han descubierto más de 175 redes de corrupción asociadas, todas ellas, a los partidos en el poder, y según la Comisión Nacional del Mercado de Calores, esa corrupción cuesta a los españoles nada menos que 45.000 millones de euros anuales. El premio, por supuesto, se lo lleva el Partido Popular, que es el partido que gobierna y el que prevé seguir gobernando en los próximos años, simple y llanamente, porque la gente les vota.

El Partido Popular es el partido más corrupto de Europa. Tiene en la actualidad más de 900 cargos imputados por corrupción. Isabel Serra, diputada en la Asamblea de Madrid por PODEMOS se preguntaba: ¿cuántas organizaciones criminales en el mundo tienen esa cifra de 900 imputados en sus filas?

Los casos de corrupción en este partido político se reproducen cada semana, a veces cada día, cada hora, con nuevos y más altos dirigentes implicados en hechos de enriquecimiento ilícito, de financiación ilegal y de saquear lo público.

El último caso es el que afecta directamente a la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes. Según la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil hay indicios para actuar judicialmente contra Cifuentes. Considera que declaraciones de varios implicados refuerzan las sospechas de que Cristina Cifuentes fue conocedora directa de las irregularidades en la adjudicación de la cafetería en la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández.

La presidenta de Madrid se defendió acusando de faltar a la verdad a los investigadores de la Guardia Civil.

Pero además, con su informe, la Guardia Civil asegura demostrar los delitos y trampas cometidas por el Partido Popular en las elecciones de los años 2007, 2008 y 2011. El informe dice textualmente: “El Partido Popular montó un sistema que atentó contra el pluralismo político”.

Los casos son continuos. En días anteriores se abrió la Operación Lezo por la que están siendo investigadas más de 60 personas. Por si fuera poco, el Pleno del Congreso aprobó este martes con los votos de todos los diputados, salvo los del PP, la reprobación del ministro de Justicia, Rafael Catalá; la del fiscal general, José Manuel Maza, y la del fiscal anticorrupción, Manuel Moix, por entender que algunas de sus iniciativas estaban encaminadas a proteger a políticos presuntamente implicados en actos de corrupción. La reprobación no tiene mucho recorrido, porque en nada obliga al Gobierno ni a los implicados, pero resulta inquietante la coincidencia en el conjunto de las fuerzas de oposición a la hora de desconfiar de determinadas actuaciones de la fiscalía. Y recuerda que los tachados de réprobos no supieron explicar la pasada semana las actuaciones por las que fueron reclamados en la Comisión de Justicia del Parlamento.

PODEMOS está anunciando sendas mociones de censura, tanto para el Gobierno de Madrid, como para el Gobierno de Rajoy en el Congreso de los Diputados. Los otros dos partidos con más escaños en el Parlamento, el Partido Socialista y Ciudadanos, ya han dicho que no apoyarán esas mociones.

Entretanto, algunos de los más insignes representantes del partido, se dedican a disfrutar de sus abultadísimos salarios, a la sombra de las mismas empresas a las que tanto han beneficiado cuando ocupaban cargos políticos. Por las puertas giratorias, que son también mecanismos claros de corrupción, han llegado para quedarse: José María Aznar (consejero delegado de Endesa y consejero de KPMG, empresa que hace auditorías a la mayoría de la administración pública); Ángel Acebes (consejero externo de Iberdrola); Josep Piqué (vicepresidente segundo de la constructora OHL); Eduardo Zaplana (consejero delegado de Telefónica)…y unos cuantos más.

Así que la corrupción no es solo cosa de políticos y partidos, sino también de grandes empresarios que tienen nombres y apellidos; empresarios que contratan los servicios de quienes pueden ayudarles después a incrementar dividendos y que, además, eluden sus obligaciones tributarias, si les dejan. 34 de las 35 empresas del IBEX tienen filiales en paraísos fiscales, unas 900 en total, y aunque a estas sociedades no se les debería reconocer personalidad jurídica para intervenir en el tráfico mercantil español, ahí están, campando a sus anchas en régimen de oligopolio.

En España se defraudan al año unos 88.000 millones de euros que podrían destinarse a amortiguar el recorte de derechos, el desmantelamiento de servicios, y el empobrecimiento que sufre ya casi un 30% de la población. Pero está claro que el Gobierno del PP no está interesado en frenar el lucrativo negocio que le mantiene donde está. Por eso sólo hay 26.900 inspectores de hacienda (frente a los 127.000 que tiene Francia, por ejemplo), esto es, 3 por cada 5.000 contribuyentes, que, lógicamente, solo pueden hacer un trabajo precario, y, por eso mismo el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (que espera responder solo ante la historia) puso en marcha una amnistía fiscal que resultó ser tan injusta como ineficiente.

RAJOY DEJA A CASTILLA LA MANCHA SIN 200 MILLONES

Castilla-La Mancha tendrá 200 millones menos tras congelar la financiación el Gobierno de Rajoy

El Ejecutivo que preside el socialista Emiliano García-Page critica la "deslealtad institucional" y el "chantaje" del Ministerio de Hacienda por condicionar los fondos que reciben las autonomías a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018. 


Castilla-La Mancha dispondrá de 200 millones menos en este 2018 a causa de la congelación de las entregas a cuenta procedentes del Estado que le corresponden por el sistema de financiación autonómica.  Así lo ha denunciado el Ejecutivo que preside el socialista Emiliano García-Page, para el que esta decisión adoptada por el Gobierno de Mariano Rajoy demuestra una "evidente deslealtad institucional". Una congelación que era comunicada este martes a las comunidades autónomas a través de una carta remitida por el Ministerio de Hacienda que dirige Cristobal Montoro. 

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, considera que es "un chantaje" para las comunidades autónomas el vincular las entregas a cuenta que les corresponden por el sistema de financiación autonómica a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. 

Y es que según las cuentas que ha hecho el consejero, debido a esta congelación de las entregas a cuenta, Castilla-La Mancha tendrá 200 millones menos de lo previsto, y con los que ya se había contado a la hora de elaborar su presupuesto regional para 2018, ya aprobado. 

En este sentido, cabe recordar que, según los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, las entregas a cuenta de 2018 y la previsión de liquidación del ejercicio 2016 para Castilla-La Mancha ascendían a 4.974,6 millones de euros, lo que suponía el 85 por ciento de los ingresos propios no financieros del Gobierno autonómico. 

Por ello, Ruiz Molina considera que un posible incumplimiento del déficit por parte de las comunidades autónomas en este 2018 sería "responsabilidad del Gobierno de España", ya que una vez que los ejecutivos autonómicos tienen los presupuestos aprobados les comunica que no entregará los importes que había trasladado hace meses. 

Y es que los presupuestos de las comunidades autónomas, que se elaboran en base a esas entregas a cuenta por parte del Estado, no se pueden supeditar a la aprobación de los Presupuestos Generales, para los cuales ‑cabe recordar‑ el Ejecutivo del Partido Popular aún no cuenta con el respaldo necesario. 

Pero es que además de esta evidente "deslealtad institucional" con esta decisión el Gobierno central también ataca la autonomía financiera de las comunidades autónomas, "que no pueden estar supeditadas a que el Ejecutivo de Rajoy consiga mayoría o no para aprobar sus propios presupuestos".

miércoles, 3 de enero de 2018

Cospedal duplicó la deuda de Castilla‑La Mancha

El Tribunal de Cuentas saca los colores a Cospedal por duplicar la deuda de Castilla‑La Mancha
El informe del órgano fiscalizador revela que el Gobierno de María Dolores de Cospedal incumplió el objetivo de estabilidad presupuestaria y multiplicó por dos el endeudamiento de la región a pesar de sus duras políticas de austeridad.

Castilla-La Mancha duplicó su deuda entre los años 2011 y 2015, bajo el Gobierno de María Dolores de Cospedal. Cuentas públicas que pasaron de tener 6.965 millones de deuda viva en el ejercicio 2011, a los 13.426 millones con los que se cerraba 2015. Datos que ahora se recogen en el informe sobre fiscalización de las cuentas de Castilla-La Mancha en el año 2015 aprobado por el pleno del Tribunal de Cuentas el pasado 30 de noviembre, al que ha tenido acceso PeriódicoCLM. 

Cifras que chocan con la versión que durante las últimas semanas viene ofreciendo el Partido Popular para criticar la gestión económica del Ejecutivo de Emiliano García-Page y sus socios de Podemos. Una gestión que el secretario general de los 'populares' en la región, Vicente Tirado, calificaba de "nefasta", asegurando que el Gobierno bipartito ha situado a Castilla‑La Mancha como una de las regiones con mayor presión fiscal. A ello añadía que "Page incumplió el déficit el año pasado, ya que éste ascendió al 0,82%" y situó a "Castilla-La Mancha en su mayor cifra histórica de deuda con 14.313 millones de euros". 

Acusaciones en las que los conservadores  'olvidan' mencionar que, bajo su gobierno, Castilla‑La Mancha multiplicó por dos su endeudamiento, en tan solo cuatro años. 


Y es que, según los datos contrastados por este diario, el ejercicio 2011 ‑que supuso la llegada del PP al Gobierno con Cospedal al frente‑ se cerraba con una deuda viva total de 6.965 millones, lo que representaba una variación del 3,06 por ciento respecto al año anterior. Un ligero aumento que situaba la deuda castellano-manchega per cápita en 3.255 euros por habitante. 

Cantidad que a medida que avanzaba la legislatura se fue incrementando hasta llegar a una deuda viva total por habitante de 6.522 euros al cierre de 2015, ya consumado el relevo al frente del Ejecutivo por parte del socialista García-Page. 

Una evolución al alza del endeudamiento regional que en el ejercicio 2012 experimentaba un crecimiento del 46,30 por ciento respecto al ejercicio anterior, situándose en 10.190 millones de euros. Un incremento que se produjo debido a la puesta en marcha de diversos mecanismos de financiación, como fueron el de pago a proveedores, con 2.975 millones; la línea ICO a las Comunidades Autónomas de 2012, con 469 millones y el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) al que correspondieron 1.037 millones. 

Pero la tendencia al alza tampoco cambió al año siguiente, y aunque la variación respecto a 2012 fue menor, con un aumento de 11,3 puntos, la deuda viva total de Castilla-La Mancha llegó a alcanzar los 11.343 millones de euros. En este ejercicio 860 millones correspondieron al FLA mientras que 1.047 millones al mecanismo de pago a proveedores. 

En el ejercicio siguiente, el último completo de Cospedal en el Gobierno, la deuda viva regional también continuó creciendo, a pesar de las medidas de 'austeridad' implementadas en los años anteriores. Así el endeudamiento alcanzó los 12.858 millones, lo que se traducía en una deuda viva por habitante de 6.186 euros. 

Por su parte 2015 fue el año del cambio de Gobierno. Mediado el año, nada más comenzar el mes de julio, Emiliano García-Page tomaba posesión y el PSOE volvía a hacerse con las riendas de la Junta de Comunidades. Un ejercicio en el que con unos presupuestos 'compartidos', los había aprobado el Ejecutivo de Cospedal y los terminó de ejecutar Page, la evolución de la deuda viva siguió creciendo, pero en menor medida, un 4,42 por ciento respecto a 2014. 

INCUMPLIÓ LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA
Un informe que también recoge cómo en 2015 Castilla-La Mancha no cumplió con el objetivo de estabilidad presupuestaria, previsto en el 0,7 por ciento, y que sin embargo llegó a alcanzar el 1,59 por ciento del PIB, al situarse el déficit en 597 millones. 

Un incumplimiento que se debió a operaciones y medidas excepcionales que supusieron gastos no previstos y extraordinarios, en su mayor parte derivados de sentencias judiciales, por importe de 197 millones. 


Entre esos imprevistos estuvo el abono por parte de la empresa pública Gicaman de los gastos derivados de distintas sentencias judiciales y de varios acuerdos extrajudiciales como consecuencia de las paralizaciones de obras, rescisiones de contratos y pago de intereses de demora referentes a operaciones realizadas en los ejercicios 2011 a 2014, lo que supuso un gasto de 30 millones.  

También se registraron gastos de 33,5 millones tramitados por la Consejería de Fomento para hacer frente a las diferentes sentencias judiciales, motivadas también por las paralizaciones de obras, rescisiones de contratos y pago de intereses de demora, además de expropiaciones, referentes a operaciones realizadas en los ejercicios 2011 a 2014; así como los 34,6 millones que costó la readmisión de los interinos cesados de forma irregular por el Gobierno de Cospedal en 2012,tras la sentencia de 22 de octubre de 2015 del Juzgado Contencioso-Administrativo número 2 de Toledo. 

Otros 39,6 millones no previstos son atribuibles a la implantación del plan de atención a los pacientes de la hepatitis C durante el ejercicio 2015, atendiendo a la normativa del Gobierno de Rajoy, que era de obligado cumplimiento para las comunidades autónomas; y los 58,8 millones derivados de la devolución del 50 por ciento de la paga extra de los funcionarios suprimida en 2012 por el Ejecutivo del PP. 

Pero tampoco se cumplió con la regla de gasto, al ser la tasa de variación de un 7,7 por ciento respecto del gasto realizado en el ejercicio 2014, superando así el 1,3 por ciento de variación fijado como objetivo para 2015. Un exceso que desde la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal achacó el exceso producido debido a diversas sentencias judiciales. 

De este modo, el Tribunal de Cuentas recoge cómo según el cómputo del Banco de España, la deuda de la Comunidad Autónoma ascendía, al cierre de 2015, a 13.426 millones, lo que representaba el 35,8 por ciento del PIB regional. Esto supuso el cumplimiento del objetivo de deuda, teniendo en cuenta aquella no computable a la hora de verificar dicho objetivo, por las excepciones permitidas en acuerdo del Consejo de Ministros y que elevaban dicha magnitud al 36,2 por ciento. 

Destaca también en su informe cómo en 2015 no se consignó dotación para el Fondo de Reserva para Deuda, cuya finalidad es disminuir el endeudamiento neto de la comunidad. Junto a ello, el Fondo de Contingencia, destinado a necesidades que pudieran surgir en el ejercicio corriente y fueran inaplazables, de carácter discrecional y no previstas en el presupuesto inicialmente aprobado, fue dotado con 2 millones de euros. Fondos con cargo a los cuales no se financiaron necesidades, debido al "carácter testimonial" de ambos hasta el momento, subraya en su informe el Tribunal de Cuentas. 

LAS ALEGACIONES DE COSPEDAL

Un informe a cuyo anteproyecto presentaba alegaciones, como ya hiciera respecto a la fiscalización del ejercicio 2014, la expresidenta regional, María Dolores de Cospedal.  Alegaciones en las que comienza subrayando cómo su Gobierno "se impuso como norma de funcionamiento la máxima exigencia en el control económico‑financiero de los recursos públicos", con el objetivo de "cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera", garantizando al mismo tiempo ‑según Cospedal‑ la prestación de los servicios públicos. Asimismo, asegura que "fue nota dominante" el "rigor absoluto" en el control de la legalidad del gasto y de la aplicación de los recursos públicos. 

Fruto de la exigencia, señala la expresidenta castellano‑manchega, se establecieron medidas de "disciplina presupuestaria y reestructuración financiera", sin olvidar ‑dice‑ "las políticas de fomento y ayuda a los sectores más desfavorecidos". 

Respecto al déficit, que en el ejercicio 2015 se situó en el 1,59% del PIB regional (605 millones), Cospedal lo atribuye, "en gran medida", a la caída de los ingresos del Sistema de Financiación Autonómica, y asegura que, si las entregas a cuenta del año 2015 se hubieran reflejado de manera más exacta la evolución económica, "la cifra del déficit del ejercicio se hubiera acercado al objetivo previsto". 

En sus alegaciones Cospedal defiende el "enorme esfuerzo de consolidación financiera" realizado a lo largo de la legislatura, "y especialmente en el ejercicio 2012", para conducir la cifra de déficit a "unos niveles parejos con la media" de las comunidades autónomas. Y junto a ello las medidas encaminadas a la reducción de la morosidad. 

Medidas todas ellas que, en su opinión, permitieron "la rápida recuperación económica y el saneamiento financiero de las instituciones regionales", llevándolo a cabo "minimizando los sacrificios exigidos al personal de la Administración regional y a los ciudadanos de la región". 

Como muestra de ello la expresidenta regional no duda en señalar el aumento de personal, de 76.361 en 2014 a 78.021 en 2015 -1.660 personas- y el aumento de la cuantía de los gastos del personal del 4,5 por ciento. Dato junto al que María Dolores de Cospedal olvida señalar los miles de despidos de empleados públicos ejecutados en los ejercicios anteriores, escudándose en los principios de austeridad que requería el momento. Como también 'olvida' los recortes llevados a cabo en materia sanitaria, y destaca en sus alegaciones que las obligaciones reconocidas en el presupuesto del Sescam crecieron un 8,5 por ciento respecto al ejercicio anterior, siendo el crédito definitivo de dicha sección suficiente "para atender la suma de las obligaciones reconocidas y las pendientes de imputar", gracias a la transferencia de crédito aprobada por su Gobierno para incrementar los créditos iniciales del Sescam con el sobrante de crédito de los menores intereses del endeudamiento. 

Aprovecha Cospedal sus alegaciones para intentar atacar al actual Ejecutivo autonómico, señalando que las listas de espera sanitaria presentaban a finales de 2014 una evolución favorable, la cual dice se frenó a finales de 2015 debido a la paralización por parte del Gobierno socialista de "los conciertos con entidades sanitarias privadas" que, reconoce, "era uno de los mecanismos que se utilizaba para la reducción de la lista de espera quirúrgica". 

Finaliza sus alegaciones subrayando el que, en su opinión, fue "un ejemplo de transparencia y lealtad institucional", la información "detallada" que su consejero de Hacienda, Arturo Romaní, presentó a su sucesor "ofreciendo datos y explicaciones sobre déficit, endeudamiento comercial y endeudamiento financiero, tesorería, ejecución presupuestaria". Asegura que el nuevo Gobierno "rechazó toda forma de traspaso de poderes en materia de Hacienda, incluso una mera reunión o al menos la entrega en mano de la documentación elaborada".

Cabe recordar, en este sentido, cómo el consejero saliente antes de acudir a la Consejería para entregar su cartera pasó por una notaría ‑con la correspondiente convocatoria a los medios de comunicación a las puertas de la misma‑ para depositar las cuentas de la gestión del Gobierno de Cospedal. Un "numerito" que recibió fuertes críticas desde el nuevo Ejecutivo, desde el que vieron en la petición de Romaní de realizar un traspaso de poderes, un intento de conseguir 'una foto'. 

domingo, 31 de diciembre de 2017

IZQUIERDA UNIDA EL CASAR OS DESEA UN 2018 EN LIBERTAD, SOLIDARIDAD, Y UNIDAD

La Asamblea de IZQUIERDA UNIDA EL CASAR y sus militantes en apoyo a las palabras de nuestro coordinador federal, Alberto Garzón, pedimos "unidad" a los afiliados este domingo 31 de diciembre, que, a nuestro juicio, "debe estar por encima de las pequeñas discusiones" en el seno de esta formación en algunos territorios y ha defendemos las alianzas con otros partidos para "acumular fuerzas" sin perder, nunca, la esencia de quienes somos y de donde venimos.

Lo ha hecho en una carta dirigida a las más de 60.000 personas militantes y simpatizantes de IU en la que hace un "llamamiento a la unidad". "Esta organización está formada por personas que se consideran feministas, ecologistas, comunistas, socialistas, socialdemócratas, pacifistas y de muchas otras formas. No obstante, todo ello es una riqueza que debemos aprovechar para multiplicar fuerzas en todos los retos que tenemos por delante", señala.

Asimismo, defiende que "la causa" por la que él y los afiliados de esta formación "luchan", está, a su entender, "muy por encima de las pequeñas discusiones que se puedan tener las asambleas o territorios". Asimismo, advierte de que se juegan "todo un orden social", la vida de las siguientes generaciones y de sus familias.

"En esas luchas nos encontraremos seguro con otras organizaciones y personas aliadas, como siempre ha ocurrido, y con ellas trataremos de acumular fuerzas para lograr nuestros objetivos", defiende Garzón, que argumenta, además, que estos acuerdos, en su mayoría con Podemos, se producen en torno a los "programas y principios" de IU. "Como ya hemos dejado claro en tantas ocasiones, seremos tan flexibles en la táctica como inflexibles en los principios", apostilla.

Por último, apela a "una España unida en la diversidad, federal y plurinacional", que entienda que lo que le separa "está en la cartera y no en el idioma", y pide "renunciar al nacionalismo" y "abrazar" la causa universal "aún pendiente", que, a su juicio, es "la emancipación de las mujeres y hombres de situaciones de opresión y explotación a las que están sometidos diariamente". 

sábado, 16 de diciembre de 2017

Europa Laica entrega en el Congreso 54.000 firmas para sacar la religión de las aulas

Han sido recogidas en el marco de una campaña que cuenta con el apoyo de más de sesenta colectivos y organizaciones.


Un grupo de personas se han concentrado este jueves por la mñana frente al Congreso de los Diputados al grito de "fuera la religión de la escuela" y han entregado las 54.014 firmas recogidas por Europa Laica para exigir la derogación de los Acuerdos con la Santa Sede firmados en 1976 y 1979.

Estas firmas han sido recogidas en el marco de la campaña Por la Denuncia y Derogación de los Acuerdos con la Santa Sede y otras confesiones religiosas de la citada organización, que cuenta con el apoyo de más de sesenta colectivos y organizaciones.

Los manifestantes consideran que esos acuerdos vulneran el principio democrático de la separación entre Iglesia y Estado y amparar la financiación legal con fondos públicos de la institución católica, así como el adoctrinamiento religioso de los alumnos.

"Enseñanza pública y laica", "Derogación del Acuerdo con el Vaticano", "La escuela a enseñar y los curas a rezar" y "Al PP la sotana se le ve", han sido algunas de las consignas coreadas durante la protesta, celebrada al mediodía.

Además, los manifestantes han portado una gran pancarta en la que se ha podido leer: "Por una escuela pública y laica. Denuncia y derogación Acuerdos con el Vaticano".

El responsable del área de Educación de Europa Laica, Fermín Rodríguez, ha explicado a los medios que la asignatura de Religión tiene que estar obligatoriamente ofertada en todos los centros educativos. Esto, a su juicio, provoca "segregación y división" de los alumnos —entre los que eligen esta asignatura y los que no— "según las ideas de los padres".

"Dividen a los niños por las ideas religiosas de los padres cuando la escuela tiene que ser educación común", ha criticado.

Por otro lado, Rodríguez ha afirmado que con la última ley educativa, la LOMCE, la asignatura de Religión es evaluable y la nota obtenida en ella "cuenta para pedir becas y en Selectividad".

Esto ha provocado que la Iglesia haya aprovechado para "recuperar clientela" y, según denuncia este colectivo, ponen los contenidos más fáciles para que los alumnos la escojan como optativa y así "les puedan adoctrinar". "Es así como tratan de recuperar lo que han ido perdiendo", ha dicho Rodríguez.

Por ello han exigido al Gobierno que derogue los Acuerdos y debata esta cuestión en el Pleno del Congreso, con el fin de sacar adelante una nueva ley que "defienda la libertad de conciencia". 

356 ataques contra sanitarios castellano‑manchegos en lo que va de año

Más de una agresión diaria: 356 ataques contra sanitarios castellano‑manchegos en lo que va de año
El Servicio de Salud regional revela la alarmante cifra de casos de violencia que afecta a su personal y pone en marcha el Observatorio para la Prevención, que se suma a medidas como garantizar la asistencia jurídica a las víctimas o que la Junta sea acusación particular.


Cada día se registra en Castilla-La Mancha al menos un ataque contra el personal sanitario, la mayoría de ellos de carácter verbal. Concretamente, en este 2017 se han contabilizado hasta el pasado 12 de diciembre un total de 356 agresiones, de las cuales una de cada diez fue física.

Datos ofrecidos por la directora gerente del Servicio de Salud castellano-manchego (Sescam), Regina Leal, momentos antes de la constitución del Observatorio para la Prevención de las Agresiones a Profesionales Sanitarios. Un órgano cuyo objetivo es alcanzar el "nivel cero" de agresiones de pacientes a profesionales, una meta que sin embargo reconoce es "utópica". 

Aunque, según Leal, estas más de 350 agresiones pudieran parecer "pocas" respecto a los 27.000 profesionales con los que cuenta el Sescam, el objetivo debe ser que no se produzca ninguna y "que no se tolere la violencia en ningún indicador". 

Un propósito con el que se ponía en marcha hace una década un procedimiento de actuación contra situaciones violentas en los centros sanitarios de la región, denominado como plan Perseo, que ahora precisa de una actualización, adaptándolo a las nuevas circunstancias para tratar de que no se produzca ninguna agresión. 

Entre las medidas introducidas recientemente, la directora gerente del Sescam recordaba la adjudicación de la responsabilidad patrimonial y civil a una empresa en la que se incluye la defensa jurídica a todos los profesionales que hayan sufrido este tipo de agresiones, o la aprobación por parte del Consejo de Gobierno de un acuerdo que permitirá al Consejo Consultivo presentarse directamente como acusación particular en estos casos.  

En los últimos años, la violencia en el lugar de trabajo se ha convertido en una preocupación prioritaria ya que el personal de los servicios sanitarios presenta un grado de riesgo mayor que en otros ámbitos laborales. 

En este sentido, Leal explicaba que, si bien la mayoría de las agresiones no son físicas, sino que se trata de amenazas, insultos, intentos de agresión física o coacciones, no se puede permitir que los profesionales "trabajen bajo ese grado de estrés". 

Este nuevo Observatorio pretende "estandarizar y dar forma" a un órgano cuya misión es cooperar y coordinarse para la realización de actividades "preventivas y asistenciales". Se homogeneizarán así los criterios de las distintas gerencias con respecto a la prevención y a la actuación en estos casos, y a la vez detectar, prevenir y actuar en los campos necesarios para evitar, o minimizar, el número de incidentes. 

Situaciones de violencia ante las que desde el Gobierno regional se mantiene una postura clara de rechazo, tal y como subrayaba la directora gerente del Sescam. Así, con este Observatorio se pretende conocer, analizar y evaluar situaciones de riesgo de agresiones al personal del Servicio de Salud regional, así como proponer actuaciones de prevención en intervención para la mejora de la relación entre profesionales y usuarios. 

Del mismo modo, a través de él se trabajará para mejorar la normalización de las comunicaciones y la interacción entre los trabajadores, así como entre estos profesionales y los usuarios, mediante la prevención de conductas y actos agresivos, y la mejora del clima laboral. 

"Nuestro objetivo es que sirva de foro de diálogo entre administraciones y otros representantes de la sociedad en orden a asegurar una participación activa para prevenir las agresiones", aseguraba Leal. 

El Observatorio de la Violencia está presidido por la directora gerente del Sescam, y forman parte del mismo representantes de varios departamentos del Servicio regional de Salud ‑Direcciones General de Recursos Humanos y Asistencia Sanitaria, Secretaría General‑, de la Consejería de Sanidad, de los colegios profesionales de médicos y enfermería, sindicatos con representación en la mesa sectorial y Fuerzas de Seguridad del Estado. 

LA AGRESIÓN DE EL CASAR, PENDIENTE DE JUICIO

Con la puesta en marcha de este Observatorio se tratarán de evitar, y en su caso dar respuesta, a situaciones como la que se vivía el pasado mes de octubre en el centro de salud de El Casar, en la provincia de Guadalajara. Una agresión a varios profesionales por parte de dos personas en estado de embriaguez, que tras mostrar su desacuerdo con la atención prestada por los sanitarios la emprendieron a golpes contra los profesionales que estaban de guardia, ocasionando además numerosos destrozos en las instalaciones. 

Un caso en el que el Gobierno regional ya anunció su intención de personarse como acusación particular, del mismo modo que van a hacer los colegios profesionales. Sobre este caso, la directora gerente del Sescam señalaba que están "pendientes del juicio y de lo que la Justicia dictamine". Confía Leal en que las penas sean "lo suficientemente ejemplares" para que no se vuelvan a repetir las mismas circunstancias. 

“Con un 20% de paro, es intolerable que los millonarios y las multinacionales no paguen impuestos”

“Con un 20% de paro, es intolerable que los millonarios y las multinacionales no paguen impuestos”

Por EVA JOLY / VICEPRESIDENTA DE LA COMISIÓN SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES

La revelación de los Paradise Papers en noviembre volvió a poner sobre la mesa el grave problema de la optimización fiscal, es decir, de los complejos montajes de las multinacionales y los ricos para evadir impuestos. Este martes 5 de diciembre la Unión Europea publicó su particular “lista negra” de los paraísos fiscales, en la que sólo aparecen 17 estados y ninguno de ellos forma parte de la comunidad europea, a pesar del dumping fiscal que practican países como Malta, Irlanda o Luxemburgo.

La eurodiputada franconoruega Eva Joly (Oslo, 1943) aborda para CTXT el problema del fraude y la optimización fiscal en Europa. Candidata de los verdes en las presidenciales francesas de 2012 y representante en el Parlamento Europeo desde 2009, esta antigua juez de instrucción ha hecho de la lucha contra la corrupción y el fraude fiscal su principal causa política. Actualmente, ejerce como vicepresidenta en la comisión de investigación sobre blanqueo y evsasión fiscal de la Eurocámara, creada el año pasado tras la publicación de los Papeles de Panamá.

“No tengo ninguna duda de que será la opinión pública la que determinará si acabamos o no con el fraude fiscal”, asegura la eurodiputada ecologista durante la entrevista en su bufete en el centro de París, donde continúa ejerciendo como abogada a tiempo parcial. Optimista respecto al fin de los paraísos fiscales, Joly describe las políticas que las instituciones europeas preparan para frenar el dumping fiscal y los obstáculos que algunos estados miembros, como Malta, ponen para evitar que se avance en esta cuestión. Según Joly, esta obstrucción sólo se puede vencer con voluntad política y aprobando las medidas necesarias para frenar el fraude fiscal, cuya gravedad resulta palpable con la acumulación de escándalos durante los últimos años.

En noviembre conocimos el caso de los Paradise Papers, pero el año pasado se destapó el de los Papeles de Panamá. Y antes el Luxleaks, el Swissleaks… La lista de los escándalos por el fraude de los paraísos fiscales parece interminable.

Durante estos últimos ochos años en los que he estado en el Parlamento Europeo, ha habido al menos diez escándalos importantes sobre el fraude fiscal. Esto demuestra que la necesidad de aprobar nuevas regulaciones es evidente. La gente ha comprendido que no existen las mismas reglas para todos y que algunas de ellas son demasiado indulgentes con algunos ciudadanos concretos. También tenemos que ser menos tolerantes con países como Malta, que se han especializado en el blanqueamiento de dinero negro.

Hace años, cuando se hablaba de paraísos fiscales, la imagen que nos venía a la cabeza era la de un dictador o de un capo de la mafia que guardaban allí su dinero robado. Ahora podemos ver grandes multinacionales como Nike, o famosos, como Shakira, Bono…

No me sorprende. Hace veinticinco años que milito en la lucha contra el fraude fiscal y lo que ha cambiado ahora es que esta cuestión se ha vuelto vox pópuli. Todo el mundo ha entendido que los ciudadanos esperan que solventemos este problema. Como nos encontramos en un periodo de austeridad donde cerca del 20% de los españoles están en el paro, y el 50% de sus jóvenes, resulta intolerable que los millonarios españoles no paguen impuestos y tampoco lo hagan las multinacionales que operan en España. Ahora lo que hace falta es coraje político. Así que cuento con el voto de los representantes del gobierno español en el Consejo Europeo. Junto con Francia, Italia, Alemania o Portugal, tienen que aislar a los países que no quieren que nada cambie en materia fiscal.

Ante las revelaciones de los Paradise Papers, buena parte de las personas y las multinacionales afectadas se defienden asegurando que no han cometido ningún delito. ¿Por qué hay que combatir la optimización fiscal si no es ilegal?

Hace cuarenta años, en Francia, cuando un hombre denunciaba a su mujer por adulterio, esta podía ser encarcelada y esto era legal. No saber que la ley es el resultado de las fuerzas actuales significa desconocer la historia y su evolución. La optimización fiscal es legal porque interesa a las multinacionales y a numerosos criminales y dirigentes políticos. Todos ellos quieren que las grandes empresas no paguen impuestos y lo hacen posible a través de la opacidad y la insuficiencia de las legislaciones actuales. Nadie se cree que una compañía energética como Veolia tenga 2.700 filiales y que cada una de ellas funcione de manera autónoma. Evidentemente que no. Este sistema de filiales está hecho para engañar al fisco. Tenemos que elaborar nuevas leyes y utilizarlas como si fueran un cuchillo, que nos permita pasar entre las apariencias y nos devuelva la realidad.

Los dirigentes políticos suelen mostrarse indignados ante estas revelaciones.  Pero estos conocen de sobra este problema…

Hay una gran hipocresía de la clase política respecto al problema del fraude fiscal. Cuando Nicolas Sarkozy decía en el G20 de 2009 que habían terminado con los paraísos fiscales, ni él mismo se lo creía. Aunque Francia siempre se haya comportado de manera impecable respecto a este tema y apoye las reformas necesarias en el Consejo Europeo, un país sólo puede modificar sus reglas internas. La escala adecuada para combatir el fraude fiscal es Europa.

¿Cómo las instituciones europeas pueden hacer frente al problema del fraude y la optimización fiscal?

Después de que estallara el escándalo de Luxleaks (en noviembre de 2014), el Parlamento Europeo creó una primera comisión de investigación sobre el fraude fiscal. Por desgracia, la Eurocámara no dispone de iniciativa legislativa en materia fiscal. Pero hicimos dos informes en los que hacíamos una serie de recomendaciones precisas a la Comisión Europea: debíamos proteger a los lanzadores de alerta y empezar a tasar a las multinacionales de manera unitaria, en lugar de filial por filial.

La Comisión Europea ya ha reaccionado sobre esta cuestión. En otoño de 2016, presentó el texto que servirá para terminar con la optimización fiscal de las multinacionales, que tiene un coste mundial de 350.000 millones de euros anual, de 120.000 millones para la UE y de 20.000 millones para un país como España. Esta nueva directiva consistirá en crear una base impositiva comuna y consolidada para el impuesto de sociedades (ACCIS, por sus siglas en francés). Independientemente de si tienen su sede europea en Suecia, Italia o en las Islas Jersey (Reino Unido), queremos obligar a las multinacionales a que paguen un único impuesto en la UE y luego los estados se lo repartirán. En el Parlamento Europeo estamos elaborando dos textos respecto a esta directiva y existe un gran consenso, así que espero que hayamos llegado a un acuerdo antes de marzo del año que viene.

Además, en el Parlamento ya votamos - en julio de este año - otro texto sobre la transparencia fiscal que obliga a las multinacionales con unos beneficios superiores a 750 millones de euros a hacer públicas determinadas informaciones esenciales. Pero esta nueva directiva está bloqueada ahora en el Consejo Europeo.

¿Qué es lo que bloquea esta directiva sobre la transparencia fiscal en el Consejo Europeo?

La Comisión Europea ha considerado que se trata de un texto contable, lo que permite que sea aprobado sólo con mayoría simple en el Consejo Europeo. ¿Pero quién ostentó la presidencia rotatoria de la UE durante el primer semestre de este año? Malta. Para el gobierno maltés, palabras como fraude, la optimización fiscal, el blanqueamiento del dinero negro…no existen. Y Malta no hizo nada para que se avanzara en la aprobación de la nueva directiva sobre transparencia fiscal.

De hecho, Malta ha sido uno de los países señalados directamente en los Paradise Papers, en los que se mostraba cómo este país se ha especializado en la optimización y el fraude fiscal.

SI UN ESPAÑOL TIENE SU DINERO ESCONDIDO EN MALTA, NO CORRE NINGÚN TIPO DE RIESGO.

Malta decidió basar su modelo económico en el blanqueamiento de dinero negro. Desde 1977, no cooperan con las administraciones de los otros países europeos. Si un español tiene su dinero escondido en Malta, no corre ningún tipo de riesgo. Ante este problema, ¿qué dicen los dirigentes malteses? Que son inocentes y que no hay nada que reprocharles. En realidad, es intolerable que no hayan empezado ni una investigación sobre los Papeles de Panamá, donde se revelaba que un miembro del gobierno y el director de gabinete de Joseph Muscat, el primer ministro de Malta, tenían sociedades offshore. Además, se trata de un país que vende la ciudadanía europea. Si alguien invierte unos 650.000 euros en este país, puede obtener la nacionalidad maltesa. Lo que abre las puertas de Europa a personas que pretenden defraudar el fisco.

Además, ahora se habla de Malta por el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia (especializada en la investigación de la corrupción y que murió por la explosión provocada de su vehículo). Con este caso, hemos visto como en Malta tiene una legislación que no sólo no protege a los lanzadores de alerta, sino que sirve para acusarles de difamación y que permite el encarcelamiento de periodistas y la tutela de sus cuentas bancarias. Malta es un país que aparentemente tiene problemas con la democracia.

Por este motivo, el 15 de noviembre votamos una resolución en el Parlamento europeo sobre Malta en la que denunciamos todo esto. Y pedimos a la Comisión que inicie un proceso de sanción a Malta por incumplimiento de la directiva europea.

Habla de Malta, pero en los Paradise Papers también se señala a países con economías sólidas y diversificadas, como Holanda o el Reino Unido.

Pero en el caso de Holanda es mucho más limitado que en Malta. La optimización fiscal en Holanda representa 4.000 millones de euros y hace vivir a 2.000 abogados, pero no se trata del modelo económico del país. Además, el gobierno holandés ha prometido cambiar su reglamentación de los holdings. Y sí es cierto que en los Paradise Papers están sobre todo implicados territorios británicos, como las Islas Jersey o la Isla de Man, que son centros de la optimización fiscal. No hay que creer que estos territorios están desvinculados de la City de Londres. Todos ellos forman parte de la misma maquinaria.

¿El Brexit tendrá algún tipo de impacto en la lucha contra la optimización fiscal?

Espero que los dirigentes europeos pongan el control de estos territorios como una de las condiciones para que el Reino Unido continúe teniendo acceso al mercado único. Después del divorcio, no estamos obligados a que nuestro exmarido siga saqueándonos.

Si finalmente la Comisión Europea saca adelante su nueva directiva sobre el impuesto de sociedades, ¿cómo impedirá que esta sea bloqueada en el Consejo Europeo por los gobiernos de Irlanda, Malta, Holanda o Luxemburgo?

Es previsible que los países que han bloqueado cualquier avance en materia fiscal durante los últimos cuarenta años lo vuelvan a hacer. No les interesan ni la transparencia ni una fiscalidad justa. Un país como Luxemburgo se ha convertido en uno de los más ricos del mundo gracias al dumping fiscal. Pero las víctimas de este sistema no están contentas. Así que habrá que marginalizar a estos países en el Consejo Europeo. Para ello, lo más fácil es que la Comisión diga que son textos en materia de competencia económica, que pueden ser aprobados por una mayoría simple en el Consejo.

Pero entonces estos estados se negarán a aplicar la nueva directiva.

Los tratados europeos dicen que los Estados tienen que cooperar lealmente, así que tenemos que contemplar seriamente la posibilidad de aplicar sanciones en el caso de que estos no cooperen. Las sanciones pueden llegar hasta privar a un Estado de su derecho de voto en el Consejo Europeo.

¿Es posible que la Comisión Europea combata el fraude fiscal al mismo tiempo que es presidida por un antiguo primer ministro de Luxemburgo, Jean-Claude Juncker?

Es cierto que el ADN de Juncker no es la lucha contra la evasión fiscal… Pero se trata de un hombre que pretende dejar un legado y cuya carrera política prácticamente se ha terminado. Así que quizás espera convertirse en el hombre que reparó el daño que ocasionó. No estoy segura de ello, pero no tengo ninguna duda de que será la opinión pública la que determinará si frenamos o no el fraude fiscal. La revuelta de la gente resultará fundamental.

Parece ser bastante optimista con la posibilidad de terminar con la optimización fiscal en Europa. ¿Por qué?

EL IMPUESTO ES EL SÍMBOLO DE LA CIVILIZACIÓN EUROPEA. SIN IMPUESTOS, NO HAY MUSEOS, INFRAESTRUCTURAS NI HOSPITALES PÚBLICOS.

Porque los dirigentes políticos son muy sensibles a la opinión pública. Porque si estos no arreglan este problema del fraude fiscal, estos no tendrán ninguna credibilidad a la hora de aplicar políticas de austeridad. El fraude fiscal representa un billón de euros cada año. De este billón, el fraude de las multinacionales es equivalente a unos 120.000 millones. ¿Por qué es importante luchar contra el fraude fiscal? Porque el modelo europeo se basa en el libre comercio, pero también en el estado providencia y este depende de la recaptación de impuestos. El impuesto es el símbolo de la civilización europea. Sin impuestos, no hay museos, infraestructuras ni hospitales públicos. Tenemos un modelo único en el mundo y sólo podemos sostenerlo a través de los impuestos. Si queremos que los ciudadanos continúen contribuyendo al fisco, tiene que haber un mínimo de justicia.

¿Estamos cerca del fin de los paraísos fiscales? ¿O los defraudadores van un paso por delante?

Somos muy numerosos los que queremos que esto cambie: los ciudadanos, las ONG, la OCDE, los verdes… La situación está evolucionando por todos lados. Pero los partidarios de los paraísos fiscales también son muy virulentos y tienen un gran poder de corrupción. En los paraísos fiscales, hay actualmente entre 15 y 20 trillones de dólares, es decir, un cuarto del PIB mundial. Terminar con ellos no será sencillo, pero esto sólo será posible si existe el coraje político suficiente. Si queremos preservar el modelo europeo, que es infinitamente superior al norteamericano, tendremos que solucionar este problema.

AUTOR
Enric Bonet